Derechos humanos & mujer
Página/12
| Críticas al informe del gobierno argentino ante un comité de la ONU sobre género. |
La presentación ante
el comité de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación
hacia las Mujeres fue cuestionada por las ONG que presenciaron el examen
en Ginebra. Los temas en debate: Milagro Sala, aborto, el protocolo que
bajó Vidal y violencia de género, entre otros.
Con respuestas
poco consistentes. Así fue la presentación argentina ante el Comité de
la ONU que monitorea la Convención sobre la Eliminación de la
Discriminación hacia las Mujeres, según la evaluación que hicieron
cuatro referentes de ONG, que presenciaron el examen en Ginebra, y
fueron consultadas ayer por Página/12, poco antes de regresar al país.
El Comité Cedaw (por su sigla en inglés) abrió su intervención con el
pedido del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de liberar de
forma inmediata a Milagro Sala y preguntó a las representantes del
Estado cómo se cumplirá con la solicitud. También le planteó a la
delegación oficial, encabezada por Fabiana Túñez, titular del Consejo
Nacional de las Mujeres, su preocupación por la implementación de
políticas regresivas, que signifiquen un retroceso en materia de
derechos humanos de las mujeres, travestis y trans y por la
discriminación persistente que sufren en el acceso a la justicia.
Además,
pidió al Estado que asegure la coordinación entre los niveles federal,
provincial y local en la implementación de leyes, programas y políticas
para enfrentar la violencia de género. Cuando le preguntaron sobre la
reciente decisión tomada por la gobernadora María Eugenia Vidal de dar
marcha atrás en la adhesión al protocolo nacional de aborto no punible,
Túñez no respondió. Y en relación a la aplicación de esa regulación en
el resto de las provincias, la funcionaria admitió dificultades y dijo:
“Es un desafío, lo reconocemos”. “Es problemático que el Estado
reconozca que tiene muchas dificultades para implementar el protocolo de
aborto no punible. Túñez dijo en varias oportunidades que las
provincias tienen autonomía.
Eso es preocupante porque no hay ninguna
organización política que justifique que no se cumplan esos derechos”,
observó Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de
Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, uno
de los organismos de control que junto con una amplia coalición de 18
ONG –entre ellas Cels, FEIM, ELA, Otrans, Cladem– presentaron informes
“sombra” sobre distintos ejes vinculados a los derechos humanos de las
mujeres, mujeres trans y travestis, para que el Comité Cedaw, tuviera
otra visión, distinta a la del informe del Gobierno. “En muchos casos el
Comité le pidió a la delegación oficial que diera respuestas concretas y
no ‘meras declamaciones’. Quedó en evidencia que la agenda de derechos
humanos de las mujeres en Argentina es una deuda pendiente”, comentó la
abogada Edurne Cárdenas, del Cels. El lunes el Estado argentino rindió
cuentas sobre las políticas que garantizan los derechos de las mujeres,
travestis y trans ante las 23 expertas del organismo, en el examen
periódico –cada 4 o 5 años–, que pasan los países que ratificaron la
Convención Cedaw. Las recomendaciones del Comité –observaciones
en la jerga de la ONU–serán publicadas el 21 de noviembre.
“Hubo mucho
énfasis puesto en la implementación del Plan Nacional contra la
violencia de género y las respuestas fueron muy acotadas”, analizó
Malacalza. “Llamó mucho la atención que no haya respuestas concretas en
áreas sensibles como salud, trabajo, acceso a la tierra y al agua. En
algunos casos, se vio que la delegación no tenía idea de los temas. Es
preocupante que la conformación del equipo que fue no pudiera dar
respuesta”, opinó Milena Páramo, de Cladem, organización regional que
articula a personas y organizaciones feministas de América latina y el
Caribe. “Túñez hizo una presentación institucional del CNM, separada de
otras áreas del Estado. Habló de las 169 acciones previstas en el Plan
Nacional contra la violencia de género. Pero el tema de pobreza de
ninguna manera se puede trabajar desde el CNM, un organismo con escasa
jerarquía, que no puede interferir en la política económica. Falta a la
verdad cuando dice que se va a solucionar el problema de la pobreza,
cuando las políticas económicas del Gobierno la fomentan, como ya lo
hemos vivido”, agregó. Páramo observó además que cuando una de
las expertas le preguntó a Túñez sobre las 3000 niñas que se convierten
en madres cada año en el país, la respuesta fue que habían intervenido
en el caso de Juana, la niña-wichi embarazada tras una violación en una
zona rural de Salta, a quien se le había negado un aborto no punible y
terminó la gestación forzada con un parto prematuro de feto
anencefálico.
“Dio respuestas por un caso pero no por el problema
general. Esa fue una constante. Pareciera que la problemática se va a
enfrentar a partir de dar respuesta a lo más crítico de lo más crítico.
Es la vuelta al paradigma de la focalización”, advirtió Páramo. En
otros casos, siguió la referente de Cladem, las integrantes de la
delegación oficial “faltaron a la verdad”. Por ejemplo, cuando se les
preguntó sobre las estrategias que tiene el Estado para que la
prostitución no sea la única opción de vida para mujeres trans y
tavestis, Túñez aseguró que podían acceder al programa Ellas Hacen, pero
luego Claudia Vázquez Haro, de Otrans, señaló que en realidad no todas
las que solicitan su incorporación pueden ingresar y además, con los
3000 pesos que otorga el programa –menor al costo de una canasta básica–
“no soluciona el problema del acceso al trabajo para el colectivo
trans”. “Muchas preguntas dejaron sin respuesta o no fueron precisas”,
coincidió Vázquez Haro y destacó que las expertas de Comité “fueron al
hueso, y repreguntaron”.
Otros puntos analizados: - Aborto:
El Estado reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa
de muerte materna en la Argentina, pero no dio información sobre
acciones concretas para evitarlas, dijo no tener datos oficiales sobre
cuántos de los abortos contemplados por la ley se realizan, ni cifras
sobre prácticas clandestinas. El Comité de la Cedaw invitó a legislar
para no penalizar a las mujeres que abortan. El Estado también dijo que
era un desafío la implementación efectiva del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. - Mujeres, travestis y trans privadas de libertad:
El Estado reconoció que no cumple las reglas internacionales de
tratamiento de personas detenidas, como las Reglas Mandela y las Reglas
de Bangkok. - Violencia de género: El Comité resaltó la importancia del paro de mujeres convocado por Ni Una Menos y preguntó por acciones concretas.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-313320-2016-11-03.html
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