Este es un artículo de opinión de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres
Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Crédito: Cortesía de ONU Mujeres.
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A nuestro mundo le falta equilibrio. Desde la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), nunca hubo al mismo tiempo tanta riqueza ni tanta
desigualdad.
Nos estamos recuperando de una crisis económica mundial; sin embargo, esta recuperación no ha repercutido en el desempleo.
Actualmente, hay más mujeres capacitadas que nunca, pero a escala
mundial, ellas siguen luchando por encontrar un trabajo. Las tasas de
desempleo se encuentran en máximos históricos en muchos países,
incluidos los de Oriente Medio y África del norte, en América Latina y
el Caribe, y en el sur de Europa.
En los casos en los que las mujeres tienen un trabajo, cobran en
promedio y a nivel mundial 24 por ciento menos que los hombres. En su
mayoría, ellas ocupan puestos inseguros y mal remunerados, como en la
agricultura a pequeña escala o el trabajo doméstico, un sector en el que
representan 83 por ciento de la fuerza laboral.
¿Por qué las mujeres no tienen cabida en la economía mundial?
Nuestra
economía globalizada parece aplicar nuestra visión universal de los
derechos de las mujeres con fines contradictorios; en lugar de facilitar
dichos derechos, los limita.
En nuestro informe de referencia “El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos”, investigamos lo que significa este fracaso y proponemos soluciones.
Adoptamos un enfoque innovador y holístico para analizar las
políticas económicas y sociales y sus implicaciones en toda la economía.
En especial, nos fijamos en la economía “invisible” del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado, que son trabajos básicos para
todas las economías y sociedades.
Históricamente, las mediciones convencionales como el producto
interno bruto han obviado el importante porcentaje de trabajo que
realizan las mujeres y las niñas, y no han prestado atención a las voces
que abogan por asignar recursos públicos de ayuda en este sentido, por
ejemplo, mediante inversiones destinadas al acceso al agua y la energía
limpia.
Recomendamos aplicar una perspectiva de derechos humanos a la resolución de problemas económicos.
También proponemos soluciones específicas y basadas en pruebas para
la acción por parte del gobierno y el sector privado, para que el
progreso conseguido conduzca a trabajos decentes con salarios
igualitarios, sin acoso sexual ni violencia, y respaldados por servicios
sociales de buena calidad.
Nuestros recursos públicos no se dirigen allí donde son más
necesarios: por ejemplo, para garantizar agua segura y saneamiento,
atención sanitaria de calidad, y servicios de asistencia decentes para
la infancia y las personas de edad.
Si bien el agua es fundamental, existen otras necesidades. Hay que
alimentar a las familias, atender a las personas enfermas, educar a
niñas y niños, y cuidar de las madres y los padres ancianos.
Cuando no existen servicios públicos, las carencias se ceban principalmente en las mujeres y las niñas.
La falta de servicios castiga injustamente a las mujeres cuando el
Estado no ofrece recursos, y afecta a miles de millones de mujeres en
todo el mundo.
Datos procedentes de Francia, Alemania, Suecia y Turquía indican que
el salario de la población femenina es de entre 31 y 75 por ciento
inferior al de los hombres a lo largo de su vida.
Necesitamos políticas que faciliten que tanto las mujeres como los
hombres puedan cuidar de sus personas queridas sin tener que sacrificar
su propia seguridad económica, prosperidad e independencia.
Nuestra economía globalizada parece aplicar nuestra visión universal
de los derechos de las mujeres con fines contradictorios; en lugar de
facilitar dichos derechos, los limita. Donde no hay alternativas,
existen pocos derechos.
Pero sí hay soluciones.
El informe propone una serie de medios específicos con los que
movilizar recursos para pagar servicios públicos y transferencias
sociales: por ejemplo, reforzando las obligaciones fiscales existentes,
volviendo a priorizar los gastos y ampliando la base fiscal general,
también mediante préstamos internacionales y asistencia al desarrollo.
Las empresas de alcance mundial también desempeñan un papel
fundamental en su calidad de empleadoras que ofrecen oportunidades y
salarios igualitarios. Los grupos de accionistas pueden y deben exigir a
las empresas que actúen de forma responsable en los países en los que
operan.
Los ingresos tributarios anuales correspondientes a los países en
desarrollo que se pierden como consecuencia de la manipulación de los
precios comerciales, una de las estrategias utilizadas por las empresas
para evitar pagar impuestos, se estima entre los 98.000 y los 106.000
millones de dólares.
Esto se traduce en casi 20.000 millones de dólares más que los costos
anuales de capital necesarios para garantizar la cobertura de agua y
saneamiento universales.
Con la combinación adecuada de políticas económicas y sociales, los
gobiernos pueden lograr el cambio transformador. Pueden generar empleos
decentes para las mujeres y los hombres y asegurar que se reconozca y se
respalde el trabajo del cuidado no remunerado.
Si se aplican medidas bien diseñadas como las prestaciones familiares
y pensiones universales, se puede mejorar la seguridad de ingresos de
las mujeres, y su capacidad de realizarse plenamente y ampliar sus
opciones vitales.
Finalmente, las políticas macroeconómicas pueden y deben respaldar el
cumplimiento de los derechos de las mujeres, creando economías
dinámicas y estables, generando empleos decentes y movilizando recursos
para financiar servicios públicos esenciales.
En última instancia, promover los derechos de las mujeres no sólo
logrará que las economías sean efectivas para las mujeres, también
beneficiará a las sociedades en su conjunto creando un futuro más justo y
sostenible.
El progreso de las mujeres es el progreso de todas y todos.
Editado por Verónica Firme
