Abel Barrera Hernández*
La Jornada
En el macizo de la
Sierra Madre del Sur, donde por siglos ha campeado la pobreza, los
pueblos que resisten contra el infortunio se desangran por la violencia
criminal. La guerra fatídica contra el narcotráfico dejó una estela
sangrienta de 16 mil 359 asesinatos entre 2005 y 2015. El silencio de
los pueblos de la Tierra Caliente de Guerrero está marcado por el terror
impuesto por las organizaciones delincuenciales. Nadie se atreve a
romper las cadenas del oprobio. Las mismas autoridades municipales no
sólo han sucumbido ante el crimen organizado, también son víctimas de
sus pactos y complicidades inconfesables. Las principales plazas se
disputan dentro de las mismas zonas turísticas con cuernos de chivo. Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Chilapa y Ciudad Altamirano son ciudades copadas por el narco.
La clase política guerrerense consintió esta alianza pérfida que ha
colapsado a las instituciones de seguridad y justicia. El saldo trágico
de este primer semestre, con el debut del gobierno de Héctor Astudillo,
fue de mil 52 asesinatos, la mayoría con armas de fuego. En junio el
secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública
(SESNSP) registró 206 muertes violentas, es decir, 6.8 asesinatos
diarios. Acapulco cerró con 77 homicidios dolosos, 37.8 por ciento. Los
129 casos restantes se consumaron en 27 municipios. Chilpancingo reportó
33 asesinatos; Iguala, 22; Chilapa, 15, y Zihuatanejo, nueve.
La mayoría de los hechos violentos de Acapulco se focalizan en
colonias pobres como Renacimiento y Emiliano Zapata, la contracara de
Punta Diamante. El inframundo de los desplazados, donde las familias
sobreviven del ambulantaje y la población joven es clientela cautiva de
las bandas del crimen, que los contrata para el cobro del pisaje entre los pequeños comerciantes y los requiere como halcones o sicarios para defender a sangre y fuego los narconegocios.
La violencia y la pobreza condensan la tragedia de Guerrero. Acapulco
concentra el mayor número de personas en situación de pobreza, con 405
mil 499, es decir, 51.6 por ciento de la población total. Chilpancingo
ocupa el segundo lugar, con 122 mil 250 personas, cuyo porcentaje es
50.2. Chilapa de Álvarez, uno de los municipios más violentos del
estado, cuenta con 90 mil 173 habitantes en situación de pobreza, es
decir, 82.2 por ciento. Taxco de Alarcón tiene 72 mil 12, que representa
59.2 por ciento de su población. Zihuatanejo de Azueta registra 64 mil
303, siendo 53.6 por ciento de los habitantes. Los cinco municipios
concentran 33.1 por ciento del total de la población pobre del estado.
En medio de esta convulsionada realidad marcada por la violencia y la
grave crisis de derechos humanos, presentaremos este sábado 20 de
agosto nuestro informe titulado Pueblo indignado. Resistir con el corazón por delante.
Es el testimonio de la resistencia de un pueblo indoblegable que
mantiene viva la memoria de los crímenes del pasado, cuya lucha se
condensa en la búsqueda de verdad y justicia por los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa. Su movimiento se ha hermanado con las
familias de otras regiones del estado que han perdido el miedo y que
cada mañana salen con sus herramientas para desenterrar cuerpos, con la
esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos.
Las batallas de estas familias nacen de lo más profundo de su
corazón; por eso nadie los detiene, porque su tenacidad les ha permitido
ubicar fosas clandestinas donde han podido encontrar 145 cuerpos a lo
largo de 22 meses. Con esta tarea titánica dan la pelea para desmontar
las estructuras del poder que trabaja con el crimen organizado. La gran
contribución de los familiares de personas desaparecidas es socavar un
sistema anquilosado en la impunidad, cuyos cimientos ocultan una gran
cauda de crímenes atroces. Las familias y organizaciones sociales que
luchan contra un régimen basado en la mentira y en el uso de la fuerza
letal dan la pelea dentro de la misma Procuraduría General de la
República contra los cotos de poder que se mantienen incólumes para
defender los intereses de la macrocriminalidad. Por eso los padres y
madres de los 43 jóvenes desaparecidos no cejan en su demanda de que
Tomás Zerón de Lucio se vaya, porque es un obstáculo para avanzar en las
líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI).
La celebración de nuestro vigésimo segundo aniversario llega en un
momento crucial, cuando el Estado mexicano debe dar respuestas claras a
las víctimas y sus familias por los hechos del 26 y 27 de septiembre de
2014, quienes exigen al Estado la inmediata implementación del mecanismo
de seguimiento de las recomendaciones del GIEI.
Este escrutinio internacional pone a Guerrero en el centro de la
preocupación nacional por el patrón de impunidad que impera, por las
prácticas tan nefastas y tiranas con que gobiernan las autoridades y por
el manejo faccioso y mercantil que hacen de las leyes para criminalizar
a los luchadores y luchadoras sociales. Para nuestro estado este
escrutinio internacional es un mecanismo sin precedentes que puede
ayudar a derribar la mentira y franquear el muro de la impunidad.
Con el corazón en la mano miles de guerrerenses han salido a las
calles y han tomado la Autopista del Sol para contener esta barbarie
delincuencial, para desmantelar a los grupos del crimen organizado e
investigar a las corporaciones policiales y al Ejército sobre sus
vínculos con la delincuencia. Se han movilizado para emplazar a las
autoridades para que acompañen y protejan a las familias de las y los
desaparecidos en las búsquedas que realizan. Los pueblos en sus
asambleas han tomado la decisión de no permitir la entrada de las
empresas mineras y de hacer valer sus derechos colectivos, defendiendo
su territorio y sus bienes naturales. Se han solidarizado con las y los
maestros para exigir al gobierno que flexibilice su postura sobre la
reforma educativa que quiere implantar y que reconozca a la CNTE como
actor legítimo que tiene propuestas viables para alcanzar una reforma
que garantice a los pueblos pobres de México una educación gratuita y de
calidad. Las luchas se juntan como los ríos caudalosos de nuestro
estado y llevan la fuerza impetuosa de las organizaciones y familiares
que no dan tregua para que su fuerza desemboque en lo que hoy tanto
anhelamos: verdad y justicia para los 43 hijos del pueblo pobre de
Guerrero.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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