Legisladora presenta iniciativa
La diputada local por el partido Nueva Alianza en Tamaulipas, Erika
Crespo Castillo, presentó ante la diputación permanente, una iniciativa
para incluir el concepto de violencia política en la Ley para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres de
Tamaulipas.
La propuesta legislativa es para adicionar el inciso H y las fracciones I
a la IX del artículo 3 de la citada ley y establecer que: “La violencia
política, es toda acción u omisión basadas en elementos de género y
dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales,
que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.
La legisladora destacó la necesidad de legislar y conceptualizar la
violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén
en condiciones para desarrollarse en el ámbito político-electoral.
Al exponer el objeto de la iniciativa, la también Presidenta de las
Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso del estado,
dijo que en Tamaulipas y en México, todavía tenemos un largo camino por
recorrer para desterrar la violencia hacia las mujeres en todas sus
formas.
“En el espacio de la política mexicana, no existe todavía la igualdad
sustantiva ni se ha erradicado la discriminación hacia las mujeres en
cargos de poder: aún son cuestionadas en función de su papel de madres y
amas de casa; asimismo, su influencia en políticas públicas favorables a
ellas es insuficiente”, insistió.
La iniciativa, que recepcionó la diputación permanente para su análisis,
plantea los distintos actos que serán considerados violencia política.
Entre estos, cuando impongan por estereotipos de género la realización
de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su
cargo; asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la
limitación del ejercicio de la función político-pública y eviten por
cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o
designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad
de condición que los hombres.
También, cuando impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando
hagan uso de una licencia justificada; restrinjan el uso de la palabra,
en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones,
comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la
reglamentación establecida e impongan sanciones injustificadas,
impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.
De igual manera, se considera violencia política cuando discriminen a la
autoridad electa designada o en el ejercicio de la función
político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto,
divulguen o revelen información personal y privada de las mujeres
candidatas electas, designadas, o en el ejercicio de funciones
político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres
humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o
licencia al cargo que ejercen o postulan; y cualquier otro acto que
limite o restrinja la participación política de las mujeres.
Al presentar la iniciativa con el apoyo del Grupo Parlamentario del
partido Nueva Alianza, la diputada Erika Crespo dijo que la violencia
política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y
a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena
política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos,
aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de
dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio
ejercicio del cargo público.
Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden
integrar los consejos distritales o locales, de los organismos
electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes
de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
La legisladora local dijo que ante la falta de un marco legal especifico
en materia de violencia política en México, recientemente diversas
instituciones, elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres y este concepto se construyó a partir de las
leyes y convenciones internacionales.
En Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una
ley específica en la materia, mientras que en Costa Rica, Ecuador,
México y Perú, se han presentado iniciativas.
Por lo que se refiere a los estados de la república mexicana, señaló que
las leyes en materia de la violencia contra las mujeres de Campeche,
Jalisco y Coahuila ya cuentan con una definición de la violencia
política. Por su parte, el estado de Oaxaca, además de incluirla en su
ley de violencia, aprobó tipificarla.
Por: Rosa María Rodríguez Quintanilla, corresponsal
Cimacnoticias | Ciudad Victoria, Tamps.-
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