Tomás Zerón de Lucio, extitular de la AIC. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- ¿Cuántos esqueletos caben en el
armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir
desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los
estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de
Investigación de la Procuraduría del Estado de México?
La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres
como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su
desaparición en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda
su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la
Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su
camita”.
¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la
Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios
Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México?
Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR.
Son sólo preguntas.
Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer
que Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de
octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos
enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre
cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente,
de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.
También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de
2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y
que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los
estudiantes desaparecidos.
De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza
humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada
de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho.
Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como
demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de
mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza.
Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la
cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de
la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer
para calmar los ánimos.
Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e
internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que
consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de
ocultamiento de información.
El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados
miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese
momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica”
sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de
septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una
quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de
aceleradores de fuego.
Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos
había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de
investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche
y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia
pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo.
El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión
despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27
Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se
convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos.
La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la
Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de
febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de
los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus
aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol
Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz.
Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado
priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27
Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin
asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún
validada por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos
de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era
velado.
La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al
PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo
logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto
ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la
oposición.
Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante
desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo
a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de
“la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército
que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que
supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio
Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y
aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más
reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”.
La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.
Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen
a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que
caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en
las fosas
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