Las mujeres detenidas por la policía durante las acciones el Primer Paro
Internacional de Mujeres, el #8M, recibieron balas de goma, gas
pimienta en los ojos, gases lacrimógeno, revisiones vejatorias,
manoseos, insultos y maltratos, actos de violencia institucional; sin
embargo 15 están siendo procesadas por “daño agravado”, “atentado a la
autoridad” y “lesiones”. Ningún policía detenido.
Mientras, los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad; cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres.
La madrugada anterior al Paro, que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de seis jóvenes -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas.
El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires y recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la Comisaría Novena, como en la Primera, la 30 y la Comuna Cuarta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra.
La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.
LAS PAREDES ESTÁN BIEN
En el caso de las jóvenes del 7 de marzo, la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. Hay tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles.
Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales, ya que solo había pintadas convocando al paro, que figuran como imágenes en el expediente. Pero ellos actuaron casi como un grupo parapolicial, por lo que la abogada de las jóvenes, Gabriela Carpinetti, pidió por escrito la nulidad de la causa.
A partir de la declaración de una de las detenidas, el fiscal Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública, es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro.
De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.
LAS DETENIDAS EL 8
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos. El primero, tiene como imputadas a las víctimas detenidas, mujeres y 5 varones, imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”.
El expediente está en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal Número 8, a cargo de Fernando Fiszer. Actúan distintos abogados en defensa de las víctimas: la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad -dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
El segundo es un conjunto de expedientes que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. Ahí, gracias a un habeas corpus presentado la madrugada de la represión la abogada Luciana Sánchez, todas las detenidas en las comisarías y estas fueron liberadas,
La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, sorteó la denuncia y fue recayó al Juzgado de Instrucción 59. Ahí se tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y el Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la PROCUVIN, basado en 20 declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), a partir del cual se elaboró un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados.
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
Todas las detenidas en la Comisaría 30, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha (morena), por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
Dice el dictamen, firmado por el titular de PROCUVIN, Félix Crous, y por el fiscal Maximiliano Medina: “Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”.
Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien abrió una investigación administrativa, pero no separó de su cargo a ningún elemento, dijo a los medios que “actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”. Nada de esto se observa en los vídeos y fotos.
*Artículo retomado del sitio argentino lavaca.org
Imagen de Estefanía Galará.
Por: María Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario