La tortura; castigar la transgresión

   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

Cuando se cometen actos de tortura hay distintas motivaciones. En los casos de detenciones de mujeres sobre quienes pesa una acusación o se presume la comisión de un delito, el fin de la tortura es castigar la transgresión al estatus quo del sistema patriarcal, cimiento de la estructura de género, y por eso suele tener características de extrema saña y busca quebrar el cuerpo y la dignidad.

En la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQR00/002/2016/1) emitida para el caso de una mujer que fue detenida por el presunto asesinato de su pareja, se asienta que hubo irregularidades que desembocaron en su sentencia a 25 años de prisión, pero una de las características más preocupantes son los hechos de tortura de los que fue víctima y presenta condiciones que merecen ser analizadas a profundidad.

Una de las garantías dentro del nuevo sistema penal acusatorio (juicios orales) es que –como señala el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)– “regula el proceso y fortalece garantías constitucionales y establece salvaguardias para prevenir la tortura y los malos tratos, incluyendo: el acceso y comunicación confidencial con un abogado desde la detención; el derecho del detenido a notificar a familiares, a tener un examen médico, a ser informado de sus derechos y hechos que se le imputan”.

El CNPP considera la creación del Juez de Control para fiscalizar la legalidad de la detención, y la sana crítica en la valoración de la prueba, y esta etapa fue planeadamente evitada, pero durante este tiempo la detenida fue sometida a una serie de vejaciones justamente permitidas por esos vericuetos del sistema inquisitivo actual.

En su informe, el relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, sostuvo que “lamenta que el CNPP mantenga la autorización al Ministerio Público para detener sin autorización judicial en casos urgentes de delitos graves, definidos ampliamente como los que llevan prisión preventiva oficiosa o una pena promedio mayor de cinco años de prisión”.

En el caso de Reyna, la mujer sentenciada en Quintana Roo, los actos cometidos superan en mucho lo documentado por la propia recomendación, y por oficiosidad el juez tendría que haber recomendado la investigación paralela de los delitos de tortura, pero hasta ahora no se ha abierto tal línea de investigación ni siquiera por una autoridad federal como la PGR, que tendría que tomar conocimiento de este delito, de existir instrucción del juez.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tendría que iniciar con la constancia de la denuncia pública de los hechos de tortura, la investigación y el acompañamiento para la reparación del daño, que en este caso posee ya una recomendación y contribuiría a atender los efectos del daño físico que presenta Reyna.

En el video de la entrevista citada por el juez, utilizado en su contra, se observa a Reyna con la mano vendada resultado de las lesiones que aún presentaba, además de que se queja de múltiples dolencias derivadas de las posiciones –con las manos sujetas hacia atrás, esposadas– como fue obligada a permanecer, según su testimonio.

Pero lo que Reyna ha compartido con una mirada baja y callada, con temor, son las palabras que le fueron dichas una y otra vez, palabras que –dice– “me dolieron mucho, me hicieron sentir muy mal porque yo no soy así”, y que la acompañaron a lo largo de las horas en las que fue retenida y “paseada” en tanto se obtenía la orden de aprehensión.

Los detalles más profundos de los tratos inhumanos, crueles y degradantes son muy amplios y seguramente con la aplicación del Protocolo de Estambul se documentarán con mayor detalle, y tendrán que encararse con responsabilidad para establecer las sanciones correspondientes.

Pero lo que es evidente es que como en todos los casos en los que las mujeres son señaladas como responsables de algún delito que transgrede la norma del “deber ser femenino”, no sólo es la detención sino que el castigo viene acompañado de un proceso aleccionador que bien podría identificarse dentro de las “fraternidades patriarcales”.

La saña, las obscenidades, los insultos, el trato humillante, el intentar quebrar su cuerpo y su dignidad con palabras que se referían a su condición de migrante, de mujer indígena y de ascendencia afro, estuvieron en el proceso pero formó también parte de la ofensa durante su detención ilegal.

Si en este caso se preguntan cuál fue el objetivo de la tortura, como en muchos que se cometen contra las mujeres, tiene el propósito de aleccionar y castigar por la transgresión, y el castigo dependerá también de la norma quebrantada, o un estatus patriarcal se vea amenazado, y sin duda, intentar defenderse de la violencia de género constituye la más grande transgresión.

No. No es casual que mujeres como Reyna Gómez, Yakiri Rubio, el caso de Gaby Medina, que intentó hacer una vida lejos de su controlador y violento ex esposo, y muchas otras que están detenidas en las cárceles por delitos cometidos, tengan el antecedente de hechos de tortura, particularmente aquellos que transgreden la norma de la sumisión y la obediencia frente al agresor, y por supuesto no pueden faltar las acusadas y sentenciadas por “homicidio en razón de parentesco”, o por otras estructuras de género confrontadas.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista AC

Por: Argentina Casanova*

Cimacnoticias | Campeche.-

Tenencia de la tierra, escurridiza para mujeres latinoamericanas

Por Marianela Jarroud 

Blanca Molina muestra unos guisantes orgánicos recién cosechados en uno de los cuatro invernaderos que construyó con sus manos en su pequeña finca familiar en Villa Simpson, en la región de Aysén, en el sur patagónico de Chile. Crédito: Marianela Jarroud /IPS

SANTIAGO, 12 abr 2016 (IPS) - Las mujeres rurales de América Latina enfrentan aún graves dificultades en la tenencia de la tierra, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad, pese a su peso creciente en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
“Las mujeres son el grupo de personas con la mayor condición de vulnerabilidad frente al tema de la tenencia de la tierra”, confirmó a IPS la especialista Soledad Parada, asesora de Género de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la capital chilena.
Añadió que “durante largo tiempo, todas aquellas actividades que se han realizado para mejorar la situación de la tenencia de la tierra, en general, no han tomado en consideración a las mujeres”.
Como consecuencia de ello, “las mujeres acceden a la tierra ya sea por herencia o porque le fue asignada a través de alguno de los programas que ha habido de reforma agraria”, pero en todos los casos, “han salido perjudicadas”, precisó.
Como en otras regiones en desarrollo, la agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos en América Latina, y son las mujeres las que aportan cerca de la mitad de lo que comen los 600 millones de habitantes de la región.
Se estima que la región acoge a unas 58 millones de mujeres que viven en el campo. Pero “la inmensa mayoría de la tierra, en el caso de los productores individuales, está en manos de hombres”, dijo Parada.
“Solo entre ocho y 30 por ciento de la tierra está en manos de las mujeres”, detalló, lo que significa que únicamente entre esos porcentajes, las mujeres “son productoras en el sentido económico”. El país con más mujeres a cargo de explotaciones es Chile (30 por ciento), seguido de cerca por Panamá, Ecuador y Haití. El que menos Belice (ocho por ciento) y poco mejor República Dominicana, El Salvador y Argentina.
Otro estudio de la FAO, realizado solo en un puñado de países de la región en 2012,  señala que el porcentaje de mujeres propietarias de tierras alcanza 32 por ciento en México, 27 por ciento en Paraguay, 20 por ciento en Nicaragua y 14 por ciento en Honduras.
Las mujeres propietarias, además, poseen en general los predios más pequeños y las tierras de menor calidad,  tienen menos acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación.
“A 98 por ciento de la gente que trabaja en asistencia técnica no se le ocurre visitar a mujeres”, aseguró a IPS el especialista en tenencia de la tierra Sergio Gómez, consultor de la FAO.
Más aún, dijo, “todos los procesos formales deben tener la firma del hombre, si no, la visita no vale, pues la propiedad está a nombre de él”.
La brecha de género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como la preferencia masculina en la herencia, los privilegios de los hombres en el matrimonio, la tendencia a favorecer a los varones en la distribución de la tierra por parte de las  comunidades campesinas e indígenas y también de los programas estatales de redistribución.
A esto se suman los sesgos de género en el mercado de tierras.

Aura Canache, ante un establo de ovejas, en su pequeña finca ganadera de menos de una hectárea a 130 kilómetros de Caracas, en la región agrícola de Barlovento, en el centro costero de Venezuela. La dificultad de acceso al crédito hace que todos sus ingresos vayan a sostener su explotación de menos de una hectárea. Crédito: Estrella Gutiérrez/IPS

Las mujeres, por todos esos hándicaps, “han quedado explícitamente afuera”, de la propiedad de la tierra, aseveró Parada.
En México, por ejemplo, las mujeres de las zonas rurales trabajan  89 horas semanales, mientras que los hombres lo hacen solo 58, una situación que se repite en la región. Pese a ello, casi 40 por ciento de esas mujeres no tienen ingresos propios, mientras que solo 14 por ciento de los hombres están en la misma condición.
Esta desventaja se agravó en los últimos años, cuando la región experimentó un aumento considerable en el porcentaje de explotaciones agropecuarias a cargo de mujeres.
En este proceso de feminización del campo, Chile está a la cabeza de los países latinoamericanos y caribeños, con 30 por ciento de sus explotaciones agrícolas a cargo de mujeres, seguido por Panamá (29 por ciento), Ecuador (25 por ciento) y Haití (25 por ciento).
Los países en los cuales hay un menor número de explotaciones agropecuarias a cargo de las mujeres son Belice (8 por ciento), República Dominicana (10 por ciento), El Salvador (12 por ciento) y Argentina (12 por ciento).
Parada explicó que en las últimas décadas, muchos países de la región realizaron modificaciones legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mayor y mejor equidad.
Es el caso de Nicaragua, donde existe una ley especial de asignación de tierras para mujeres.
“En otros países se ha avanzado en la legislación, en términos de poner como condición que si una persona es casada sean ambos cónyuges los que tienen que quedar a cargo de la tierra, y que se necesita la autorización de uno u otro para realizar cualquier transacción”, precisó.
Sin embargo, los avances no han sido suficientes, principalmente debido a que los derechos efectivos a la tierra toman en cuenta no solo el aspecto legal, sino también el reconocimiento social de estos derechos, ámbito en el que persiste la desigualdad.
“Todo esto tiene consecuencias tremendas”, enfatizó Parada.

Las manos laboriosas de Ivania Siliézar, con las semillas mejoradas de frijol cosechadas en su parcela de tres hectáreas en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador. Gracias a estas semillas criollas ha logrado duplicar su producción. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“El hecho de que la tierra esté mayoritariamente a nombre de los hombres, especialmente en la agricultura familiar, en la pequeña agricultura, significa una barrera tremenda para que las mujeres puedan acceder a otros tipos de beneficios”, señaló.
La chilena Alicia Muñoz, lideresa de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), aseguró a IPS que el derecho a la tenencia de la tierra “ha sido una de las luchas más largas y grandes que hemos dado”.
“Buscamos que se reconozca el trabajo de las mujeres, porque son ellas las que lideran en el campo, en la agricultura familiar campesina. El acceso a la tenencia de la tierra es un reclamo, una exigencia de siempre de las mujeres campesinas”, afirmó.
Para Muñoz, este es un “tema cultural” que enfrentan los países de la región y que, hasta ahora no tiene solución.
De esta forma, pese al trabajo por acortar la brecha de género en los distintos países latinoamericanos, “en agricultura, son los hombres los que hablan por las mujeres”, aseveró.
En ese contexto, Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, impulsadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para facilitar el diálogo y la negociación, plantean como uno de los principios de aplicación el tema de la igualdad de género.

En concreto, el documento aprobado en 2012 dentro del organismo intergubernamental, sostiene que los estados deberían asegurar que las mujeres y las niñas tienen los mismos derechos de tenencia y acceso a la tierra con independencia de su estado civil o situación marital.

Asimismo, señala que los estados “deberían considerar los obstáculos concretos que encuentran las mujeres y las niñas con relación a la tenencia y a los derechos asociados a la misma y tomar medidas para garantizar que los marcos jurídicos y de políticas, proporcionan una protección adecuada a las mujeres, así como la aplicación y el cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos de tenencia de las mujeres”.
Y es que para el CSA, es esencial garantizar la participación de las mujeres en todos los procesos de adopción de decisiones, así como el acceso de ellas, en condiciones de igualdad, a la tierra, el agua y otros recursos naturales.
Sin embargo, para que esto se concrete, es necesario promover la presencia de las mujeres en las negociaciones, “ya sea desde el estado o desde quienes se ponen de acuerdo para aplicar las Directrices. Y ahí la FAO tiene un papel que jugar”, señaló Parada.
Coincidió Muñoz, y señaló que tanto “los gobiernos de turno como la FAO, tienen que promover la participación de las mujeres, de lo contrario seguiremos igual”.
“Nosotras amamos la tierra y la naturaleza, somos muy concretas y responsables. El conocimiento de la agricultura familiar campesina está en las mujeres, son ellas las que le ponen el hombro al campo. Ya es tiempo de que se las reconozca”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez

Una victoria abolicionista más

   MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*

Este artículo lo dedico a una larga lucha de las feministas abolicionistas francesas y, especialmente, a la memoria de Denis Pouillon Falco, quien murió antes de ver la culminación de su lucha.

El pasado 6 de abril, la Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley que promueve la igualdad de género, pero se constituye como un duro golpe al sistema prostitucional, ya que hace visible el lado de la demanda y la sanciona y, de conformidad con el sistema abolicionista, no permite ninguna sanción a las mujeres en situación de prostitución.

Con la aprobación de esta ley, el Modelo Nórdico se extiende ya en 10 países –Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Guatemala, El Salvador y un estado de los Estados Unidos (Nueva York)–, pero lo que aún es más importante, con esta ley se culmina una larga lucha feminista y abolicionista iniciada y liderada por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres-Internacional (CATW, por sus siglas en inglés) en Francia y el resto de Europa.

CATW encabezó esta lucha en Francia en los años 90 con el apoyo de la organización feminista y abolicionista más antigua de ese país: La Unión contra el Tráfico de Seres Humanos, fundada en 1926. Denis Pouillon Falco respaldó esta lucha desde los años 80, lo que apoyó la fundación de CATW en 1988.

Malka Marcovich, como su asistente, siguió su trabajo por más de 20 años hasta que se convirtió en integrante del Consejo Directivo de la CATW y directora regional para Europa.

En Francia, Denis y Malka, junto un grupo de valientes feministas abolicionistas: Marie-Victoire Louis, Maya Surdutz, Sabine Salmon y Wassyla Tamzali, entre algunas otras, así como organizaciones feministas que fueron pioneras de esta lucha en Francia, y por escribir innumerables informes e iniciativas de ley que hoy se culmina con la visibilización y sanción a la demanda, por la lucha contra la impunidad.

Esto sucedió mucho antes de que algunas organizaciones abolicionistas aceptaran sumarse a la lucha feminista en 2012.

Y seríamos desleales si en esta ocasión en que celebramos esta victoria en Francia, no conmemoráramos las luchas de nuestras ancestras y de quienes abrieron camino por más de 20 años, que hoy se han visto coronadas con el triunfo.

Y cobra mayor importancia si recordamos que fue justamente Napoleón III, quien instauró por primera vez en el mundo el sistema reglamentarista, en los tiempos del higienismo, para proteger a los compradores de sexo de no ser contagiados por las “malas mujeres” de enfermedades venéreas, hoy infecciones de transmisión sexual. 

En la lucha feminista de esta histórica ley, recordamos todas las contribuciones hechas por las feministas francesas y también por parlamentarias y parlamentarios que asumieron el riesgo de sumarse a la lucha abolicionista:

*Christophe Careshe, quien elaboró el primer borrador de la ley junto con Malka Marcovich, en 2002.

*El primer informe sobre prostitución fue escrito por la senadora Dinah Deryck, en el año 2000, para la Comisión sobre los Derechos de las Mujeres.

*El segundo informe fue escrito por Adeline Hazan, presidenta y Malka Marcovich, relatora, en 2002, para el Ministerio de los Derechos de las Mujeres y la Comisión sobre Violencia contra las Mujeres, que se tituló “Prostitución como violencia contra las mujeres”. Este informe derivó en el Congreso de Nantes, donde se discutió ampliamente el tema de la prostitución y el papel de los proxenetas y la demanda de sexo de paga.

*En 2006, Danielle Bousquet, Christophe Careshe y Malka Markovich escribieron otra iniciativa de ley que tampoco fue presentada al Parlamento. En esa ocasión también participó Gunilla Ekberg, una de las anteriores directoras ejecutivas de CATW-Internacional.

*En 2007, Laurence Rossignol incluyó en el Programa del Partido Socialista (PS), para la elección presidencial, con la asesoría de Malka Markovich, la sanción a la demanda de prostitución.

*La Comisión del Parlamento sobre Prostitución, encabezada por Danielle Bousquet, del PS, y Guy Geoffroy, de UMP, se estableció en 2009 bajo el impulso de Malka Markovich, quien siempre pensó que era un error que sólo el PS se involucrara en esta lucha. Malka junto con Sabine Salmon, de la Organización Mujeres Solidarias, en 2006, compartieron la lucha por lograr que todos los partidos políticos franceses conjuntamente se sumaran a su demanda.

*El informe se aprobó hasta 2011, justo después de que las organizaciones civiles Fundación Scelles y el Movimiento El Nido se sumaron a la lucha por la sanción a la demanda.

Y yo me pregunto: si sabemos que el general Lázaro Cárdenas es el único presidente abolicionista que ha tenido nuestro país y que le debemos a Concepción Uranga, feminista abolicionista pionera en México, que él haya adoptado ese sistema, ojalá nuestro gobierno no sólo importara de Francia el modelo de la Gendarmería, sino también el Modelo Nórdico.

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Imagen retomada del sitio argentina.indymedia.org

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Garantizan seguridad alimentaria, pero mujeres carecen de tierras

   En AL, sólo entre 8 y 30 por ciento tienen predios agrícolas

Blanca Molina muestra unos guisantes orgánicos recién cosechados en uno de los cuatro invernaderos que construyó con sus manos en su pequeña finca familiar en Villa Simpson, en la región de Aysén, en el sur patagónico de Chile

Las mujeres rurales de América Latina (AL) enfrentan aún graves dificultades en la tenencia de la tierra, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad, pese a su peso creciente en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

“Las mujeres son las personas con la mayor condición de vulnerabilidad frente al tema de la tenencia de la tierra”, dijo a IPS la especialista Soledad Parada, asesora de Género de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la capital chilena.

Añadió que “durante largo tiempo, todas aquellas actividades que se han realizado para mejorar la situación de la tenencia de la tierra, en general, no han tomado en consideración a las mujeres”.

Como consecuencia de ello, “las mujeres acceden a la tierra ya sea por herencia o porque les fue asignada a través de alguno de los programas que ha habido de reforma agraria”, pero en todos los casos “han salido perjudicadas”, precisó.

Como en otras regiones en desarrollo, la agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos en AL, y son las mujeres las que aportan cerca de la mitad de lo que comen los 600 millones de habitantes de la región.

Se estima que en AL unos 58 millones de mujeres viven en el campo, sin embargo, sólo entre 8 y poco más de 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas.

Según un estudio de la FAO, realizado en seis países de la región, el porcentaje de propietarias mujeres alcanza 32 por ciento en México, 27 por ciento en Paraguay, 20 en Nicaragua, y 14 por ciento en Honduras.

Las mujeres propietarias, además, poseen los predios más pequeños y las tierras de menor calidad, y tienen menos acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación.

“A 98 por ciento de la gente que trabaja en asistencia técnica no se le ocurre visitar a mujeres”, aseguró a IPS el especialista en tenencia de la tierra Sergio Gómez, consultor de la FAO. Más aún, dijo, “todos los procesos formales deben tener la firma del hombre, si no, la visita no vale, pues la propiedad está a nombre de él”.

La brecha de género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como la preferencia masculina en la herencia; los privilegios de los hombres en el matrimonio; la tendencia a favorecer a los varones en la distribución de predios por parte de comunidades campesinas e indígenas, y también de los programas estatales de redistribución. Se suman los sesgos de género en el mercado de tierras.

Las mujeres, por todas esas trabas, “han quedado explícitamente afuera” de la propiedad de la tierra, aseveró Parada.

En México, por ejemplo, las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, mientras que los hombres lo hacen sólo 58, una situación que se repite en la región. Pese a ello, casi 40 por ciento de esas mujeres no tienen ingresos propios, mientras que sólo 14 por ciento de los hombres están en la misma condición.

Esta desventaja se agravó en los últimos años, cuando la región experimentó un aumento considerable en el porcentaje de explotaciones agropecuarias a cargo de mujeres.

En este proceso de feminización del campo, Chile está a la cabeza de los países de AL y el Caribe, con 30 por ciento de sus explotaciones agrícolas a cargo de mujeres, seguido por Panamá (29), Ecuador (25) y Haití (25 por ciento).

Los países en los cuales hay un menor número de explotaciones agropecuarias a cargo de las mujeres son Belice (8 por ciento), República Dominicana (10), El Salvador (12), y Argentina (12 por ciento).

Parada explicó que en las últimas décadas, muchos países de la región realizaron modificaciones legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mayor y mejor equidad. Es el caso de Nicaragua, donde existe una ley especial de asignación de tierras para mujeres.

“En otros países se ha avanzado en la legislación, en términos de poner como condición que si una persona es casada sean ambos cónyuges los que tienen que quedar a cargo de la tierra, y que se necesita la autorización de uno u otro para realizar cualquier transacción”, precisó.

Sin embargo, los avances no han sido suficientes, principalmente debido a que los derechos efectivos a la tierra toman en cuenta no solo el aspecto legal, sino también el reconocimiento social de estos derechos, ámbito en el que persiste la desigualdad.

“Todo esto tiene consecuencias tremendas”, enfatizó Parada. “El hecho de que la tierra esté mayoritariamente a nombre de los hombres, especialmente en la agricultura familiar, en la pequeña agricultura, significa una barrera tremenda para que las mujeres puedan acceder a otros tipos de beneficios”, señaló.

La chilena Alicia Muñoz, líder de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), aseguró a IPS que el derecho a la tenencia de la tierra “ha sido una de las luchas más largas y grandes que hemos dado”.

“Buscamos que se reconozca el trabajo de las mujeres, porque son ellas las que lideran en el campo, en la agricultura familiar campesina. El acceso a la tenencia de la tierra es un reclamo, una exigencia de siempre de las mujeres campesinas”, afirmó.

Para Muñoz, este es un “tema cultural” que enfrentan los países de la región y que hasta ahora no tiene solución. De esta forma, pese al trabajo por acortar la brecha de género en los distintos países latinoamericanos, “en agricultura, son los hombres los que hablan por las mujeres”, aseveró.

En ese contexto, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, impulsadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para facilitar el diálogo y la negociación, plantean como uno de los principios de aplicación el tema de la igualdad de género.

El documento aprobado en 2012 por el CSA sostiene que los Estados deberían asegurar que las mujeres y las niñas tienen los mismos derechos de tenencia y acceso a la tierra con independencia de su condición civil o situación marital.

Asimismo, señala que los Estados “deberían considerar los obstáculos concretos que encuentran las mujeres y las niñas con relación a la tenencia y a los derechos asociados a la misma, y tomar medidas para garantizar que los marcos jurídicos y de políticas proporcionan una protección adecuada a las mujeres, así como la aplicación y el cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos de tenencia de las mujeres”.

Y es que para el CSA es esencial garantizar la participación femenina en todos los procesos de toma de decisiones, así como el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a la tierra, el agua y otros recursos naturales.

Sin embargo, para que esto se concrete, es necesario promover la presencia de las mujeres en las negociaciones, “ya sea desde el Estado o desde quienes se ponen de acuerdo para aplicar las directrices. Y ahí la FAO tiene un papel que jugar”, señaló Parada.

Coincidió Muñoz y señaló que tanto “los gobiernos de turno como la FAO, tienen que promover la participación de las mujeres, de lo contrario “seguiremos igual”. “Nosotras amamos la tierra y la naturaleza, somos muy concretas y responsables. El conocimiento de la agricultura familiar campesina está en las mujeres, son ellas las que le ponen el hombro al campo. Ya es tiempo de que se les reconozca”, concluyó.

*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.

Foto: Marianela Jarroud/IPS

Por: Marianela Jarroud

Cimacnoticias/IPS | Santiago, Chile.-

El llamado a la ternura

¿Qué haría una sin sus amigas/os? Esas personas caleidoscópicas que nos ayudan a pensar la vida.

María Teresa Priego

lasillarota.com

Su voz llega, como un murmullo a mitad de la noche.  “¿Estabas dormido?”. “No”. Conversan. Cayetana mira una palmera en la penumbra. Le gusta la naturaleza despeinada de las palmeras.  Esta es la ciudad de sus orígenes. La ciudad de la que salió huyendo. La ciudad amada. La ciudad imposible. Mira por la ventana y afuera está una laguna, pero podría ser el mar.  Le cuenta a su amigo de las arenas movedizas. 

“Cuatro esquinitas tiene mi cama”, Juan Soriano. Colección Blaisten.

 Esa sensación –por momentos- de mirar alrededor y no reconocer lo que alguna vez supo de memoria.  Lo que siente que le exigen que aún sepa de memoria. Lo que fue y lo que se supone que fue.  Esas “verdades” que pareciera que una está obligada a compartir, y que no comparte. Es muy probable que muchas de ellas no las haya compartido nunca. La inmensa dificultad para aceptar las diferencias hacia adentro de una familia. Las inmensas diferencias. Hay lenguajes construidos con alfabetos remotísimos. Lenguajes encallados. Aguas que se estancan. Una manía oscura de no preguntar, de dar por hecho que todos saben de todos, que todos “conocen” muy bien a todos. No hay mejor manera de no saber nada del otro, que jurar que una sabe. Tan reductor y tan cómodo.
Cada cuadra. Cada esquina. Una cambia. Tantas ciudades, tantas calles van sustituyendo los nombres de las calles de los orígenes, y regresar es navegar en un barquito entre las imaginarias lealtades y las imaginarias traiciones. “¿Estás bien, chiquita?". “Sí”.  Esa voz de su amigo en el teléfono. La amistad. Los llamados de la ternura. La alegría de esa voz  que la regresa a su elecciones fundamentales. Cada vez que visita la ciudad de los orígenes es como si la vastedad del mundo desapareciera.  “No es lo mismo la memoria, que ser los galeotes del pasado. Oh, no. No es lo mismo”, se dice Cayetana desde su Faro secreto en las ciudad de las calles que se inundan.

“Soy un experto en arenas movedizas”, le dice su amigo. “Y tengo una técnica contra ellas”. “¡No me digas!”. “Toma un elástico irrompible y muy largo, ata un extremo alrededor de una ceiba y el otro te lo amarras alrededor de la cintura. Todo es cosa de jalar el elástico cuando sientas que se te hunden los pies”. “Buenísimo, ¿es un elástico invisible?”. “Sólo tú puedes verlo”. Cayetana piensa que los amigos siempre tienen las mejores propuestas justo en el momento necesario. Por eso nos son tan entrañables. Tan indispensables. Tan únicos. ¿Cuál sería esa ceiba a la que una ata su elástico irrompible? ¿Cuál, sino el amor y la amistad? “Voy a atar mi elástico al sonido de tu voz y a tus palabras”. “Con toda confianza”.

¿Qué haría una sin sus amigas/os? Esas personas caleidoscópicas que nos ayudan a pensar la vida. A ordenarla. Esas personas con las que una comparte las pasiones elegidas. Las que nos recuerdan por el sólo hecho de existir como existen y de hablar como hablan, a esa que una ha querido y quiere ser en la vida. La cotidianidad y sus encantos. “Ya está la exposición de Soriano, se abrió con una conversación entre Marek y Elena Poniatowska”. A Cayetana le hubiera encantado escuchar a la pareja de Soriano hablando del amor de su vida.

Cayetana apunta en su cuaderno de tapas rojas: Juan Soriano. Abre su calendario del regreso a esa otra realidad. Las comidas de los martes y los viernes con sus amigas feministas. Los pasos de su hijo en el tapanco. Los colibríes en su balcón. Las visitas de su hijo mayor y de su nuera. La bufanda que aún conserva el olor de su hijo que está lejos. Las librerías de viejo. Sus cafés y su tamal de chipilín en el Fondo de Cultura Económica con su astrónomo preferido. Sus plantitas. Su colección de muñecas. Sus clases de yoga. Sus expediciones al centro de la ciudad con ese amigo de memoria impresionante, que es para ella como su particular cronista de la ciudad. Las causas que la conmueven y la mueven.
 

“Niñas jugando”, Juan Soriano, Colección Blaisten.

El elástico irrompible existe. ¿Cómo no lo había pensado así? Desde la caminadora mira las fascinantes convenciones de iguanas y siente –mientras suda como el Mantequilla Nápoles- que todo es cosa de sostener esa continuidad que se le resquebraja a veces. “Cinco kilómetros, dale”. Esa continuidad complejísima entre aquel “nosotros” –con todas sus  negadas diferencias y sus asegunes- y este “nosotros” que no puede vivirse ya sino desde el “yo” de cada uno, diferenciado y respetuoso. Con todas las dudas que ese “yo” puede provocar hacia adentro de una/o misma/o.

Cierra las puertas del gimnasio para que el viento no le llegue.  Está sola. Sudar como en un baño de vapor. Le gusta. Le da paz. Sudar los dolores. Sudar los malentendidos. Sudar todo lo que se edita, se niega, lo que tendría que llegar hasta las palabras y expresarse, pero no va a pasar. Nadie conoce las palabras exactas para nombrar, nadie las tiene. Podrían intentar encontrarlas entre todos, pero las reglas hacia adentro de los “clanes” son claras: está prohibido buscarlas. Mejor ser galeotes del pasado, que nombrar.

¿Cómo la negación y el silencio podrían ser las mejores elecciones? Quién sabe. Es una elección muy misteriosa, pero recurrente. Quizá es una manera de mantener vivos los fantasmas, seguir colgados de ellos. Chapotear en los malentendidos para sostener el oscuro litigio. ¿Y por qué nutrir los fantasmas? Quién sabe. ¿Será porque son una costumbre tan larga que parecería el abismo prescindir de ellos? Piensa en ese espacio de libertad que es para ella el Museo de Arte Moderno. Está Soriano. El infinito del arte que estalla las fronteras, que nos sana las claustrofobias, que nos libera de los encierros y sus vértigos. “Hay un más allá de las columnas del non plus ultra”, pensaba cuando era niña. Vaya si lo hay.

Los “clanes” cargan sus nudos neuróticos, se cierran sobre ellos mismos.  Nudos como escondidos en una nuez. Las nueces tienen – también y por supuesto- sus atractivos, sus generosidades. A veces podemos actuar como ardillitas fascinadas por la nuez. Encerrarnos. Olvidar que las vastedades del mundo existen y reunirnos a cascar y cascar hasta el infinito y más allá las dudosas “delicias” del nudo neurótico.  O tantito peor que sólo “neurótico”.  Los discursos de amor-odio. “Cinco kilómetros, dale. Suda tus dolores”. Cayetana mira su elástico que sólo ella puede ver y que la ata a sus ceibas preferidas.

Y así vamos casi todas/os por el mundo. Con nuestro elástico invisible atado a tantas formas del amor, a sus realidades y a sus promesas. Sin los llamados de la ternura, sin las/los amigas/os, ¿cómo podría una pensar la vida? ¿Cómo? “Cinco kilómetros, dale. Eres una suertuda. El mundo es vastísimo. La vida es vastísima. Que nada te regrese al fantasma de las columnas del non plus ultra.” “Gracias por el elástico, don Gorilo, voy a soñar bonito”.  Cayetana soñó con una pintura de Juan Soriano, una bellísima pintura de una niña que duerme rodeada de ángeles.

@Marteresapriego
@OpinionLSR

La maestra despedida y el “twerking”

En los días posteriores a Semana Santa, cientos de jóvenes mujeres y hombres se congregan principalmente en las playas para tomar sus vacaciones divirtiéndose con sus pares, a diferencia de la semana anterior que es opción vacacional para actividades familiares.

Conocidos como “spring breakers”, algunos vacacionistas nacionales y extranjeros se trasladan masivamente a algunas playas mexicanas para tomar unos días de esparcimiento y algunas de sus actividades son calificadas como excesos, pues sin duda en ocasiones hay consumo de sustancias legales e ilegales que acompañan la diversión, aunque no en todos los casos.

Clarissa es una mujer de 24 años de edad, maestra sonorense que este año decidió vacacionar en Cabo San Lucas con algunas amigas. Entre las actividades que realizó, estuvo su participación en un concurso de baile, el cual ganó recibiendo un premio de 260 dólares.

Mientras ella bailaba al aire libre, muchos teléfonos celulares apuntaban hacia ella para registrar en video su actuación. De inmediato los videos del concurso empezaron a circular por redes sociales, llegando a ojos de personas que la conocían en su lugar de residencia en Ciudad Obregón, Sonora, donde labora como maestra de Inglés en un colegio particular.

Como reacción inmediata, al tener conocimiento la directora del instituto tomó la decisión de despedirla sin haber algún motivo laboral, aduciendo que padres de familia se habían quejado por su comportamiento y que habían solicitado su destitución.

Fue llamada a la dirección del plantel, donde sin que la escuela haya asumido la responsabilidad del despido, la persuadieron de firmar su renuncia, haciéndola sentir como si hubiera cometido algún ilícito por haber formado parte de esa gran fiesta de “spring breakers” que se realiza simultáneamente en varias playas de México.

Días después, madres y padres del mencionado colegio se manifestaron públicamente solidarizándose con la maestra Clarissa y advirtiendo que harían huelga de pagos si no era reinstalada, pues es una excelente profesora, y una muy preparada y reconocida profesionista.

Desmintieron a la dirección escolar, pues nadie de los padres había pedido que la despidieran, descubriéndose que había sido una decisión de la directiva, según dijeron.

Aunque nunca lo han dicho claramente, el escándalo se suscitó por el tipo de baile. Clarissa bailó “twerking” o “perreo”, un baile actual del que existen cientos de videos tutoriales en YouTube, puesto de moda por la cantante Miley Cyrus hace ya algunos años.

Consiste en bailar o seguir el ritmo prácticamente sólo con los glúteos. Por lo tanto, no es fácil bailar “twerking”. Se necesita mucho dominio del cuerpo, mucha condición física y practicar ejercicio constante, y Clarissa lo tiene.

Miley Cyrus creó un estilo en el que las partes del cuerpo femenino que siempre han sido escondidas, tapadas por la ropa, salen a relucir en cuanto ella aparece en el escenario.

Para cantar, ella se sienta en el piso con sus piernas hacia el frente, flexionadas y completamente abiertas mientras su vestuario es prácticamente ropa interior. Otra posición muy característica de ella es con sus glúteos hacia el público, piernas abiertas, moviéndolos al ritmo de las canciones, mientras se detiene con las manos en el suelo del escenario.

Ante las canciones rítmicas ella baila con su parte posterior del cuerpo, independizando los glúteos y moviéndolos al ritmo de la música siempre volteados hacia el público. Cyrus evolucionó hacia un baile que hoy día se aprende en gimnasios y academias de baile, conocido como “twerking”. No cualquiera lo puede practicar, por todo lo que implica.

Y justo “twerking” es lo que bailó la maestra Clarissa, mientras decenas de celulares la grababan y se subía a redes sociales el registro de su participación que la hizo divertirse, compartir sus habilidades y ganar más de 250 dólares.

El movimiento corporal de ese baile puede molestar, o resultar incluso grotesco para algunas personas; se puede calificar como “erótico” o “impúdico”, tal como ocurrió con el baile hoy normalizado que forma parte de las rutinas de gimnasios y se conoce como “pole dance”, antes practicado sólo por bailarinas “exóticas”. Ya no escandaliza y lo practican mujeres diversas.

A Clarissa le están cobrando el “pecado” del que además no se arrepiente. No por un delito ni por falta a sus obligaciones laborales. Ella no estaba en su horario como docente. Se encontraba de vacaciones, divirtiéndose, disfrutando de un viaje solventado económicamente por ella misma.

No hay manera de sustentar su despido. Lo que sí hay es conservadurismo y sexismo, creencia de que las vidas de las mujeres son propiedad de otros. Hay también reprobación moral al tipo de baile.

Pero el castigo más grande es el atrevimiento a ser dueña de su propia vida. A ser una mujer soltera que se divierte exactamente como ella quiere. A Clarissa le han violado varios derechos, entre ellos la estabilidad en el empleo por el despido injustificado.

Por ello hace unos días reflexionaba en las redes sociales sobre el hecho de que Clarissa es una mujer de su tiempo: profesionista, independiente, autónoma, dueña de su tiempo, responsable y con un físico que irradia salud.

¿Mató a alguien? No. ¿Robó? No. ¿Secuestró? No. ¿Torturó a alguien? No. ¿Desapareció a alguien? No. ¿Abusó sexualmente de alguien? No. ¿Obligó a participar a alguien en su diversión? No. ¿Qué es lo que no le perdonan? ¿El tipo de baile, o que siendo mujer y joven tome sus propias decisiones sobre SU vida?

Si no hay reinstalación para ella, será un pésimo ejemplo para reafirmar que las mujeres tienen que ser vigiladas en sus vidas privadas y tuteladas para tomar decisiones.

Si se permite que ella salga de la escuela por capricho o por desaprobación de lo que ocurrió a cientos de kilómetros de la escuela, en pleno periodo vacacional, cualquier mujer podrá ser echada y violados sus Derechos Humanos laborales si toma decisiones en su vida privada, tan cotidianas como el divorcio, o vivir en unión libre con su pareja, por ejemplo.

Este abuso de poder de la dirección de la escuela es más nocivo de lo que parece y es una especie de veredicto inquisidor, más que otra cosa.

Twitter: @mujersonora

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
  Especial

Por: Silvia Núñez Esquer*

Cimacnoticias | Sonora.- 

Se desvalorizan aportes de mujeres campesinas en Chiapas

   Ellas mantienen identidad campesina y producción agrícola

Si bien la agricultura tradicional de Amatenango del Valle –comunidad indígena tseltal de la región de Los Altos, en este estado de Chiapas– figura como un componente importante en la estrategia de subsistencia de las unidades de producción familiar, se requieren otras actividades para mantenerla, y en ellas las mujeres están posicionándose como líderes, dice Lesly Maldonado López, egresada de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En su tesis de maestría “Mujeres: barro y maíz. Estrategias de subsistencia de la agricultura tradicional de Amatenango del Valle”, explica que las mujeres participan directamente en el sostenimiento de la agricultura tradicional mediante la obtención de ingresos monetarios generados por su actividad productiva como alfareras, y que con los recursos económicos que obtienen pueden tener acceso a los insumos requeridos para el tipo de agricultura practicado en la comunidad.

Asimismo destaca que con el empleo de su fuerza de trabajo en tareas como el riego, la siembra de frijol, la cosecha de elote, maíz y frijol, y el manejo postcosecha, no sólo generan un ahorro en los costos de producción, sino que mantienen la identidad campesina de toda la unidad de producción familiar.

Las mujeres de Amatenango, además de participar de manera importante en dos actividades base de la economía campesina –la agricultura y la alfarería– tienen a su cargo el mantenimiento y cuidado del huerto familiar; la elaboración de bordados tradicionales; el cuidado y mantenimiento de los animales de traspatio; las actividades comunitarias como los comités de escuela e iglesia; la recolección de leña destinada principalmente a las actividades productivas, y la venta y promoción de la alfarería.

En comparación con los hombres, ellas llevan a cabo una triple jornada compuesta por actividades productivas, reproductivas y comunitarias.

Dentro de las actividades reproductivas están la alimentación (selección, elaboración y distribución de alimentos); el cuidado de la salud y el cuidado afectivo de niñas, niños, personas adultas mayores y enfermas; las labores domésticas; la transmisión de la lengua y la cultura; el aprovisionamiento de insumos para las necesidades de la familia en la vida diaria, como el agua y la leña; el cuidado de animales domésticos, de los sistemas naturales y los bienes comunes; y la preservación de los saberes y la biodiversidad.

Muchas de las estrategias de subsistencia como la economía familiar, la cohesión social, la transmisión de conocimientos y la identidad cultural, pueden llevarse a cabo gracias a las mujeres.

Sin embargo, como actoras sociales han visto limitadas las oportunidades de ejercer sus capacidades debido a las relaciones desiguales que las coloca en una posición en las que no se valora la importancia de todas las tareas que llevan a cabo para mantener la vida.

Desde la perspectiva de la egresada del Ecosur, si bien la participación femenina en la vida campesina de Amatenango varía en función de diferencias de carácter social, las alternativas de las mujeres siguen estando asociadas a instituciones permeadas por las desigualdades de género, como la tenencia y extensión de la tierra; el acceso diferenciado a los recursos y tecnologías; la composición de la unidad familiar; la no valorización del trabajo no remunerado, y la participación social condicionada de las mujeres en ámbitos públicos y comunitarios.

La tesis enfatiza que las mujeres en Amatenango han reconfigurado sus formas de organización social, adquiriendo un rol de mucha importancia, pues su participación es efectiva, tangible e imprescindible, y que el papel que han adquirido puede generar efectos de carácter multiplicador (como el refuerzo de la identidad campesina, las formas de organización comunitarias, y la revalorización de los trabajos reproductivos) en la familia, la comunidad y la región, siempre y cuando se reconozca su aporte al conocimiento, a la identidad, y a la economía familiar.

Por: la Redacción

Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 

¿De qué hablamos cuando hablamos de femicidio?

Daniela Cáceres Pérez

El Desconcierto

NO + FEMICIDIOS. Pero la verdad es que a diferencia de lo que esas personas piensan, ese crimen no corresponde a la figura penal de femicidio, y si a cualquier mujer residente en este país la asesina su pololo o es atacada sexualmente y posteriormente asesinada por desconocidos, tampoco será tipificado y castigado penalmente como tal.Entonces, ¿A qué apunta esta figura penal? La discusión sobre la tipificación y alcances de este delito pareciera no ser tema en el debate público -político institucional-, a pesar de que la cifra de femicidios en los últimos años no ha disminuido y de hecho se ha estabilizado.

Estamos recién comenzando el cuarto mes del año y ya contamos 12 femicidios a la fecha, una cifra no sólo alarmante también subrepticia. El Crimen de la joven de 17 años asesinada y enterrada en el patio del colegio hace algunas semanas atrás fue tipificado penalmente como homicidio y el Sename presentó una querella contra el principal inculpado por el asesinato de la adolescente. Cabe preguntarse ¿Por qué no el Sernam?, de hecho, llama la atención que las personas apostadas a las afueras de la fiscalía protestando por lo que a su ver fueron una serie de negligencias amparadas en la indolencia del Estado, levantaban consignas como: NO + FEMICIDIOS. Pero la verdad es que a diferencia de lo que esas personas piensan, ese crimen no corresponde a la figura penal de femicidio, y si a cualquier mujer residente en este país la asesina su pololo o es atacada sexualmente y posteriormente asesinada por desconocidos, tampoco será tipificado y castigado penalmente como tal.

Entonces, ¿A qué apunta esta figura penal? La discusión sobre la tipificación y alcances de este delito pareciera no ser tema en el debate público -político institucional-, a pesar de que la cifra de femicidios en los últimos años no ha disminuido y de hecho se ha estabilizado. Bien podría señalar el Sernam que los números que aparecen en su portal web demuestran lo contrario, sin embargo, el conteo que se lleva a cabo desde el 2008 a la fecha es una sistematización de datos insuficiente y poco clara, ya que los primeros registros, antes de la promulgación de la ley, contabilizaban crímenes sin la información exacta sobre la relación vinculante entre víctima y victimario, incluyendo casos que por sus características no serían incluidos en los años venideros, esto no sólo puede llevar a la percepción errada de la disminución del femicidio, sino que además dificulta su comprensión en términos de los alcances del concepto.

Pero más allá de los números, vamos al concepto en sí, el Femicidio se conoce en Chile a grandes rasgos como el asesinato de las mujeres en manos de sus parejas, significado más bien cercano a su connotación penal, sin embargo, el concepto que principalmente utilizan las organizaciones feministas es Feminicidio. La diferencia entre ambos, más allá de moverse en el registro del lenguaje, es interesante de ser abordada, ya que la palabra femicidio por ejemplo, no existe en la Rae y carece de la sustancia política que si tiene el concepto feminicidio. Este último, incorporado en el 2014 en la Rae, se hace cargo de una historia de relaciones asimétricas de poder entre los géneros y con ello de la violencia que han sido y son víctimas las mujeres. Con este sentido, Diane Russell lo utilizó en el primer tribunal de crímenes contra mujeres en Bélgica en 1976 y en la actualidad es definido por la ONU como “la mayor causa de muerte y discapacidad de las mujeres, especialmente de aquellas que tienen entre 16 y 44 años”. El Femicidio en cambio, como una variación del concepto genericidio, alude al asesinato constante personas del mismo género, en este caso de mujeres, y como ya sabemos, es el que es utilizado en Chile como figura penal.

Cuando en el 2007 la palabra femicidio comenzó a instalarse en la opinión pública de nuestro país, fundamentalmente a través del conteo realizado por los noticiarios de las muertes de las mujeres en manos de sus parejas, dicha práctica no era casualidad, ya que por esos años la moción que proponía el femicidio como figura penal se gestaba en la cámara de diputados de la mano de la diputada Adriana Muñoz y otras/os parlamentarias/os. Instalar el concepto generó resistencias, por ejemplo, una editorial del diario el Mercurio en el 2007 señalaba el equívoco de generar una figura penal para denominar este tipo de delitos como femicidios considerando que ya teníamos figuras penales para ello, indicando: “La muerte de un ser humano causada por otro-sea la víctima hombre, mujer, adulto, niño o anciano-debe siempre ser castigada, y para ello existe y ha existido el delito de homicidio” (Editorial el mercurio, agosto 2007). O sin in ir más lejos, la misma diputada Muñoz señalaba en el seminario: “femicidio en Chile tipificar para erradicar” [1], como este proyecto generaba resistencias en la discusión parlamentaria, tanto por “rigidices académicas y tradiciones jurídico legislativas” o simplemente por no ser considerado necesario, en los dos ejemplos expuestos podemos ver como se invisibiliza la variable género como un móvil de la violencia con resultado de muerte.

No obstante, la ley 20.480 que tipifica el femicidio como figura penal, sin duda, marca un precedente para Chile y tiene impacto en la semántica pública y política, existiendo un antes y un después respecto a la visibilización de la muerte de las mujeres en manos de sus parejas, muy a pesar de que el concepto va mucho más allá, y la ley cual paradoja no le hace justicia. Cuando en el 2007 se diseñó el proyecto de ley que tipifica el femicidio como figura penal, en primera instancia, lo que se propuso a grandes rasgos fueron dos mociones refundidas que apuntaban a modificar el artículo 391 del código penal y el decreto de ley sobre libertad condicional de 1925, en síntesis: sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito. En ese momento, el proyecto de ley tenía una marcada posición pro–mujer, es decir, pretendía visibilizar la violencia de género más allá de la ley de violencia intrafamiliar, problemática para la que ya existía legislación vigente. En términos generales, lo que el proyecto proponía era modificar la norma del parricidio; incorporando conceptualmente el tipo femicidio, como todo asesinato en que la víctima sea cónyuge, conviviente o cualquier mujer con la que el agresor está o haya estado ligado por alguna relación afectiva, asumiendo la perspectiva de género como el marco de estas situaciones de violencia, cabe destacar que además disminuía las posibilidades de aplicar atenuantes, y eliminaba la posibilidad de acceder a la libertad condicional a quienes hayan sido sancionados previamente por violencia intrafamiliar (BCN, historia de ley N° 20.480).

Si bien no era una legislación integral y especializada en el femicidio propiamente tal, y en consecuencia no cubría la problemática en su totalidad, dado que los asesinatos de mujeres por causa de género no sólo tienen como contexto la relación de pareja (tenemos el claro ejemplo de los asesinatos de Ciudad Juárez en México o Alto Hospicio en Chile) al menos si la visibilizaba. Situación que con el paso del tiempo, tras la discusión parlamentaria y las diversas modificaciones que se fueron introduciendo en el clásico tira y afloja de los proyectos de ley, en el 2010 bajo el gobierno de Piñera, cuando la ley se promulgó cambió. De esta manera, el femicidio se convirtió en una ley que pasó de tener un enfoque pro-mujer a tener un enfoque pro-familia, desintegrando el sentido político inicial para terminar reproduciendo la estructura social machista que en un principio se pretendía denunciar. Uno de los cambios desde mi punto de vista más notorios y gravitantes en el contenido de la ley, es el abordaje de la relación vinculante entre víctima y victimario, ya que se agregan a las expresiones vinculantes contenidas en el parricidio “ quien es o haya sido cónyuge o conviviente” y no se incluyen relaciones de pololeo o de vinculación no formal, lo que acerca la ley al campo simbólico de la familia y al resguardo de la mujer en tanto madre-esposa, de hecho, por motivo de economía de palabras no profundizaré más acá sobre esto, pero invito a leer el proyecto de ley y repasar los argumentos presentes en el debate legislativo del diputado Sabag o de María Angélica Christi, entre otros. Es más, cuando la ley estaba ad portas de su promulgación, Carolina Schmidt, la ministra del Sernam de la época señalaba:

“El Sernam se abocará especialmente a todos los temas relativos a la prevención de la violencia intrafamiliar y a asegurar que las víctimas sean defendidas, sobre todo se enfocará con mucha fuerza en la problemática de las mujeres y los niños, que son las mayores víctimas de este flagelo que, como un cáncer, destruye a la familia y a nuestra sociedad”

Este es el enfoque que ha primado en el tratamiento político institucional hacia el femicidio, y razón por la cual pareciera que el concepto resulta mucho más pertinente que feminicidio.

Cabe preguntarse entonces, para qué generar una ley sobre la base de modificaciones sobre otras leyes vigentes y que además no dista una gran diferencia del parricidio. Y la verdad es que en el escenario global actual, después de que la conferencia de derechos humanos celebrada en Viena, tematizó la violencia de género como una grave una violación a los derechos humanos y en consecuencia diversos organismos supranacionales instaron a los Estados a trabajar en materia de prevención y erradicación de esta, el femicidio por supuesto, se convirtió en uno de los tópicos sobre los cuales trabajar y rendir cuentas al mundo. Pese a esto, damos cuenta que una ley de estas características no basta.

Por eso, no es coincidencia que hoy las organizaciones feministas sigan denominando feminicidio los asesinatos de mujeres, independiente de si el asesino fue su “pareja formal”, tampoco es extraño que los noticiarios aborden los femicidios desde el morbo y la superficialidad, investigando el perfil femicida para llegar generalmente a un caso de rasgos psicopáticos y víctima de la obcecación pasional, invisibilizando una vez más la problemática de la violencia de género, ambas prácticas en absoluta coherencia con el uso la ley del femicidio. En este contexto, la conservadora discusión parlamentaria sobre el aborto, el maltrato a las mujeres de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres por parte de fuerzas especiales cuando paradójicamente estas denunciaban el femicidio frente a la moneda en la misma semana de la conmemoración del día de la mujer y el patético enfoque que tienen los medios para cubrir estas noticias, todo esto, tiene una relación.

Hoy tenemos una la ley que impacta en la sociedad chilena visibilizando el asesinato de mujeres y cuestiona livianamente las estructuras patriarcales que sostienen la violencia presente cotidianamente en nuestras vidas, en la casa, en la calle o en el parlamento. La ley del femicidio pareciera ser más bien una adaptación del parricidio a los tiempos actuales, en una escenario en que la familia nuclear ha ido paulatinamente dejando de ser la unidad familiar básica y lo que es peor, los homicidios de mujeres por causa de género, siguen en la cifra negra, porque de estos no tenemos listas.

Actualmente, cuando los gobiernos sienten haber cumplido la tarea, al promulgar una ley y “hacerse cargo del problema”, las mujeres siguen muriendo por ser vulneradas.

Nota:

[1] Organizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres y la abogada Patsilli Toledo.

Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/04/08/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-femicidio/#_ftnref1

Enfrenta a tu agresor en defensa propia, salvo si eres una mujer golpeada

Amy Goodman y Denis Moynihan

Democracy Now!

Cherelle Baldwin tiene suerte de estar viva. Su expareja la agredió en reiteradas ocasiones. Fue atacada por él en su propio hogar, se defendió y a consecuencia de ello fue a prisión. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, afecta a millones de personas cada año, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a mujeres. Cuando las víctimas se defienden, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas: primero por su agresor y luego por parte del sistema de justicia penal. Las mujeres de color se encuentran en una situación particularmente vulnerable, como lo demuestra claramente el caso de Cherelle Baldwin.

Cherelle Baldwin conoció a Jeffrey Brown en Connecticut en 2010, cuando ella tenía diecinueve años de edad. Poco después tuvieron un hijo. Brown se tornó agresivo y para 2013, la pareja se había separado. Según documentos que obran en poder de la justicia, Brown había amenazado a Baldwin en repetidas oportunidades, le había quitado tarjetas de crédito y dinero y la atacaba cuando iba a visitar al hijo de ambos. Finalmente, Cherelle obtuvo una orden judicial que prohibía las amenazas, el acoso y las agresiones durante las visitas, pero Brown siguió amenazándola a través de mensajes de texto. El 18 de mayo de 2013, le envió más de una docena de amenazas vía mensaje de texto, dos de los cuales decían “D.O.A. on sight” (sic), en referencia a la sigla que se usa en inglés para nombrar el ingreso a un hospital de una persona ya fallecida.

El automóvil de Brown estaba estacionado muy cerca de la casa de Charelle. Cuando ella se dio cuenta, él ya estaba en su dormitorio. Brown la golpeó, la estranguló y la azotó con un cinturón. Ella huyó de su casa en camisón, descalza y sin lentes. Corrió hacia su auto. Su abogado defensor, Miles Gerety, explicó en “Democracy Now!”: “Chocó con su automóvil contra un muro de cemento. Se despertó al lado del auto sin saber qué fue lo que realmente pasó porque experimentó amnesia retrógrada”. Lo que sucedió luego no queda claro. Baldwin tenía una pierna rota a causa del accidente. La policía encontró a Jeffrey Brown atascado entre el automóvil y el muro, muerto. Según Gerety, todavía tenía alrededor de la mano el cinturón que había utilizado para azotar a Baldwin.

A pesar de estar herida y a pesar de las órdenes de restricción que la amparaban, a pesar de la cantidad de mensajes de texto amenazantes que Brown le había enviado, Cherelle Baldwin fue acusada de asesinato en primer grado y enviada a la prisión de máxima seguridad de Connecticut con una fianza fijada en un millón de dólares. Después de un juicio que se extendió durante seis semanas, once de los doce miembros del jurado votaron a favor de absolverla, pero un integrante del jurado se opuso y en consecuencia, el juez declaró el juicio nulo. La fiscalía solicitó un nuevo juicio e insistió en que se mantuviera la misma fianza increíblemente alta. Baldwin continuó presa.

La semana pasada, en su segundo juicio, Baldwin fue absuelta de todos los cargos. Aún así, pasó casi tres años en prisión. Su único delito fue no lograr reunir el monto de la fianza. En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a los tribunales una carta en relación con el problema de encarcelar personas de bajos recursos que no pueden pagar multas o fianzas. Entre otras cosas, la carta dice: “Una fianza que se fije sin tomar en consideración la situación económica del acusado puede resultar en la encarcelación de las personas no porque representen una amenaza para la seguridad pública ni porque exista el riesgo de que escapen, sino más bien porque no pueden hacer frente al monto fijado para la fianza”.

El caso de Baldwin es similar a otro que captó mucho más la atención de los medios de comunicación. Corría el mes de agosto de 2010. En Florida, Marissa Alexander, también afroestadounidense y madre de tres hijos, estaba siendo amenazada en su propio hogar por su esposo, del que se encontraba separada. Marissa se defendió con un disparo de advertencia dirigido al techo, efectuado con una pistola para la que tenía habilitación. El marido huyó, llamó a la policía y Marissa fue arrestada. Se la acusó de agresión agravada, fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión.

En su defensa, Marissa Alexander intentó ampararse en la ley de defensa propia de Florida, que habilita a enfrentar al agresor. La fiscal de su caso, Angela Corey, actuó también en la causa abierta contra el vigilante blanco George Zimmerman por matar al joven de diecisiete años de edad Trayvon Martin en Sanford, Florida. Zimmerman tuvo éxito al invocar esa ley de defensa propia, pero Alexander no. La docente de derecho de la Universidad Estatal de Ohio Michelle Alexander comparó los casos de Marissa Alexander y George Zimmerman en “Democracy Now!”: “[El caso de Marissa] es un claro ejemplo de la aplicación discriminatoria de la ley de defensa propia. En este caso tenemos a una mujer que dispara al aire para defenderse de lo que considera un esposo violento y termina consiguiendo 20 años de prisión, mientras que George Zimmerman es liberado sin castigo tras haber perseguido y matado a una persona basándose en estereotipos raciales y suposiciones de criminalidad”.

Marissa Alexander ganó posteriormente una apelación, pero al enfrentarse a la posibilidad de pasar 60 años en la cárcel tras un nuevo juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implica una condena equivalente al tiempo de prisión ya cumplido más dos años de arresto domiciliario. En este momento, transita el segundo de esos dos años.

Volviendo a Connecticut, Cherelle Baldwin intenta, a paso lento pero seguro, rearmar su vida junto a su hijo de cuatro años de edad. Cherelle y Marissa son solo dos de las 12,7 millones de personas que cada año en Estados Unidos sufren agresiones físicas, violaciones o acoso por parte de sus parejas. Esta crisis que afecta a todo el país, al igual que otros temas relacionados, como la encarcelación masiva y la discriminación racial dentro del sistema de justicia penal, merecen atención pública, especialmente este año en que nos encontramos de cara a una nueva elección presidencial.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Peligra derecho al aborto legal en Buenos Aires

   Avala Poder Judicial restricciones a la interrupción del embarazo

Grupos civiles de Argentina alertaron que peligra el derecho al aborto legal reconocido desde 2012 en la capital Buenos Aires, luego de que la Cámara de Apelaciones presentó recursos legales que dan pie a un protocolo en la materia, calificado por activistas de “restrictivo e inoperante”.

En un comunicado, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) informó que la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires reviró un fallo de 2012 que interpusieron organizaciones sociales, y que establecía como inconstitucional la intervención del gobierno de la ciudad en materia de aborto legal.

Las activistas recordaron que en 2012 el gobierno de Buenos Aires dictó la Resolución 1252 sobre acceso al aborto legal, en la que pedía requisitos que limitaban este derecho, como la intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario cuando una mujer, niña o adolescente necesitaba el procedimiento, así como la necesidad del permiso del hospital donde se practique.

Además, la Resolución ponía como límite gestacional las 12 semanas y el consentimiento de la madre y el padre de la menor de edad para realizar el aborto.

Por esas limitantes, ese año activistas promovieron un amparo colectivo contra el gobierno de Buenos Aires, a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de tales requisitos, que calificaron de “arbitrarios”.

Obtuvieron el amparo y se dictaron dos medidas cautelares y un fallo en primera instancia, además de que se implementó un sistema de apoyos sanitarios que garantizaban el acceso al aborto legal de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial.

No obstante, la Tercera Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo y Tributario revocó la decisión de primera instancia “sin tratar el problema de fondo”.

ELA explicó que la Sala hizo una interpretación “errada” de las normas vigentes y de la jurisprudencia, además de que ignoró el amparo constitucional para proteger los derechos de las mujeres.

Por lo que, afirmó, “el tribunal viola la garantía de tutela judicial efectiva de quienes solicitan la protección de sus derechos a la vida, la salud, la integridad, a partir del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”:

ELA destacó que las medidas cautelares siguen vigentes y que los servicios de salud deben garantizar el acceso al aborto legal sin trabas burocráticas ni entorpecimientos, tal como lo establece el “Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

Por ello, grupos civiles como la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y ELA presentaron otro recurso que revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones, y que se espera sea concedido para que el caso pueda llegar al Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial del país sudamericano.

De no fallar a favor de los grupos civiles, se retirarían las medidas cautelares y entraría en vigor la cuestionada Resolución 1252, lo que –aseguraron– compromete seriamente la responsabilidad del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a decidir de las mujeres.
  

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Vietnam: por primera vez, una mujer encabeza el Parlamento

   Un paso más en el reconocimiento de la igualdad de género

El empoderamiento de las mujeres en Vietnam tiene hoy como nuevo rostro a Nguyen Thi Kim Ngan, electa presidenta de la Asamblea Nacional, primera vez que una mujer ocupa el cargo en los más de 70 años de historia del órgano legislativo.

Su presencia en ese puesto es significativa también porque se trata de una promoción al desempeñarse anteriormente como vicepresidenta del Parlamento en esta nación del sudeste asiático.

En el tema del empoderamiento femenino, Vietnam puede ser un país diferente de otros porque el papel jugado por las mujeres en la lucha de liberación avala su capacidad para aportar a cualquier causa y de ahí su reconocimiento social.

Esa historia tiene capítulos no sólo en los tiempos modernos, sino también en los antiguos.

Aquí se recuerda como si fuera un acontecimiento reciente la insurrección encabezada por las Hermanas Trung (Trac y Nhi) contra los invasores de China, pero se trata de un suceso de hace mil 76 años.

Con el país independiente, la formación y trayectoria político-laboral de Kim Ngan ilustra cómo se avanza en lo referido a la equidad de género, aunque todavía una meta, al reflejar las oportunidades de superación y participación disponibles en una nación en desarrollo y en su caso, una ciudadana que el 12 de abril de 1975 cumplió 21 años, días antes de la reunificación de la patria.

Nacida en la comuna de Chau Hoa, distrito de Giong Tom, sureña provincia de Ben Tre, la líder parlamentaria es licenciada en Finanzas-Presupuesto Estatal, con maestría en Economía.

A su experiencia gubernamental primero como viceministra de Finanzas y luego con igual responsabilidad en la cartera de Comercio y de agosto de 2007 a enero de 2011 como titular de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, se suma una carrera laboral ascendente, reconocida con este nuevo cargo.

Su vida política también es amplia y entre las responsabilidades ocupadas destacan la secretaría del Partido Comunista (PC) en la norteña provincia de Hai Duong, de 2002 a 2006, la membresía en el Comité Central de esa organización durante años, y luego en su Buró Político, a partir de mayo de 2013.

La actividad parlamentaria la inició en 2007 como diputada en la Asamblea Nacional, en cuya presidencia sucedió a Nguyen Sinh Hung, con el respaldo de 472 integrantes del órgano legislativo en una votación secreta y en la que ejercieron ese derecho 481 de sus integrantes.

También encabeza el Consejo Electoral Nacional, para el que recibió 467 de las 477 boletas válidas.

La presencia de Kim Ngan en uno de los cargos de dirección del país con un mandato de cinco años, renovable, sin dudas constituye un reconocimiento no sólo a ella, sino también a las mujeres vietnamitas y su contribución al desarrollo socioeconómico.

Además, debe estimular a una mayor participación de la mitad de la población en la lucha por la equidad de género.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional tiene también a otra mujer en una de sus vicepresidencias, Tong Thi Phong, mientras que el 24.4 por ciento de su membresía son de sexo femenino, total que se espera elevar a 35 por ciento en la próxima Legislatura. Los comicios están anunciados para mayo próximo.

En este país, la vicepresidenta es mujer, Dang Thi Ngoc Thinh, y la cartera de Salud la ocupa otra: Nguyen Thi Kim Tien.

Otro dato que revela el reconocimiento y participación de las vietnamitas en la vida política tiene que ver con su presencia en el Comité Central del PC, en el que suman 20, mientras que el Buró Político de la organización lo integran tres mujeres.

Como era de esperarse, la elección de Kim Ngan para presidir la Asamblea Nacional fue acogida favorablemente por la población al constituir uno de los temas de gran connotación política de los incluidos en la agenda del 11 periodo de sesiones, el último de la 13 Legislatura.

Al respecto, la prensa nacional recordó que la equidad de género se promueve en esta nación de 54 etnias desde la Revolución de 1945, cuando el presidente Ho Chi Minh declaró la construcción de una sociedad con iguales derechos para mujeres y hombres.

Kim Ngan en la presidencia de la Asamblea Nacional convierte a Vietnam en otro de los países del sudeste asiático con una mujer en ese cargo, incluidos Laos y Singapur.

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Vietnam.

Por: Teresita Vives*

Cimacnoticias/PL | Hanoi, Vietnam.-

Limitada Ley de Violencia Doméstica en Camboya

   Deja impune violación en el matrimonio; elevada cifra de casos

En julio pasado la actriz Sasa ocupó los titulares cuando levantó la ley del silencio.
En Phnom Penh, la capital de Camboya, un multimillonario estaba borracho molestando a una amiga de Sasa, y cuando intervino para defenderla, el magnate entró en cólera y empezó a golpearla y arrastrarla por el suelo mientras la jalaba del pelo.

El guardaespaldas, en lugar de impedir la agresión, desenfundó su arma y la apuntó con la pistola en la cabeza. El suceso fue grabado por una cámara de seguridad del restaurante y corrió como la pólvora cuando la propia Sasa lo subió a las redes sociales al ver que el caso no avanzaba por la vía policial.

La reacción del agresor de Sasa fue ofrecerle 36 mil euros para que olvidara el asunto y ante su negativa decidió aumentar el precio. Finalmente Sasa aceptó una compensación extrajudicial y retiró la demanda más grave de intento de asesinato. El millonario fue condenado a tres años de cárcel, aunque la mayor parte de la pena ha sido suspendida y sólo tendrá que pasar 10 meses de prisión si no comete ninguna falta.

El caso se ha convertido en otro absurdo ejemplo de cómo opera la justicia en Camboya, donde los ricos a menudo actúan con impunidad y suelen pagar sus crímenes con dinero en efectivo.

Además, la mayoría de los casos ni siquiera llegan a la prensa ni a los tribunales. A las mujeres generalmente se les pide guardar silencio o salir de casa cuando su marido está enfadado.

La Ley de Violencia Doméstica no aclara qué constituye violencia psicológica o económica, y no contempla la violación dentro del matrimonio.

Una de estas mujeres es Kraen, quien recibió palizas diarias de su marido durante años y nunca, ni cuando presentaba hematomas y heridas, lo denunció por temor al estigma social, a que los vecinos le miraran por encima del hombro. “Le pedí el divorcio varias veces, pero él no estaba de acuerdo”, explica.

CULTURA DE DISCRIMINACIÓN

La violencia sexual contra las camboyanas está enraizada en una tradición cultural que legitiman su discriminación y los privilegios de los hombres, tal y como reflejan sus proverbios.

Un poema rítmico llamado el “Chbab Srey” actúa como ley oficiosa de las mujeres y establece que no deben sacar los problemas internos fuera de casa para evitar que su relación se deteriore.

El poema formaba parte del currículo escolar hasta 2007, y a pesar de que ya no se enseña en la escuela, algunas familias, especialmente las más conservadoras, lo continúan citando a sus hijas.

Las niñas aprenden de la boca de sus hermanas mayores, madres, tías y abuelas que deben ser respetuosas con sus maridos, servirles bien y guardar silencio, incluso si les gritan o las golpean, como hizo Kraen.

Los únicos datos fiables sobre violencia de género en el país del sudeste asiático vienen de estadísticas realizadas con el apoyo de la comunidad internacional.

Los más actuales provienen de un informe realizado por la ONU sobre la violencia contra las mujeres en el sudeste asiático. En el estudio, 22 por ciento de las mujeres entrevistadas informó que había experimentado violencia física a manos de una pareja masculina, pero sólo 16 por ciento de los hombres reconoció perpetuar este tipo de violencia.

El mismo informe mostró que 96.2 por ciento de los hombres y 98.5 por ciento de las camboyanas considera que una mujer debe obedecer a su marido. Otras formas de violencia, como la psicológica, emocional o financiera, no tienen ninguna consecuencia legal y son prácticamente imposible de rastrear en Camboya.

“En la Ley de Violencia Doméstica se hace mención a la violencia psicológica y económica pero ambas son consideradas como faltas o delitos menores y se establece la mediación o reconciliación como el mecanismo para responder ante estas violencias.

“Esta ley no provee una definición clara sobre qué constituye violencia psicológica o económica. De la violencia emocional no se dice nada”, explica Rodrigo Montero, asesor de la agencia alemana de cooperación internacional para el desarrollo (GIZ) en el Ministerio de Asuntos de las Mujeres de Camboya. “Además, la violación dentro del matrimonio no está contemplada en el marco legal”, agrega.

POCAS DENUNCIAS

El sistema judicial apenas funciona en Camboya y, por ello, la mayoría de casos de violencia de género no son denunciados.

“Si una mujer reporta violencia de género a una autoridad local o líder comunitario lo más probable es que comience un proceso de mediación sin garantías jurídicas y en el que el maltratador y la víctima se sienten cara a cara y la mujer vuelva a ser humillada y revictimizada”, argumenta Montero.

Algunas mujeres desisten de denunciar los abusos por temor a que no les crean, lo que sería inútil para obtener justicia y podría empeorar su situación al enfrentarse a la deshonra, la pérdida de reputación en sus comunidades y posibles represalias.

En caso de violación, sólo un hospital público de cada provincia y unos pocos de la capital pueden emitir certificados forenses admisibles como prueba en los tribunales. Las mujeres que viven en las provincias y presentan lesiones ni siquiera pueden hacer frente a las visitas médicas.

El número de violaciones denunciadas a la policía se ha incrementado en los últimos años. En 2015 hubo 253 casos de violación, mientras que el año anterior 226, según el Ministerio del Interior. Un 5 por ciento de los hombres entrevistados en el informe de la ONU confesó haber participado al menos una vez en una violación en grupo.

Los proverbios como “los hombres son de oro y las mujeres son de tela”, que dan a entender que una vez que dejan de ser vírgenes están usadas y rotas, muestran lo arraigada que está la creencia de que las mujeres ocupan un eslabón más bajo en la sociedad.

TECNOLOGÍA CONTRA LA VIOLENCIA

“Desde el día que nacemos tenemos menos valor que los hombres”, dice Dany Sum, integrante de la Red de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes de Camboya y una de las tres mujeres que ha recibido apoyo de The Asia Foundation para buscar soluciones móviles como parte de los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres.

Las aplicaciones móviles ofrecen información legal, apoyo, denuncia anónima y ​​alertas de red personalizadas. Las creadoras son tres activistas camboyanas con diferentes trayectorias inspiradas por la rápida adopción de la tecnología en el país, donde 94 por ciento de la población ahora tiene celular y 39 por ciento un teléfono inteligente, según una investigación de Asia Foundation.

“Con las aplicaciones ayudamos a las víctimas y proveemos educación para que todos podamos entender y prevenir la violencia doméstica”, apunta Dany Sum. Su aplicación se llama Krousar Koumrou (modelo de familia en idioma jemer) y consiste en cinco videos cortos de animación que explican las causas, factores de riesgo y las organizaciones con las que pueden ponerse en contacto las víctimas.

Otra de las mujeres, Sreytouch, que trabaja como oficial de programas en la Asociación Solidaria de Promotores de Cerveza, creó la aplicación “7 plus”, que ofrece algunos juegos y explicaciones sobre Derechos Humanos y la ley de violencia doméstica.

Por su parte, Bunn Rachana, otra activista que trabaja en la organización Acción Camboya, diseñó la aplicación “Safe agent 008” para mejorar la seguridad en los lugares públicos con un mensaje preestablecido y la ubicación GPS para ponerse en contacto con amistades y familiares o informar de forma anónima en caso de acoso.

Las soluciones tecnológicas por sí solas no van a resolver el problema y ahora el uso de los celulares es más común en los hombres (55.7 por ciento) que en las mujeres (46.9 por ciento), según el mismo informe. Sin embargo, parece ser un primer paso para acceder a la juventud con el objetivo de hacer que las ciudades y los hogares sean más seguros para las camboyanas.

*Este artículo fue retomado de Pikara Magazine.
  Por: Ana Salvá*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp.-