Cambio de Michoacán
Ningún gobierno como
anterior había tratado a los maestros como lo ha hecho el de Enrique
Peña Nieto. La imposición de la falsamente etiquetada como reforma educativa ha llevado a niveles nunca antes vistos de enfrentamiento entre los poderes federales y el magisterio.
El estallido del paro nacional magisterial este 15 de mayo ha escalado
el nivel de la conflagración entre la administración del presidente Peña
y los maestros. La estrategia de aquél se ha desplegado en dos campos:
el amedrentamiento y las amenazas de descuentos y despidos, por una
parte; la minimización y el desdén a la movilización a través de una
campaña de medios que presenta el paro como un fracaso, por la otra. La
de los docentes, el recurso, otra vez, a la movilización masiva en
marchas y plantones, y la suspensión indefinida de las labores en gran
parte del territorio nacional.
Ambas partes saben lo que se está
jugando. Para el régimen, su inviolable principio de autoridad, su
apuesta a la derrota total de la oposición magisterial y la recuperación
del control del gremio más grande el país y de América latina; para los
profesores, la defensa de la fuente de trabajo, de la autonomía
sindical y la participación democrática en el proceso de enseñanza, así
como principios constitucionales como la no retroactividad de las leyes,
la estabilidad en el empleo y la bilateralidad en la contratación.
Si
bien la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabeza
la movilización magisterial a partir de sus contingentes consolidados
tradicionales (Oaxaca, Chiapas, D. F., Guerrero, Michoacán), lo cierto
es que el paro incorpora también amplios segmentos de muchos otros
Estados del país, aun donde la presencia de aquélla es minoritaria.
La
reforma tuvo desde el inicio, sin duda, un objetivo no educativo, sino
político y laboral, y como lo afirma el rector de la UNAM Enrique Graue
Wiechers, y como ya lo han señalado investigadores expertos en el tema
de la educación como Manuel Gil Antón, Hugo Aboites —también rector de
la UACM— y varios más, además de muchísimos maestros que resisten a su
unilateral y arbitraria imposición. Es una reforma concertada entre los
actores políticos desde el llamado Pacto por México, a espaldas de los
maestros que supuestamente serían los beneficiarios. Pero al final, el
avance de la enmienda se ha dejado no en manos de los políticos sino de
las fuerzas “del orden”: policía federal, policías estatales y hasta el
Ejército y la Armada. Cinco mil elementos cuidan la aplicación de la
evaluación magisterial en Morelia, Michoacán, aunque se presentan sólo
724 de los maestros convocados; nueve mil policías federales se han
trasladado a Chiapas; un número semejante a Oaxaca. Ya antes el gobierno
federal había aprehendido y trasladado a un penal de alta seguridad a
cinco profesores dirigentes del movimiento en esta última entidad:
Roberto Abel Jiménez Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus,
Efraín Picaso Pérez y Aciel Sibaja Mendoza. Muy probablemente, durante
las actuales jornadas habrá más detenciones y reclusiones como respuesta
al movimiento.
Para aplicar la nueva legislación laboral
magisterial Enrique Peña seleccionó a Aurelio Nuño Mayer, sin
antecedente alguno en el sector educativo pero uno de sus amigos y
colaboradores más cercanos, que anteriormente venía ocupando la jefatura
de la Oficina de la Presidencia de la República y a quien los maestros
disidentes llaman El Sargento, por su capacidad para movilizar policías.
Se
trata de una represión en escala sin precedente contra los maestros,
aun cuando se puedan encontrar algunos antecedentes históricos. Los
gobiernos del PRI, y también de los panistas Fox y Calderón, siempre
tuvieron, por una vía o por otra, la cercanía y el control corporativo
del sindicato magisterial. Apoyándose en cacicazgos fuertes como los de
Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther Gordillo, la
lealtad de la gran mayoría de los docentes estaba asegurada. Los
maestros fueron como regla general utilizados para el activismo
electoral y en consecuencia para asegurar los triunfos del oficialismo
en turno. La oposición, siempre minoritaria, neutralizada o reprimida
sólo selectivamente; unos pocos de sus dirigentes, los más
identificados, llegaron a veces a las prisiones; el asesinato, como el
de Misael Núñez Acosta, era un recurso extremo pero también excepcional.
La
brutalidad con la que ahora se busca imponer la pretendida reforma
corresponde, sin embargo, a otra lógica; no meramente la de la
conservación de la estructura corporativa de poder y su uso para fines
políticos, sino la del control absoluto y aun la desarticulación de
cualquier forma de salvaguarda de derechos que se tenían por
consagrados. No es la lógica de una nueva propuesta educativa sino la
misma que movió a la reforma laboral de 2012: la de la precariedad en el
trabajo, la disminución de prerrogativas al trabajador —ésas que el
secretario Nuño llama “privilegios”— y a su sindicato, y la ampliación
casi absoluta de la capacidad de control por la parte patronal por medio
de la flexibilización del trabajo.
Se trata de un proyecto de
mera gestión administrativa de la fuerza laboral, similar asimismo al
que el gobernante francés François Hollande ha impuesto, también
unilateralmente, a los trabajadores de su nación: flexibilización del
mercado de trabajo, facilidades para el despido sin costo para los
patronos y disminución del gasto público. En el caso de los maestros de
México, la evaluación universal, estandarizada, es el instrumento que
permitirá remover sin desembolsos ni “responsabilidad para la Autoridad
Educativa” (Art. 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente) a los
maestros que no aprueben una tercera evaluación —siempre elaborada
unilateralmente por las autoridades del “autónomo” Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación, INEE—, aun cuando éstos tengan ya una plaza
de base y antigüedad en el empleo. Por eso afirman los disidentes que
evaluarse es poner a disposición de la SEP, o de la SEE en su caso, sus
plazas. La sedicente reforma educativa coloca a los docentes, así, en
una situación de excepción entre los servidores públicos y en
condiciones de indefensión. Por eso es igualmente una declaración de
guerra contra el magisterio en general y en particular contra los
disidentes.
La amenaza actual es el despido de todos los
profesores que participan en el paro nacional, y también el de los que,
habiendo sido convocados, no acudieron a la evaluación. Nuño afirma
tener listos 26 mil nuevos profesores para sustituir a los despedidos;
sin embargo, los participantes en el paro podrían ser 150 mil o 200 mil
en todo el país.
Por otro lado, está la movilización de los
estudiantes de las vocacionales del Politécnico, que también desconocen
al secretario Nuño y se oponen a la centralización del mando de su
institución en manos de éste. Con alrededor de un mes en paro, la
resistencia al verticalismo que se quiere imponer también es manifiesta.
Nos
hallamos en un momento crucial para la reforma y para quienes la
resisten. Las fuerzas han vuelto a tensarse, con un resultado incierto.
Lo seguro es que el costo social de la unilateralidad gubernamental, de
su intransigencia en imponer un proyecto excluyente, sin consulta con
los involucrados ni aceptación de éstos, ha sido ya muy alto, y sus
efectos negativos para el proceso educativo. Paros, marchas, plantones,
enfrentamientos, movilización policiaca, amenazas, despido y prisión son
la marca de una enmienda sin contenidos didácticos ni propuesta
educativa. Parafraseando a Bertold Brecht, vivimos tiempos de guerra,
tiempos sin sol.
Eduardo Nava Hernández, Politólogo – UMSNH
Fuente original: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc4721
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