Entre los recursos que aún se contabilizan para “atender” a las víctimas de violencia de género y para la formación y capacitación en género para funcionarios, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) subsiste bajo la amenaza de ser recortado por la Cámara de Diputados, sin que se hable de la urgencia de transparentar e involucrar a la sociedad en la rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos.
En su portal, el Instituto de Desarrollo Social da cuenta que el PAIMEF es para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas, hijos y personas allegadas; además de sus tres líneas de intervención como son: Institucionalización de la prevención y la atención, Prevención con la población en general, y Atención, a través de servicios de atención sicológica y jurídica.
Son las organizaciones feministas, las feministas, las que han dado la batalla para obtener los recursos para atender y prevenir la violencia, pero el impacto del ejercicio de esos recursos y su revisión del costo-beneficio, el perfil de quienes participan en los proyectos como profesionistas, las organizaciones o prestadores de servicio que realizan trabajo especializado, no ha sido supervisado ni evaluado y hay poca información en las páginas web de las IMEF sobre los concursos, convocatorias y licitaciones o adjudicaciones directas de estos recursos.
El riesgo es que se utilice la crítica que se ha hecho a la forma de ejercer los recursos en algunas entidades - que no en todas -en forma discrecional y sin resultados objetivos y concretos, para reducir los recursos. No. No se deben admitir recortes a los fondos para atender un problema prioritario y urgente para el país como lo es la violencia contra las mujeres.
Pero de la misma forma, es inadmisible que se autoricen los recursos sin que la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión no establezcan nuevas reglas de operación en los que se apueste por el uso eficiente, transparente, responsable y con objetiva y probada perspectiva de género.
Más aún, la sociedad, especialmente las mujeres, tenemos el derecho de exigir que las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas empiecen a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil feministas –de verdad- y no enlisten todas sus acciones y gastos con “organizaciones afines” a partidos políticos, a grupos religiosos o sin perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos para el ejercicio de los recursos.
Si las diputadas y diputados realmente quieren hacer algo positivo, deben eficientar el uso de los recursos con Reglas de Operación que obliguen a las Instancias de las Mujeres a rendir cuentas ante la sociedad civil organizada, especialmente y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Artículo 31, fracción XXII Recibir y evaluar de las organizaciones de la sociedad civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación) con organizaciones con trayectoria probada en defensa de los derechos de las mujeres.
No son los recortes, insisto, sino que cada peso –así fuera uno- que se ejerza en la atención de la violencia contra las mujeres no se utilice bajo criterios subjetivos, personales o de prejuicios, sino que se establezcan indicadores de trayectoria sujeta a escrutinio público de las organizaciones de la sociedad civil que ejecuten estos recursos en los proyectos.
¿Por qué insistir en esto? Porque la queja permanente en muchos estados es que se ejercieron esos pesos o muchos pesos, en proyectos que en papel –que todo aguanta- cumplen con el ejercicio, pero no abonan de ninguna forma -y la realidad así lo demuestra- a modificar la violencia que viven las mujeres de algunas entidades.
Al igual que el fondo de Transversalidad, urge que las Reglas de Operación consideren, reconozcan e incorporen el involucramiento de la sociedad civil representada por organizaciones defensoras de derechos de las mujeres.
Todavía recuerdo haber escuchado en una entidad, que una organización especializada en gerontología brindaba un Seminario de Comunicación y Sexismo, impartido por supuesto por una especialista en gerontología en cuyo currículo no había una sola referencia a esta temática. Y como ese, muchos ejemplos por todo el país.
Si lo que quieren es recortar como advierte su directora, Angélica Luna Parra, no sólo es eso lo que nos debe preocupar; nos preocupa más que se continúe ejerciendo –lo que quede- de la forma como se ha venido haciendo en muchas entidades en las que se las ingenian para resolver formatos y cumplir con auditorías. Pero la realidad sigue intacta con escasos cambios en algunas entidades donde sí se aplican criterios objetivos.
No es cosa menor, se trata de que las diputadas se asomen en ese rubro y apliquen mecanismos de auditoría ciudadana, rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, que se cumpla con ejecutar los recursos de verdad para y por las mujeres.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
Archivo CIMACFoto, Cimacnoticias | Campeche.-
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