Debido a los escándalos de Tomás Yarrington y Javier Duarte, la honda corrupción priista protagoniza las portadas de los medios nacionales. Pero los panistas y los perredistas también están sumergidos en investigaciones sobre sobornos, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y narcotráfico. Gobernadores, alcaldes y diputados locales y federales enfrentan procesos y acusaciones, algunos desde hace 20 años. Así que el pacto de silencio e impunidad también se extiende a dichas agrupaciones y a esos políticos.
En los últimos días la atención se ha centrado en la larga lista de priistas acusados de corrupción, abuso de poder o vínculos con el crimen organizado. Partidos de oposición exigen que se les aplique la justicia, pero tanto en el PAN como en el PRD hay por lo menos 46 personajes importantes que enfrentan situaciones similares, sin que nadie o casi nadie los señale como parte de la descomposición de la clase política mexicana.
Si bien es cierto que en el PRI hay más de 30 personajes de primer nivel involucrados en denuncias y acusaciones de corrupción, desvío de recursos y narcotráfico –21 exgobernadores, entre ellos–, en el PAN la Comisión Anticorrupción tiene en su haber 26 denuncias pendientes contra funcionarios o dirigentes del partido, mientras que en el PRD la Comisión Nacional Jurisdiccional tiene pendientes 20 procesos, algunos de ellos de exalcaldes vinculados con el crimen organizado.
Dichos procesos irresueltos no son sólo recientes. Algunas denuncias se remontan a casi 20 años, si bien se han ido acumulando con celeridad en últimas fechas.
En octubre de 2002 la reportera Carina García le preguntó al exdiputado federal panista Amador Rodríguez Lozano si eran ciertas las sospechas de que el cártel de los Arellano Félix apoyaba a los candidatos de su partido en Baja California desde que el extinto presidente municipal de Tijuana, Carlos Montejo, apareció en 1989 en unas fotos con Benjamín Arellano.
“Yo siempre he pedido esta indagación del PAN en los distintos niveles de responsabilidad, desde diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, pero no sólo con el narcotráfico, sino con el tráfico de indocumentados e incluso con tratantes de blancas y las zonas de tolerancia, porque estas vías han sido siempre su caja chica para hacer campañas políticas”, dijo Rodríguez Lozano a la reportera.
De hecho, años más tarde –en 2012– el priista David Lozano Pérez, presidente de la XX Legislatura de Baja California, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara a los exgobernadores de extracción panista Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por enriquecimiento ilícito.
Aseguró que se tenían pruebas de que Ruffo recibió 500 mil dólares procedentes del narcotráfico durante su campaña, particularmente de los Arellano Félix. El panista respondió casi de inmediato y retó al PRI a demostrar las acusaciones.
En 2001, el mandatario panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, fue vinculado con el Cártel de Juárez. La diputada y dirigente del PRI en la entidad, Maricela Sánchez Cortez, lo acusó de tener una relación con Nadia Esparragoza (hija de José Esparragoza Moreno El Azul), a quien supuestamente paseaba en helicóptero.
Tres años más tarde, al descubrirse una red de policías ministeriales que daban protección a dicho cártel –especialmente a Vicente Carrillo Leyva El Señor de los Cielos– los señalamientos fueron directamente hacia el panista, quien recibió el cobijo y la protección del presidente Vicente Fox. Libró el ser investigado.
En la lista negra de los panistas aparece también el exmandatario de Morelos, Marco Antonio Adame, quien fue acusado por el diputado del Partido Socialdemócrata Jorge Carlos Díaz de proteger al cártel de Los Beltrán Leyva. Bajo la égida de este gobernador fue que se desató la violencia y la presencia del crimen organizado en la entidad.
Otro caso es el de Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del PAN en Aguascalientes, quien fue detenido en mayo de 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos. El 9 de julio de 2015 fue reaprehendido por defraudación fiscal. El 23 de diciembre del mismo año el juez primero de lo penal dictó una sentencia de dos años y tres meses de prisión a Reynoso Femat por el delito de peculado, además de un año de inhabilitación para desempeñar un cargo público.
Otro ejemplo de abuso de poder es el de Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial del PAN, quien siendo legislador tomó varios casos en litigio con jugosas ganancias. Uno de ellos implicaba a la empresa Jugos del Valle. Ganó el juicio, por lo que la Secretaría de Hacienda tuvo que reintegrarle cerca de mil 800 millones de pesos –en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996. Se calcula que Fernández de Cevallos pudo llevarse entre 30% y 50% de esa cantidad.
Año y medio después, siendo senador de la República, Fernández de Cevallos tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) una indemnización por un predio de 33 hectáreas. El juicio ganado a la Secretaría implicó que los Ramos Millán obtuvieran mil 214 millones de pesos. El Jefe Diego se llevó su jugoso porcentaje de comisión, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.
Por otro lado, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, tiene tras de sí una investigación por la compra irregular de terrenos aledaños a su rancho San Rafael, en el municipio Huimilpan, en la zona conurbada de la ciudad capital, así como la adquisición del rancho La Haciendita, en la misma zona.
Mientras que a Francisco Vega de Lamadrid, mandatario de Baja California, se le investiga por 60 supuestas propiedades con un valor de 113 millones de pesos, algunas adquiridas a partir de 2013, cuando inició su gobierno. De acuerdo con una investigación publicada en la agencia Apro por Antonio Heras el 24 de noviembre de 2016, entre lo adquirido por el panista se halla un desarrollo inmobiliario y otro turístico en el mismo estado.
En Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez Márquez ha sido señalado por comprar 260 hectáreas que supuestamente se vendieron al triple de su valor para la instalación de la empresa Toyota, así como de operar para la compraventa de terrenos para la ampliación de la refinería en Salamanca, en la que se revisa la intervención de uno de sus familiares. Asimismo, es cuestionado por una licitación de medicinas por mil 200 millones de pesos y de otra (para adquirir tabletas) por 300 millones de pesos, que fue adjudicada a un solo proveedor.
Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, tiene una investigación pendiente por la venta de la Villa Panamericana que representa 2 mil 500 millones de pesos.
Actualmente en la Comisión Anticorrupción del PAN hay 26 denuncias contra funcionarios o dirigentes panistas por diversos asuntos, particularmente por abuso de autoridad e irregularidades administrativas.
Uno de esos casos es el del exgobernador Guillermo Padrés Elías, actualmente preso. Lo investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.
Mientras, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León indaga a la expresidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, por el delito de daño al erario equivalente a 7.5 millones de pesos.
Otro caso es el de Édgar Armando Olvera Higuera, exalcalde de Naucalpan, investigado por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo se relaciona con una casa que presuntamente tiene en el fraccionamiento Loma de Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, cuyo valor ronda los 45 millones de pesos.
Uno más: Édgar Borja, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, renunció al PAN luego de que fuera descubierto en una transacción ilegal tras la difusión de dos audios –uno en el que se escucha que pide 20 millones de pesos por negociar un contrato de compra de pintura y otro en que solicita 8 millones por una digitalización de documentos, captura de datos y archivos.
La lista negra del PAN la cierra Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. Ella fue denunciada recientemente por Mexicanos contra la Corrupción: supuestamente recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto 900 millones de pesos para las actividades de la asociación Juntos Podemos.
Lo negro del PRD
Por parte del PRD, a los antiguos casos de René Bejarano, Ramón Sosamontes y Carlos Imaz –que recibieron dinero del empresario Carlos Ahumada– la Comisión Nacional Jurisdiccional suma otros 20 procesos. Algunos son porque militantes apoyaron a candidatos de otros partidos.
En mayo de 2001, Carlos Franco, extrabajador de la empresa de publicidad Publicorp, denunció que Rosario Robles otorgó a esa empresa dirigida por Luis Kelly –sin licitación ni comparación de precios– todos los contratos de publicidad durante su periodo como jefa de Gobierno interina en el Distrito Federal. Afirmó que el dinero de los contratos –otorgados con costos inflados hasta en 300%– fue usado para crear un “cochinito” que permitiera a Rosario Robles financiar su carrera política cuando dejara el gobierno de la Ciudad de México. Al abandonar el PRD, dejó una deuda de 409 millones de pesos con Televisa.
La senadora perredista Iris Vianey Mendoza fue señalada de tener vínculos con Los Caballeros Templarios. El 17 de octubre de 2013, la michoacana gestionó el ingreso y una reunión entre un grupo de personas ligadas a Los Caballeros Templarios y una comisión de senadores encabezados por el priista Omar Fayad en la sede del Senado. En respuesta a las acusaciones pidió permiso por un mes para que la investigara la PGR. Al cumplirse el plazo se reinstaló en el recinto legislativo con su fuero.
Antes, el exgobernador de Michoacán Leonel Godoy fue acusado de tener relaciones con La Familia Michoacana, luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión en contra de su medio hermano Julio César Godoy Toscano, hoy exdiputado del PRD, expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y actualmente prófugo.
En 2014 el alcalde de ese mismo puerto, Arquímides Oseguera Solorio, fue acusado y detenido por presuntos nexos con Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios. Poco tiempo después quedó libre.
José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal del PRD en Iguala, Guerrero, también está preso. Ha sido acusado de ser uno de los autores intelectuales de la de­saparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (el 26 de septiembre de 2014) a manos del grupo criminal Guerreros Unidos, con el cual supuestamente tenía vínculos.
A partir de este hecho varios presidentes municipales del PRD en Guerrero han sido acusados de tener relaciones con diferentes grupos del crimen organizado.
Ignacio de Jesús Valladares Salgado, alcalde del PRD en Teloloapan, Guerrero, ha sido imputado por presuntamente estar relacionado con La Familia Michoacana. En 2012 el munícipe apareció en un video en el que miembros de este grupo lo amenazan y obligan a que coloque un director de Seguridad Pública “ajeno a las actividades que el grupo delincuencial realiza en la zona”.
El perredista Crescencio Reyes Torres, presidente municipal en La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, también está indiciado. Supuestamente tiene vínculos con Los Caballeros Templarios.
Por su parte, Mario Alberto Chávez Carbajal, alcalde perredista en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), está presuntamente vinculado con Los Rojos; y Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, presidente municipal en Leonardo Bravo también del PRD, tendría nexos con Los Rojos.
Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal del PRD en Cuetzala del Progreso, es investigado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana; y el munícipe de Apaxtla de Castrejón, Efraín Peña Damacio, también fue señalado de tener vínculos con el cártel de Guerreros Unidos.
Pero quizá el caso más sonado recientemente sea el del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. De acuerdo con una nota de Ezequiel Flores publicada en marzo de 2015 (Proceso 2004), el gobierno federal investigó una red de corrupción de su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Ángel Pérez Aguirre y los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.
Además, la PGR abrió una investigación en contra de al menos 18 miembros del círcu­lo de Ángel Aguirre, acusados de realizar negocios al amparo del poder y desviar recursos públicos. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la PGR congelar las cuentas bancarias del exgobernador con licencia y de los nueve detenidos por presunto lavado de dinero.
En enero de 2014, el entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez La Tuta, acusó al exdirigente estatal del PRD Carlos Reyes Torres y a su hermano Pascasio, alcalde perredista de La Unión, de apoyar al grupo de autodefensa que dirige la banda de Los Granados.
Esa organización está afincada en el municipio de Tecpan de Galeana y ha operado con el aval del gobierno de Aguirre Rivero, pese a que fue acusado de ser el brazo del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Guerrero. Por ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) integró una averiguación previa contra el gobernador con licencia y otros probables implicados.
Ángel Aguirre Rivero desapareció de la escena pública tras la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, pero su expediente manchado quedó tanto en los registros de la PGR como en los del propio PRD, del que nunca fue expulsado.
Este reportaje se publicó en la edición 2112 de la revista Proceso del 23 de abril de 2017.