Tribunal simbólico

                                                                   

Cartón de Rocha

Por Marta Lamas

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 9 de mayo pasado, un día antes del Día de las Madres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reunió a 27 víctimas de violencia obstétrica o familiares de mujeres que habían muerto en el parto para que fueran escuchadas en un tribunal simbólico. En nuestro país las noticias desgarradoras de todo tipo han hecho que la violencia y las muertes que suceden en los hospitales se invisibilicen o pierdan importancia. Hay muy escasas noticias sobre las mujeres que mueren de parto, y para miles de mujeres en nuestro país la atención obstétrica se acompaña de maltrato psicológico. Además de que para muchas parturientas los hospitales se convierten en sus tumbas, las agresiones contra las embarazadas están muy “normalizadas” en las instituciones de salud. Regina Tamés, directora del GIRE, dice: “Generalmente esa violencia sucede entre humillaciones, gritos e insultos durante un momento muy vulnerable para las mujeres (física y psicológicamente)”.

Al Polyforum Siqueiros llegaron 27 personas de distintas entidades a denunciar sus tragedias: de la Ciudad de México (3), Chiapas (5), Durango (3), Guanajuato (2), Hidalgo (2), Oaxaca (3), Quintana Roo (3), Sinaloa (3), Yucatán (1) y Zacatecas (2). En los 17 casos de violencia obstétrica y 10 de muerte materna expuestos, el parto fue el momento en que más se violaron los derechos humanos de las mujeres. Como consecuencia de la violencia obstétrica, tan sólo considerando estos 27 casos presentados, hubo 10 muertes fetales y cinco neonatales; y 24 niños y niñas quedaron huérfanos por las omisiones cometidas mayoritariamente en unidades de salud y hospitales de la Secretaría de Salud federal y las estatales, seguidos por las del IMSS y el ISSSTE. Y encima de todo, en los casos donde la mujer o su familia son de origen indígena, hubo discriminación por esa razón.

¿Para qué realizar un tribunal simbólico? ¿De qué sirve? Regina Tamés declaró: “Estamos cansadas de que no se haga nada para que las mujeres y las familias accedan a la justicia, por eso convocamos a la realización de este tribunal”. Que por primera vez mujeres que sufrieron violencia durante el embarazo o el parto y familiares (viudos, hermanas, madres) de una mujer muerta se reúnan a dar su testimonio ante un jurado compuesto por seis expertas internacionales con reconocida experiencia y trayectoria en salud reproductiva tuvo un efecto catártico y político a la vez.

Las seis expertas internacionales que escucharon los conmovedores testimonios fueron: Alda Facio, jurista y actualmente la directora académica del Women’s Human Rights Institute en la Universidad de Toronto. Ha sido asesora del secretario general de la ONU para el estudio a profundidad de la violencia contra las mujeres y directora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional. Alicia E. Yamin, directora de políticas del Centro François-Xavier Bagnoud para la Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y profesora de Leyes y Salud Global de la Escuela de Salud Pública, también de Harvard. Catalina Martínez, abogada e internacionalista. Actualmente es la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gladys Acosta, socióloga y abogada. Experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU. Ha sido representante de ONU Mujeres y de UNICEF en diversos países de América Latina. Julissa Mantilla, abogada con estudios de posgrado en la London School of Economics and Political Science. Actualmente es profesora de la maestría de derechos humanos y de la de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú e integrante de la Red Latinoamericana de Académicos/as del Derecho (Red Alas). Sandra Oyarzo, matrona (partera) desde hace 24 años, con una maestría en educación en ciencias de la salud. Es profesora en la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile. Ha colaborado con la OPS/OMS para el desarrollo de la partería en países latinoamericanos

Entre las declaraciones del jurado destaca la de que las muertes maternas y la violencia obstétrica sí son violaciones a los derechos humanos, por lo tanto no son solamente responsabilidad de los médicos, sino también del Estado. De ahí que las seis emitieran recomendaciones a los tres poderes del Estado para que estas tragedias no sucedan más. Claro que hubo señalamientos específicos a la Secretaría de Salud federal, las Secretarías de Salud de esos estados, el IMSS y el ISSSTE.

Regina Tamés concluyó que “la crisis de derechos humanos que vive México se ha extendido a los hospitales. Estos testimonios son historias recurrentes que nadie debe acostumbrarse a escuchar, porque todas serían prevenibles si hubiera verdadera voluntad política del Estado para mejorar la calidad de vida de las mujeres”.

La memoria de este encuentro, así como las recomendaciones del jurado, se presentarán oficialmente a las autoridades involucradas este mismo año. Entre ellas se incluirá el que haya sanciones administrativas para el personal de salud que cometa violencia obstétrica y que haya supervisión permanente de los centros de salud donde sucede.