Actualmente cuenta con un total de 21 radios en la banda de AM, que operan en 15 estados de la República.
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La emisora La Voz de la Montaña nació en 1979 en Tlapa, Guerrero,
como parte de la política indigenista del gobierno para apoyar el
desarrollo de las comunidades indígenas del estado ejecutada por el
entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) que después del año 2000
se convirtió en la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos
indígenas (CDI).
La INI como se le conocía en las comunidades, al ver la respuesta
activa de la población a este tipo de estaciones y como parte del
programa de tranferencia de medios audiovisuales creó el Sistema
Nacional de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Actualmente cuenta
con un total de 21 radios en la banda de AM, que operan en 15 estados de
la República, cubriendo a 21 millones de personas de 954 municipios y a
más de 5 millones y medio de hablantes en lenguas o idiomas indígenas.
A lo largo de las últimas décadas del siglo pasado el proyecto de
estas emisoras paso por varias etapas, inicialmente tenían una visión
desarrollista de la radiodifusión con perspectivas de capacitación en
temas agropecuarios y fines educativos; hacia los 80 cambio sus
objetivos para utilizar la radio como medio para rescatar, conservar y
difundir las manifestaciones culturales indígenas, hacia los 90 además
agregó un importante componente de participación de las audiencias y de
las organizaciones productivas, culturales y sociales.
Los mecanismos de participación incluían la formación en cada emisora
de consejos consultivos, centros de producción radiofónica para las
comunidades más alejadas y corresponsales comunitarios, conformandose en
el modelo público comunicacional más participativo y de perfil
comunitario hasta entonces en nuestro país, pues la radiodifusión
comunitaria no estaba reconocida legalmente y a pesar de los múltiples
esfuerzos de diversos grupos ciudadanos por operar su propio medio de
comunicación, la respuesta del Estado siempre fue la cerrazón, salvo dos
emisoras que obtuvieron autorización en los 70, Radio Huayacocotla que
operaba en onda corta y Radio Teocelo ambas en Veracruz, no había más
experiencias de comunicación participativa.
Por eso es que durante los 80 y 90 el casi único referente cercano al
concepto de de la radio comunitaria en México fueron estas radios
indigenistas, que incluso en algún momento tuvieron la representación de
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sin embargo su estructura
y propiedad es la de medios de públicos que responden en general a la
política indigenista estatal.
La historia de la radio indigenista resulta interesante por ser la
que más se ha acercado a la noción y práctica de lo que deben de ser los
medios de servicio público, no siempre ha contado con el entusiasmo de
las autoridades lo que las ha enfrentado a políticas irregulares y se
han adaptado a los vaivenes que marcan las distintas autoridades que las
encabezan que mantienen las decisiones centrales o a través de los
gobiernos estatales.
Pese a ello, han sido una escuela permanente de comunicadores,
productores, locutores y operadores indígenas que han logrado apropiarse
del sentido comunitario del medio, entender el enorme potencial de una
radio pública cercana a las necesidades de las comunidades y conservar
uno de los mayores acervos musicales y culturales de los pueblos
indígenas, que es parte ya de nuestro patrimonio nacional.
¿Desmantelamiento del modelo?
Desde hace algunos años este sistema de radios indigenistas han sido
relegadas de la política estatal y la CDI se ha encargado de irlas
convirtiendo en vocerías del gobierno en turno al manejar su operación
la oficina de comunicación social de la dependencia, deformando su
carácter de servicio público para los pueblos indígenas.
Esta lógica contradice la Constitución y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues si son parte de la oficina de
comunicación social ¿cómo garantizarán su independencia editorial, de
gestión financiera, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana? ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones les
dará su concesión de uso público a pesar de este esquema?
Todavía más preocupante es que principios de este año diversas
versiones periodísticas nos hablan de masivos despidos de comunicadores
indígenas en estas radios de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, así como recortes
en su presupuesto con lo cual puede observarse una política de
desmantelamiento por parte del gobierno del único sistema público que
transmite en 31 lenguas indígenas en comunidades de alta marginalidad
con un número importante de población monolingüe y que es la entidad que
contiene un riquísimo acervo cultural y musical que es único en el
mundo.
Por ser un sistema público, que se financia con recursos públicos por
lo tanto con nuestro dinero, la CDI debe explicar ante las comunidades
indígenas y ante la sociedad esta política que tiene una afectación en
la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos
culturales de las audiencias a las que dan servicio.
En el reconocimiento de la deuda histórica que tiene este país para
con los pueblos indígenas que aún sufren exclusión estructural, las
políticas públicas para el ejercicio de sus derechos informativos deben
de fortalecerse para el ejercicio de otros derechos. Hemos avanzado en
el reconocimiento para que puedan operar sus propios medios de
comunicación, pero eso no implica desentenderse del sistema público de
radiodifusión que es una responsabilidad del Estado frente a estos
pueblos.
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