El gobierno federal de
Enrique Peña Nieto, tal como el mandatario del sexenio pasado, viene
intentando construir su legitimidad mediante el juego mediático de la
fuga y recaptura del “Chapo Guzmán”, para dejar aun lado la resolución y
atención de problemas urgentes de la sociedad mexicana. En contubernio
con la Casa Blanca, tanto Peña Nieto como Barack Obama, de inmediato
celebraron la por demás acomodaticia detención, como un ejemplo de la
“fortaleza de las instituciones mexicanas”.
Pero no puede ser de
otro modo, puesto que en el gobierno de Peña Nieto al igual que durante
las tres ultimas décadas, se encuentra enquistado un modelo económico
que solo funciona para una minoría para la creación y mantenimiento de
beneficios políticos y económicos, que han posibilitado que la riqueza
de cuatro multimillonarios en nuestro país aumente de un equivalente al 2
por ciento del PIB en 2002, a 9 por ciento en 2014. Debido a que parte
de la fortuna de estos cuatro sujetos se deriva de sectores que han sido
privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público.
Mediante un sistema regido por el amiguismo, que los privilegia y los
protege, de cual son ejemplo Germán Larrea y Alberto Bailleros, dueños
de empresas mineras [1].
De forma tal que en México, al
igual que Brasil y otros países de América Latina los pueblos indígenas
vienen resultando como los más afectados por la destrucción de sus
tierras ancestrales a causa de la erosión de los bosques, provocado por
las actividades mineras o la agricultura intensiva a gran escala.
En tanto que por otro lado tenemos en estados de la república como
Zacatecas la promoción de esta entidad como “Zacatecas: capital mundial
de la cerveza”. Promovida mediante anuncios espectaculares y bardas en
colonias populares de la capital y el municipio conurbado de Guadalupe,
por el Grupo Modelo AB-InBev (compañía de capital belga y brasileño) con
colaboración del gobernador Miguel Alonso Reyes, para la creación del
reciente festival anual Zacatecas, que tiene como propósito promover
masivamente “el consumo responsable de cerveza”.
No importando
en este contexto que de entre 70 y 80 por ciento de los accidentes
automovilísticos de dicha entidad estén asociados con el consumo de
alcohol. Ni que se haya detectado un aumento preocupante en el consumo
de alcohol, principalmente entre mujeres, así como una disminución de la
edad de consumo de esta bebida hasta los 12 años, según informa Iván
Torres Cueva, director del Departamento de Prevención y Control de
Adicciones de la SSZ [2].
Y dentro de la misma lógica
mercantil, se viene dando un desabasto de agua en la zona metropolitana
de Monterrey, que se pretende ser subsanada llevando agua del río
Pánuco, del estado de Veracruz, pero no con la prioridad de ayudar a la
sociedad, sino como medida y efecto de que los industriales del Grupo
Alfa y otros puedan trabajar el fracking (extracción de gas de lutitas mediante la fractura hidráulica mediante grandes presiones de agua) [3].
Finalmente, dentro de esta misma lógica en la comunidad de
Huitzizilapan, se pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan, bajo
la dirección del gobierno del Estado encabezado por Eruviel Avila
Villegas, para lo cual envió un aproximado de 600 granaderos. Al más
puro y rancio estilo de los sexenios de Salinas y Zedillo que fueron
pródigos en la violencia política. Durante el salinato fueron asesinados
cientos de opositores perredistas, más dos cuadros priistas de primer
orden. Mientras que con Zedillo además de las muertes de media docena de
altos funcionarios –oficialmente clasificados como suicidios-
proliferaron masacres rurales como la de Aguas Blancas y el Charco, en
Guerrero, y las de El Bosque y Acteal, en Chiapas, bajo el sellos de las
acciones represivas contrainsurgentes.
De tal forma, ayer como
hoy, al venirse imponiendo el neoliberalismo se viene desembocando en
un nuevo tipo de violencia masiva como los feminicidios de Ciudad Juárez
que se han generalizado en años recientes a otras entidades del país
como el citado Estado de México. Signo que también marco al gobierno de
Vicente Fox, del cual dan ejemplo la represión protagonizada por la
entonces Policía Federal Preventiva y por corporaciones estatales en
Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como en San Salvador Atenco, estado de
México, y los asesinatos de militantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el gobierno de Ulises Ruiz. A lo cual
Felipe Calderón no se quedo atrás, sino que alentó un baño de sangre
bajo su guerra al narcotráfico, en la que murieron cerca de 100 mil
personas, de las cuales más de 20 fueron víctimas de desaparición
forzada, y las cárceles del país se colmaron por igual de culpables que
de inocentes [4]. Y de lo cual hoy seguimos siendo testigos, toda
vez que el peñismo continúa con la misma “estrategia de seguridad”
emprendida por sus antecesores, haciendo gala en el ámbito mediático del
combate al crimen organizado, pero por de tras fortalece las tendencias
represivas contra las movilizaciones populares, así como las masacres
de Tlataya, Apatzingán y Tanhuato, así como la desaparición forzada de
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a los cuales por desgracia le
debemos sumar la desaparición forzada de Bernardo Benítez, José
Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz y Susana Tapia,
cometidas el 11 de enero del presente año por obra de policías de esa
entidad [5].
Bibliografía
El Universal. 18-01-2016
La Jornada. 18-01-2016
La Jornada. 23-12-2015
[1] EL Universal. “Oxfam: ayudan privatizaciones a multimillonarios mexicanos”. 18-01-2016
[2] La Jornada. 18-01-2016.
[3] La Jornada. 18-01-2016.
[4] La Jornada. 23-12-2015
[5] La Jornada. 18-12-2016.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario