Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO,
DF (apro).- México “no podía darse el lujo de quedar fuera” de las
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus
siglas en inglés), cuyo fin es la liberalización del comercio entre 12
países de la región Pacífico, pues de ser así las cadenas de valor que
comparte la economía mexicana con las de Estados Unidos y Canadá se
hubieran “debilitado”, aseveró hoy el secretario de Economía Ildefonso
Guajardo Villareal ante los integrantes del cuerpo diplomático.
Durante una ponencia de 30 minutos que sostuvo en la sede de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el servidor público defendió
el polémico acuerdo y la postura de México durante las negociaciones que
la Secretaría de Economía (SE) llevó a cabo de la mano con el sector
empresarial reunido en el Cuarto de Junta.
Guajardo informó que
al acordar el acuerdo, México se comprometió a liberalizar de inmediato
el 77% de su economía con los demás países. En los próximos 5 años, el
gobierno tendrá que abrir otro 3% de su economía para que en el
horizonte 2025 el 99% del comercio mexicano ingrese en el umbral del
tratado.
La SE llevó a cabo las negociaciones en conjunto con la
SRE y el sector privado, reunido en el cuarto de consultas. Pese que la
sociedad civil no se enteró de los avances del TPP sino a través de
escasas filtraciones de Wikileaks y conoció el texto el pasado 5 de
octubre –cuando los 12 países lo pactaron–, Guajardo negó que el proceso
de negociación se llevó a cabo en secrecía.
“Existían múltiples
corchetes en las negociaciones”, comentó el funcionario, al añadir que
“obviamente el publicar textos ocurre cuando tienes un acuerdo”, pues
los textos anteriores incluyen “estrategias de bluff para lograr el
objetivo de la negociación”. Publicarlos “generaría incertidumbre en la
población”, aseveró.
Desde la ventilación de borradores del TPP,
tanto Joseph Stiglitz como Paul Krugman –respectivamente ganadores del
premio Nobel de economía en 2001 y 2008—emitieron críticas sobre los
alcances del texto, al que acusaron de beneficiar a las empresas
transnacionales en materia de propiedad intelectual y porque les abrirá
un espacio para demandar a los Estados.
Al respecto, el
secretario de Economía afirmó que “sólo son dos de cientos que han hecho
comentarios críticos” sobre el texto, e insistió en la necesidad de
“desmitificar los debates”.
Según Guajardo, el TPP garantiza a
los gobiernos sus decisiones en materia de políticas públicas y de
desarrollo social. Prueba que es un “buen tratado”, de acuerdo con el
funcionario: el sector republicano del Congreso estadunidense, apoyado
por las empresas farmacéuticas, multiplicó los ataques contra las
medidas contenidas en el texto en materia de patentes de las nuevas
medicinas.
Guajardo recordó que durante las negociaciones los
gobiernos de México y de Japón tuvieron un fuerte diferendo sobre las
reglas de origen de los productos, que les llevó a abandonar las
negociaciones durante un lapso.
El TLCAN “no benefició” a las PyMEs
El funcionario añadió que, a diferencia del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), el TPP beneficiará a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs).
Precisó: Al implementar el acuerdo que
liberalizó el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el
gobierno mexicano no abrió los sectores financiero y energético, y
aplicó una ley de competencia mala. Según Guajardo, lo anterior impidió a
las PyMEs mexicanas competir con sus contrapartes del norte.
Los
12 países de la región finalizaron el acuerdo el pasado 5 de octubre, y
lo firmarán formalmente el próximo 4 de febrero en Nueva Zelanda. A
partir de este momento iniciará el proceso de aprobación en las
instancias parlamentarias nacionales.
Ante los embajadores y
cónsules reunidos en la Cancillería, Guajardo reconoció que el ejecutivo
puede entregar el texto al Senado “en cualquier momento”. Sin embargo,
aconsejó “no enviarle de inmediato” para ver cómo evoluciona el debate
sobre el TPP en Estados Unidos, donde resulta probable que el Congreso
–de mayoría republicana—lo rechace hasta las próximas elecciones.
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