Este análisis sostiene que a partir de 2008 la
percepción de corrupción iba a la alza, pero entre 2014 y 2015 se
disparó comparado con países de la OCDE
(La Silla Rota).- A raíz del rechazo de los
senadores de PRI, PVEM y PT a la máxima publicidad de las declaraciones
patrimonial, fiscal y de intereses, en la iniciativa ciudadana #Ley3de3, el IMCO elaboró un análisis que demuestra que la percepción de la corrupción en México sigue creciendo.
Este análisis sostiene que a partir de 2008 la percepción de
corrupción en el país iba a la alza, pero entre 2014 y 2015 se disparó
considerablemente, comparado con los países que integran la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, este análisis demuestra que la revelación de información por
parte de los servidores públicos, como propone la iniciativa #Ley3de3,
es uno de los elementos en la estrategia de combate a la corrupción en
los distintos países.
“Este artículo analiza la relación para una muestra de países entre
corrupción y desarrollo económico y entre transparencia y corrupción,
para poder dimensionar el problema en México y así evaluar mejor los
artículos que rechazaron los legisladores referidos”, detalla el IMCO.
En ese sentido, el IMCO buscó responder interrogantes como: ¿Qué tan
grave es el problema de corrupción en México comparado con otros países?
¿Se ha agravado el problema de la corrupción en los últimos años? ¿Es
razonable, a la luz de la experiencia internacional, exigir la
obligatoriedad de la publicación de declaraciones patrimoniales, de
conflictos de interés y fiscales de los servidores públicos?
Estudios de apoyo
Los distintos índices de percepción de la corrupción muestran que
ésta existe en todos los países, pero suele estar más extendida entre
menor sea el nivel de desarrollo económico.
Utilizando estudios como el Estimado del Control de la Corrupción
(Control of Corruption: Estimate) de los Indicadores Mundiales de
Gobernabilidad (Worldwide Governance Indicators) del Banco Mundial, se
pudo concluir que la percepción popular de que la corrupción en México
está extendida.
Es decir, esta idea ha aumentado recientemente, “lo cual ayuda a
explicar el hartazgo de la ciudadanía y a justificar la exigencia de las
organizaciones de la sociedad civil de mayor transparencia y rendición
de cuentas”.
En cuanto a la experiencia internacional de obligar a los servidores
públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflictos
de interés y fiscales, el IMCO se apoyó en otros artículos para revisar
los beneficios de que se maximice esta información de los servidores
públicos.
Lo recabado por el IMCO estudia de cerca las leyes y regulaciones
vigentes que rigen la revelación de declaraciones patrimoniales y de
conflicto de interés de los miembros del poder legislativo de 175
países.
Además de revisar las leyes y regulaciones, se verificó qué tan
fácil es en la práctica obtener para un ciudadano común dichas
declaraciones, en aquellos países donde en principio son accesibles al
público, a través de formular solicitudes de acceso a la información.
En ese sentido, el estudio revisado por el IMCO encuentra que el
hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés
de los miembros del poder legislativo es la norma entre los países de
la OCDE: en el 79 por ciento de los países es obligatoria la publicidad
de las declaraciones, a excepción de Eslovenia, Francia, Israel, Turquía
y México.
También se demostró que esta práctica de transparencia stá asociada a
una mejor calidad de gobierno y a un menor grado de corrupción, medido
por el índice de corrupción del International Country Risk Guide (ICRG).
En ese sentido, la evidencia confirma la percepción popular de que la
corrupción en México está extendida y que ha aumentado recientemente,
que hay un hartazgo de la ciudadanía y con ello se justifica la
promoción de la iniciativa #Ley3de3.
De igual forma, se demuestra que dada la evidencia presentada la
mayoría de los países miembros de la OCDE obligan a sus legisladores a
hacer pública sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés,
pues a mayor publicidad corresponde, en promedio, un menor grado de
corrupción.
lrc
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