Plantea el gobierno no sancionar a responsables de la llamada guerra sucia
Periódico La Jornada
La Consejería Jurídica de la Presidencia, la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS), por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG)
impulsan en el Senado que en la ley general de desaparición forzada de
personas –que se elabora en comisiones– ‘‘no se sancione a los
responsables de la desaparición de personas en la llamada guerra sucia o que las sanciones que se pudiesen aplicar correspondan a las establecidas en las leyes cuando ocurrió el delito’’.
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que impulsan
entre otros Nadine Reyes, y el Movimiento por Nuestros Desparecidos,
destacaron que en el documento discutido el viernes con el subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa,
‘‘manifestamos nuestro rechazo a los cambios, porque buscan dar
impunidad a desapariciones de personas del pasado, no consideraron
nuestras propuestas para el mecanismo de búsqueda, se han empeñado en
reducir la cifra de desaparecidos e introdujeron el concepto de persona
no localizada’’.
Campa acepta cambios
Campa presentó la propuesta del gobierno federal, en la
que se incluía en el artículo décimo transitorio lo siguiente: ‘‘Los
delitos previstos en la ley general de desaparición forzada de personas y
los cometidos por particulares antes de su entrada en vigor, serán
sancionados conforme a la legislación vigente al momento de su comisión.
Lo anterior sin perjuicio de la naturaleza de las conductas a que se
refiere el artículo 7 de la citada ley.’’
Tras el rechazo de las organizaciones, Campa aceptó la siguiente
redacción: ‘‘A partir de la entrada en vigor de este decreto, para el
caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la
descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y
por virtud de la presente ley, se denominan, penalizan o agravan de
forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a
la descripción que ahora se establece.
‘‘En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de
esta ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio
Público iniciará la investigación de conformidad con la presente
legislación, siempre y cuando la conducta no haya cesado.’’
En otros incisos se establece que en los procesos en los que
aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de
conformidad con la traslación del tipo (penal) que resulte procedente.
Sin embargo, se subraya que ‘‘en procesos pendientes de dictarse
sentencia en primera y segunda instancias, el tribunal podrá efectuar la
traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado,
sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley
vigente al momento de la comisión de los hechos’’.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar
Ortega, quien encabeza las negociaciones del dictamen, aseveró ayer en
entrevista: ‘‘Tenemos un documento de trabajo acordado con Gobernación y
organizaciones civiles, pero no es dictamen aún. Se tiene un avance de
90 por ciento en las observaciones que hicieron los familiares de
desaparecidos’’.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la
perredista Angélica de la Peña, dijo que ‘‘el borrador del documento que
trabajamos las comisiones dictaminadoras con Campa y con organizaciones
civiles, tiene aún corchetes, no es dictamen, y con la filtración que
hizo Gobernación puede haber errores de contenido. Están pendientes
algunas cosas, como la responsabilidad de los mandos superiores
jerárquicos cuando ordenan una desaparición o la encubren, no sólo se
debe sancionar al autor material, sino también al intelectual’’.
Nadine Reyes y Jorge Verástegui, de las organizaciones que
participaron en la negociación el viernes con Campa y las comisiones
dictaminadoras, resaltaron: ‘‘Aún hay pendientes y en el documento
filtrado no vemos que hayan sido atendidas nuestras propuestas. Así no
podemos estar de acuerdo; el gobierno busca impunidad’’.
Explicaron que ‘‘metieron el término persona no localizada, y no lo
definen bien; con ello pretenden reducir la cifra de personas
desaparecidas en el país. Tampoco consideraron nuestro planteamiento de
que el mecanismo nacional de búsqueda sea nacional, no federal, y que
tenga policías adscritos para la indagación’’.
Este martes los grupos parlamentarios decidirán si la ley referida se
discute en las dos sesiones que restan del periodo, indicó De la Peña.
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