Aumentan ataques a defensores de DH debido a protestas contra reformas estructurales y caso Ayotzinapa: Comité Cerezo

Antonio Aranda

(25 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El cinco de marzo de 2016 entre las 15:00 y las 16:00, Fidencio Gómez Sántiz fue visto por última vez en la terminal de transporte Jet Ha, cerca del mercado local de Ocosingo, Chiapas; según su esposa e hijo ahí se despidieron de él; ellos se fueron a visitar a sus familiares, cinco minutos después de despedirse de su familia, el hijo intentó hacer una llamada telefónica para asegurarse que su papá había abordado sin contratiempos su transporte, pero ya no obtuvo respuesta.

Fidencio Gómez Sántiz se dirigiría al ejido Las Perlas, municipio de Altamirano -donde tienen su domicilio- después permanecer en la Ciudad de México durante algunas semanas comisionado por su organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, para participar en la jornada de denuncia por el intento de ejecución extrajudicial contra Matías Flores, una indígena náhuatl del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO); y otros compañeros.

Ese mismo día la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México emitió una acción urgente. La autoridad por su parte abrió un expediente en el Ministerio Público de Ocosingo, Chiapas con el número 90/2016, donde el hecho quedó asentado como desaparición de personas hasta el momento se desconoce el paradero de Fidencio, tal y como lo informó anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO.

El anterior es uno de los 446 casos más graves que registra el “Quinto Informe: Defender los Derechos Humanos en México: la normalización de la represión política. Junio de 2015 a Mayo de 2016” que se presentó la tarde de ayer en la Sala 22 de las instalaciones del Centro Universitario Cultural elaborado por diversas organizaciones como: Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH AC), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional

Contra la Desaparición Forzada.

Del informe de 145 páginas se desprende que en el periodo de análisis se registraron 136 eventos que contienen 446 actos violatorios de los derechos humanos, que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades.
El informe anterior –que abarcó de junio de 2014 a mayo de 2015- documentó 330 eventos que constituyeron 488 actos que afectaron 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.

Durante la presentación Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), mencionó que los estados con mayor índice de violaciones a los defensores de derechos humanos son Guerrero (83), Chiapas (67), Oaxaca (55), Michoacán (48), Veracruz (40) y la Ciudad de México (35), estas seis entidades suman 328 casos es decir el 74 por ciento del total.

“La Ciudad de México parecía el paraíso donde los periodistas piensan que no les va a pasar nada, pero por ser ciudad el seguimiento y la vigilancia es mayor que en provincia. Como sucedió con el caso Narvarte. El Estado mexicano mayoritariamente ha realizado actos de violación a derechos humanos con descaro e impunidad a través de las fuerzas del mismo Estado precisamente en las ciudades.

“Pensamos que los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero representan la respuesta de represión política que ha dado el Estado mexicano contra la gran efervescencia del movimiento social debida, principalmente, a hechos como la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y la reforma en materia educativa.

“Chiapas, Oaxaca y Michoacán son los estados en los que se ha presentado más organización en contra de la reforma educativa y donde el Estado mexicano ha decidido, también, dar salida a esos conflictos por medio de la represión política y no con el diálogo.

“En el caso de Veracruz, podemos observar que en la entidad no sólo está presente la lógica del movimiento magisterial, si no que a ésta se suma una política represiva a todo tipo de oposición ante el gobierno estatal”, comentó Alejandro Cerezo.

Otro datos relevante que consigna este informe precisa que a diferencia del año pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de violación a los derechos humanos (VDH) más utilizada, actualmente son las agresiones físicas las que se presentan como el acto de VDH más usado con un 58.5%, le sigue la amenaza con 13.9%, criminalización con 13.6% y hostigamiento con 9.6%.

“Lo anterior implica que la represión política ha aumentado de intensidad; es decir que el Estado utiliza más comúnmente los ataques directos para reprimir a una persona defensora de derechos humanos. De todas las amenazas que documentamos, las amenazas de muerte son las predominantes (66.1 %). Por otro lado, en el caso del uso de la criminalización en contra de las personas defensoras, tenemos que la modalidad de judicialización es la más utilizada.

Igual de importante es decir que, en este periodo, tal modalidad se convirtió en una forma de maniatar a las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que la documentación demuestra que existen varias personas que tienen procesos judiciales iniciados y que éstos pueden echarse a andar cuando el Estado lo decida de acuerdo a las condiciones políticas del momento, lo que constituye un uso discrecional de la ley”, remarcó Cerezo Contreras.

A manera de conclusión Francisco Cerezo Conteras, Coordinador de Comité Cerezo México expresó a Revolución TRESPUNTOCERO que a diferencia de los tres informes donde se observó que la forma más utilizada para violar el derecho humano a defender derechos humanos fue el hostigamiento, en este informe es la agresión, de hecho es preocupante que de 446 actos documentados 58.5% impliquen agresiones físicas.

“Si a estas sumamos las amenazas y el hostigamiento tenemos 82% de todo lo documentado en este informe. El aumento en el uso de estas modalidades demuestra que el Estado continúa optando por la violencia como una forma para responder a las luchas de las personas defensoras de los derechos humanos.

“Si bien en los años anteriores el hostigamiento significaba que el perpetrador prefería el acercamiento físico para causar mayor impacto, en este periodo el perpetrador prefirió determinadamente utilizar la agresión en más de la mitad de los casos. Lo que más inquieta de las cifras es que estén representando la política sistemática por medio de la cual el Estado actúa ante las personas defensoras de los derechos humanos”, concluyó.