Frente a “los hechos de los últimos días en Oaxaca”, organizaciones de México, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Estados Unidos Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica, Honduras, el Salvador, República Dominicana, Guatemala y Nicaragua se pronunciaron el pasado martes 21, durante la 32 sesión del CDH, a favor de que este órgano exija “al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales”.
Ante el presidente del CDH, el coreano Choi Kyonglim, y representantes de los Estados parte de la ONU, las organizaciones apuntaron que México “atraviesa una crisis estructural de derechos humanos que debe ser motivo de gran preocupación”,  por lo que insistieron en que “la respuesta de la Comunidad Internacional frente a la situación en México no puede demorar ni un segundo más”.
Recordaron que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que captó la atención mundial por su gravedad, “evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que el gobierno mexicano se niega a reconocer”.
Tras señalar que en Guerrero, al igual que en otras entidades, “se han descubierto fosas con cientos de restos humanos”, dieron cuenta del saldo de la “crisis estructural”: al menos 100 mil muertes, 27 mil desapariciones,  detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados, entre otras violaciones a derechos humanos.
A pocos días de que se cumpla otro mes sin conocer el paradero de los 43 normalistas, las organizaciones resaltaron las revelaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los expertos “demostraron la falsedad de la verdad oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y aportaron datos muy relevantes sobre la relación entre las graves violaciones de derechos humanos y el accionar de diferentes fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico”.
Tras apuntar que las víctimas y los familiares merecen verdad, justicia y reparación, las organizaciones firmantes agregaron que también se requiere “la prevención de nuevas violaciones”, para lo cual es necesaria “una profunda revisión de la militarización estatal frente a la fallida ‘guerra contra las drogas”.
Destacaron que el CDH debe tomar en cuenta los resultados de la labor del Grupo de Expertos (para el caso Ayotzinapa), los informes de la Comisión Interamericana y varios Procedimientos Especiales, así como exigir al Estado mexicano “el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Insistieron que ante la crisis “la respuesta de la Comunidad Internacional frente a la situación en México no puede demorar ni un segundo más”.
Por Argentina firman las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); por Venezuela Acción Solidaria en VIH/Sida, Civilis Derechos Humanos, Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC), el Centro de Derechos Humana de la Universidad de la Universidad Católica Andrés Bello, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); por Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Equidad y Paz y Esperanza y el Instituto de Defensa Legal (IDL); de Colombia, Comisión de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), Corporación Sisma Mujer; por Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Seguridad en Democracia (Sedem), y por Estados Unidos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y  Robert F. Kennedy Human Rights.
Se pronunciaron también, por Ecuador, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”; por Chile, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas; de Brasil, Conectas Direitos Humanos; de Costa Rica, Defensa Niñas y Niños-Internacional y Equipo Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús; de El Salvador, Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FEPAD); de Nicaragua, Fundación Étnica Integral y Movimiento Autónomo de Mujeres, y la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba, de Bolivia.
También se adhirieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM);  Fundación para el Debido Proceso (DPLF); JASS Asociadas por lo Justo-Mesoamérica; la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Women’s Link Worldwide.
Las organizaciones mexicanas que se sumaron al pronunciamiento son Abogadas y Abogados para la Justicia y Derechos Humanos; Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asileg); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Fundar Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas; Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan.