Por: Cecilia Balderas
(20 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada federal,
Claudia Corichi García informó que el análisis de la Cuenta Pública
2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
detectó que al menos 30 millones de pesos de programas sociales
ejecutados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fueron entregados a personas ya fallecidas o de las que no se pudo comprobar su identidad.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la legisladora de
Movimiento Ciudadano (MC), detalló que entre los casos más extremos
están los que se detectaron en el Programa de Incentivos para Pequeños
Productores de Maíz y Frijol y en el de Fomento Ganadero, pues la
asignación a los fallecidos solicitantes alcanzó la cifra de 10 millones
de pesos.
Otra auditoría a los rubros analizados –recordemos que sólo se
estudia una parte de toda la aplicación de recursos públicos- detectó
que del programa PROAGRO,
vinculado al sector productivo, se pudieron recuperar 20 millones de
pesos que, adicionales a los otros 10, que también se habían repartido
entre gente que pudo haber fallecido o de la que nunca hubo comprobación
de su identidad; es decir, no se corroboró si existían, si estaban
vivos o muertos, por lo que además, se desconoce el criterio de
asignación.
La legisladora recordó que la misma auditoría advirtió que el hecho
que no exista una población objetivo o en casos concretos, un padrón de
beneficiarios validado, propicia que en diversos programas haya
irregularidades con la entrega de recursos, principalmente en los que se
aplican en el campo –donde además persiste un mayor porcentaje de
población empobrecida- en materia de salud, como el seguro popular y de
política social.
En Informe General de la Cuenta Pública 2014 especifica; por ejemplo,
en la auditoría número 264 al Programa de Fomento a la Agricultura-
Componente PROAGRO Productivo que “la ausencia de una depuración del
padrón de beneficiarios ha limitado los mecanismos para tener la certeza
que quienes reciben los apoyos están vivos. Se confía en gran medida en
el testimonio de los familiares de los beneficiarios para reportar a la
autoridad la actualización de los datos, lo que ha generado que, en
algunos casos, se entreguen apoyos a personas que ya han fallecido”.
En la auditoría al Padrón de Beneficiarios del Sector Rural de la
Sagarpa, identificada con el número 256, se advierte que “debido a la
carencia de un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios
del sector rural, el ejecutor no contó con información consolidada de la
totalidad de los programas y componentes del sector, con el fin de
evitar las duplicidades o sesgos en el otorgamiento de apoyos”.
La revisión al Seguro Popular a través de la auditoría 180, detalla
que “el Consejo de Salubridad General determinó la existencia de
registros duplicados en el padrón del Sistema de Protección Social en
Salud, con los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
(ISSFAM), lo que representó una duplicidad del 12.1%”.
Uso electoral y dilación
Corichi García apuntó que el desvío de recursos de la Sagarpa detectados en la Cuenta Pública 2014
-que también podrían constituir un fraude- tiene una clara
intencionalidad electoral, pero no solo los detectados en esa
dependencia, también en “todas las plazas de maestros que fueron
autorizadas y que carecen de sustento; es decir, hay muchos rubros que
son utilizados electoralmente”.
La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro,
apuntó que para evitar este tipo de problemas, es necesario que los
servidores públicos sean capacitados, conozcan la normatividad; sin
embargo, reconoció que un gran porcentaje de recursos –en particular los
destinados a la población más pobre y en situación de vulnerabilidad-
son otorgados con una visión electoral.
Claudia Corichi subrayó que es preocupante la dilación en el análisis
de las cuentas públicas -de por lo menos dos años, pues apenas se
revisa la de 2014- y aunque se impulsan cambios sustanciales como la
posibilidad que se audite en tiempo real, falta fortalecer otros
elementos para evitar corrupción e impunidad entre servidores públicos.
A inicio de la LXII Legislatura, en septiembre de 2015, la diputada
de MC propuso que funcionarios públicos –incluido el presidente de la
República y secretarios de Estado- deberán ser llamados a comparecer
aunque hayan concluido su encargo público para evitar que, el dejar el
cargo impida asignar responsabilidades sobre las irregularidades que se
pudieran haber presentado.
La iniciativa aún se encuentra pendiente de ser analizada y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales.
“El tema de fondo, es que hemos creado muchas leyes. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción
se da como un logro, pero a la hora de la hora, a las leyes secundarias
se les deja sin dientes, no les damos elementos sancionatorios y son
como palabras muertas. Sabemos qué está mal, que hay reincidencias en
cierto tipo de problemas, algunos con sesgo político, sabemos que la
corrupción e impunidad están ahí. Sabemos qué necesitamos, sabemos de
qué estamos enfermos pero si no nos administramos el tratamiento, de
poco sirve. Debemos dejar la demagogia y avanzar en los hechos”, declaró
Corichi.
Mensaje político
El artículo 74 de la Constitución Política especifica que entre las
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, está la de revisar la
Cuenta Pública del año anterior; dicho análisis tendrá por objetivo
“conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los programas”.
Año con año, el Pleno de San Lázaro vota para avalar el análisis del
gasto público; pero, dadas las irregularidades detectadas en la Cuenta
Pública de 2014, Corichi declaró que “si fuéramos justos, no la
aprobaríamos o difícilmente la aprobaríamos”.
Sin embargo, la legisladora explicó que es poco probable que desde la
Cámara de Diputados se envíe un mensaje político de esa magnitud,
porque “sabemos que va a operar una maquinaria mayoritaria que la va a
aprobar a raja tabla y eso es una lástima. Hay quienes, por consigna, la
aprobarán sin querer discutir gran cosa”.
Corichi García agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Virgilio Andrade
ha servido “de muy poco” para corregir las irregularidades detectadas,
por lo que, en su opinión “no está cumpliendo con su función, de manera
más que evidente” y calificó su existencia como un asunto de orden
político.
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