By Nancy Flores / @Nancy_Contra
Los trabajos de exploración que la trasnacional Almaden Minerals realiza en la Sierra Norte de Puebla vulneran cuatro derechos humanos de decenas de pobladores, documenta evaluación de impacto en esa materia. Comuneros afectados rechazan el proyecto. Las autoridades, omisas y corresponsables
La
trasnacional de origen canadiense Almaden Minerals habría incurrido en
reiteradas violaciones a los derechos humanos en la Sierra Norte de
Puebla, denuncian comuneros y organizaciones de la sociedad civil que
los acompañan en su proceso de resistencia pacífica.
Y es que los
trabajos que la minera desarrolla en la zona vulneran cuatro derechos de
decenas de personas que habitan en comunidades del municipio de
Ixtacamaxtitlán: a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así
como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la
región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ello,
porque aunque el llamado Proyecto Ixtaca –que de no frenarse derivará en
la minería a cielo abierto para explotación de oro y plata en la zona–
se encuentra en etapa de exploración avanzada, los daños a los comuneros
y al medio ambiente ya comenzaron.
La amenaza en el tema del
agua, por ejemplo, no sólo se refiere a que los trabajos propios de la
minería exigen el uso indiscriminado del vital líquido, sino que también
implican un daño específico en su calidad.
“Los estudios técnicos
presentados por la empresa y analizados por un especialista en
geoquímica indican una potencial contaminación de las aguas
superficiales
y subterráneas por drenaje ácido y por el almacenamiento de lixiviados
de una presa ubicada en la zona estratégica de la cuenca [del río
Apulco]”, señala el informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco.
Agrega
que “se calcula que al cierre de la mina quedarán 35 millones de
toneladas de jales, resultado de los residuos del proceso de
lixiviación, y 165 millones de toneladas de residuos de roca, ambos
potenciales generadores de drenaje ácido altamente contaminante para el
suelo, el subsuelo, los mantos freáticos, las aguas superficiales y la
atmósfera”.
El análisis –realizado por las organizaciones civiles
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación
(Poder), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Instituto Mexicano
para el Desarrollo Comunitario y la Unión de Ejidos y Comunidades en
Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua– reporta que en el tema
de la salud, las comunidades ya resienten los efectos de los trabajos.
“El
estado de salud de las personas muestra que sus principales
enfermedades están asociadas a las vías respiratorias y, por tanto,
podrían incrementarse con el polvo y el ruido de la actividad minera;
con las agravantes de la lejanía entre las comunidades y la
infraestructura de salud pública y que más de la mitad de la población,
57 por ciento, no cuenta con seguridad médica, ‘quedando vulnerables a
cualquier tipo de enfermedad’”.
Ixtacamaxtitlán es habitado por 24
mil 512 personas, refiere el más reciente censo del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (2015). En su mayoría, en situación marginal:
20 mil 749 individuos (81.3 por ciento del total de la población) en
pobreza, de los cuales 14 mil 346 (56.2 por ciento) presentan pobreza
moderada y 6 mil 403 (25.1 por ciento), pobreza extrema, indican las
estadísticas más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (2010).
El proyecto, sin consulta previa
En entrevista con Contralínea,
pobladores afectados señalan que desde la llegada de Almaden Minerals a
la zona, la cual ubican en 2009, nadie les ha informado de qué se trata
el proyecto minero a cielo abierto que ya se desarrolla en el lugar –en
la etapa de exploración–, ni cuáles son las afectaciones que conlleva.
Encabezados
por Teódulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros, entre
otros integrantes de las comunidades perjudicadas, indican que a lo
largo de estos años nadie les ha pedido su opinión –ni la empresa ni el
gobierno– en una consulta previa, libre e informada.
De acuerdo
con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los gobiernos están
obligados a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y, en particular, a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Y aunque
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obligó a
la empresa a realizar una consulta previa –según refiere la evaluación
de impacto en derechos humanos de las organizaciones civiles–, por
tratarse de una región con población indígena, Almaden Minerals
interpuso un juicio contra esta medida. “El proceso [judicial] está
vigente y la empresa mantiene sus actividades en la zona”.
En el
caso de la mina Ixtaca –que forma parte del megaproyecto minero
Tuligtic–, la medida administrativa que afecta a las comunidades de la
Sierra Norte de Puebla es la concesión que le autoriza a Almaden
Minerals, desde 2001, explorar y explotar a cielo abierto 14 mil
hectáreas.
“No queremos a esa empresa en nuestras tierras”,
sentencian los comuneros. Teódulo Martínez, Francisca Zamora, Alejandro
Marreros y otros pobladores consultados por Contralínea
advierten que son ellos, los comuneros, quienes deben tener la última
palabra sobre sus tierras. “El gobierno no nos puede imponer este
proyecto”.
Violaciones irreversibles a derechos humanos
Los
pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán no tienen garantizados los
derechos humanos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, señala
la evaluación de impacto en derechos humanos (la primera de este tipo
que se realiza en México, hecha con apoyo de expertos en geoquímica,
biología y salud y que consta de 140 páginas).
El informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos advierte que, una vez iniciados los trabajos de minería a cielo abierto –altamente nociva–, los daños serán irreversibles.
“Esta
evaluación concluye que la presencia de Almaden Minerals en
Ixtacamaxtitlán pone en riesgo los derechos al agua, a un medio ambiente
sano y a la salud de la población, e incrementa la competencia por el
agua y la tierra.”
En entrevista, los comuneros señalan:
“Cínicamente, la empresa nos ha dicho que el cianuro no contamina.
Miente para aprovecharse de nuestra ignorancia. Pero, ¿en qué parte del
mundo el cianuro no contamina?”
Agregan que, para el
funcionamiento de la mina, Almaden Minerals asegura que no será
necesario hacer uso de los recursos acuíferos de la comunidad. “Otra
mentira, porque allá no llueve siempre; llueve por temporadas. Así que
se van a llevar nuestra agua, que es un recurso que nos pertenece y que
es un derecho humano que nos quieren quitar.”
En entrevista,
Patricia Legarreta –integrante de la organización Poder, una de las
impulsoras de la evaluación en derechos humanos– refiere que los
trabajos de exploración en la zona empezaron en 2009, y hasta ahora ni
las autoridades mexicanas ni la trasnacional de origen canadiense
consultaron a los pobladores. “Desde entonces no se les ha informado
nada de este proyecto”.
Agrega que, aunque en febrero pasado la
Semarnat negó el permiso a Almaden Minerals para continuar con los
trabajos en la zona (consistentes en 69 nuevos barrenos), el 3 de abril
volvió a resolver sobre el tema sin que se les haya querido informar si
es a favor o en contra del megaproyecto.
“Hasta
ahora no sabemos si es para reiterar la cancelación o dar permiso.
Ambas cosas son posibles”, indica. Legarreta advierte que la cancelación
de esos nuevos barrenos se dio luego de que las organizaciones civiles y
los comuneros demostraron –con la documentación oficial que la minera
entrega a sus accionistas– que la trasnacional había excedido el número
de barrenos que tenía permitidos.
En la evaluación de impacto a
los derechos humanos se hace referencia a este hecho: “ante las cifras
de Almaden, el panorama no mejorará: reportó a sus inversionistas que ha
realizado 236 barrenos, cinco más que los autorizados por Semarnat, en
un periodo más extenso al autorizado, y en una densidad mayor a la
permitida por la norma mexicana. Esto quiere decir que tan sólo el
proceso de exploración ya ha dañado el ecosistema y el derecho de los
habitantes a un medio ambiente sano”.
Los pobladores entrevistados
señalan que está demostrado que “la empresa miente”. “Da información
falsa a nosotros, como comuneros afectados, y al gobierno”.
Para
los comuneros, también la generación de puestos laborales en la que se
escuda la empresa es falaz. “Dicen que van a generar empleo. Ése es su
desarrollo, pero están engañando a la gente, a la población y al
gobierno. Por eso no queremos esa empresa en nuestra tierra”.
El megaproyecto
La
información oficial de la empresa indica que “la zona Ixtaca es un
descubrimiento de prospección que cubre un área con potencial de oro y
plata dentro del Proyecto Tuligtic en el estado de Puebla, México, del
cual Almaden posee el ciento por ciento.
“Dentro
del Cinturón Volcánico Transmexicano, el Proyecto Tuligtic tiene 14 mil
hectáreas y se encuentra a 95 kilómetros al Norte de la ciudad de
Puebla, a 150 kilómetros al Este de la Ciudad de México y a 120
kilómetros al Sureste del depósito de oro y plata Pachuca, con una
producción histórica reportada de 1.4 billones de onzas de plata y 7
millones de onzas de oro. Tuligtic fue identificado y adquirido por
Almaden en 2001 durante el programa de exploración regional del Este de
México a cargo de la compañía.
“Dentro de esta área, las
observaciones de los exploradores de Almaden identificaron posibles
objetivos de oro y plata, incluyendo la zona Ixtaca.”
Al respecto,
la evaluación de impacto en derechos humanos indica que los trabajos de
Almaden Minerals en la zona conllevarán efectos negativos, como “el
daño al suelo, el paisaje, la flora y la fauna por la fragmentación del
ecosistema ante la remoción del horizonte edáfico (la capa del suelo que
va de 0 a 30 centímetros que contiene la materia orgánica para la
fertilidad)”.
Respecto del perjuicio a la fauna, refiere que en el
área habitan “escamoles, que son recogidos por los pobladores para su
consumo, y anidaciones de gavilanes, un hábitat que será transformado
por el ruido y el polvo conduciendo a migraciones o disminución de su
presencia; será una pérdida de biodiversidad que tendrá un impacto
directo en las actividades económicas de la población”.
Según la
empresa, Almaden Minerals, Ltd, posee el ciento por ciento del Proyecto
Tuligtic en Puebla. Éste implica al depósito de oro y plata Ixtaca, que
fue descubierto por Almaden en 2010 y que cuenta con un recurso medido e
indicado de aproximadamente 93 millones de toneladas, “con un total de
1.65M de onzas de oro y 96.7M de onzas de plata”.
“No
queremos este tipo de desarrollo, porque, de por sí, estamos
marginados. Ésta es nuestra inconformidad, porque el gobierno informa
sólo lo que quiere”, señalan a Contralínea los comuneros encabezados por Teódulo Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros.
Autoridades, cómplices
El informe Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco
observa que las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido
negligentes y han propiciado los abusos y violaciones a los derechos
humanos.
“Las autoridades de los tres niveles no informan, no
consultan y no conocen el proyecto: 90 por ciento de la población
encuestada en Ixtacamaxtitlán indicó que no ha sido informada sobre los
efectos positivos del proyecto, y más de la mitad de la población
explicó que desconoce cuáles serán los efectos negativos del proyecto
minero en el medio ambiente, el agua y la salud. [Las autoridades] No
velan por los derechos humanos y conocer la voluntad de la población
sobre su territorio.”
La evaluación señala específicamente a la
Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, la Semarnat, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos de omitir vigilar la actividad minera como se
los mandata la ley. “Permiten, de este modo, que la empresa realice
actividades que resultan en violaciones a la normatividad y a los
derechos humanos”.
Agrega que, al no cumplir con sus
responsabilidades y atribuciones, las autoridades “facilitan que las
empresas realicen actividades extractivas y dificultan la participación
ciudadana y la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan a la
población”.
“No
le creemos a la empresa porque miente, viola la ley y contamina. Y eso
es ahora, nada más con la exploración”, señalan los comuneros Teódulo
Martínez, Francisca Zamora y Alejandro Marreros.
Nancy Flores
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