Explotación y trabajo infantil en el México contemporáneo
¿Cuál
es el futuro de un país que, al mismo tiempo que tiene a varios de los
hombres más ricos del mundo y presenta uno de los índices de corrupción y
desigualdad más agudos del mundo, cuenta también con más de 21 millones
de menores de edad en pobreza y con más de la mitad de su población
total en la misma situación de precariedad material?
La
construcción social de la desigualdad se funda en procesos de
acumulación económica apuntalados por las políticas de liberalización y
desregulación que, en la medida en que sólo benefician a acaudaladas y
avariciosas minorías, despojan a millones de personas, no sólo de sus
recursos materiales y sus derechos humanos y sociales más elementales,
sino de la misma posibilidad de una vida digna.
Vista panorámica de una niñez empobrecida y explotada
La desigualdad e injusticia, así como la pobreza masiva y generalizada
en el campo y la ciudad, han sido algunos de los rasgos de la historia
social del México contemporáneo, y una de las muestras fehacientes de
que el proyecto de desarrollo nacional apuntalado por los regímenes
políticos mexicanos neoliberales de las últimas décadas ha fracasado por
completo. No llegaron ni la anunciada generación de empleos mejor
remunerados ni el esperado crecimiento económico que supuestamente se
traduciría en la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la
población; tampoco disminuyó la desigualdad e inequidad, no mejoraron
los servicios de salud, y, finalmente, la violencia, junto con la
impunidad y la corrupción, siguen siendo una pandemia constante,
generalizada y estructural-. Los rostros de la exclusión son variados y
múltiples –jornaleros, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, entre
tantos otros-; no obstante uno de los más dolorosos son los
adolescentes y niños en situaciones de precariedad material y forzados a
trabajar. Según datos recientes de instancias internacionales y
nacionales, en México aproximadamente 21 millones de menores de edad se
encuentran en pobreza [1], situación que se acentúa y acrecienta, tanto
dentro del campo –donde los índices de problemas de
desarrollo/crecimiento físico se duplican respecto a los centros
urbanos-, como al interior de los grupos indígenas –donde uno de cada
nueve está en pobreza y uno de cada tres presenta algún tipo de
desnutrición- [2]. En este contexto, en el país cerca de 8.6% de los
niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años -aproximadamente
dos millones y medio de menores-[3], por varios motivos –entre los que
destacan completar el gasto familiar debido al exiguo salario de sus
padres- se ven obligados a trabajar en diversos rubros -agricultura,
comercio, servicios, manufactura, construcción y otros [4] [5]-; además,
el trabajo de menores de edad se concentra notoriamente en tres estados
del sur del país -Guerrero con 14%, Oaxaca con casi 12% y Chiapas con
11%- [6], entidades federativas caracterizadas por una alta población
rural e indígena y por presentar los índices de desarrollo humano más
bajos del país.
Explotación y trabajo infantil, una realidad invisibilizada pero presente
El trabajo y explotación infantil, más allá de los marcos normativos
–nacionales e internacionales- y de los buenos deseos oficiales, es una
realidad innegable y demográficamente desproporcionada que muestra la
constante transgresión y falta de respecto de los derechos de uno de los
sujetos sociales más vulnerables. Para estos niños y adolescentes bajo
estas condiciones, y a semejanza de otros grupos sociales con derechos
violados, la ley es letra muerta y reflejo de la impunidad. Sobre la
base de otros procesos de marginación –como la alta mortalidad infantil,
la baja esperanza de vida, precarios niveles de educación e ingreso
económico-, el trabajo infantil y la falta de derechos de los niños y
adolescentes se acentúa en regiones del país con fuerte presencia
campesina-indígena –como Guerrero, Oaxaca y Chiapas- y con niveles de
bienestar material claramente desiguales y excluyentes, producto de una
política explícita de la desigualdad; así, no es casualidad que este
fenómeno se concentre en el sureste de México, y el campo en particular,
pues ha sido uno de los sectores más golpeados y deteriorados por las
reformas estructurales neoliberales –que han desembocado en la
desarticulación productiva y, por consecuencia, en la falta de empleo,
salarios bajísimos y muy precarias condiciones laborales-.
De
este modo, la pobreza y el trabajo adolescente e infantil se asientan y
establecen sobre un marco previo y estructural, las adversas condiciones
de los mercados labores –que se caracterizan por ser flexibles,
desreguladas, riesgosas, no vigiladas ni sancionadas-; este panorama, no
sólo no protege a los trabajadores –y padres de estos niños y
adolescentes-, sino que ni si quiera provee a estos trabajadores de la
remuneración económica indispensable para la subsistencia de ellos y sus
familias. En gran parte de los casos, la ignominia del trabajo infantil
se funda en la explotación y precariedad del trabajo en general. No
obstante que el Estado mexicano dice alarmarse y reconoce que hace falta
mucho por hacer respecto a los derechos de los niños y adolescentes,
han sido el mismo Estado y sus instituciones quienes han diseñado y
llevado a cabo una serie de políticas y cambios económico-sociales que
generan y propician las condiciones, no sólo para que no se respeten y
se violen de manera constante y fáctica los derechos de los niños y los
menores de edad, sino también para que estas ominosas situaciones se
acentúen e incrementen.
Bibliografía
[1] El estado mundial de la infancia 2016, UNICEF.
[2] Muñoz Ríos Patricia, “En pobreza, casados y con hijos, millones de menores mexicanos”, La Jornada, 28 de junio 2016.
[3] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.
[4] De la redacción, “Esfuerzos han sido insuficientes”, La Jornada, 13 de junio 2016.
[5] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.
[5] 12 de junio, día mundial contra el trabajo infantil, CNDH, 12 de junio 2016.
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