El derecho a la no violencia, otro botín político

Como muchos Derechos Humanos (DH) de las mujeres y niñas, ahora el derecho a la no violencia se ha convertido en un botín político.

 

Hace días el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo: “Pareciera que, para algunos, la violencia de género sólo les importa cuando hay campaña electoral o cuando se esconde detrás de un fin político”.

 

Esa realidad no es ajena a lo que pasa en otras entidades y es un reflejo de la institucionalización del debate y la urgente necesidad de abrirlo a más sectores. Erróneamente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es considerada por varios funcionarios como un asunto negativo, lo cual tiene que ver con el desconocimiento del problema, aunque ello no los exime de su responsabilidad.

 

En Guerrero sobresalen recientes declaraciones que muestran esta resistencia y rechazo a analizar y declarar la AVG:

 

“No es el mismo caso que Ciudad Juárez, aquí no se andan buscando a las mujeres para asesinarlas”.

Gobernador Héctor Astudillo

 

“Ayer sí mataron fundamentalmente a una señora de una forma muy cruel, pero es con motivo de las extorsiones, no es de género”.

Fiscal Xavier Olea

 

“No hay un problema de feminicidios en el estado, porque no es lo mismo un homicidio de mujer”.

Vicefiscal José Antonio Bonilla 

 

“No (se necesita determinar) una Alerta de Género, sino una atención debida al tema de la violencia de la mujer”.

Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez

 

“Es tener un punto menos a favor de Guerrero”.

Ex funcionaria Ruth Zavaleta

 

Estos mensajes sólo promueven los roles de género tradicionales y no abonan en nada en reconocer el problema, ni a las mujeres como humanas y sujetas de derechos.

 

Por ello, este debate tendría que ser motivo para que los gobiernos estatales y municipales revisaran y evaluaran las políticas y programas en materia de seguridad, pues es claro que la gran mayoría han fracasado.

 

Seguir negándolo es engañarse y no tener la voluntad de cumplir con sus obligaciones; reconocer éste y otros  problemas mostraría un compromiso real con la sociedad para la construcción de la paz y garantía de derechos.

 

Si bien el gobierno actual no es responsable de la grave violencia que se vive en la entidad, sí le compete impulsar medidas emergentes de protección para prevenir, atender y erradicar la violencia, ya que no es posible continuar con políticas de “gestión” y simulación.

 

Lo anterior representa un reto para las autoridades y la ciudadanía. A partir del caso Ayotzinapa, Guerrero ha estado en la mira de diversos organismos de DH, que han denunciado la criminalización de la protesta, la desaparición forzada, la militarización, el desplazamiento forzado, la trata de personas, el feminicidio, el encarcelamiento y asesinato de defensoras y defensores de DH y líderes sociales.

 

Todo eso, un paraíso para la violación sistemática de los DH, particularmente los de las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

 

Asimismo diversas feministas, entre ellas Marcela Lagarde, han señalado que donde hay mayor grado de violencia hacia las mujeres existe menor desarrollo humano, y es ahí donde se ubican altos índices de pobreza femenina, mortalidad materna, abortos inseguros, feminicidio, madres solteras y jefas de familia, embarazo en adolescentes y exclusión política.

 

Esas y otras formas de violencias generan inequidad y exclusión social y no deben ser aceptadas ni minimizadas por ningún gobierno.

 

Otro aspecto que muchas veces queda de lado es el de la sanción a servidores públicos que obstaculizan el acceso a la justicia; la transparencia gubernamental; la rendición de cuentas y el control social ciudadano.

 

De acuerdo con el Decreto número 170 del Presupuesto de Egresos 2016, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero ejercerá  poco más de mil 400 millones pesos. Las fuentes principales de ingreso para seguridad son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

 

Por otro lado, algunos datos que muestran la urgencia de la AVG están en el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias, 1985-2014”, que señala que en los últimos 30 años Guerrero se ubicó entre los 10 estados con mayor tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio, a excepción de 1989, 1990 y 1991.

 

Pero a partir de 1994 su tasa ha ido al alza y desde 2011 se ha mantenido en el primer o segundo lugar junto con Chihuahua.

 

También de 2009 a 2012 Acapulco ha figurado como uno de los municipios con mayor tasa y número de homicidios de mujeres en el país, ocupando el quinto, séptimo, cuarto y primer lugar en ese periodo.

 

Durante 2014 y 2015, los municipios que figuraron por su tasa de homicidios de mujeres en la entidad fueron Acapulco, Chilpancingo (la capital del estado), Chilapa, Iguala, Coyuca de Benítez, Atoyac, entre otros (solicitud de información número 00103615).

 

Además de la importancia de crear sistemas integrales de información e indicadores efectivos de evaluación, son necesarias investigaciones multidisciplinarias profundas para conocer los contextos, causas y razones no sólo actuales, sino históricas por las cuales se perpetúan los asesinatos de mujeres en la entidad.

 

La investigadora Jules Falquet señala que la violencia es desplegada intencionalmente, existe una impunidad que es deliberada –como la violencia hacia las mujeres–, por lo tanto no está fuera de control; en su conjunto es una violencia política, ejercida por hombres y tiene un fuerte componente sexista, clasista y racista. Reflejo de ello es la violencia institucional y el uso de los DH como moneda de cambio.

 

En ese sentido, el gobierno de Guerrero más que darle importancia a la “imagen”, debería considerar a la AVG como lo que es: una política de acción afirmativa emergente y de gobernanza que requiere de una sociedad informada y la participación activa y coordinada entre las instituciones de gobierno, organismos de DH, la academia, feministas, organizaciones sociales, familiares de víctimas, sobrevivientes de la violencia y sectores interesados en erradicar todas formas de violencias en nuestro estado.

 

Con ello, se podría aspirar a cambios profundos y sostenidos tanto en la forma que se viene haciendo política, como la forma en que se ha naturalizado la violencia en la sociedad.

 

*Activista, feminista descolonial e investigadora de Comunidad Raíz Zubia, asociación civil que promueve el derecho a saber y la participación comunitaria para el ejercicio de los Derechos Humanos, cómo el derecho a la salud de las mujeres en Guerrero.

  

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Lizeth Nayeli Rodríguez Flores*

Cimacnoticias | Ciudad de México.-