Lo cierto que la inmensa mayoría de los trabajadores no ha recibido incremento salarial alguno en 2017 a pesar de estar agremiados a sindicatos.
Manuel Fuentes El aumento de precios nadie lo detiene, por todos lados hay personas molestas, impotentes de que sus ingresos se ven rebasados, día con día. Ya hasta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la credibilidad hasta los suelos, revela que la inflación ya alcanzó un 4.78% y según se dice, es la peor “cuesta de enero” de los últimos 18 años.
Los expertos anodinos de la Secretaría de Hacienda dicen que
la inflación será “temporal”, que se atemperará (¿?) con el paso del
tiempo. No dicen cómo, pero en sus libritos aprendidos en el arte de la
economía liberal, el país irá viento en popa.
Mientras tanto hay
una enorme resistencia del sector patronal para incrementar los salarios
de los trabajadores que están por arriba del salario mínimo general.
Argumentan que no están obligados a subirlos, ni siquiera en la
proporción del 3.9% acordado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) para 2017.
Que se las arreglen como puedan les dicen.
Que no hay ley que obligue a aumentarles un solo peso y lo más grave, es
que es cierto. La Ley Federal del Trabajo no dispone obligación alguna
para incrementar, al menos un porcentaje igual al decretado en los
salarios mínimos, de aquellos que estén por encima de ese nivel. Estos
trabajadores están en total desprotección.
La mayor parte de los
trabajadores están atrapados en esos sindicatos manejados por los mismos
patrones, esos que les llaman de protección. Aprovechando la
circunstancia y para que no digan a algunos han impuesto un 2% y otros
más 3% y si les va bien un 3.9% igual al salario mínimo general
decretado por la Conasami.
Los sindicatos más fuertes, ubicados en
industrias con mayores posibilidades han alcanzados porcentajes del 5%
al 6% pero la última cifra aún no está escrita.
Los sindicatos
sujetos al presupuesto saben que la línea que se marcó en octubre pasado
en la UNAM de 3.08% directo al salario y un 1.98% en prestaciones es la
que se marcará en el gobierno federal y de los trabajadores burócratas
de todos los estados, incluidos los de la ciudad de México.
Los
márgenes para incrementar los salarios están directamente relacionados a
la capacidad presupuestal asignada por la Cámara de Diputados basada en
un déficit del 2.9% del Producto Interno Bruto (previsiones antes del
gasolinazo). Esa cifra es la que se quiere imponer como “tope salarial”
a pesar de los incrementos galopantes con motivo del gasolinazo y del
gas.
El líder de la CTM Carlos Aceves del Olmo, empezando el año y
a propósito de los gasolinazos, manejó que las revisiones salariales de
este año no deben ser menores a un 7% y que trabajaba “coordinadamente”
con el Consejo Coordinador Empresarial para un ajuste salarial
adicional en el mes de marzo próximo.
Su comentario ha sido objeto
de burla tanto en el sector patronal como en el de los trabajadores,
porque se sabe que éste líder maneja cientos de contratos de protección y
lo que le importa es el negocio que hace a espaldas de los
trabajadores. Carece de capacidad de movilización obrera y no existe
dato alguno en los sindicatos que maneja haya logrado un porcentaje del
que se jacta. Le dicen el bufón de la clase obrera por los disparates
que maneja.
Otras organizaciones sindicales han solicitado en sus
revisiones de salario anuales se establezca una cláusula que permita
incrementar durante 2017 sus percepciones con base en los incrementos
inflacionarios que se generen. Establecer una escala móvil de salarios
que permita a los trabajadores enfrentar los incrementos
desproporcionados en los productos de primera necesidad, pero esta
propuesta ha sido rechazada tajantemente por el sector patronal.
Lo
cierto que la inmensa mayoría de los trabajadores no ha recibido
incremento salarial alguno en 2017 a pesar de estar agremiados a
sindicatos porque las revisiones salariales apenas se están definiendo;
los no afiliados a ninguno, que son la mayoría, ni esperanza tienen de
incremento, ni siquiera unos centavos.
En esta cuesta de enero, de
las más largas de los últimos tiempos, que amenaza con prolongarse
durante el mes de febrero, marzo, abril y los meses que siguen, no se
avizora la intención de proteger el vapuleado salario de los
trabajadores, ni por equivocación.
De otros avatares laborales…
Aumento salarial en espera. En la ciudad de México hay mucha expectativa con el incremento salarial que se pacte en la empresa estatal Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.
Éste debería haberse acordado el 20 de enero pasado, pero al no haber
un acuerdo con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, la
huelga se prorrogó para el próximo 23 de febrero en espera de una
respuesta cierta.
Mientras tanto los trabajadores de la Red de Transporte de Pasajeros (hoy Sistema de Movilidad 1) y del Sistema de Trasportes Colectivo (Metro) tendrán que seguir esperando, porque sus incrementos salariales están “amarrados” al acuerdo salarial en Transportes Eléctricos.
En el PRD, candil de la calle... El
Oficial Mayor del Partido de la Revolución Democrática acaba de avisar a
sus trabajadores de base que como ganan “más de dos salarios mínimos no
tienen derecho a un aumento salarial” para este año; esto a pesar de
existir un convenio que los obliga a incrementar dos puntos arriba del
salario mínimo general a todos sus trabajadores. Pero ahora son otros
tiempos, dicen.
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