CIUDAD
DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía
alternativa: O iba por Javier Duarte a Guatemala o el gobierno de ese
país lo deportaba. Los guatemaltecos no estuvieron dispuestos a ser
comparsa en un tema en el que no tenían nada que ganar.
A Duarte y
a su esposa, Karime Macías, los tenían ubicados desde que entraron al
país vecino. Sólo esperaban que el gobierno mexicano fuera por ellos.
Las
versiones sobre la eficiencia policial mexicana para localizar al
exgobernador se empeñan en construir algo que no existió, dándole
incluso elementos a la defensa para reclamar violaciones al debido
proceso en el sistema de justicia garantista guatemalteco.
México
mantuvo a Duarte en condición de prófugo durante seis meses mientras el
exgobernador organizaba su defensa, en espera también de los arreglos
entre el gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el de Peña
Nieto.
Peña cedió al chantaje de Yunes y no le quedó otra que participar en una escenificación del gobernador panista.
La
persecución y el interrogatorio al que sometió durante horas, fuera de
México, a los cómplices de Duarte dio a Yunes material suficiente para
amagar públicamente a Los Pinos.
Por eso, un día antes de que
Yunes asumiera el gobierno, el procurador general de la República, Raúl
Cervantes, convocó a la prensa para anunciar la entrega de 421 millones
de pesos al gobierno de Veracruz, supuestamente recuperados de los
cómplices de Duarte.
Ese día, el 30 de noviembre del año pasado,
le dio un primer cheque por 250 millones de pesos, en una extraña cesión
que fue presentada como parte del dinero que Duarte y sus cómplices
esquilmaron del erario veracruzano. Al día siguiente, en su toma de
posesión, Yunes anunció que se recuperarían mil millones de pesos.
Además
de escénico, el movimiento tiene implicaciones que favorecen al
exgobernador, pues si Yunes y la PGR se dan por bien pagados, a Duarte
se le reducen los cargos. Falta ver si de todas las observaciones que
hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se traducen en
investigaciones en la PGR.
Hasta ahora, la más firme en su contra
es la que tiene que ver con las empresas fantasmas que creó para desviar
el dinero. La PGR tiene poco más de un mes para demostrar a Guatemala
las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pero
si sus cómplices ya están regresando dinero, Duarte podría hacer lo
mismo. Parece dispuesto a hacerlo, lo mismo que al escarnio de su
proceso penal. A cambio, la protección para su esposa y su suegro, quien
ahora dice que hizo fortuna porque se ganó la lotería.
Si Yunes
hizo otro espectáculo con la difusión de la libreta “merezco abundancia”
de Karime Macías, la pregunta es por qué la Fiscalía de Veracruz no
actuó en su contra.
Se ha limitado a alimentar el morbo, como la
difusión, la semana pasada, de las fotos de su salida a Inglaterra,
procedente de Colombia.
No fue casual que Macías volara desde ese
país. Aunque hubiera una ficha roja de Interpol, el gobierno colombiano
no la podía detener porque de acuerdo con sus leyes, se requiere de una
solicitud de orden de aprehensión, lo que no existe ni por el lado de la
PGR ni de la Fiscalía de Veracruz.
En un nuevo capítulo del
entretenimiento, en un acto al parecer sin sustento legal, Yunes
confiscó esta semana una propiedad en Tlacotalpan que adjudicó a un
“prestanombres” de Duarte.
Peña Nieto y Yunes tienen ahora otro
interés común: bajar como sea a Andrés Manuel López Obrador de las
encuestas presidenciales, engrandeciendo los reiterados errores del
líder de Morena, quien sigue pensando que todos están equivocados, menos
él.
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