La sociedad paga el precio por el asesinato de mujeres

Este es un artículo de opinión de Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres

Por Phumzile Mlambo-Ngcuka

Víctimas y deudos de mujeres víctimas de feminicidio reclaman acciones a Estados
 y sociedades latinoamericanas. Crédito: Juan Monseinco/IPS

NACIONES UNIDAS, (IPS) - ONU Mujeres está profundamente preocupada por la brutal violencia sexual y el asesinato de mujeres y niñas que ha sido recientemente señalada por las mujeres en Argentina y que repercute en toda América Latina y más allá. Esta es una forma de terror íntimo que ha sido normalizada en su magnitud y a través de la aceptación de su inevitabilidad en algunas partes. Pero no es normal y no puede continuar.

Más allá de los costos personales inaceptables, se revelan profundos y perjudiciales fallos de la sociedad que últimamente tienen un alto costo en la pérdida de progreso en cada país.

Unimos nuestras voces a todos aquellos que dicen “Ni una menos” y llamamos a acciones urgentes en todos los niveles, desde los gobiernos hasta las personas que impulsan cambios, para prevenir que no haya ni un solo asesinato más. La violencia contra las mujeres y las niñas debe parar.

Primero de todo, el reciente caso de femicidio de una adolescente en Argentina y el asesinato de una niña de 9 años en Chile no deben quedar sin castigo. Globalmente, la impunidad es un elemento clave en la perpetuación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Si los hombres pueden tratar a las mujeres tan mal como quieran con pocas o ninguna consecuencia, ello niega todos los esfuerzos para construir un mundo que sea seguro para las mujeres y las niñas y en el que ellas puedan florecer.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres. Crédito: Devra Berkowitz/ UN Photo

Globalmente, unas 60.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año, con frecuencia como una escalada de violencia doméstica. Estudios nacionales en Sudáfrica y Brasil estiman que cada seis horas una mujer es asesinada por su compañero íntimo. El hogar no es un refugio y es arriesgado para las mujeres denunciar a sus agresores. Salir al exterior también comporta peligros. Estudios recientes en Brasil indican que el 85 por ciento de las mujeres tienen miedo a salir a la calle. En Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, en torno al 90 por ciento de mujeres y niñas han experimentado alguna forma de violencia sexual cuando acceden al transporte público.

Como comunidad internacional hemos articulado fuertemente su espacio propio para una población pujante de mujeres y niñas, y las múltiples formas en que esto es mejor para todos. Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre de 2015 hasta la Nueva Agenda Urbana adoptada esta semana, está claro que debemos acabar con la violencia y prevenir su repetición. Ello requiere de leyes y políticas públicas, ciudades seguras, transporte público, mejores servicios y el compromiso de hombres y niños en la construcción de una cultura que acabe con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y que lleve al fin del femicidio.

El cambio debe suceder a muchos niveles, tanto en las estructuras culturales como físicas de nuestras sociedades. Trabajamos de cerca con la sociedad civil y el movimiento feminista, que han sido actores clave en la denuncia de la violencia, impulsando el cambio de políticas y proponiendo soluciones. Para recoger más información y apoyar el fin de la impunidad, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hemos desarrollado un modelo de protocolo que permite investigar este tipo de crímenes adecuadamente para acabar con la impunidad, además de identificar las brechas en la cadena de investigación para lograr prevenir los femicidios. Vamos a usarlo inicialmente para la investigación del femicidio en América Latina, donde el número de países con altas tasas de femicidio está creciendo. Estamos alineadas con la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres, sus causas y sus consecuencias, que ha llamado al establecimiento de un observatorio global de femicidio con un panel interdisciplinario de expertos para recolectar y analizar datos sobre femicidios.

Existen algunos progresos alentadores: en América Latina, 16 países —casi la mitad de los países en la región— han adoptado legislación para asegurar que el femicidio es adecuadamente investigado y castigado.

Esto debe ser una tendencia global. No es la responsabilidad de un solo sector, pero sí un esfuerzo colectivo y coordinado. Llamamos a que los gobiernos reconozcan la magnitud y las implicaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas, y se comprometan a recoger datos con los cuales cuantificarla y no sólo a proveer servicios para las sobrevivientes y víctimas, sino a incrementar sustantivamente una fuerte acción judicial para lograr el cierre de casos y las respectivas condenas; además de esfuerzos constructivos y creativos para prevenir y castigar todos los crímenes violentos contra las mujeres y las niñas.

A nivel mundial, el año pasado suscribimos el objetivo de igualdad de género y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Lograr esto no es solo el fin de una terrible violación de los derechos humanos, es la clave para la construcción de un mundo mejor y más equitativo —un planeta 50–50.