Ilegal la intromisión de Ejército en elecciones; compran votos y atemorizan a población: general Gallardo

    

Por: Cecilia Balderas / 25 mayo, 2016

(25 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El General retirado, José Francisco Gallardo, declaró que, dadas las condiciones de inseguridad y convulsión social persistentes en entidades como Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas, no debería de haber elecciones y menos, la participación ilegal del Ejército mexicano previo, durante y posterior a la jornada electoral.

“Para mí, en Tamaulipas no debería haber elecciones porque no hay las circunstancias para llevarlas a cabo. Así como están las cosas, pareciera que se están dando con calzador, con cartucheras al cañón, quepan o no quepan y no debe ser así. El sistema electoral debe ser pacífico, de convivencia social, donde la gente pueda ir a expresar libremente su voto, pero en México es raro que pase eso”, declaró el militar en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Además, denunció que a nivel nacional, pero sobre todo en elecciones federales, se registra una ilegal y sistemática intromisión del Ejército mexicano en procesos electorales, irónicamente, luego que la autoridad civil recurre a él.

Gallardo detalló que la presencia militar se documenta al inicio del proceso, cuando el Ejército participa en la distribución de la paquetería electoral a nivel nacional y además “empiezan a hacer una maniobra para estructurar cómo van a apoyar al poder público, a un partido específico en algún lugar”.

Durante la jornada electoral, los soldados inhiben el voto ciudadano echando mano, incluso, de vehículos particulares con placas “trucadas” o alteradas; comprando votos o amedrentando a la población y una vez concluido el día de la votación, lo hacen cuidando y resguardando los paquetes electorales, aun cuando carecen de facultades para hacer ese tipo de diligencias.

Por si fuera poco, agregó el militar, “hay convenios donde les pagan miles de millones de pesos para hacer eso, ¿pues no es parte del mismo gobierno? Esa situación se debe terminar. Quien debe cuidar las elecciones y los paquetes electorales es el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades civiles”.

Sin embargo, la presencia de la milicia en las calles no es exclusiva de las entidades con procesos o en tiempos electorales, pues desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narco”, en enero de 2007, se ha vuelto una práctica permanente del poder público.

Gallardo denunció que, incluso en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República “hay gente del Estado Mayor Presidencial como guardias y eso es ilegal porque se supone que el Legislativo, es un poder autónomo”.

“Lo grave del asunto es que toda esa gente que está permeando la administración pública se articula en un sistema de información; por ejemplo, lo que se dice en los foros, inmediatamente lo sabe el secretario de la Defensa y el de Gobernación”, apuntó el militar en retiro y agregó que cuando compitió por la gubernatura de Colima el año pasado, por Morena, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y hoy gobernador constitucional de esa entidad- Ignacio Peralta, tenía escoltas del Estado Mayor Presidencial, lo que es ilegal.

Injerencia y venganza

Cuestionado sobre cómo se puede romper esta inercia injerencista en la que permanece el Ejército mexicano -desde la pasada administración de Calderón- y ahora también elementos del Estado Mayor presidencial, el General en retiro admite que el escenario no es positivo.

“Esta es una práctica que se viene dando desde hace mucho tiempo y romper con ella es muy difícil; tendríamos que tener un Congreso legítimo, con partidos legítimos pero, ¿cuándo?, ¿en unos cien años más o cuando la violencia llegue a las cumbres del poder?”, cuestionó.

Sin embargo, uno de los síntomas extremos de esa situación es la ejecución de legisladores y presidentes municipales, misma que ya se ha presentado.

El militar agregó que el Ejército mexicano, es la institución que tiene la misión más política que puede tener cualquier dependencia de Estado: la encomienda de proteger la soberanía nacional, por lo que en la Constitución Política de nuestro país, se especifica que la milicia no debe involucrarse en asuntos de carácter político y no debe realizar funciones de exclusiva competencia de la autoridad civil.

“La activa participación del Ejército en asuntos de orden interno que son de exclusiva competencia de la autoridad civil, rompe la estructura política, jurídica y administrativa del Estado mexicano”, subrayó.

Sobre las modificaciones realizadas por el Legislativo al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales –de las que Revolución TRESPUNTOCERO informó oportunamente- Gallardo declaró: “para mí esas reformas tienen que ver con la resolución que emitió la Corte Interamericana por el caso de Rosendo Radilla; la comunidad internacional de protección a derechos humanos le dio un palo al Ejército y se vengan con esa modificación. ¿Quién propone?”, preguntó el militar.

Gallardo señaló al diputado plurinominal del PRI –por la circunscripción 3, de Yucatán- Virgilio Daniel Méndez Bazar, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro de haber propuesto las modificaciones al Código de Justicia Militar y para expedir el Código Militar de Procedimientos Penales, quien “estuvo en la represión en Chiapas”.