12/10/2015

Los periodistas pal café. . .



Hasta ahora ha sido rotunda e implacable la operación contra el osado fiscal Santiago Nieto Castillo: el linchamiento mediático (con la filtración de una magnificada irregularidad en el expediente a partir del cual fue designado por senadores al frente de esa Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la Fepade), la descalificación política (con los emblemáticos Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón profundamente indignados de que alguien hubiera omitido información o mentido para ocupar un cargo público) y, como cereza del pastel maloliente, la negativa de una juez a ordenar la aprehensión del intocable Arturo Escobar, inequívoco partícipe en actos de delincuencia electoral organizada (DEO) en los pasados comicios de junio.
No se exagera al decir que se está frente a un mensaje mafioso: es ejemplarmente atemorizadora la concertada pretensión de exculpar a Escobar (uno de los más destacados operadores de un partido, el Verde, ostentosamente infractor del orden jurídico) sólo por los sucios servicios prestados a quienes hoy tienen el poder. La manta colgada a lo largo de algún puente institucional lleva como recado el que nadie se atreva a creer posible la aplicación de la letra legal contra algún favorito o protegido de la banda política dominante. Para que aprendan a respetar, recomendaría alguna cartulina rojiverde colocada en el despacho del presunto hereje, con toda la fuerza sexenal volcada al salvamento del aliado en riesgo de acción penal: destituir al fiscal Nieto y restituir al infractor Escobar, rescatando al soldado verde.
Es la Mafia Platino, que es una derivación de los Tarjeteros Unidos, un cártel político que ha llegado al poder a base de billetazos (así diría aquel panista ocurrente y contradictorio llamado Gustavo Madero), repartiendo dinero a sus operadores a través de Monex y premiando con plásticos Soriana a los vendedores de votos. Los habilidosos dirigentes del partido de las cuatro mentiras (PVEM) sublimaron en junio de este año (en los comicios llamados intermedios) las siempre mal comprendidas artes de la defraudación electoral: elevaron a nivel de confesión pública lo que antes se buscaba mantener en discreción, así que atiborraron escandalosamente a los mexicanos de regalos, tarjetas bancarias, cineminutos y propaganda cínica, apostadores prácticos a la consecución del voto en caliente aunque luego llegaran las sanciones en frío, ya con cargos públicos en la bolsa.
La Fepade, cuya titularidad fue repartida al estilo de las rebanadas del pastel que se usa en los altos niveles de la política (en esta ocasión, entregándola a alguien cercano al perredismo, tanto que Nieto Castillo había sido asesor del sol azteca en el Senado, con el beltronista-perredista Miguel Barbosa como negociador de las tajadas), decidió, ante las evidencias de los ilícitos cometidos por Escobar y el Verde, enviar el expediente del caso a un juzgado, para que se librara la correspondiente orden de aprehensión contra el presunto culpable, el entonces subsecretario de gobernación encargado de manera aberrante de la prevención del delito. Dicho paso procesal desató enojos supremos, una especie de convicción de que se habían traicionado los acuerdos básicos que permiten continuar con el negocio de los cargos distribuidos entre socios que a fin de cuentas cuidan las ganancias. De ahí vino la embestida casi siciliana, el intento de destrucción del infiel.
Ayer mismo, para dar otro testimonio involuntario de las presiones que rodean al caso, el fiscal Nieto Castillo anunció una conferencia de prensa a las 13 horas, misma que no se realizó. Más tarde, la procuradora Arely Gómez informó que la PGR estudiará la posibilidad de apelar o no del resolutivo de Rosa María Cervantes Mejía, la titular del juzgado decimoprimero de distrito de procesos penales federales en el DF (por cierto, la propia Arely Gómez fue subprocuradora especializada en asuntos electorales en 2006; en 2012 llegó al Senado a nombre del PRI, a través de la comodidad de las listas nacionales, y de ahí, priísta en plenitud, pasó a la PGR).
Lo que hasta ahora se ha visto marca con claridad el rumbo que el peñismo pretende imponer a las próximas elecciones, las estatales del año venidero, en las que el PRI buscará quedarse con nueve de 12 gubernaturas, dejando alguna al PAN (¿Puebla o Veracruz?), otra al PRD (¿Oaxaca?) y otra a Morena (¿Zacatecas, con David Monreal?), y las presidenciales de 2018. Es premonitorio el echar a caminar la maquinaria mediática, político y judicial para aplastar a un fiscal que teóricamente goza de autonomía técnica respecto de la Procuraduría General de la República, y hacer que un juzgado de distrito se declare sin materia para librar orden de aprehensión contra alguien que hasta hace días era un subsecretario de Gobernación protegido por Los Pinos.
Astillas
Simón Levy Dabbah, es decir, Miguel Ángel Mancera, no se dan por vencidos, así que luego de que una consulta pública canceló en sí el proyecto motejado como Shopultepec, ahora han dado a conocer la intención de crear otros corredores de estilo similar y, en ese sentido, ya se emitió la declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión para usar, aprovechar y explotar hasta 116 mil metros cuadrados en y bajo el polígono que comprende parte de la avenida Chapultepec y la vía pública que circunda la Glorieta de los Insurgentes. Negocios son negocios… eso sí: los chilangos tendrán entretenimiento con la reforma política, una concesión al perredismo mancerista y una maniobra más del PRI en busca de recuperar el control de la capital del país.
Y, mientras en Chiapas sube de grado el enfrentamiento entre maestros y policías estatales y federales, ¡hasta mañana, con el ex gobernador sonorense Guillermo Padrés (panista) bajo justificado (incluso tenue) amago de diligencias judiciales relacionadas con corrupción (todo sea por posicionar al priísmo beltronista como justiciero), mientras el ex gobernador de Nuevo León (priísta) ya no es afectado ni por alguna arenga desbalagada del ex Bronco sucesor, Jaime Rodríguez Calderón!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx


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¿Ycuándo vuelve el jefe de Gobierno Mancera de Kuwait? Está por escribirse el segundo capítulo del Corredor Comercial (no cultural) de Chapultepec y se requiere su presencia. Por lo pronto, la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCdMx) informó a través de la Gaceta Oficial, la cancelación del corredor. Esa es una buena noticia. Después de los resultados de la pasada consulta el 6 de diciembre no les quedó de otra, pero ¿y los inversionistas? Se supone que el consorcio integrado por Invex, Grupo Acosta Verde y Constructora Garza Ponce, entre otros, aportarían mil millones de pesos. ¿Al suspenderse, será necesario indemnizarlos? ¿O continuarán en el plan B? Este sería un nuevo mecanismo para renovar la concesión. Esa noticia ya no es tan buena. Los vecinos dijeron #AsiNo. Resucitar el proyecto rechazado –por ahí aparecen las orejas de Fernando Romero, uno de los yernos de Carlos Slim– significaría lo mismo. Un nuevo esquema debe tener como ingrediente indispensable la remoción de Simón Levy, porque tuvo demasiados roces y desencuentros con los habitantes de la zona, no le tienen confianza. Y lo ideal es que el corredor se realice con inversión pública, no privada. Vamos a ver con qué noticias llega su jefe Mancera.
Un mago para Inegi
Este diciembre Eduardo Sojo deja el Inegi. Llegado de provincia donde fue asesor del entonces gobernador Fox pronto se hizo a los modos capitalinos. Cuando fue ascendido al puesto principal del instituto que lleva las cuentas del país, pronto reveló potencialidades de prestidigitación que no se le conocían, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, si ocurre una devaluación, y el país es importador, los precios se disparan y sube la inflación. En México no. Otro caso: hay más de 50 millones de desempleados y subempleados, pero para efectos estadísticos sólo 5 por ciento de la población no tiene trabajo. ¡Estamos mejor que muchos países de Europa, Canadá y no se diga Estados Unidos! Finalmente, en materia de crecimiento económico, aunque las empresas y las familias acusan que atravesamos un ciclo recesivo, los datos oficiales muestran que la economía está creciendo. Difícil hallar un personaje que remplace a Sojo. La selección presidencial recaerá en Julio Alfonso Santaella Castell, actualmente el coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo. Si el Senado lo palomea (y es capaz de sacar un conejo de una gorra de béisbol) será el nuevo hombre a cargo de las cuentas nacionales.
El bono educativo
¿Qué es una inversión negativa? Sacar dinero de las tarjetas de crédito para comprar un departamento. Según el investigador del CIEP Kristobal Meléndez Aguilar el bono educativo creado por el gobierno traerá una inversión negativa por 6 mil 885 millones de pesos, que serán descontados del Fondo de Aportaciones Múltiples en un lapso de 23 años. El pago afectaría a los estados con altos niveles de deuda. Aunque adelantar los recursos del FAM beneficiaría a las generaciones actuales –quienes disfrutarán en este sexenio de nueva infraestructura– las generaciones futuras no solamente verán una depreciación de dicha infraestructura, sino que tendrán que pagar la mayor parte de los bonos.


Pues nada, que Alberto Bailleres, el empresario totalmente Belisario Domínguez por cortesía del Senado de la República, sigue derramando sus tóxicas virtudes en grado eminente (ídem) por toda la República. Una raya más al tigre que generosamente se ha enriquecido gracias al régimen político vía gruesas concesiones mineras que lo han convertido en el zar de la plata.
Resulta que apenas el martes pasado unos 100 trabajadores de la mina Saucito terminaron de sacar aproximadamente 600 toneladas de jales contaminados con metales pesados y químicos peligrosos que derramó ese yacimiento, administrado por el consorcio Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailleres, informó Jesús Dávila, supervisor de la planta de residuos (La Jornada, Alfredo Valadez Rodríguez).
De acuerdo con información del Grupo Peñoles, del citado empresario, la mina Saucito contribuye generosamente a engrosar la cartera de Bailleres, pues representa 9 por ciento del oro, 28.3 por ciento de la plata, 12.5 por ciento del plomo y 4 por ciento del zinc que extrae dicho corporativo.
Parece que, en eso de los derrames tóxicos, diciembre es un mes atractivo para el barón, pues en dicho mes, pero de 2014, otra de sus empresas –Minera Penmont, específicamente la Unidad Noche Buena, cerca de Caborca, Sonora– derramó 82 mil litros de solución rica en cianuro, y como sucedió en agosto de ese mismo año en Cananea, con Grupo México (de Germán Larrea, otro magnate Forbes) fue la población afectada y no el consorcio quien dio cuenta del venenoso suceso a la autoridad ambiental, la cual, de nueva cuenta, tardó en reaccionar.
De todos es conocido que Bailleres y Larrea mantienen una férrea competencia para ocupar la segunda posición dentro de los ricos entre los ricos mexicanos marca Forbes, pero parece que ella incluye una pelea abierta por obtener el galardón al empresario minero más tóxico de México.
La información de Valadez detalla que el derrame en el yacimiento de oro, plata y plomo en la mina Saucito ocurrió la madrugada del domingo pasado, cuando el ducto de 10 pulgadas que traslada materiales de desecho a la presa de jales se fracturó y derramó una mezcla de agua, arcillas y residuos durante aproximadamente tres horas. Seiscientas toneladas, que fueron reducidas a 450 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y, ya entrados en descuentos, a 350 por Gerónimo Medina, superintendente de relaciones con la comunidad de la compañía Fresnillo PLC (subsidiaria de Grupo Peñoles, propietario de Saucito), es decir, 100 menos que lo calculado por la Profepa y 250 por debajo de lo informado por Jesús Dávila, supervisor de la planta de jales.
En eso de minimizar los derrames tóxicos e intentar cubrir toda evidencia que afecte a los corporativos mineros, la presunta autoridad ambiental se pinta sola. Así, de acuerdo a la versión de ésta, 600 toneladas de desechos tóxicos sólo afectaron un terreno industrial de 8 mil metros cuadrados y mil 600 metros cuadrados de una parcela aledaña, propiedad de un particular. Eso sí, la dependencia adelantó que continuará dando seguimiento a este caso hasta haberse garantizado que se restauren las condiciones ambientales existentes antes del evento, de acuerdo con lo estipulado en la ley ambiental.



¿Qué explica la desincorporación del Fondo Nacional de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Pensionissste), su conversión de empresa estatal en empresa pública-privada? El sistema, que administra en al país 39 mil cuentas que suman 120 mil millones de pesos, pasó del ámbito estatal a manos de una empresa donde habrá participación privada hasta de 45 por ciento.
Lo que explica este movimiento aparentemente extraño –el Pensionissste tenía mayores rendimientos en comparación con el promedio de las administradoras de fondos para el retiro (Afore)– son dos móviles enlazados: 1) el Estado se sacude la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores a su servicio, y 2) aprovecha la oportunidad para que la iniciativa privada haga negocio con los fondos de sus trabajadores.
¿A quién beneficia este esquema de manejo de los fondos de seguridad social de los trabajadores? No a éstos porque sus fondos han quedado sin protección. Beneficiará a quienes aprovecharán los rendimientos de las inversiones y a la élite gobernante, que no tendrá que responder por el derecho de los trabajadores a una pensión. Veremos en poco tiempo cómo se transforma la llamada tasa de remplazo, el porcentaje del último salario con que se retiran los trabajadores. El promedio de las Afore es de 28 por ciento, lo que significa que los asalariados se retiran con una mensualidad menor a un tercio de su último pago. En el caso del Issste, la tasa de remplazo actual es de 60 por ciento. Con el nuevo esquema, se acercará a 28.


Durante el primer día en que se publicó en las redes sociales una carta en la que se explican los pormenores de la clausura de la pulquería Los Insurgentes, ocurrida la madrugada del pasado sábado 28 de noviembre, la habían firmado más de 400 personas, entre ellas reconocidos artistas y escritores, quienes se manifiestan en contra del cierre de este espacio donde se han celebrado más de 2 mil actividades culturales desde su fundación, en marzo de 2010.
Algunos de los firmantes que se pronuncian en contra de la manera arbitraria y dudosa con la que se realizó la mencionada suspensión de actividades son José Agustín, Daniel Lezama, Guillermo Fadanelli, Demián Flores, Sergio González Rodríguez, Daniel Guzmán, Carlos Blas Galindo, J. M. Servín, Tania Candiani, Eusebio Ruvalcaba, René Avilés Fabila, Leonardo da Jandra y Abraham Cruz Villegas, además de una larga lista de asiduos a la vida nocturna de ese recinto.
El desconcierto que provocó el abrupto cierre de Los Insurgentes se advierte con varias preguntas que se hacen a la opinión pública, por ejemplo:
“¿Por qué se ha realizado un despliegue desmesurado de fuerza –intimidatorio y agresivo contra el lugar– que involucró a efectivos policiacos sumados a inspectores de diferentes corporaciones y cuya actitud fue de amedrentamiento e intolerancia, en lugar de recurrir al diálogo informado entre interesados?




El martes pasado, en los alrededores de la capital chiapaneca, el maestro Gemayel Ruiz murió en el curso de un enfrentamiento entre policías federales con profesores y estudiantes normalistas que intentaban bloquear el acceso a las instalaciones en las que se realizó en forma anticipada el examen de evaluación, prescrito por la reforma que fue aprobada a finales de 2012 y principios de 2013. La violencia dejó además un saldo de seis detenidos –tres mentores, dos estudiantes y un padre de familia– y varios manifestantes y policías lesionados. Ayer, miércoles, se produjo una nueva confrontación entre integrantes del magisterio disidente y fuerzas del orden, en el curso de la cual cinco uniformados fueron retenidos por los inconformes.

Agradece honradez de la oficial Gladys Segura Cuevas y de anónimo
Quiero externar mi más profunda gratitud a la honradez cívica de un ciudadano anónimo y a la oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Gladys Elizabeth Segura Cuevas, con número de placa 523059, porque ambos hicieron posible que recuperara mi equipo fotográfico que por un descuido dejé olvidado en una de las bancas del emblemático parque de la Alameda Central.

En 1990 Violeta Barrios de Chamorro, al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), ganó las elecciones contra Daniel Ortega. Con apoyo de Estados Unidos (¡qué raro!) juntó a los opositores al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entonces en el gobierno. Lamentablemente, el pueblo nicaragüense no sólo tuvo que enfrentar los embates de la Contra, patrocinada por el gobierno de Washington, sino la incompetencia de algunos de los líderes y funcionarios del gobierno. Tuve la oportunidad de constatar en ese país las debilidades del gobierno y la corrupción y prepotencia de varios de sus altos funcionarios, incluido Tomás Borge. Entrevisté a muchos de ellos y me dejaron mal sabor de boca, pero mis opiniones sobre el tema no fueron bien recibidas en México, donde buena parte de mis amigos de izquierda defendían a los sandinistas sin sombra de dudas. Años más tarde salieron a relucir varias de las incongruencias de los sandinistas y ese país pasó a formar parte de los más pobres de América Latina y el Caribe, y más cuando los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños revirtieron los pocos avances que habían logrado los sandinistas pese a sus improvisaciones. La situación de ese país centroamericano se modificó para bien con los siguientes mandatos de Daniel Ortega a partir de 2007 (relegido en 2011), pero a la fecha sigue siendo un país con muchas carencias y pocas posibilidades de mejorar sustancialmente (por cuanto a su producto interno bruto per cápita ocupa el lugar 170 de 230 considerados).

La relación del presidente con la ciudadanía se funda en un modelo sustentado en la explotación mediática de los logros gubernamentales, aun cuando éstos todavía sean promesas por cumplir o buenos deseos. Todo suma, aunque sature a las audiencias. Un ejemplo de ese estilo personal de Peña Nieto aparece en el mensaje difundido por el mandatario al cumplir tres años de gobierno: “Hace tres años me comprometí a trabajar por un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global… Con reformas estructurales, políticas públicas innovadoras e infraestructura, avanzamos en esa dirección. México ya está en movimiento”. Todo positivo; ninguna alusión a los gravísimos problemas vividos en ese lapso. Ningún intento de afrontar la crispación difusa que recorre al país o de responder a las críticas que todos los días se le hacen al gobierno. Ese “silencio de Los Pinos, como lo llama la revista Nexos, define el momento y merece ser abordado como expresión de la crisis que recorre una forma de gobernar en decadencia. El Presidente y sus consejeros lo ven todo bajo la óptica de la comunicación como una habilidad técnica, sin reconocer que lo democrático no está en el alcance de la cobertura, en el rating, sino en la capacidad de que los mensajes susciten una respuesta en quien los escucha, es decir, la interacción que sólo se da en un verdadero diálogo.

Tras los ataques terroristas en París el mes pasado, el presidente francés, François Hollande, emprendió una vigorosa campaña en contra del llamado Estado Islámico (EI). Le declaró la guerra, convenció al Parlamento de instaurar un estado de emergencia durante tres meses, ordenó el cierre de fronteras, redobló las medidas de seguridad interna y se entrevistó con numerosos jefes de Estado y de gobierno para intensificar la campaña militar contra el EI.

Fue frustrante y decepcionante la estancia de más de 2 mil personas de distintas partes del país a partir del 28 de noviembre de 2015 para realizar funciones de evaluadores. Para empezar, la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente les mintió al decirles un día antes que se trasladaran a la ciudad de México para continuar con el proceso de certificación y tener un curso de capacitación, pero era ya para evaluar productos que subieron los maestros como evidencias de su trabajo docente.

Estados Unidos es una oligarquía con capacidad ilimitada para el soborno político, que se expresa en nominaciones para presidente o para elegir al presidente. Esa observación del ex presidente Carter, en respuesta a la deplorable decisión de la Suprema Corte (abril, 2014) de eliminar límites a los donativos para las campañas electorales, está en la base de una riesgosa descomposición vinculada a la financiarización y militarización de Estados Unidos, potencia en crisis hegemónica una de cuyas expresiones se detecta en la COP21 y en la tolerancia estatal ante la criminalidad del encubrimiento climático de las grandes petroleras, mientras en París está en vilo la civilización y más que eso, se juega con la extinción acelerada de las especies, incluida la nuestra, por los efectos bio-ecológicos del calentamiento global en curso, cuya ventana de oportunidad para evitar una catástrofe climática irreversible se cierra rápido, según advirtió el secretario general de la ONU.

El resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la República Bolivariana de Venezuela constituye el más duro revés infligido al chavismo por la contrarrevolución y el imperialismo.


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