Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
En
medio de la irritación ciudadana por el alza en los precios a los
combustibles –y que no encuentra cauces para su conversión en movimiento
trascendente por X o Z demandas, por más que insisten en magnificarlo–,
el fin de semana la Secretaría de Gobernación anunció que en lo que
resta del gobierno de Enrique Peña Nieto, menos de 20 meses, serán
cumplidos los 17 “objetivos prioritarios” pendientes dentro de los 120
que trazó para el combate al crimen organizado.
Detenidos
y extraditados unos, “liquidados” o “caídos” otros, los capos del
crimen organizado por capturar serán sometidos, ofrece Gobernación, como
una gran tarea pública que más allá de los círculos del poder de México
y de Estados Unidos –con George W. Bush y Barack Obama para el caso dio
lo mismo–, la población mexicana es la más afectada en sus vidas y
bienes.
La liquidación o captura de los capos es
una estrategia que se aplica desde hace más de 40 años con la Operación
Cóndor, y por lo general cuando los encarcelados ya no resultan
funcionales a los corporativos criminales y son extraditados a Estados
Unidos, donde como “testigos protegidos” negocian la información que
interesa a Washington, sobre todo sus vínculos con gobernantes para
chantajearlos, subordinarlos a políticas, programas e intereses
imperiales.
Finalmente son liberados con una nueva
identidad física (previas cirugías estéticas) y documentación. Mi
fuente exige secrecía y la próxima Constitución de la Ciudad de México
la garantiza, por fortuna. No como cuando los secretarios de la Defensa
Nacional Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre me
presionaron hasta la desmesura, durante 34 meses, para que revelara
quien me entregó el ensayo “Las necesidades de un ombudsman militar en México (revista Forum número 22, octubre de 1994, pp. 9-14:
Sostengo
que la población es la más afectada porque es la que se encuentra en
medio de la “guerra” (del esposo de la candidata Margarita Zavala) o
“combate” (de Peña Nieto), circunstancia que no requiere de especialidad
para comprenderla. Sólo Juan Camilo Mouriño, el secretario de
Gobernación del guerrerista Felipe Calderón, se entusiasmó cuando le
presentaron el proyecto de manufactura estadunidense y sin empacho
sentenció: ¡Se van a matar entre ellos!
Cierto,
joven Iván, donde quiera que usted se encuentre, sólo que el
descabezamiento de los mal llamados cárteles provoca vacíos y éstos se
llenan con sangrientas disputas para controlar las plazas, y en éstas
viven y trabajan millones de mexicanos.
Pero no
sólo Mouriño Terrazo no alcanzó a comprenderlo. Todo indica que los
señores y señoras que juran “Mover a México” con reformas estructurales
que provocan gasolinazos y “crecimiento mediocre de la economía” (como
decía para justificarlas Luis Videgary). Lo que ni unos ni otros asumen
es que el descabezamiento se inscribía en la estrategia gringa de
auspiciar un duopolio del crimen organizado porque es más fácil negociar
con dos que con 13, como sucede ahora que predomina la fragmentación
tipo Colombia, pero el negocio se mantiene al alza y sumamente rentable
para unos y otros, mientras la población paga los platos rotos.
Si
el propósito esencial de la Casa Blanca y Los Pinos fuera hacerle
frente al crimen organizado, colocarían en el centro de su quehacer la
desarticulación de las redes financieras y bursátiles que se entrecruzan
con los procesos económicos.
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