En
“El antiminotauro: el mito de una sociología libre de valores”, Alvin
Gouldner cimbró al mundo académico al rechazar una de las máximas
weberianas que se consideraban prácticamente un dogma en las ciencias
sociales: la posibilidad de realizar un estudio sociológico libre de
valores. El autor afirma, por el contrario, que el ambiente y los
juicios que el científico social realiza influyen más de lo que se
acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión
misma del problema a estudiar.
Yo no sólo coincido plenamente con
Gouldner sino que entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde
al analizar mi entorno: priorizar el interés del pueblo mexicano del que
formo parte. Así, el presente artículo si bien puede considerarse del
género opinión, recoge evidencias históricas, políticas y económicas
para brindar una explicación a la más reciente agresión de clase que
hemos sufrido la mayoría de los mexicanos mediante el aumento al precio
de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.
El gasolinazo neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido
En
principio de cuentas es importante destacar que el aumento súbito de en
promedio 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto directo de
la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada
estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética
de 2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que
podrían resumirse como “la demolición controlada del Estado Mexicano”,
el sector energético ha sido el más agredido y codiciado por el alto
capital norteamericano y la oligarquía local, misma que participa en el
despojo como socio menor.
Los pasos dados por los neoliberales
mexicanos para traspasar el sector de manos públicas nacionales a
privadas mayoritariamente extranjeras no han sido al azar. Por el
contrario, se han diseñado desde los más selectos círculos del poder
económico, financiero y académico norteamericano con plena consciencia
del profundo significado que tienen Pemex y el petróleo en la memoria
histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John Saxe afirma que la hoja
de ruta para lograr la privatización de la paraestatal habría sido
trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992 y
titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México
que propone cinco pasos para lograr ese fin: 1. Permitir contratos de
riesgo para la exploración y desarrollo petrolero; 2. Permitir que
exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica; 3. Dividir a
Pemex en empresas separadas y en competencia; 4. Permitir la
competencia interna e internacional frente a Pemex; 5. Privatizar Pemex.[1]
(Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado la
posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un
máximo de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de
las petroleras está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel
de producción y el precio de su materia prima, y como ha sido despojada
intencionalmente de sus principales activos, desfinanciada y
sobresaturada de pasivos, a la brevedad surgirán voces que propongan tal
medida al considerarla un lastre financiero para la Nación).
Con
este antecedente es posible destacar que todas las administraciones
federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución de ese
objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de
inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició
la desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la
integración vertical[2]
de la paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a
la participación privada la petroquímica “secundaria”, elevó su carga
fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes para
mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al
Instituto Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el
sector petroquímico y creó la figura de los contratos de riesgo,
Pidiregas; Vicente Fox, sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente
su deuda mediante los Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor
reserva del país ubicada en el Golfo de México; y Enrique Peña que
finalizó la apertura total del sector en 2013.
Para finalizar este
punto resulta relevante subrayar que en todo este camino se ha puesto
especial énfasis en especializar a Pemex en la producción, cuyo dato más
pasmoso es que no se ha construido una sola refinería en el país desde
hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50 millones de
habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los
voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la
contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal
registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en
la petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que
por venta de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd,
lo que ocultaban cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la
que mayores ganancias genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis
en 1996 que usó como base los precios de diciembre de 1994, por cada
barril de crudo se obtenían 13 dólares, 26 si se transformaba en
gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en plásticos y 780 en
producto terminado; y en lo que respecta a la generación de plazas
laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y
Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica
Secundaria y 22.7 en industrias de transformación ligadas al
hidrocarburo (producción de hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos,
etc.).[3]
Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y soberanía de la Nación.
En el sector energético la apuesta es argentinizar a México
Contrario
a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina cúpula panista que
en 2014 pujó para que se adelantara dos años la liberalización del
mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4],
el alza en los combustibles sí es una consecuencia directa de la
reforma energética de 2013, y más específicamente de sus leyes
secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se
estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se
abriría a la participación de nuevos actores y un año después se
permitiría su libre importación para crear un mercado completamente
abierto. Ello significa que México transitaría de un modelo en el que
los precios eran fijados por la Secretaría de Hacienda según variables
económicas, sociales y políticas, a otro en el que serían determinados
por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y
criterios estrictamente económicos y financieros; lo que implica de
facto la privatización de uno de los aspectos fundamentales de todo
negocio: la determinación de su precio al público.
Lo más absurdo
es que la administración de Peña Nieto pretende esconder los vínculos
con la reforma energética pero sí reconoce en su campaña mediática que
el aumento es uno de los pasos iniciales de la liberalización, misma que
avanzará durante el año en curso hasta que los precios locales estén a
la par de los del mercado internacional.[5] ¡El colmo de la desvergüenza!
Pero
la anterior no es la única mentira vil de la estrategia de comunicación
gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los dichos del
criminal David Penchyna que al defender la liberalización del mercado en
2014 aseguraba “el subsidio a las gasolinas en realidad beneficiaba a
quienes más recursos y autos tienen”.[6]
Lo que nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se
destinan para el transporte de alimentos y productos de primera
necesidad desde las regiones de producción hasta los centros de consumo,
impactando en su costo y haciendo que las familias de menores ingresos
que destinan hasta el 90% de su salario a la adquisición de comida sean
las que más recientan la medida.[7]
La
propaganda también asegura que la liberalización del ultrasensible
mercado de los combustibles provocará que los precios locales disminuyan
producto de un mayor número de actores, además de generar más empleos,
crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los
mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas
neoliberales que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido,
sino que dan por sentado que las empresas que entren al país lo harán
con los ánimos de desatar una guerra de precios que los impulse a la
baja, estrechando con ello sus márgenes de ganancia. Esta suposición
resulta absurda e ilógica porque difícilmente se encontrarán datos
empíricos que comprueben fehacientemente que las grandes petroleras se
comportan así al entrar a mercados desregulados. Por el contrario,
abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente distinto y
aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En
Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y
2007, afirma que “la apertura no fue benéfica para Brasil y tiene más
lecciones negativas que aprender que positivas”. Respecto a las
petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones
de las jaulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para
participar con mucha más potencia en el sistema político y económico
para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos
políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos
y en los palacios”.[8]
Pero
el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en mente para pensar
nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en conjunto
con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9]
la liberalización en Argentina se inició en la década de 1970 y dos
décadas más tarde se privatizó la petrolera estatal, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa privada la
explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la capacidad
de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la
participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como
era de esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado
argentino se enfocaron en maximizar la explotación de los campos en
detrimento de su vida útil, así como su exportación sobre el
abastecimiento del mercado interno. Las diferencias con las autoridades
argentinas se ahondaron con la pesificación de 2002 y el arribo de
Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año después en
una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico de
petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y
alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El
gobierno denunció que los problemas se debían a una insuficiente
inversión en la exploración, producción, transporte y refinación, y
exigió una disminución de los costos al público. Por su parte, las
petroleras afirmaron que los precios demandados por el gobierno
argentino eran poco competitivos y les acarrearían grandes pérdidas, por
lo que congelaron sus suministros al mercado local y continuaron su
exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas. Uno de
los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina
importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas,
situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol
YPF, Esso y Shell.
Algunas reflexiones a manera de cierre.
1.
Gracias a la profunda reprimarización económica que ha traído la
política neoliberal, un país petrolero de primer orden como México
comenzó a comprar petroquímicos en el exterior desde 1987 y hoy se ha
convertido en el segundo mayor importador del mundo. El negocio
calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10]
sólo tiene dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las
gasolinas que importa México; y el entramado de funcionarios y
empresarios que compran el combustible en el extranjero para luego
revendérselo a Pemex.
2. En días recientes han pululado las voces
que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde EU donde en
la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores de
Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero
alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso
que nos tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc
con el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo
sería utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en
lugar de dilapidarlo en la “intervención diaria de Banxico para
estabilizar el tipo de cambio”.
3. Sabiendo que México se ha
convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas
estadounidenses, ¿qué pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su
suministro o aplicarle un impuesto especial a fin de financiar el muro
fronterizo? ¿La oligarquía mexicana seguiría diciendo que soberanía no
es sinónimo de autosuficiencia sino de capacidad de compra? ¿Cómo
recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera tan terrible
humillación?
[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002. Pág. 269.
[2] Se denomina integración vertical
a la capacidad de una empresa para controlar por sí misma las
actividades que van desde la producción de la materia prima hasta la
comercialización de los productos terminados. En el caso de las
petroleras, éstas serían: exploración, perforación, almacenamiento,
refinación, distribución y comercialización.
[3] Op. Cit. Pág. 295.
[4]
Eliminar subsidios a gasolinas, gas y luz, entre cambios a leyes
energéticas. Diario La Jornada, 15 de julio de 2014. Consultado en línea
en: https://goo.gl/BvrgK0
[5] Video disponible en: https://youtu.be/83ClzkpSZ50
[6]
Bajarán precios del gas y electricidad, pero no de las gasolinas:
Penchyna. Diario La Jornada, 13 de mayo de 2014. Consultado en línea en:
https://goo.gl/qluYx9
[7]
Aplicar IVA a medicinas y alimentos afectará a los más pobres: Morena.
Diario La Jornada, 6 de marzo de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/krwu2V
[8]
Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el
Estado. Diario La Jornada, 13 de septiembre de 2013. Consultado en línea
en: http://shar.es/VdT7T.
[9] Emmerich, Norberto. y Valenzuela, Edgar. Reforma energética, geopolítica y criminalidad. La matriz mexicana para crear riqueza. Rebelión, 21 de marzo de 2015. Consultado en línea en: https://goo.gl/o0LY5S
[10]
Jalife-Rahme, Alfredo. Los siete pecados capitales de la reforma
energética Peña / Videgaray / Aspe. Diario La Jornada, 16 de octubre de
2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/x24H2k
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