Se desconoce su postura ideológica en temas de género
Durante
dos décadas las demandas de las mujeres tuvieron eco en la SCJN, pero
ahora hay expectación tras los cambios en su integración.
Con la salida de Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza culmina la época de ministros con carrera judicial que arribaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la reforma constitucional de 1994, que fortaleció al tribunal para invalidar leyes contrarias a la Carta Magna y que redujo de 26 a 11 el número de sus integrantes.
En los últimos 21 años, las mexicanas encontraron empatía con Sánchez Cordero y Silva Meza –quienes estuvieron a favor de garantizar los Derechos Humanos (DH) –, pero también con los perfiles liberales de José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que siguen en el cargo, o Genaro Góngora Pimentel, ministro retirado que en meses recientes se vio implicado en un presunto caso de tráfico de influencias.
Tales personajes defendieron las demandas de las mujeres en casos como la acción de inconstitucionalidad que en 2008 presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, en contra de la reforma que despenalizó el aborto en la Ciudad de México.
FIN DE LA VISIÓN LIBERAL
Con Sánchez Cordero y los demás ministros mencionados, en ese año la Corte resguardó la constitucionalidad del aborto en el DF, un debate en el que la SCJN abrió sus puertas a grupos civiles, la academia y la ciudadanía para escuchar sus posturas.
La ministra Sánchez Cordero fue una abierta defensora de los derechos de las mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y grupos vulnerables, y por ello apoyó temas como las licencias por maternidad o paternidad, tiempos de lactancia materna en la jornada laboral, y las pensiones alimenticias.
Además impulsó la modificación de una jurisprudencia que establecía que no existía el delito de violación sexual entre cónyuges, sino el ejercicio indebido de un derecho. Como ponente presentó un proyecto en el que sostuvo que existe el delito de violación aun cuando ambas personas estuvieran casadas.
Bajo el impulso de la ahora ex ministra, en agosto de 2013 la Corte presentó el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”, a fin de promover, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación durante los juicios.
La ministra también participó en la liberación de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar a seis policías federales; en el análisis sobre el retiro forzoso de miembros del Ejército y Fuerza Aérea con VIH; y en la excarcelación de la francesa Florence Cassez, bajo el argumento de que se violentó el debido proceso durante el juicio en su contra por secuestro.
En marzo pasado, Sánchez Cordero se pronunció por otorgar un amparo a Irinea Buendía, madre de Mariana Buendía, joven asesinada en 2010 en el Estado de México, caso que se investigó como homicidio pese a las múltiples lesiones en su cuerpo y las amenazas de muerte previas de su esposo. Con la resolución, las autoridades ahora están obligadas a investigar el crimen como feminicidio.
Silva Meza también destacó por sus votos a favor de resoluciones que ampliaron los derechos femeninos y beneficiaron a grupos vulnerables, como la sentencia de constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2011, ambos ministros avalaron la restricción del fuero militar en casos de violaciones a DH de civiles, así como la obligatoriedad de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos referentes a México.
En 2007, Silva Meza encabezó la Comisión Investigadora de la SCJN por la detención de la periodista Lydia Cacho, y propuso responsabilizar al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, por violaciones graves a los DH de la comunicadora, aunque el proyecto final fue desechado por mayoría de votos.
En la investigación por los enfrentamientos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Edomex, entre policías y ejidatarios, el entonces ministro votó por responsabilizar a funcionarios del entonces gobernador mexiquense y hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
La mayoría de ministros consideró que sí hubo violaciones a los DH, pero no se pronunció sobre la presunta responsabilidad de servidores públicos.
Cabe destacar que en Atenco 26 mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte de agentes de seguridad, de las cuales 11 continúan su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de justicia en nuestro país.
PENDIENTES
Sin los dos ministros más progresistas en la SCJN quedan pendientes en materia de género, como la revisión de las anomalías en la indagación de la muerte de la joven Karla Pontigo, quien murió el 29 de octubre de 2012 en una discoteca en SLP, presuntamente al chocar con una puerta de cristal a pesar de que presentaba lesiones de arma en su cuerpo.
También está pendiente de análisis el amparo de una mujer que al presentar un embarazo de alto riesgo pidió que se le garantizara la interrupción de la gestación en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE, donde se le negó el aborto.
Entre los temas que resolverá la Corte están también asuntos ligados con reformas aprobadas por el Congreso federal o los congresos locales, y que podrían vulnerar derechos ciudadanos o competencias de otros órganos administrativos.
Por ejemplo, está en espera la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución sobre el Derecho de Réplica, promovida por la CNDH, el PRD y Morena; o bien la acción de inconstitucionalidad contra la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF, promovida por la CNDH.
Asimismo, está en el tintero la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, que demanda la invalidez de un artículo del Código Civil local por considerar como violencia familiar el “síndrome de alienación parental”, un concepto psiquiátrico no reconocido que podría afectar a las mujeres en juicios por la patria potestad de sus hijas e hijos.
El pasado 10 de diciembre fueron designados Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes tomaron posesión como ministros el 5 de enero; dos licenciados en Derecho de los que se desconoce su posición ideológica o posturas en temas de DH, advirtieron activistas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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