CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las graves deficiencias en el diseño institucional de la estructura electoral nacional que emergió de la reforma político-electoral de 2013 y 2014 eran evidentes. Esa estructura no era producto de un diagnóstico serio de los problemas que enfrentaba la organización de las elecciones federales o estatales y todavía menos de un cuidadoso análisis de las distintas alternativas de solución. Era resultado del forcejeo político entre las dirigencias de las tres principales fuerzas políticas nacionales de entonces: PRI, PAN y PRD.
Así, en lugar de optar entre las propuestas centralista, federalista o la dual que ya existía –con algunas correcciones–, crearon una nueva que mantenía vivas ambas instancias y produjeron un híbrido en el que hay una estructura nacional pero se mantienen muchas de las ataduras estatales, sin medir las consecuencias. A las deficiencias de diseño se agregaron las fallas en la aplicación y los conflictos entre las distintas instancias.
Desde el pasado proceso electoral, en el cual coincidieron elecciones federales y estatales, empezaron a aflorar algunas de las deficiencias. Fueron particularmente evidentes las fallas en el proceso de fiscalización, que culminó con la imposibilidad real de aplicar la disposición constitucional de anular las elecciones en las que se rebasaran en más de 5% los topes de gastos de campaña, pues fue imposible determinar las erogaciones reales de candidatos y partidos, pues no se logró concluir la revisión de los informes consolidados. En el curso de este proceso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encargó de darle la puntilla a dicho proceso.
Mientras tanto, las elecciones locales de Chiapas, que no se celebraron en la misma fecha que las federales del año pasado, propiciaron que se manifestara otra de las debilidades de la estructura electoral: la designación de los miembros de los consejos de los organismos públicos locales, para lo que concurrieron también un mal diseño y una mala implementación.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió privilegiar la evaluación de conocimientos para seleccionar a los candidatos, lo cual, siendo importante, tiene que ser ponderado con otros aspectos más difíciles de evaluar, pero igualmente importantes, como el carácter personal para enfrentar las presiones de los distintos actores políticos, el compromiso democrático, la búsqueda de perfiles diversos y, de preferencia complementarios, para la integración del Consejo y, dentro de éstos, alguno o algunos que tuviesen experiencia en puestos directivos o en órganos colegiados de organizaciones complejas.
El Consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) chiapaneco cometió dos grandes errores, sin juzgar los motivos o razones: decidió dejar de aplicar el principio de paridad de género en la integración de las listas de candidatos a diputados y ayuntamientos de la entidad; y descuidar el trámite de registro e incorporación de ciudadanos que supuestamente solicitaron votar desde el extranjero, lo que se tradujo en que un número importante de ciudadanos no pudieron sufragar en el proceso ordinario, porque los habían movido de las listas nominales de su sección a la lista de votantes en el extranjero, sin que ellos lo hubiesen solicitado.
Más allá del impacto que estos descuidos tuvieron en el proceso electoral y sus resultados, el pasado jueves 12 la Sala Superior del TEPJF decidió destituir a todos los integrantes del órgano de dirección.
Pero éste no es el único OPLE con problemas de dirección. El pasado viernes 13, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para ejercer “la facultad de atracción para verificar el cumplimiento de los criterios de designación y el desempeño de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas del organismo público local de Durango”, después de que el consejero presidente de dicho órgano destituyó a la secretaria ejecutiva del mismo y el Tribunal Electoral del estado la restituyó. Así, a 20 días de las elecciones hay una abierta pugna entre el Consejo y la Secretaría Ejecutiva, que encabeza la estructura ejecutiva del mismo.
El acuerdo del Consejo General del INE abre una facultad genérica en el punto segundo del acuerdo, que señala: “El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de ser el caso, tomará las decisiones pertinentes, a fin de darle funcionalidad a la estructura del OPLE de Durango, una vez que se allegue de los documentos necesarios”, con lo cual se genera el espacio para destituir y nombrar funcionarios ejecutivos; lo cual seguramente será impugnado ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, prolongando el conflicto e involucrando nuevos actores (INE y TEPJF).
Pero esos no son los únicos conflictos que afloraron en el presente proceso electoral: en febrero del presente año, el consejero presidente del OPLE de Veracruz denunció que el gobierno estatal le debía al órgano electoral casi 187 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016, por lo cual el organismo electoral estaba incumpliendo con diversas obligaciones, como entregar el financiamiento a los partidos políticos, pagar los sueldos a los trabajadores de la institución y asegurar la realización de sistema de información de la jornada electoral y el programa de resultados electorales preliminares, ante la imposibilidad de cumplir con el pago a los proveedores.
El domingo 8, el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, señaló en una visita a dicha entidad que el órgano federal no financiaría los atrasos del gobierno estatal y, por lo tanto, no tenían considerado apoyar financieramente al OPLE veracruzano.
Así en sólo dos procesos electorales (el segundo todavía en marcha) han aflorado todo tipo de debilidades: mal funcionamiento de los consejos de los OPLE (caso Chiapas), conflictos internos en los mismos (caso Durango), deficiente implementación de las disposiciones legales (sistema de fiscalización) e interpretación muy discordante de las normas entre el Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF (el caso de la negativa del registro a los candidatos que no presentan informes de gastos de precampaña), entre los más significativos.
El resultado no es sorprendente, pues todas las fallas fueron oportunamente detectadas y señaladas (Proceso 1928, 1953, 1965, 1978, entre otros); pero sí es muy preocupante, porque es esta estructura la responsable de organizar las elecciones para renovar 14 gubernaturas (12 este año y dos el próximo –Estado de México y Coahuila–), y, eventualmente, la elección presidencial y legislativa de 2018. Las alarmas están encendidas, pero hasta el momento los legisladores parecen no darse cuenta de ello.