La normal de Ayotzinapa
ya era conocida antes de los terribles sucesos del 26 de septiembre de
2014. De sus aulas salieron los profesores Lucia Cabañas y Genaro
Vázquez, fundadores en los años 60 del siglo XX de la Brigada de
Ajusticiamiento-Partido de los Pobres y de la Asociación Nacional Cívica
Revolucionaria, respectivamente. Grupos guerrilleros que respondieron a
las terribles condiciones de opresión y miseria que a lo largo del
tiempo han imperado en el estado de Guerrero, al sur de México. La
respuesta del gobierno federal fue la llamada “guerra sucia”, de la cual
todavía persiste la impunidad de los protagonistas, algunos de ellos ya
muertos, en sus residencias y sin pagar sus crímenes. El escritor
mexicano Carlos Montemayor narra crudamente, en su obra Guerra en el paraíso, lo que significó la respuesta del Estado a esos grupos guerrilleros y otros procesos organizativos de Guerrero en esa época.
Pero
la respuesta del Estado no se quedó ahí. La guerra sucia no terminó, ha
tenido su continuación en acciones criminales como las matanzas de
campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y en la
escuela primaria de El Charco (7 de junio de 1998). Estas masacres no
fueron al azar. La primera fue contra un grupo de hombres del campo
organizados, quienes se disponían a realizar en 1995 una manifestación
contra el represor gobierno local en Guerrero encabezado por Rubén
Figueroa Alcocer. Los miembros de la Organización Campesina de la Sierra
Sur fueron emboscados y asesinados a balazos. A la postre, esa masacre
le costaría el cargo a Figueroa Alcocer, represor por estirpe, pues su
padre habría gobernado también Guerrero, habría sido secuestrado por
Cabañas e incluso participado en el asesinato del jefe guerrillero.
Un
año después de Aguas Blancas, justo en el aniversario, apareció una
célula guerrillera denominada Ejército Popular Revolucionario (EPR),
como respuesta justamente a la represión. Una escisión de este grupo,
denominado Ejército Popular del Pueblo Insurgente (ERPI), acudió a hacer
trabajo doctrinario a la comunidad de El Charco dos años después de la
matanza. Ahí, junto con un grupo de civiles de esa comunidad, fueron
masacrados por el Ejército. Aún persiste la impunidad de esos hechos.
En
ese contexto, no es extraño pensar que en los hechos de Iguala, donde
desaparecieron 43 normalistas de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”,
de Ayotzinapa, hayan participado miembros del ejército mexicano.
Particularmente luego de conocer el documento que consiguiera hacer
público el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, en el que a
efectivos militares se les da la orden de “abatir” a presuntos
criminales. Documento que fue girado por “la superioridad” de las
Fuerzas Armadas en el caso de la matanza ocurrida en el municipio de
Tlatlaya, en el estado de México, el pasado 30 de junio de 2014. Ahí
murieron 22 personas, entre ellas mujeres y menores de edad, a quienes
acusaron de ser narcotraficantes.
Pero siguiendo con el asunto de
la guerra sucia, en medio de las acusaciones contra el Ejército por
violaciones a los derechos humanos y comisión de delitos de lesa
humanidad, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general
Salvador Cienfuegos, ofreció una entrevista exclusiva con la cadena de
televisión mexicana Televisa, en un hecho inédito. En dicha
conversación, el general asegura que no permitirá la intromisión del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo “los
militares sólo declaramos ante autoridades mexicanas”.
Más allá
de esta bravuconada, pues al final, la participación de la CIDH en
México está avalada por la Constitución del país como parte de los
acuerdos internacionales admitidos por el país, la declaración que sin
duda hela la sangre, es el hecho de que afirmó que uno de los 43
normalistas desaparecidos era “militar en activo”. A pregunta expresa
del reportero de Televisa, el general Cienfuegos responde:
“Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente
son desaparecidos, coincide con el nombre de un militar en activo, el
cual tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando
prácticamente de la misma persona. Entonces la respuesta en concreto es
sí coincide el nombre con uno de los 43 desparecidos y creemos que es la
misma persona”.
La declaración es gravísima por varias razones.
La primera es que, si el joven era militar en activo, como admitió el
general, no es al azar que se haya inscrito para estudiar en la Normal
Rural de Ayotzinapa. Estaríamos ante una infiltración por parte del
Ejército, que fiel a su tradición, continúa instrumentando estrategias
de combate a grupos “de riesgo para la seguridad nacional”, de guerra de
baja intensidad y contrainsurgencia. No necesariamente porque en
Ayotzinapa haya una semilla guerrillera, más bien porque existe la
tradición de Cabañas y Vázquez, aunque con estas medidas, el Ejército
viola los derechos humanos de los normalistas. ¿Cuántos otros
movimientos y organizaciones mexicanos estarán infiltrados por elementos
del ejército en activo? Esto viola toda legalidad.
Pero también,
no es posible dejar de lado que esta declaración puede ser una
distracción, utilizada con el objetivo de desvirtuar las acusaciones que
señalan al Ejército de ser los responsables de la desaparición de los
43 normalistas. Puede ser una cortina de humo, aunque publicaciones como
la revista Proceso en México, ha documentado desde hace meses la
infiltración de militares en la Normal. Publica en su portal en estos
días que el reportero Ezequiel Flores solicitó información a la Sedena
respecto de la posibilidad de militares en Ayotzinapa, a lo que un
subjefe administrativo respondió: “Se hace de su conocimiento que se
localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42
estudiantes desaparecidos (sic) de la escuela rural Isidro Burgos que
refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado
como confidencial por tratarse de datos personales”.
Otra
situación que habrá que subrayar, es que es la primera vez que un
general secretario obsequia una entrevista de esta naturaleza. Los
militares, después de décadas, están haciendo política abiertamente, así
sea en defensa propia, a través de los medios de comunicación,
particularmente a través de la televisión. Inquietante. Preocupante.
Se
le olvida al gobierno federal que encabeza el priísta Enrique Peña
Nieto que sacar a los militares de sus cuarteles es fácil. Lo
verdaderamente difícil es luego hacerles entender que deben regresar a
ellos. Durante el gobierno anterior del panista Felipe Calderón Hinojosa
los soldados se salieron; y el entonces general secretario se la pasó
pidiendo en cada oportunidad que el Congreso de la Unión les diera
elementos legales para realizar acciones de combate al crimen
organizado. Ahora, el actual secretario, ante la ola de descrédito
nacional e internacional que atraviesa el Ejército mexicano, prefiere
salir por sí mismo y entrarle al juego mediático para hacer política en
defensa propia, ofreciendo información delicada, que nadie conocía y que
al final, pone sobre la mesa un elemento más para terminar de enrarecer
el clima político y social que rodea la tragedia de Ayotzinapa.
Y mientras, Ayotzinapa, Tlaltlaya, Aguas Blancas, El Charco, masacres de ayer y hoy, siguen en la impunidad.
@Patrio74
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