Entrevista a Alejandra Gonza, abogada de Nestora

Nestora

Nestora Salgado García, la lucha por la dignidad de los pueblos de La Montaña¹

(Semblanza)

Desde el compromiso con los pueblos indígenas de Guerrero, Nestora Salgado García, oriunda de Olinalá, Guerrero, ha dado una lucha por la dignidad ante el abuso de poder con los más vulnerables. Nacida el 28 de febrero de 1972, crece en el seno de una familia trabajadora de la tierra. Estudiaba el segundo año de secundaria cuando fue arrancada del hogar materno y traslada a Estados Unidos en vísperas de ser madre. Nestora, en su nueva vida de esposa, madre e inmigrante, pasa las penurias de la violencia doméstica por parte de su primer esposo. Sin embargo, siempre mirando hacia adelante, pese a su corta edad, mientras criaba a sus tres hijas Saira, Grisel y Rubí, obtiene la ciudadanía estadounidense por denunciar su situación.

Emprende una vida de madre soltera y mujer trabajadora. Sus primeros empleos formales fueron de recamarera en Seattle, de empleada doméstica y luego en la cocina de varios restaurantes. En uno de ellos conoció a su segundo esposo, con quien lleva más de quince años en unión. Después de 2002, cuando Nestora pudo regresar a Olinalá, Guerrero, para ver a su familia, empezó a dar un giro su vida radicalmente. La segunda ocasión de visita al pueblo, un camión de Coca Cola la sacó de la carretera, mientras ella iba conduciendo antes de llegar a Tlapa. Su columna quedó afectada por el accidente, del cual no pudo recuperarse por completo. Estuvo tres meses en terapia sin poder caminar, sólo con la ayuda de su esposo y sus hijas. Tampoco pudo volver a trabajar, y fue jubilada por incapacidad médica.

Las visitas a Olinalá se volvieron frecuentes y cada vez más prolongadas. Junto con su esposo, José Luis Ávila, decidió arreglar una casa y ayudar en la siembra. La gente del pueblo llegaba a pedirles trabajo, consejos legales o comida. El pago que daban en otras parcelas a los trabajadores era miserable, y ellos hacían el esfuerzo por pagarles el doble y darles de comer, al ver la necesidad que tenía la gente.

Ya instalados en el 2004, y coordinando tareas de solidaridad en la comunidad olinalteca, Nestora Salgado empezó a trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica. Les daba consejos, les procuraba atención médica y despensas. A partir de entonces, su fortaleza se reponía junto con su compromiso con el pueblo.

Sus principios han sido la solidaridad y la defensa de los más vulnerables. No fue a la universidad pero llegó a concebir la idea de la prioridad que tiene la sociedad sobre el Estado para que éste sea garante de los derechos humanos y no su depredador. La vida le enseñó el amor por los demás a través de la justicia.

Su popularidad fue creciendo. Y su casa se empezó a transformar en un recinto institucional de ayuda al pueblo. Desde la recolección de ropa y alimentos para los que menos tienen, hasta la procuración de acceso a los servicios públicos que excluían o discriminaban a familias indígenas.

No obstante, la ayuda brindada por Nestora Salgado no era suficiente para el tamaño de la necesidad de Olinalá y sus alrededores. La violencia del narcotráfico y las pandillas empezó a contaminar la comunidad. En los dos últimos años la violencia se intensificó, y en octubre de 2012, llegaron a entrar sicarios a Olinalá a raptar jóvenes, mujeres para abuso sexual y venta de narcomenudeo, y los hombres para entrenarlos de sicarios. El pueblo entró en pánico y las autoridades no hacían nada para detener las desapariciones y muertes. Así que, con el ejemplo de otras comunidades, Nestora Salgado impulsó la creación de la Policía comunitaria de Olinalá, ante la voluntad de un grupo de padres de familia que querían proteger a sus hijos.

Salgado García salía a las calles, a la plaza principal con un alta voz para hablarle al pueblo a que se unieran a la Policía comunitaria para defender su pueblo y a sus hijos. Y la Policía comunitaria logró integrarse por 250 hombres y 17 mujeres, en enero de 2013. Nestora Salgado también formó una asociación civil para sostener la estructura de la Policía, y poder recaudar fondos para obra social. No obstante, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre, reconoció y felicitó el trabajo comunitario por la seguridad de Olinalá y les donó dos camionetas y trescientos mil pesos para uniformes, armas de bajo calibre y mantenimiento de los vehículos.

La policía comunitaria empezó a tener éxito en la seguridad de su comunidad y alrededor de Olinalá. Nestora Salgado logró el acercamiento con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias para adherir la Policía Comunitaria de Olinalá al conjunto de Casas de Justicia que integran las autoridades regionales, y fue integrada y reconocida la Casa de Justicia El Paraíso.

El trabajo de Nestora Salgado en materia de derechos humanos y ayuda a la comunidad ha sido constante y enfocado en el beneficio de los derechos indígenas. Sin embargo, el crimen organizado también es constante y avanza hasta las cúpulas oficiales. Nestora Salgado, ya comandante regional de la Policía comunitaria, junto con otros comandantes, denunció la corrupción del presidente municipal Eusebio González y los vínculos con grupos narcotraficantes que raptaban jóvenes y las regresaban dos o tres días después, drogadas y obligadas a vender droga a otros pueblos. Estos casos, han sido documentados y los investigaba la Casa de Justicia El Paraíso.

El acoso del Ejército y la Marina contra Nestora Salgado y la Policía comunitaria fue sistemático, como las denuncias y la lucha de ella por salvar a la comunidad del narcotráfico y abuso de poder. Luchaba contra la prostitución de las jóvenes obligadas por narcotraficantes y altas autoridades. Luchaba por los derechos de las mujeres a tener acceso a la atención médica, y defendía los jóvenes de ser reclutados por los grupos delictivos.

El 21 de agosto de 2013, después de que los militares rodearon su casa, y estuvieron en la madrugada sobre el techo apuntando con sus armas a la población, quince vehículos de la milicia y dos de la Marina detuvieron a Nestora Salgado. La secuestraron sin darle mayor explicación, y la llevaron en helicóptero a Chilpancingo. La hicieron firmar documentos que no le permitieron leer y la trasladaron de inmediato a Acapulco. Durante el trayecto, no le permitieron pasar al baño y ni le daban explicación de su detención. De ahí, la obligaron a abordar un avión hacia el penal de alta peligrosidad El Rincón, de Tepic, Nayarit, donde ha estado en régimen de incomunicación hasta el 24 de octubre de 2013.

Por la intervención de la Embajada estadounidense a petición de su familia se logró saber de su paradero, en el penal, junto con mujeres narcotraficantes.

Ha sido víctima de tortura psicológica, han sido violados sus derechos humanos y ha sido criminalizada por defender a la comunidad y organizarla para su propia protección. Sus denuncias y su activismo ha movilizado la conciencia no sólo de Olinalá, sino también de México y las principales ciudades de Estados Unidos donde le han brindado solidaridad.

Nestora Salgado García merece ser liberada y reconocida por su lucha por la dignidad.

1 Semblanza elaborada por Guadalupe Lizárraga, periodista independiente fundadora de Los Angeles Press.

Entrevista realizada a Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Revictimizar también es violencia contra las mujeres

   MUJERES CAUTIVAS

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*

A propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no cabe duda de que los indicadores más actuales aportados por organismos internacionales y organizaciones civiles dan la razón a quienes hemos sostenido que la igualdad de género está muy lejos de conseguirse, a pesar de las cifras alegres que los gobiernos se empeñan en presumir.

 

Nada menos que hace unos días, el Gender Gap Index señalaba que serán necesarios 118 años para cerrar por completo la diferencia económica entre mujeres y hombres, pero además, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad salarial.

 

Este solo dato habla de la situación de desventaja que prevalece para mujeres jóvenes y adultas, ya que además deben enfrentarse a políticas económicas sumamente restrictivas y un acceso muy limitado a la educación o servicios básicos, muy a pesar de que se trata de Derechos Humanos consagrados hace décadas por la mayoría de los países a nivel global.

 

Por ello, y dada la creciente vulnerabilidad de mujeres y niñas, no debería extrañarnos que sean justamente ellas las víctimas principales de desaparición no voluntaria en México y América Latina, ya que el crimen organizado ha encontrado en la trata y la explotación sexual una de sus principales fuentes de ingreso.

 

No obstante, además de la violencia sistemática que padecen las víctimas de trata y explotación sexual, poco se habla de la revictimización de la que son objeto a manos de las mismas instituciones que deberían procurarles justicia, protección, reparación del daño y una vida libre de violencia.

 

Un ejemplo claro de lo anterior es la asistencia material y protección que deben recibir las víctimas a través del fondo destinado a cubrir sus necesidades.

 

Como sabemos, una niña o mujer que ha sido previamente secuestrada, golpeada, abusada sexualmente, sometida mental y físicamente y explotada, lleva consigo una serie de secuelas a largo plazo y altos riesgos cuando está involucrada la delincuencia organizada.

 

Las que logran sobrevivir y no son víctimas de feminicidio no cuentan con posibilidades económicas propias para reconstruir su autoestima, aliviar sus padecimientos físicos, solventar gastos básicos de sobrevivencia, seguir estudiando o conseguir un trabajo, y hacer un nuevo proyecto de vida.

 

Y a pesar de que se puede alegar que ya existe un fondo destinado a apoyar a las víctimas para cubrir sus necesidades básicas (ante una terrible realidad que ellas no buscaron), resulta que el titular de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o los consejeros de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), administran los recursos a partir de criterios burocráticos y rígidos, de tal modo que las víctimas no puedan acceder al fondo de emergencia, como si el dinero fuera de ellos y no de y para las víctimas.

 

Aquí el punto es que un fondo público destinado a apoyar a las víctimas está siendo manejado como si proviniera de los bolsillos de las y los propios funcionarios, a quienes hay que darles innumerables explicaciones para que al final nieguen el apoyo.

 

Ocurre por ejemplo que en la SEIDO el titular –que asumió el cargo recientemente– decidió cancelar los apoyos a víctimas sin mediar explicación alguna y, peor aún, sin haberse tomado la molestia de indagar por qué esos apoyos habían sido previamente autorizados.

 

A los nuevos funcionarios de la PGR les pareció muy fácil borrar todo de un plumazo, sin importar los riesgos para la vida de las víctimas, su integridad y su seguridad.

 

Como era de esperarse, las víctimas que ya cargaban el peso de un sistema de justicia que sólo funciona para quienes tienen poder, recibieron la noticia de que ya no cuentan con el apoyo material y económico que por ley les corresponde.

 

Estas dos instituciones olvidan (o desconocen) que las víctimas de trata se encuentran en medio de procedimientos jurídicos de alto riesgo en los que no es difícil que las sigan, amenacen e incluso las agredan o intenten matarlas, por lo que salir a la calle a buscar empleo no implica los mismos riesgos que para una persona normal.

 

Más aún, una despensa de la Conasupo o un refugio no son alternativas para integrarse a la sociedad.

 

Cuando se cancela, niega, “marchantea” o “jinetea” un recurso económico en este contexto, estamos hablando, sí, de una revictimización institucional, pero es todavía peor que tales decisiones pongan a las víctimas en riesgo de caer nuevamente en la “boca del lobo” de la que algún día fueron rescatadas.

 

Es decir, un Estado responsable –por acción, omisión o complicidad– de fenómenos como la trata de mujeres y niñas, se vuelve doblemente violento cuando tampoco se encarga de intentar compensar el daño en una mínima parte.

 

Así que, cuando escuchemos a las y los funcionarios acerca de lo muy interesados que se encuentran en combatir la violencia de género, no olvidemos que en los hechos muchos de ellos no tienen idea de la violencia que aplican hacia aquellas que dicen defender.

 

Twitter: @catwlacdir

 

*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | México,

La violencia contra las mujeres en la agenda progresista latinoamericana

#NiUnaMenos

Ines Pousadela

Sin permiso

Las más recientes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud confieren a la violencia contra las mujeres el rango de pandemia. Como fenómeno, la violencia contra las mujeres es prácticamente tan antigua como la humanidad. Sin embargo, algo ha cambiado en las últimas décadas, y lo ha hecho en forma acelerada: esa realidad ha sido reconocido como problema y ha sido progresivamente redefinido, de problema individual, privado y perteneciente a lo sumo a la “baja política”, a problema social, público y merecedor de atención a nivel global.

La cobertura periodística es indicativa de este cambio, no solo porque ha crecido exponencialmente en los últimos años, poniendo el tema sobre el tapete, sino también (y de modo más relevante) porque ha desplazado gradualmente su marco interpretativo, desalojando a la noticia de la crónica policial amarillista para presentarla, en notas de opinión y en espacios de “información general”, como parte de un problema social más amplio. Así, los medios han ido pasando (con distintas intensidades) de presentar los casos de violencia contra mujeres en el marco del relato del “crimen pasional” y de la anomalía conductual de individuos enfermos, a analizarla como un fenómeno emergente de una cultura sexista y violenta que somete y atraviesa los cuerpos de las mujeres.

Protagonismo de la sociedad civil

Estos cambios, signados por la inserción del problema en el marco de la narrativa de los derechos humanos, han sido el resultado de la labor sostenida a lo largo de décadas por organizaciones feministas y de promoción de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Tal como lo hizo notar Jürgen Habermas, los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de funcionar como sensores de situaciones críticas. Anclados en el mundo de la vida, son más sensibles que los sistemas políticos y administrativos para percibir los nuevos problemas, identificarlos y proveer marcos interpretativos para ellos. De ahí que fueran ellos –y no los funcionarios públicos y líderes políticos- los que llevaron a la agenda pública todos los grandes temas de las últimas décadas.

Fueron, en efecto, las mujeres autoorganizadas las que le pusieron un nombre al problema, encontraron eco en una fracción del periodismo que, para la misma época, comenzaba a comprometerse en redes de promoción de agendas mediáticas no sexistas, se erigieron en voces autorizadas para interpretarlo, y cambiaron definitivamente el modo de pensarlo. Tanto éxito tuvieron en su empresa que lo que hasta no hace tanto fue un auténtico grito de guerra –“los derechos de las mujeres son derechos humanos”- integra hoy el acervo del sentido común de nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres es hoy aprehendida como una violación de los derechos humanos, un delito a castigar, y un objeto legítimo de la política social.

Hay que recalcar que el movimiento de mujeres fue el artífice de cambios notables no solamente en nivel de la opinión sino también en el de las instituciones y las políticas públicas. Así lo demuestra el interesante artículo de Mara Htun y Laurel Weldon titulado, justamente, “Los orígenes cívicos del cambio político progresista: La lucha contra la violencia contra las mujeres en perspectiva global, 1975-2005” (American Political Science Review, 2012). Sobre la base del análisis de datos para setenta países a lo largo de varias décadas, las autoras sostienen que la labor de movimientos de mujeres fuertes, autónomos y feministas es la variable que da cuenta -en mucha mayor medida que factores políticos como la presencia de partidos de izquierda o de mujeres en el gobierno o factores económicos como el nivel de ingresos del país- del cambio progresista de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres.

En suma, más allá de la efectividad de las políticas adoptadas, sobre la cual no existe suficiente información, el problema de la violencia contra las mujeres ha obtenido respuesta en el terreno de las políticas públicas ante todo por efecto de la presión del feminismo organizado, tanto en el espacio nacional como en redes trasnacionales. Ni siquiera en la comunidad del activismo por la justicia social o los derechos humanos el tema ha sido erigido en prioridad en ausencia de dicha presión.

Violencia contra las mujeres

A nivel global, la agenda de género tal como hoy la conocemos comenzó a tomar forma entre los años ochenta –cuando comenzó a ser ratificada en un país tras otro la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas- y los noventa, signados por el rol creciente de los movimientos feministas y de mujeres en la fijación de la agenda del sistema de Naciones Unidas –no solamente por su participación en la histórica Conferencia de Beijing en 1995 sino también, y sobre todo, por su capacidad para introducir la agenda de género en forma transversal en todas las demás conferencias globales de la década (sobre población, medio ambiente, derechos humanos, etc.). El primer gran hito en lo que se refiere al reconocimiento del problema de la violencia de género tuvo lugar, de hecho, dos años antes de Beijing, como resultado del esfuerzo del movimiento femenino por poner en los derechos de las mujeres el foco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).

El debate en América Latina –en curso desde antes de Viena- cristalizó poco después en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belem do Pará (1996). Ratificada por los países de la región en los años subsiguientes, ella dio origen a una cascada de legislaciones sobre violencia contra la mujer -usualmente designada todavía como violencia intrafamiliar o doméstica- y fue acompañada por la implementación de diversos servicios de denuncia y asistencia a las víctimas. En los años siguientes, sin embargo, éstos tendieron a ser tildados de deficientes y problemáticos, y ello por razones no solamente de efectividad práctica sino también de índole conceptual –en la medida en que, por ejemplo, siguió siendo corriente la tipificación de la violación como delito contra la honra, solo aplicable entonces a las mujeres reconocidas como “honradas”. La legislación llamada “de segunda generación” recién se abriría paso en la década siguiente.

Al mismo tiempo, el problema de la violencia contra las mujeres permaneció en un lugar relegado de la agenda global. Así, por ejemplo, no figuró entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, formulados en el año 2000 con metas de cumplimiento fijado, justamente, para el 2015 que corre; en cambio, la lucha por la igualdad de género se centró casi exclusivamente en el cierre de las brechas educativas y laborales (a pesar de que el logro de este objetivo está fuertemente condicionado por el marco estructural de violencia). Esta omisión recién comenzó a ser explicitada en los últimos años, en particular en el marco del proceso de formulación de la llamada Agenda Post-2015. Para ese entonces ya se había ido instalando, en un principio en referencia exclusiva a los asesinatos de Ciudad Juárez y luego como marco interpretativo de un problema que se repetía con distintas intensidades en otras latitudes, el concepto de feminicidio (o el ahora más popular anglicismo femicidio), definido como el homicidio de una mujer por razones de género y progresivamente recogido por legislaciones nacionales y resoluciones de organismos internacionales.

Del dicho al hecho

La violencia contra las mujeres es hoy un tema de la agenda global, y en algunos (lamentablemente pocos) países ha llegado incluso a adquirir relevancia en la agenda político-electoral, con presencia creciente en los debates electorales, las promesas de campaña y las políticas públicas. Desafortunadamente, no parece ser el caso en América Latina. Tal como lo denuncian periódicamente organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, la violencia de género sigue sin ser un tema prioritario en la agenda política latinoamericana. Entretanto, los cadáveres siguen apilándose.

En Argentina, epicentro de las recientes movilizaciones contra la violencia de género, había sido sancionada en 2009 la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, que el movimiento feminista ha considerado una conquista producto de sus luchas y que es catalogada como de segunda generación o de vanguardia tanto por su conceptualización amplia de lo que constituye violencia –ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial o simbólica- y de los ámbitos –doméstico, institucional, laboral, médico, mediático, etc.- en los que ella tiene lugar, como por la batería de medidas que prevé para combatirla. Entre sus escasos defectos se destaca el hecho de que, un lustro después, esas políticas aún no han sido en su mayoría reglamentadas, implementadas y/o financiadas. Allí se concentró pues la acción de las organizaciones de mujeres, que ya desde hacía varios años suplían al Estado en la labor de cuantificar el problema.

La visibilidad que la difusión de cada nuevo conteo de víctimas de feminicidio acabó dándole al problema, preparó el terreno para la movilización. Ésta se estructuró en torno de un petitorio centrado en la implementación plena del Plan Nacional establecido por la ley, la provisión de garantías de acceso a la justicia y de protección efectiva, la elaboración de un registro único de víctimas y de estadísticas oficiales de feminicidios, y la implementación de un programa de capacitación docente y prevención a nivel escolar.

Nuevamente, la masiva movilización #NiUnaMenos, producida a principios de junio de 2015 en Buenos Aires y en decenas de localidades argentinas (con réplicas en otros países de la región, incluido Uruguay), tuvo sus orígenes en la sociedad civil. Lanzada en Twitter por un grupo de periodistas vinculadas con el movimiento feminista, la convocatoria encontró terreno fértil en un sociedad sensibilizada por la cascada de casos de feminicidios de los últimos meses, y se viralizó por Facebook bajo la forma de selfies con cartel de apoyo (a la vez que, sobre el terreno, era apuntalada por innumerables organizaciones sociales y políticas). La convocatoria virtual fue recogida por los medios impresos y audiovisuales, primero en sus versiones digitales y luego en tapas de diarios y programas de radio y televisión.

Si bien numerosos políticos y funcionarios buscaron tardía y oportunistamente acoplarse a ella, claramente la iniciativa se gestó por vías del todo ajenas a aquellos. De hecho, con las notables excepciones de cuatro o cinco mujeres políticas, insertas en diferentes partidos, casi no se habían escuchado pronunciamientos sustantivos sobre el tema en las primeras líneas de la política antes de que sobreviniera la catarata de adhesiones. Astutamente, los organizadores respondieron a estos ofrecimientos de apoyo con la contrapropuesta #DeLaFotoALaFirma, desafiando a políticos y candidatos a comprometerse públicamente a incluir el tema en sus campañas electorales y acciones de gobierno.

Consenso superficial

Lejos de ser solamente una maniobra oportunista intentada incluso por aquellos que, situados en posiciones de autoridad, hubieran podido pero no habían hecho gran cosa para impulsar la implementación de las políticas reclamadas, esta avalancha de apoyos reflejó un rasgo fundamental del consenso generado torno de este tema. Tal como es planteada, en efecto, la disyuntiva coloca a todos los actores en un solo bando, dejando desierto el lado opuesto del campo político. Pues ¿quién podría (declarar públicamente) estar de acuerdo con los asesinatos de mujeres? En ese sentido, el de la violencia contra las mujeres no podría ser más diferente de ese otro tema-estandarte del feminismo que es la legalización del aborto, que sí divide tajantemente a la opinión pública y se constituye en un campo de batalla en el cual miden fuerzas el movimiento feminista y el contra-movimiento autodenominado “pro-vida”.

En un sentido más profundo, sin embargo, ambas demandas abrevan de la misma fuente: el reconocimiento de las mujeres como sujetos en posición de igualdad, seres autónomos no necesitados de tutela. Así, si bien los alineamientos en torno de uno y otro tema varían, la violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto se ubican en un mismo plano: el de la negación de la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. Como bien lo señala Rita Segato, los actos de violencia de género son acciones disciplinadoras, moralizantes y aleccionadoras aplicables a aquellas que se han sustraído del lugar subordinado que les ha sido asignado, poniendo de ese modo en cuestión todo el sistema de jerarquías que otorga al hombre una posición dominante. Combatir desde la raíz la violencia contra las mujeres supone desafiar el privilegio masculino, objetar los roles de género y cuestionar las jerarquías a ellos asociadas. El “consenso” del #NiUnaMenos, sin embargo, dista de basarse en una convicción semejante. Quienes se oponen al aborto legal privilegian otras consideraciones por encima de la autonomía de las mujeres, y el resultado es una suerte de disenso honesto, sustentado en un combate entre principios. El consenso observado en torno del tema de la violencia contra las mujeres, en contraste, es de carácter superficial en la medida en que no se sustenta en un consenso sustancial en torno de los principios subyacentes.

Es allí, precisamente, donde anidan las dificultades de la izquierda latinoamericana para luchar contra una violencia que en muchos países exhibe aumentos que parecen ser reales, es decir, no atribuibles solamente a la disponibilidad de más y mejores mediciones sino también a una ola de reacciones protectoras de los roles tradicionales por parte de quienes se resisten al creciente empoderamiento de las mujeres latinoamericanas, potenciada por la impunidad de que han gozado los perpetradores hasta la fecha.

En muchos países de la región, el espacio político de la izquierda está hoy ocupado por fuerzas que se reclaman de izquierda, pero que son ante todo populistas y muy luego de izquierda (o, dicho de otro modo, sustantivamente populistas y adjetivadas “de izquierda”). A diferencia de la izquierda post-comunista europea, ellas exhiben marcados rasgos de conservadurismo cultural. Puesto que la lucha a fondo contra la violencia de género requiere del reconocimiento y la promoción de la autonomía de las mujeres, el tema tiene tantas más probabilidades de ser incorporado en la agenda de la izquierda y de resultar en políticas efectivas allí donde la izquierda que gobierna tiene una tradición más liberal, como es el caso de Uruguay, o –tal vez en menor medida- en casos como el de Argentina, donde a decir de Maristella Svampa prevalece un anómalo “populismo de los sectores medios”. En todos los casos, sin embargo, las perspectivas de incorporación de la temática a la agenda política del progresismo seguirán dependiendo, aún más que de lo que haga la izquierda partidaria, de la continuidad de la acción eminentemente política –es decir, orientada a la ampliación los límites de lo posible- emprendida, en cada país y en el marco de redes regionales y globales, por movimientos de mujeres feministas y autónomos.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/niunamenos-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-agenda-progresista-latinoamericana

Violencia política, “punta del iceberg” de la discriminación

   Rezago legislativo para castigar agresiones contra candidatas

La violencia política de género también se refleja al postular a las candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a la postulación, negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas, o agredirlas de forma verbal.

 

En política, sostienen académicas y activistas, las mujeres también corren el riesgo de ser víctimas de violencia de género, una forma de agresión que va desde comentarios sexistas y discriminatorios hasta acoso, ataques físicos, violencia sexual, e incluso asesinato.

 

A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cada vez se habla más de la violencia política, un flagelo que según ONU-Mujeres puede explicar el estancamiento de la participación política femenina en espacios de toma de decisión.

 

“La violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas”, señala el organismo de Naciones Unidas.

 

En el libro “La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano”, de ONU-Mujeres, se señala que Bolivia fue el primer país que aprobó la Ley 243/12 “Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, tras el asesinato de una concejala.

 

De acuerdo con la publicación, el proceso no fue fácil porque las denuncias de violencia contra las mujeres que accedían a cargos de elección popular en las esferas locales desataron un debate fuerte en el país sudamericano, y al mismo tiempo una respuesta contundente del movimiento de mujeres.

 

Tras una lucha de 12 años, bajo el liderazgo de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia se demandó, elaboró y obtuvo la sanción en ley. No obstante, las políticas y feministas mexicanas aseguran que la violencia política no sólo es el homicidio. 

 

MÉXICO, EN PAÑALES

 

En nuestro país apenas está la discusión para incluir el concepto en la ley. En noviembre de 2012, la senadora por el PRI Lucero Saldaña Pérez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que fue aprobada por el Senado en marzo de 2013, pero no fue avalada por la Cámara de Diputados.

 

En su momento, Saldaña hizo mención de la violencia contra Elvia Carrillo Puerto, primera mexicana electa diputada al Congreso de Yucatán en 1923, mujer que al desempeñar su cargo, durante dos años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió.

 

También el caso de las diputadas electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar a su cargo para dejarlo a los suplentes varones; y la violencia contra la indígena oaxaqueña Eufrosina Cruz, quien ganó la elección por una alcaldía, sin embargo en ese municipio no se aceptó su nombramiento “por ser mujer”.

 

La primera propuesta de la senadora Saldaña advertía la importancia de no confundir la violencia política de género con otro tipo de difamación, ya que la primera ocurría para evitar que una mujer accediera a un cargo, lo ejerciera o ampliara sus funciones, o para obligarla a tomar decisiones en contra de su voluntad.

 

Hoy en el Senado siguen pendientes tres iniciativas de ley para establecer este concepto: una de senadoras del Partido Acción Nacional (PAN), otra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra más con senadoras de PRI, PAN y PRD.

 

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, dice que en México se puede tomar una definición de acuerdo con los estándares internacionales y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

De acuerdo con esa interpretación, la magistrada señala que la violencia política hacia las mujeres comprende “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

 

Así por ejemplo, la violencia política de género sería que los partidos no ejercieran los 117 millones 286 mil 374 pesos para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgos femeninos que por ley recibieron este 2015, como lo hicieron en años anteriores cuando usaron los montos para comprar materiales promocionales o pagar la luz de las oficinas. 

 

La definición de la magistrada también establece que este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política; además puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica, y puede efectuarse por medio de las tecnologías de la información o en redes sociales.

 

Indica además que esta violencia puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, por el Estado o sus agentes, por partidos o por representantes de los mismos, por medios de comunicación o por sus integrantes.

 

Por esta razón es que las activistas mexicanas aseguran que todavía falta que haya igualdad de oportunidades para acceder a un cargo de elección aunque hay un aumento sostenido en la representación femenina en el Poder Legislativo, gracias a que en 2002 se implementó la cuota a nivel federal del 70/30; en 2008 subió a 60/40, y en 2014 llegó la paridad como principio constitucional (50 por ciento de candidaturas para las mujeres).

 

CASOS PARA LA IGNOMINIA

 

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), en este año se presentaron 40 denuncias de violencia política de género que ocurrieron durante el pasado proceso electoral.

 

La FEPADE conoce casos de agresiones físicas, como el asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía del municipio de Reforma, en Chiapas, y a la panista Yesenia Alamilla Vicente; y la agresión sexual y física contra la consejera electoral Lorena Nava Cervantes, en Oaxaca.

 

La violencia política también ocurre cuando se obliga a una mujer a realizar tareas distintas a las de la representación política; se le impide o restringe la reincorporación al cargo cuando haga uso de una licencia, incluida la licencia de maternidad; cuando sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, o se revele o difunda su información personal y privada para menoscabarla.

 

En el pasado proceso electoral, un caso en el que se trató de impedir la participación de las mujeres ocurrió en el estado de Morelos. Maricela de la Paz Cuevas y Claudia Jaqueline Ordoñez Jiménez denunciaron que el entonces candidato a diputado Francisco Moreno Merino buscó que sus compañeras no obtuvieran una diputación plurinominal, lo que finalmente consiguió.  

 

Otro acto que ocurrió en los comicios de 2015 fue documentado por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repara), que denunció que los partidos en esa entidad no cumplieron con la ley electoral, porque no dieron a las mujeres la mitad de las candidaturas para diputaciones y ayuntamientos, caso que llegó hasta el TEPJF.

 

Para Paula Soto, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), un claro caso de violencia política fue la propuesta de reforma en Quintana Roo que impedía la paridad “horizontal” (postular a las mujeres para presidentas municipales), y sólo reconocía el derecho de las mujeres a ser suplentes de los candidatos varones.

 

Un ejemplo más discriminación fue la declaración hace unas semanas de Alberto Silva Ramos, líder del PRI en Veracruz, que afirmó que de cara a las elecciones de 2016 el partido aplicaría “pruebas antiembarazo a las aspirantes a una candidatura”, aunque después se retractó y señaló que su dicho fue un error gramatical.

 

En tanto, las propuestas de reforma a las leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Partidos Políticos; de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en Materia de Delitos Electorales siguen en espera de aprobación en el Senado.

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Feminicidio: reacción patriarcal contra mujeres empoderadas

   Aparentes asesinatos sin sentido, represalia del sistema: experta

En México, como en otros países de América Latina (AL), han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres, tales como los asesinatos sin lógica ni sentido aparente que comenzaron a registrarse en Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

“La característica de México, Centroamérica y otros países de AL es que han surgido formas de violencia que no existían, como el feminicidio de Ciudad Juárez, asesinatos sin lógica ni sentido aparente”, expresó en entrevista la profesora de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña, España, Rosa Cobo Bedia.

 

“Asesinar, violar y torturar a una mujer que trabaja en una maquila y sembrarla en la puerta de la Asociación de Mujeres Maquiladoras era algo que no se había hecho. Que varios varones violen, torturen y maten a una mujer y la metan en cal son nuevas formas que no habían existido en el último siglo; son nuevas formas de violencia que están relacionadas con los nuevos procesos económicos neoliberales y la economía criminal”, consideró la académica, quien estuvo en esta capital estatal para impartir el seminario “Democracia, feminismo y práctica política”.

 

“Los hombres –a quienes llamo los nuevos bárbaros del patriarcado– consideran que tienen que ejercer violencia contra las mujeres, y lo escogen a través del lugar en donde están y el poder que tienen”, abundó.

 

Es este tipo de violencia, que en apariencia no tiene sentido, una violencia instrumental que está dirigida a que las mujeres vuelvan a los lugares patriarcalmente asignados, agregó Cobo Bedia.

 

“El telón de fondo de todos estos crímenes son mujeres que tienen mayor protagonismo social o que ocupan el espacio público que siempre ha sido masculino, y parte de la reacción patriarcal que en cada sociedad se revela de formas distintas”, sostuvo.

 

Desde su óptica de feminista militante y académica especialista en género, los cuerpos de las mujeres, así como su sexualidad y sus vidas, ponen a prueba la democracia, y son un elemento clave para evaluarla, lo que liga a los 450 asesinatos de mujeres que se han contabilizado en los últimos seis años en Oaxaca.

 

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, de enero de 2010 al 31 de octubre de 2015 se registraron 521 casos de feminicidio, tipo penal que en la entidad existe desde agosto de 2012 y que alude al término acuñado por Diana Russel y Jane Caputi, que engloba el “asesinato de mujeres que realizan hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.

 

En el 2010 se registraron 71 casos de feminicidio, cifra que para 2011 aumentó a 84, y en 2012 disminuyó a 80, pero en 2013 volvió a aumentar a 84. Para 2014 la cifra creció hasta registrar 129 casos, y de enero hasta el 31 de octubre de este año se han registrado 73 asesinatos de mujeres por razón de género.

Rosa Cobo | Foto: Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Por: Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 

Hacia la abolición de la prostitución

El modelo sueco ha demostrado ser un éxito, pero el país nórdico se enfrentaba a un número notablemente inferior de prostitutas que España

 Nerea Fernández García

Madrid, 24 noviembre. 15, AmecoPress. La prostitución es uno de los graves problemas a los que se enfrenta el feminismo y la sociedad en general en nuestra época. No es simplemente una profesión como otra cualquiera que algunas mujeres ejercen libremente, como una parte de la población, equivocadamente, defiende.

Los datos son apabullantes. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de septiembre de 2014, la prostitución mueve 3.672 millones al año en nuestro país. Se calcula que unas 600.000 mujeres la ejercen en España –la mayoría de ellas, jóvenes, sin estudios y extranjeras- mientras que la demanda la representan un 6% de españoles –mayoritariamente hombre de entre 18 y 49 años- que llegan a gastarse entorno a 1.530 euros anualmente.

Así nos lo cuenta Ana de Miguel, filósofa y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. “La prostitución es una escuela de desigualdad humana tremenda en los tiempos de igualdad formal. Un chico de 15 años ve como iguales a sus compañeras de pupitre, la sociedad y las leyes se lo dicen. ¿Cómo aprende que las mujeres somos iguales pero que él tiene derecho a acceder al cuerpo de las mujeres por un módico precio? Lo aprende en la pornografía y en la prostitución, que también le enseña lo que es una mujer, que es un cuerpo al que él tiene derecho a acceder, además ni más ni menos que para eyacular, y tiene ese derecho porque se lo da una institución social que esta legitimada, la prostitución.”

Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución también afirma que “la prostitución es una práctica de poder de violencia incompatible con una sociedad igualitaria”.

Una perpetuación del modelo patriarcal

La desigualdad que esta institución provoca entre hombres y mujeres contribuye, sin lugar a dudas, a la perpetuación del modelo patriarcal. “La prostitución le dice a un hombre “tu tienes derecho a acceder al cuerpo de una mujer para tu satisfacción sexual y la sociedad te va a dar a esa institución, te vamos a traer chicas de todo el planeta y muy jóvenes para que disfrutes de ellas; ahí las tienes son para ti y vamos a buscar que hasta el feminismo te diga que es perfectamente maravilloso q vayas, que es legal, que ellas quieren, que no eres tú, que son ellas las que quieren“, afirma la filósofa.

Carracedo tampoco lo duda: “Es un elemento esencial del modelo patriarcal. El matrimonio, por una parte, y la apropiación de una mujer de forma individual y luego un número mayor de mujeres de forma colectiva. Y no existe ninguna razón que lo justifique. La prostitución es una institución social que asegura a los hombres disponer de mujeres para uso sexual en sociedades democráticas y que aun no hemos solucionado.”

El neoliberalismo defiende que todo se puede comprar y vender, incluido el cuerpo

En su último libro (que se presenta hoy en Madrid), “Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección”, De Miguel profundiza en el manido argumento de que las mujeres ejercen la prostitución porque ellas, como dueñas de su cuerpo, lo eligen voluntariamente. La ideología neoliberal, el capitalismo llevado al extremo supone que cualquier cosa puede acceder al mercado, absolutamente todo se puede comprar y vender, incluido el cuerpo. “Un problema muy fuerte es que la venta del cuerpo esta encontrando aliados que van de transgresores de izquierda en su defensa. Grupos que se autoconsideran muy radicales feministas que van con este eslogan “sí al aborto, sí a la prostitución, sí al vientre de alquiler, mi cuerpo es mío y hago con el lo que quiero, yo decido”; igualan la decisión sobre el propio cuerpo que supone el aborto con la prostitución o los vientres de alquiler, y no tiene nada que ver”.

Beatriz Gimeno, escritora, activista feminista y lesbiana, bloguera, expresidenta de la FELGTB y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid también cree que aquello de que las mujeres venden su cuerpo libre y voluntariamente es un argumento neoliberal. “También la gente que trabaja por 500 euros firma un contrato aceptando. Lo importante de la prostitución en todo caso no es la voluntariedad o no de las mujeres sino la institución y lo que esta institución hace a la igualdad. Hay que dejar ya de pensar en si las mujeres quieren o no. Lo importante es lo que la prostitución como institución hace a la igualdad”, afirma Gimeno, reiterando también que es una escuela de desigualdad.

getty SEGUNDA

“Es una estupidez decir que el sexo es una necesidad”

Al machista argumento de que la prostitución siempre ha existido y existirá siempre porque es una necesidad de los hombres, la diputada de la Asamblea madrileña replica: “A mí eso me parece una estupidez, eso solo lo dice gente ignorante y machista. El sexo no es una necesidad y, aunque lo fuera, es ridículo pensar que es posible aceptar que los hombres para satisfacer unas necesidades necesiten que haya un contingente de mujeres a su servicio. Como mujeres no lo aceptamos y como personas, creo que nadie en su sano juicio y que tenga interés en la igualdad puede aceptar eso.”

Rosario Carracedo cree que es cuestión de cambiar la mentalidad colectiva: “El feminismo ya ha contestado repetidas veces a la adaptabilización de la dominación y de la opresión. Han existido muchísimas cosas socialmente aceptadas y eso no significa que podamos renunciar a la búsqueda de una sociedad más igualitaria, las sociedades evolucionan. El uso sexual de las mujeres en prostitución no es un hecho natural, no es una forma de resolver esa idea de sexualidad primitiva que tienen los hombres. Todo eso son mitos de legitimación que sirven para justificar las prácticas de poder y de crueldad, que pasa en todos los sistemas de dominación.”

Ana de Miguel también cree que es una excusa para no cambiar la situación actual: “Esos son los agoreros y las agoreras de siempre, que dicen que algo es imposible para no dar un paso para cambiarlo y para que la injusticia se siga realimentando. Es posible cambiar, el ser humano lo ha demostrado continuamente, como no es posible cambiar es si alimentamos las ideas que fomentan la desigualdad y el uso y el abuso del cuerpo y de nosotros.”

Carracedo nos explica las nefastas consecuencias que traería la legalización, como ya se ha demostrado en otros países: “No se puede decir que una sociedad está en contra de la esclavitud que representa la trata y legalizar la industria del sexo. Está empíricamente demostrado en todos los países que han legalizado la prostitución que crece exponencialmente la industria del sexo y se cree una cultura de prostitución porque se manda un mensaje normativo al grupo social de que esa sociedad autoriza el uso y consumo sexual de las mujeres. Es una especie de expresión de consentimiento social.”

Para las personas partidarias del abolicionismo, el modelo sueco es un ejemplo. Basado en criminalizar a los consumidores de prostitución y en apoyar y proteger a las prostitutas, puede decirse que su aplicación ha sido todo un éxito, avalado incluso por informes del Parlamento Europeo. En la capital, Estocolmo, el número de mujeres que ejercen la prostitución se ha reducido en dos tercios y los clientes en un 80%, mientras que en otras grandes ciudades del país, el comercio sexual en las calles prácticamente ha desaparecido.

Frente al demostrado éxito de la abolición en Suecia, en Alemania encontramos la otra cara. En el país germano se legalizó la prostitución en 2002 pero no ha servido en absoluto para acabar con ella ni para mejorar las condiciones de las prostitutas, de las cuales solo un 1% se ha acogido a los derechos que les ofrece la ley y tiene contrato laboral. Además, la única alternativa al ejercicio de la prostitución sigue siendo la pobreza.

Primeros pasos para la abolición

Según Gimeno, el primer paso del proceso abolicionista pasaría por educar en valores: “La abolición es un proceso largo y complicado que tiene que poner el énfasis, sobre todo, en la educación, en conseguir deconstruir las imágenes cosificadoras que la sexualidad masculina hace de las mujeres, de manera que los hombres tengan una sexualidad que busque la igualdad en sus relaciones, que busque la complicidad.”

La portavoz de la Plataforma Abolicionista detalla las propuestas de su colectivo: “Primero, desmantelar la industria del sexo y no permitir actividades económicas que tengan por objeto beneficiarse de la prostitución ajena y, por tanto, penalizar todo lo que se llama el proxenetismo lucrativo y coercitivo. Por otra parte, establecer medidas de protección para las mujeres en situación de prostitución y programas de intervención social frente a ellas, que les permitan subsistir en una actividad laboral. Y desactivar también la practica masculina de consumo sexual, como se ha hecho en Suecia, penalizando a los consumidores”. Aparece aquí el soñado modelo sueco: “Es el ideal y así lo constata el Parlamento Europeo en una resolución de febrero de 2014 que dice que en los países que lo han seguido (no solo Suecia, también Noruega, Finlandia y ahora Francia lo está haciendo) ha disminuido la demanda de mujeres, ha disminuido la industria del sexo y hay una gran aceptación por parte de la sociedad.”

Si el modelo sueco ha demostrado su validez, ¿a qué esperamos en España?

Fotos: taring.net y getty

Sociedad – Situación social de las mujeres - Pobreza y género – Derechos humanos - Feminismo – Movimiento feminista – Debates – Prostitución; Madrid, 23 noviembre. 15. AmecoPress

¿Pedir ayuda es dejar de ser feminista?

Publicado en Comunicar Igualdad 

Una nueva publicidad de la empresa de calzados MD genera rechazos en Guatemala por estereotipar al feminismo. La empresa -que en el 2007 había realizado la campaña Están de muerte en la que los zapatos eran utilizados por mujeres presuntamente asesinadas, generando críticas del movimiento de mujeres y de todas las víctimas y personas allegadas a víctimas de violencia de género- ahora sacó una campaña llamada Feminista y antifeminista, en la que señala que las mujeres han ganado la igualdad pero también desean “ser consentidas“, con gestos como pedir que los varones realicen el trabajo pesado de cambiar las ruedas de los autos, entre otros. 

Por Alba Trejo, desde Ciudad de Guatemala

COMUNICAR IGUALDAD/SEMlac- Primero fue, en 2007, la campaña “Están de muerte”, en la que su línea de zapatos rojos fue puesta, en sentido figurado, en los pies de un cadáver de una mujer reposando en la camilla de la morgue. La publicidad de los zapatos MD, creada por la empresa salvadoreña Ogilvy, causó rechazo en Guatemala, a tal extremo que solo duró cinco días en los medios de comunicación porque ofendía a todas las madres, hermanas, hijas o parientes de las mujeres asesinadas en este país.

Ahora, ocho años después, la misma cadena de zapatos anuncia su línea para mujeres, pero esta vez ofende a otro grupo, el de las feministas. Denominada Feminista y antifeminista, la nueva campaña de MD muestra una serie de zapatos de su nueva colección y se mofa de la lucha que han tenido las mujeres por ganarse un espacio entre los hombres, al señalarles que son antifeministas cuando les conviene.

Con letras grandes, en mayúscula, uno de sus tres bloques de la campaña aduce que 90 por ciento del tiempo una mujer es feminista, pero que el 10 por ciento restante quiere que la consientan. Esta campaña sugiere que la mujer es manipuladora y finge fragilidad para que alguien más le haga el trabajo pesado. O, cuando le conviene, le abran la puerta o le cedan el puesto y la consientan, se vuelve antifeminista. Esto ha provocado el enojo y el rechazo de diversos sectores femeninos del país.

El eslogan publicitario dice que “Feminista es una mujer que cree que tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos“, por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a hombres. El colectivo feminista Ixel alzó la voz y en las redes sociales instó a decir basta a la violencia contra las mujeres en la publicidad. Señaló que genera violencia simbólica hacia ellas y el aporte feminista. De igual forma, deslegitima el trabajo de las mujeres y es un tipo de publicidad violenta que desinforma, destacó el colectivo.

No es la primera vez que la cadena de zapatos MD hiere a las guatemaltecas. Hilda Morales, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos, rememoró lo ocurrido en 2007, días previos a la conmemoración del Día internacional de la no violencia contra la mujer. En los principales medios de comunicación escritos y vallas de la capital guatemalteca y de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país, la publicidad mostraba imágenes de presuntos cadáveres de mujeres, una tendida en un sillón en apariencia fallecida y otra en la morgue luciendo zapatos de esa marca en color rojo o estampados.

La difusión de tales anuncios tocó las fibras más sensibles de la sociedad porque, al mismo tiempo, grupos defensores de los derechos femeninos denunciaban que alrededor de 3.000 mujeres habían sido asesinadas brutalmente de 2000 a 2007.

La estrategia publicitaria de MD, franquicia con sede en El Salvador y que llegó a Guatemala hacía poco más de un año, ofendió además a todas aquellas madres, hijas, hermanas o tías que vivieron la tragedia de acudir a una morgue a identificar un cadáver encontrado en un terreno baldío, un hotel o un basurero.

Ocho años después, MD toca nuevamente las fibras, pero esta vez de todas las mujeres activistas de los derechos que han logrado con su lucha, e incluso su vida, ganar espacios antes reservados para los hombres. Espacios que ha tocado pelear con uñas y dientes, como el derecho a votar, a la educación, a ocupar un cargo de toma de decisión, entre otros, dijo a SEMlac María Eugenia Morales, asesora en género del Ministerio Público.

Ante la presión de estos grupos, se logró el retiro de los anuncios en 2007 y ahora el colectivo Ixel ha requerido a sus seguidores en su página Facebook solicitar a los empresarios de MD que retiren la campaña del sitio web.Norma Cruz, de Fundación Sobreviviente, calificó de ofensiva e irrespetuosa la campaña, y agregó a SEMlac que con ella solo se cosifica a la mujer y se pone en riesgo toda una historia de lucha.

Nora Pérez, diseñadora gráfica y quien se considera feminista, redactó una columna en el medio virtual Plaza Pública que tituló “Antifeminista (cuando me conviene)”, en la cual señala que a sus manos llegó la publicidad denominada colección antifeminista, respaldada por el eslogan “cuando nos conviene”.”Al principio me hizo al principio soltar una carcajada, pero seguidamente me ofendió“, dice. Y decidió analizarla, para indicar que la campaña es así porque fue diseñada en El Salvador, una de las regiones con el mayor índice de desigualdad en Centroamérica.

“Dicen que las feministas fingimos (además me están diciendo mentirosa), que somos frágiles para que nos ayuden …y el que elija que me abran o no la puerta, no me hace antifeminista”, señala. “¿Fingir? eso déjenselo a los actores. Las feministas declaradas ya no andamos por ahí quemando brasieres”, puntualiza Nora. “Algunas andamos en tacones y maquilladas trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres“.

Se consultó algunos de los comentarios en la página Web de MD y entre estos estaba el de Lucy León, quien calificó la campaña de ofensiva, tanto para las mujeres a las que presenta como para los hombres a los que pinta como tontos sin voluntad. Agregó que tales anuncios refuerzan los antivalores patriarcales que tanto daño le hacen a la sociedad.

En 2007, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el Día internacional de la No Violencia contra la Mujer, dijo que “la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las formas más odiosas, sistemáticas y frecuentes de violación de los derechos humanos en el mundo.Es una amenaza para todas las mujeres y un obstáculo para todos nuestros esfuerzos de desarrollo, paz e igualdad entre hombres y mujeres en todas las sociedades.“

La democracia más allá de la paridad

   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

Sin las mujeres no hay democracia. Sin ciudadanía plena no estamos participando. Cuando pensamos en participación política de las mujeres generalmente nos remitimos al número de mujeres que acuden a votar y/o a las mujeres que son postuladas para ocupar un cargo a través de un partido político.

Esta visión está muy lejos de reconocer e identificar los verdaderos contextos de la participación de las mujeres políticas y su incidencia, es decir, su intervención en la agenda pública para abonar a la igualdad de género.

Aún tenemos muchos pendientes, apenas empezamos a construir participación y con ello acercarnos a la ciudadanía plena.

En términos de porcentajes, si me preguntaran qué tanta ciudadanía ejercemos las mujeres, creo que algunas usan el 5 por ciento y otras el 10 o 20, quizá algunas el 30 por ciento, pero en general no pasamos del 50 por ciento porque el otro 50 por ciento es frenado o limitado por las condiciones de desigualdad histórica y la violencia estructural.

Las mujeres estamos excluidas de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, en particular en todos los aspectos relacionados con la paz y la seguridad.

Si seguimos avanzando al ritmo actual, pueden pasar otros 50 años hasta que alcancemos la representación equitativa de las mujeres en la política.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, dijo en una entrevista que ni un solo país ha alcanzado la igualdad y paridad de género 20 años después de que 189 países adoptaran unas guías para alcanzar la igualdad entre los sexos.

Esto significa que redoblar o triplicar los esfuerzos, el trabajo que venimos haciendo y aumentar, propagar, hacer de la participación de las mujeres en los espacios públicos y en la toma de decisiones una moda, una necesidad, un virus que contagie a todas porque lo necesita el mundo, que urge y no tenemos tiempo que perder.

¿Qué significa participar en la toma de decisiones y por qué es tan urgente?

Por principio, hay que recordar que podemos incidir a partir del derecho que tenemos como ciudadanas y con ello contribuimos y hacemos real la democracia, la participación de las mujeres en la construcción de una agenda de igualdad de género es el camino más corto –y me atrevería a decir que el único y real– a la democracia participativa que legitima cualquier sistema político, de sus actores y actoras, e incluso de sus gobernantes y representantes populares.

En lo formal, en la actualidad, en términos de participación política, antes de empezar a hacer efectiva la reforma electoral de enero de 2014, las mujeres representaban el 33 por ciento en la Cámara de Diputados y 37 por ciento en el Senado, no había ninguna mujer gobernadora, y a nivel Latinoamérica apenas representan las mujeres el 23 por ciento de los congresos locales.

México fue el quinto país de la región en implementar el sistema paritario dentro de la reforma electoral aprobada apenas este 2014.

Solo un paso en la construcción de la participación política de las mujeres, pero aún con la participación paritaria ésta sólo alcanza el plano político en la democracia representativa, es decir a través de los partidos.

Sigue el pendiente de hacer efectiva la democracia participativa mediante mecanismos diversos que posibiliten la apropiación-participación-intervención, en primera instancia, de las mujeres en los espacios públicos para la generación de participación en la toma de decisiones de la comunidad.

Entramos en la verdadera dimensión de la participación a la que todas las mujeres podrían tener acceso mediante la incidencia en la construcción de agendas ciudadanas de las mujeres, desde y con una visión que reconozca las desigualdades históricas que viven las mujeres y que restringen y limitan sus posibilidades reales, reconocidas por la ONU como esos 50 años que aún nos faltan para la representación equitativa en la política, en construir ciudadanía, en construir desde nuestras miradas los espacios públicos, las agendas públicas y por supuesto insertarnos en los discursos sociales como actoras plenas, ejercer pues la ciudadanía plena, intervenir en los espacios comunitarios y en la toma de decisiones, en la planificación y en los planes de desarrollo.

No participar, no incidir, no intervenir en las agendas públicas (que son a partir de las que podemos intervenir para entonces crear e insertar una agenda de igualdad de género) es lo que nos lleva a estar alejadas del acceso a la justicia, a ser discriminadas desde y con las políticas públicas que derivan en sobrecarga de trabajo para las mujeres, la ausencia de las mujeres de las instancias con poder de decisión significa una falta de atención a sus intereses específicos, que devienen en parte de las desigualdades de género.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Campeche.- 

Arrimones consensuados… ¿riesgosos? ¿violentos?

   MUJERES Y SALUD MENTAL
Por: Alejandra Buggs Lomelí*

El tema que hoy comparto en esta columna es una petición especial de la agencia Cimacnoticias.

Además de importante, es un tema que considero necesario visibilizar, no con la intención de estigmatizar a quienes gustan de esta práctica, sino para contribuir a desnaturalizar la violencia, para que las mujeres no corramos riesgos innecesarios en aras de la búsqueda de placer.

Este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que se convierte en un excelente marco para colocar el tema de los “arrimones consensuados”, porque es un tema complejo debido a la sutilidad con que se vive, sumado al desconocimiento de esta actividad por gran parte de la sociedad.

“El acoso sexual es un delito, el #ArrimonConsensuado no”, son estas las palabras con las que atraen e invitan en el sitio del mismo nombre a las y los usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, para concertar citas en ciertos vagones del Metro y en el Metrobús a fin de experimentar estos “arrimones”, entiéndase frotamientos y tocamientos sexuales.

Es a través de las redes sociales que las personas interesadas en este tipo de contactos envían a los administradores de estas páginas un mensaje privado para informar cuál será su ruta, el número de vagón y puerta, la hora y portan una pulsera que les identifica como una persona que quiere dar o recibir tocamientos.

Esta actividad se conoce como “froteurismo” o “froterismo”, el concepto tiene su origen en la palabra francesa “frotter” que significa rozar.

El “froteurismo” se refiere a la actividad de excitarse y estimularse sexualmente tocando y rozando el cuerpo de otra persona con sus genitales o cualquier otra parte del cuerpo en lugares concurridos como por ejemplo el Metro, Metrobús, conciertos o en antros.

Según las estadísticas, ocho hombres por una mujer buscan este tipo de encuentros, que a decir de las y los estudiosos de esta conducta, no es un preludio de un encuentro erótico, sino que en la mayoría de los casos es el recuerdo de la sensación de frotamiento asociado a la masturbación lo que genera placer. Se cree que el rango de edad en que más se presenta es entre los 15 y 20 años.

Los “arrimones consensuados”, a decir del administrador de uno de estos sitios, se crearon entre otras cosas (según esto) para “proteger a las mujeres” del acoso que experimentaban en este tipo de espacios, con la idea de que la mujer que lo busca y lo acepta entonces no está expuesta a ser víctima de abuso sexual.

La anterior aseveración me parece sumamente delicada, pues nunca se sabe si las personas con las que se acuerdan estos “arrimones” son personas tanto mental como emocionalmente sanas.

Me es importante aclarar que estoy colocando el foco de atención en el cómo y no en el qué se hace, porque cada persona es libre de ejercer su sexualidad de la forma en que mejor le parezca.

Lo preocupante del tema consiste en el doble discurso utilizado por los administradores de esta “cibercomunidad”, como ellos mismos se nombran, cuando dicen: “Los arrimones consensuados se crearon con la idea de evitar el acoso hacia las mujeres en los medios de transporte y erradicar la violencia hacia las mujeres”, cuando en realidad la forma en que trabajan no termina por cuidar a la mujer de ser violentada y se quedan muy cortos, en lo que a seguridad de las mujeres se refiere.

Sabemos que en toda historia o acción entre dos o más personas, existe algo llamado corresponsabilidad; en este caso, entre quienes ofrecen este servicio y quienes lo buscan.

Sin embargo, no podemos dejar de ver lo que sucede en el día a día de nuestro país, en relación al número de violaciones de mujeres y de casos de trata, por lo que al escribir esta columna quiero utilizar la alerta de género para propiciar que las mujeres que busquen estos encuentros lo hagan desde un profundo autocuidado.

Porque es una realidad que la “cibercomunidad” no va a cuidarlas, ni a protegerlas y mucho menos a responsabilizarse por lo que después del arrimón suceda… “Eso ya es rollo de ellas y ellos”, dice el administrador en la entrevista que pueden ver en YouTube**.

El foco está puesto ya en el gran riesgo que se puede correr si no se tiene cuidado; esto no se trata de un “tabú por falta de conocimiento”, como dice la autora de “Sexo Amateur” en la misma entrevista. Se trata de hacer conciencia de la forma en que se lleva a cabo el consenso, y por tanto de los riesgos a que podemos estar expuestas.

Existen personas que creen que al haber consensuado algo, pueden ejercer presión y poder, abusando, violando e incluso matando, en nombre del consenso.

Si eres una mujer que gusta de buscar excitación a través de este tipo de actividades u otras que impliquen riesgo, es importante que te informes detalladamente y sobre todo que trates de realizar estas actividades en el ambiente de mayor seguridad posible.

Date cuenta que para el grupo o agencia a la que te acercas para que te ayude a concertar este tipo de encuentros, quien menos importa eres tú y tu integridad, y existe un alto grado de riesgo al no responsabilizarse por lo que después del “arrimón consensuado” en el lugar público pudiera suceder…

El placer sexual es tu derecho y lo es también ejercer tu sexualidad como tú desees y con quien desees, sin embargo es importante no ignorar la profunda y gran violencia que vivimos en nuestro país, especialmente las mujeres. Para darnos una idea, cada día la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal recibe al menos una denuncia por hostigamiento y acoso sexual hacia una mujer.

Cambiarle el nombre de “froteurismo” (ha sido considerada una parafilia***) por el de “arrimón consensuado” no hace inmunes a las mujeres del riesgo y de la violencia.

Las estadísticas de que ocho hombres por una mujer practican esta actividad hablan por sí mismas, y permiten asegurar que estamos en mayor riesgo las mujeres en caso de buscar un encuentro de este tipo.

Es tu derecho y responsabilidad informarte detalladamente y cuidar los lugares a los que te acercas en busca de una experiencia placentera, para evitar que el placer de esta actividad se convierta en una situación riesgosa y violenta para tu persona.

“Por una vida digna, plena, de respeto y libre de violencia para cada mujer del mundo”.

www.saludmentalygenero.com.mx

Twitter: @terapiaygenero

***Parafilia: Patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer (si no es que la única) no se encuentra en el coito, sino en alguna otra cosa o actividad que lo acompaña. (PsicoActiva.com: diccionario de filias y parafilias)
**YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=nBJ-78cWw4
*Directora del Centro de Salud Mental y Género, psicóloga clínica, psicoterapeuta humanista existencial, y especialista en Estudios de Género.

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | México, DF.- 

Por la vida y la libertad de las mujeres

   ZONA DE REFLEXIÓN
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Desde hace 34 años las feministas establecieron el 25 de noviembre como la fecha emblemática para llamar al mundo a respetar la vida y la libertad de las mujeres.

La fecha fue elegida para honrar la vida de tres defensoras de Derechos Humanos: Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal. Tres defensoras de la democracia y las libertades en su natal República Dominicana, quienes fueron asesinadas por orden del dictador Leónidas Trujillo en 1960.

Sí, 34 años desde que en 1981 las feministas llamaron al mundo entero a respetar la vida y la integridad de las mujeres como un Derecho Humano.

Cada 25 de noviembre las cifras del horror que viven las mujeres en todo el mundo y a cualquier edad se dan a conocer, y parece que de tanto repetir ha tenido un efecto de somnífero social que poco moviliza.

Se han contado las vidas que se pierden, la riqueza que se va de las arcas sociales, culturales, políticas y empresariales producto de la violencia contra las mujeres.

En 34 años las feministas han creado leyes a favor de la vida y la libertad de las mujeres, han diseñado refugios para rescatarlas de la violencia extrema, y brindarles un espacio donde seguir con una vida segura ellas y sus hijas e hijos.

Pero aún hay una parte de la sociedad que pareciera sigue atizando la justificación y la mirada pasiva de esa violencia.

La humanidad tiene que hacer honor a su nombre e indignarse por el sufrimiento y el dolor de la otra mitad conformada por millones de mujeres que día a día busca construirse y construir una mejor vida para ellas y las siguientes generaciones.

Es necesario romper de tajo con cualquier justificación, por mínima que sea, ante la desigualdad o el asesinato de las mujeres, su esclavitud en la trata y la prostitución, la mutilación genital de las niñas o cualquier tipo de violencia hacia las humanas.

Mañana 25 de noviembre, las cifras de los estragos de la violencia contra las mujeres y las niñas serán seguramente noticia en el mundo, pero un día no es suficiente para detener la violencia arraigada contra las mujeres.

Necesitamos la movilización social ante un feminicidio y exigir que sea investigado a profundidad de manera expedita, que el criminal sea enjuiciado y sentenciado conforme a las leyes que nos rigen, que nos indigne cualquier declaración gubernamental que minimice el crimen contra las mujeres.

Que ningún acosador u hostigador encuentre cabida en el silencio cómplice de sus congéneres cuando violente a una mujer.

Las mujeres y la sociedad necesitan que sus autoridades estén vigilantes del respeto de sus Derechos Humanos, y que los medios dejen de promover cualquier imagen o mensaje que justifique la violencia contra las mujeres.

Desterrar de la sociedad la violencia para que las mujeres que vivimos este mundo realmente gocemos la vida y la libertad que son nuestros derechos; es imprescindible en este siglo XXI.

Twitter: @lagunes28

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.-

Retroceso mundial en noticias sobre las mujeres: GMMP

   Presencia en información pasa de 11 a 9 por ciento en 5 años

A nivel mundial, en cinco años no ha habido un progreso significativo en el incremento de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, determinó el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés).

Hoy se dieron a conocer los resultados del GMMP. Para este estudio –que se realiza cada cinco años– se analizaron los principales medios de comunicación de 114 países, a fin de determinar la presencia de las mujeres en las noticias.

Destaca que desde el último informe sobre la imagen y representación de las mujeres en las noticias –en 2010– y hasta ahora, no se registró un incremento de la presencia femenina en las noticias, ya que desde entonces es igual a 24 por ciento a pesar de que para alcanzar la paridad se tendría que avanzar cuatro puntos porcentuales cada quinquenio.

El informe detalla que la misma situación prevalece en las plataformas de noticias digitales, donde sólo 26 por ciento de las personas en las noticias por internet y Twitter son mujeres.

Además, sólo 37 por ciento de las noticias son producidas por mujeres, porcentaje que no ha cambiado en 10 años; se suma que en 2015 la posibilidad de que las mujeres sean representadas como víctimas en los medios es el doble que en el caso de los varones.

A pesar de que para alcanzar la igualdad también se requiere entrevistar a más mujeres en condición de expertas, las fuentes de las noticias siguen siendo en su mayoría hombres, en especial altos funcionarios de gobierno y políticos.

En cambio, el monitoreo precisa que hubo retrocesos con respecto a 2010, pues –por ejemplo– las noticias que tratan sobre mujeres y que hace cinco años representaban 11 por ciento, este 2015 suman apenas 9 por ciento.

CASO MÉXICO

En nuestro país, los medios de comunicación hablan tres veces más de los hombres que de las mujeres, quienes son representadas de forma “sexista”.

Debido a este estancamiento en materia de igualdad de género y medios de comunicación, quienes integran el GMMP llamaron a tomar medidas para garantizar el Derechos Humano a la comunicación.

A propósito de los resultados, la coordinadora mundial del GMMP, Sarah Macharia, dijo que “el sexismo ha resistido a lo largo de décadas y a través de fronteras geográficas, adaptándose a los nuevos tipos de medios de comunicación, y prosperando en todos los espacios en los que se produce y comparte contenido de noticias”.

El GMMP instó a los medios a tomar medidas para la incorporación de la perspectiva de género en sus políticas y líneas editoriales, así como a crear observatorios ciudadanos vigilantes de la representación justa de las mujeres, como medidas mínimas para lograr un cambio en los contenidos mediáticos y en la profesión periodística.

En México, el GMMP –la mayor iniciativa mundial de investigación y promoción de la igualdad de género en y a través de las noticias– estuvo coordinado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

El GMMP es un proyecto de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés), que es un organismo de promoción y defensa del derecho a la comunicación.
 

Especial

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.-