El próximo 26 de
septiembre se cumplirán dos años del que es, sin lugar a dudas, el
episodio más negro y doloroso vivido en la historia contemporánea de
nuestro país. La larga noche de Iguala dejó una huella indeleble en
miles de mexicanos, especialmente en las familias de quienes fueron
asesinados, heridos y desaparecidos. De entonces a la fecha, la
actuación del gobierno federal sólo deja en claro que busca eliminar
todo rastro de memoria colectiva al respecto. La “verdad histórica” de
Murillo Karam, ampliamente difundida en los medios de comunicación y
respaldada por el plagiador de Atlacomulco, pretendió imponerse en el
imaginario de la sociedad mexicana. A través de una avalancha de
mentiras, cuya soberbia y cinismo son la impronta de un modus operandi
aplicado también en contra de las diversas manifestaciones de
movilización social, buscó sepultar cualquier otra versión o línea de
investigación que pusiera en entredicho el libreto oficial. Éste se basó
en las supuestas evidencias y declaraciones de “sicarios” implicados en
el operativo contra los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”.
El objetivo principal fue, gradualmente, deslindar de toda
responsabilidad a los altos mandos militares y gubernamentales que
tuvieron conocimiento del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y
el equipo de futbol Los Avispones. Más aún: se trató de sembrar la
confusión acerca de la presencia de los normalistas en Iguala. Se pasó
de asegurar que estuvieron ahí para protestar contra José Luis Abarca,
entonces alcalde de esa localidad, a señalar que el operativo fue
orquestado y llevado a cabo por narcotraficantes al “confundir” a los
normalistas con una banda rival. Incluso se llegó a sugerir la
posibilidad de un vínculo directo de alguno de los normalistas
desaparecidos con el “crimen organizado” (argumento que, dicho sea de
paso, se desarrolló en el triste panfleto cinematográfico dirigido por
Jorge Fernández Menéndez). La tesis central de la “verdad histórica” es
que los normalistas, luego del operativo que bloqueó nueve puntos
cercanos a Iguala, fueron conducidos al basurero de Cocula y ahí se les
incineró en una gran pira.
Sin embargo, la movilización social
encabezada por los familiares de los 43 normalistas no sólo puso en
entredicho la versión oficial, sino que abrió la posibilidad de una
investigación seria, profesional y comprometida con la verdad que el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó pese a
la campaña de linchamiento en su contra. El GIEI generó a través de
entrevistas, búsqueda de archivos y actas declarativas dos informes en
torno al caso. El segundo informe es, por la ampliación de los
testimonios, y el acucioso contraste de éstos, la reconstrucción de los
hechos, la búsqueda y análisis de los expedientes, el documento más
importante en la batalla por la verdad y la justicia; asimismo, se trata
de un valioso texto que echa abajo, una a una, las tesis
institucionales. Por esa razón, puede comprenderse la furibunda campaña
contra el GIEI. El segundo informe muestra cómo, de manera sistemática,
mandos medios y altos de policías y militares de Guerrero han ocultado
información o mentido acerca de lo que sucedió el 26 de septiembre de
2014. Además, señala las contradicciones de la “verdad histórica” y pone
énfasis en la reconstrucción de los hechos que, durante horas,
ocurrieron en Iguala con participación de policías municipales,
estatales y efectivos del ejército. En otras palabras, deshilvana la
actuación del Estado mexicano, no sólo en torno al operativo del 26 de
septiembre, sino también en su posterior accionar durante las pesquisas.
El GIEI demostró que el cansado Murillo Karam y la gris Arely Gómez,
como representantes del gobierno federal y del Estado mexicano, han sido
los responsables de la estrategia institucional en torno a Ayotzinapa. A
lo largo de sus más de 500 páginas, el segundo informe del GIEI
desglosa no la incapacidad del gobierno plagiador de Peña Nieto para
resolver el caso, sino la obstrucción y la negativa del acceso a la
justicia. Es decir, desenmascara el objetivo primordial del gobierno
mexicano: el plan del silencio, el desprecio y la protección de los
responsables intelectuales y materiales del operativo. La actuación de
Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
es quizá la muestra más clara de dicha estrategia. Zerón se convirtió en
el brazo fuerte de Murillo Karam y fue, a la sazón, el artífice directo
de la “verdad histórica”; es acusado de ser el responsable de fincar
pruebas y obstruir otras investigaciones como el caso Paulette, y en lo
que respecta a Ayotzinapa por mentir deliberadamente sobre haber sido
acompañado por una escolta de la ONU al momento de realizar una
diligencia. [1] Su
reciente nombramiento a una esfera superior habla del peso que ejerce y,
sobre todo, de la importancia de cuidar la verdad que han construido
con mentiras.
El caso Iguala será, por siempre, la mancha de
sangre que hará recordar la administración de Enrique Peña Nieto. En
2006, como gobernador del Estado de México, el sino diazordacista del
alumno predilecto de la Universidad Panamericana salió a flote asumiendo
la responsabilidad de los acontecimientos en San Salvador Atenco; hoy
día la huella de Ayotzinapa lo persigue. Mientras se obstina en
silenciar los reclamos de justicia y en amortiguar, mediante remociones
en cargos y enroques en sus secretarías, el descontento social a través
del slogan que acuñó para su cuarto informe presidencial, “lo bueno casi
no se cuenta, pero cuenta mucho”, lo único cierto es que la herida de
Ayotzinapa sigue abierta. Con la campaña en los medios masivos de
comunicación, el plagiador de Los Pinos busca, en el fondo, imponer una
“verdad histórica” que “cuenta mucho”, pero la tenacidad de los
normalistas de Ayotzinapa, el incansable trajín de las madres y padres
de familia, y el dolor de los estudiantes asesinados, de los futbolistas
de Los Avispones y de miles de mexicanos generan un clamor que no
calla.
México no es el mismo desde el 26 de septiembre de 2014.
La rebelión del dolor que ahí se inauguró no cesa, por más que lo
intenten desde las esferas del poder político en México. Se cumplirán 24
meses, largos, sinuosos, sin nuestros compañeros. El movimiento social
de nuestro país, en sus más disimiles expresiones, tiene una nueva
oportunidad para no dejar solos a los padres, para cerrar filas y
generar la mayor discusión posible de una necesidad de cambio real en el
país. Estamos, como en el libro que narra la vida de nuestros
compañeros antes del fatídico 26 de septiembre, en La travesía de las tortugas; en la lenta marcha por la verdad, la memoria y la justicia que llegará pese al dolor. ¡Vivos los queremos!
Nota:
[1] Para un análisis al respecto, vale la pena la aportación de Ricardo Raphael “El infame ascenso de Tomás Zerón”, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/
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