El derecho está garantizado en la Constitución, pero no hay ley reglamentaria
Índices de infraestructura no reflejan realidad; en la capital, 70% reciben el líquido sólo unas horas
Minería y otros proyectos comprometen su distribución; injustificable, recorte al sector, indica
En promedio, 90 por ciento de los mexicanos tienen acceso al agua, pero entre los indígenas, se reduce a 70 por ciento
En el cumplimiento del derecho humano al agua en
México la discriminación es clara: las comunidades indígenas son las que
menos acceso tienen al servicio, y con el Índice de Desarrollo Humano
del país no es posible que se entregue agua sólo unas horas al día. Nada
justifica un recorte de recursos públicos de 37 por ciento para este
sector, señaló el relator especial de Naciones Unidas para agua potable y
saneamiento, Léo Heller.
En conferencia de prensa en la que presentó conclusiones preliminares
sobre la visita oficial que realizó del 2 al 12 de mayo, luego de
entregarlas al gobierno federal, advirtió que Mexico tiene desafíos muy
grandes y esperaría una situación mejor. Reconoció que el derecho humano
al agua esté garantizado en la Constitución desde 2012, pero se
requiere la ley reglamentaria y ya han pasado cinco años sin que se
establezca.
Sostuvo que el país cuenta con buenos índices en infraestructura que
llegan a alrededor de 90 por ciento, lo cual está lejos de ser el acceso
real de la gente al agua y saneamiento,
hay información de que en Ciudad de México 70 por ciento de la población recibe agua menos de 12 horas al día, esto es impactante en un país con el Índice de Desarrollo Humano de México. No es compatibley sobre todo que esto ocurra en su capital.
Señaló que México tiene obligaciones en el tema, ha ratificado
múltiples instrumentos y ellos permiten a la gente acceder a la
justicia. Manifestó su preocupación por que distintas autoridades no
consideran a los derechos de agua potable y saneamiento entre las
prioridades del gobierno.
El experto visitó Iztapalapa y Xochimilco, en ciudad de México,
acudió a los municipios de Papantla y Filomeno Mata en Veracruz; a
Tuxtla Gutiérrez y los alrededores de San Cristobal de las Casas en
Chiapas y San José del Rincón en el estado de México. Durante 10 días se
reunió con decenas de representantes de comunidades y organizaciones
que expusieron distintas problemáticas.
En la sede de las Naciones Unidas de la ciudad de México, destacó que
la minería y aprovechamientos hidroeléctricos comprometen de forma
seria el acceso de agua de calidad y se refirió a que hay zonas del país
donde las tarifas por el servicio son muy altas, lo cual es
preocupante, porque si la gente no puede pagar se viola su derecho
humano al acceso a este recurso.
Los municipios, encargados de la prestación del servicio, tienen poco soporte de los gobiernos estatales y federal,
esto lleva a servicios muy precariosy se observa en la calidad del agua, la provisión de servicios y los sistemas tarifarios que impactan en los mas pobres. También hay muchas escuelas que carecen de instalaciones adecuadas.
Se refirió a que hubo reducción presupuestal de 37 por ciento a agua y saneamiento,
sabemos que hay dificultades de la economía mexicana, pero nada justifica un recorte como este a un sector. Esos recortes
tendrán un potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua y saneamiento en el corto y mediano plazos.
Falta plan estructurado
Dijo que se encontró con gente que depende del agua
embotellada y el hecho de que México tenga el más alto nivel de consumo
per cápita en el mundo, 480 litros al año, es evidencia de la falta de
confianza de la población sobre el agua que recibe. Ejemplificó que en
Xochimilco, las mujeres tienen que pagar burros para que les lleven
agua, estos costos son más altos y afectan a la gente más pobre.
La discriminación es clave en derechos humanos y visible en México,
las comunidades indígenas tienen menor acceso que los no indígenas, 70
por ciento contra 90 por ciento de la media nacional. Sostuvo que hay
muchas obras públicas, bien hechas, pero sin funcionar. Tan sólo en
Chiapas hay 194 plantas de tratamiento, y sólo 12 funcionan,
es inaceptable, son fondos públicos aplicados en los servicios.
En el caso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México dijo que se reportan muchos problemas.
Debería haber un plan para resolverlos y tengo la impresión de que no hay nada estructurado; hay una posición ambigua,
entre pesimismo y optimismo, dijo. El informe final de hallazgos y recomendaciones se presentará en septiembre.
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