El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio /III

La Jornada

Las graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).

La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.

Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.

A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.

El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…

Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).

En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.

Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montaje orquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.

Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.

Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.