Asa Cristina Laurell*
La Jornada
Faltan dos años y medio
del sexenio de Peña Nieto y el compromiso de instrumentar la Seguridad
social universal se encuentra estancado. Dentro de ésta el Sistema
Nacional de Salud Universal tampoco ha avanzado. Sin embargo, durante
los meses recientes no ha pasado semana sin declaraciones sobre la
próxima universalización de los servicios de salud. En particular EPN
firmó en abril el
Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Saludcon la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los gobernadores del estado de México y de Oaxaca, ambos con servicios de salud muy deficientes, y Baja California Sur, entidad piloto desde hace tiempo.
Se dio mucha divulgación a la incorporación de siete millones de
estudiantes al IMSS y a todos los beneficiarios de Prospera y de la
pensión para adultos mayores al Seguro Popular.
El anuncio del aseguramiento de unos siete millones de estudiantes de
instituciones públicas de educación media superior y superior al IMSS
es una noticia vieja, ya que se estableció hace casi tres décadas. La
razón de la no incorporación de unos siete millones de beneficiarios de
Prospera hasta ahora se debe a que no residen en localidades con centros
de salud.
¿Por qué entonces se hace una campaña de afiliación al IMSS y al
Seguro Popular? Según expertos en la medición multidimensional de la
pobreza, es probable que el objetivo es mejorar los componentes de salud
y de seguridad social bajando las carencias en salud en la encuesta que
se levantará en el segundo semestre de 2016. En 2014 casi 22 millones
de personas carecía de un seguro de salud, dato muy semejante al número
del Conteo de 2015. Si la campaña lograra que unas 14 millones de
personas más reportaran tener un seguro, el dato de no asegurados
bajaría a ocho millones o siete por ciento de la población.
Este ilusionismo de los números poco tiene que ver con el acceso
oportuno a los servicios. Antes al contrario, sobrecargarían todavía más
los servicios públicos y no significarían más recursos para responder a
la nueva demanda. Incluso en 2012 el IMSS proponía un incremento de la
aportación federal para el seguro estudiantil para equilibrarlo, pero
esta propuesta no se ha mencionado ahora.
Por otro lado, una lectura más cuidadosa de las declaraciones
del comisionado nacional del Seguro Popular sobre la universalidad
revela que no tiene novedades. Se trata sólo de un pequeño paso más en
el
intercambio de serviciosbajo convenios de gestión entre la instituciones del sector público en algunas partes del país donde hay capacidad instalada sobrante y principalmente involucra a servicios auxiliares de diagnóstico, como mastografías o estudios de resonancia magnética.
Está avanzando el costeo de los protocolos de atención, pero no tiene
mucha cabida en el sobresaturado sector público donde hay pocos
servicios que vender. Sin embargo, los protocolos tienen importancia
para el sector privado si pudiera administrar los fondos públicos y
comprar servicios a algunos grupos de asegurados dispuestos a realizar
un pago extra para acceder a los prestadores de servicios privados. Es
la propuesta de la OCDE, de Funsalud y de la Asociación de Instituciones
de Seguros (AMIS). En este escenario podrían cobrar vigencia el
Seguro Popular para la clase media, el
Seguro Popular competitivoo cualquier otro esquema de asociación o mezcla público-privada. Otra propuesta muy atractiva para el sector asegurador privado es administrar la compra de los servicios de gastos catastróficos del Seguro Popular. En este contexto, hay que recordar que se reformó la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en 2015 para favorecer el aseguramiento privado en salud.
El IMSS, por su parte, ya utiliza varios tipos de asociaciones
público-privadas. Lo hace a gran escala con los servicios de
hemodiálisis, de laboratorio, de limpieza y de ambulancias al igual que
el ISSSTE. El IMSS, además, está haciendo una prueba piloto de atención a
grupos de diabéticos mediante un pago fijo por persona, asesorado por
la oscura consultora internacional IMS Health. Esta empresa asegura
tener una base de datos de más de 500 millones de pacientes, algo
preocupante en vísperas de la expansión de los expedientes clínicos
electrónicos en México. Ofrece un gran espectro de servicios dirigidos
principalmente a empresas privadas involucradas en el sector salud y
también a ministerios de salud.
Estas son las evidencias de un proceso silencioso de privatización al
tiempo que se publicita ampliamente la universalización en salud.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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