By Nancy Flores / @Nancy_Contra
Entrado
en años, José Marcelino Campos –junto con familiares, vecinos y amigos–
dedica su vida a la defensa del manto freático de los Pedregales de
Coyoacán, pues para él no hay de otra: el agua y la tierra no son
negociables. Así que en vez de tener una vida tranquila, anda en “el
relajo” de los plantones, las manifestaciones, las asambleas, las
jornadas informativas y hasta la represión.
Se mete en todo lo que
sea necesario para frenar el megaproyecto inmobiliario Cantera,
promovido por la empresa Quiero Casa y que amenaza uno de los veneros
del Sur de la Ciudad de México: el acuífero ubicado en el pueblo de Los
Reyes, Coyoacán.
El movimiento de resistencia en el que participa
don Marcelino forma parte de los 97 conflictos sociales adheridos a la
Campaña Nacional por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. De
ese total, 24 están relacionados con el vital recurso: 14, con problemas
de privatización; seis, con extracción, y cuatro, con la gestión del
recurso.
No obstante, las conflictividades relacionadas con el
agua podrían ser mucho más. Y es que, durante su visita a México –del 2
al 12 de mayo pasado–, el relator Especial sobre los Derechos Humanos al
Agua Potable y al Saneamiento de la Organización de las Naciones
Unidas, Léo Heller, fue enterado de 72 problemáticas de violaciones a
los derechos humanos al agua potable y al saneamiento situadas en 17
entidades del país.
Según el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México
–elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho
al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los
Ríos, la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otros–, esos casos
no sólo reflejan situaciones violatorias, sino también “el
incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones del Estado
mexicano en la materia”.
En el caso de los Pedregales, don Marcelino narra a Contralínea
que el problema surgió porque “una inmobiliaria fractura el manto
freático para construir 377 departamentos y 680 cajones para
estacionamiento. Perfora profundo y rompe el manto freático”.
Para
defender el venero que la inmobiliaria Quiero Casa “destruye, contamina
y agota”, con la venia de las autoridades delegacionales y el gobierno
capitalino, los afectados crearon la Asamblea General de Pueblos,
Colonias, Barrios y Pedregales de Coyoacán.
José Marcelino Campos
explica que ya van más de 2 años que se ha estado tirando el agua. Por
eso, dice, “hicimos el plantón para divulgar a todas las colonias,
pueblos y barrios de los Pedregales; para defender el agua y el
manantial que hay ahí. La comunidad, al hacer la asamblea, decide pedir
una expropiación del predio y la clausura de la obra. Queremos hacer un
parque ecológico en el predio que sea para la comunidad”.
Y estuvieron 218 días en plantón, hasta que les llegó la mano dura.
“El gobierno nos reprimió. Quitó el plantón el 5 de diciembre [pasado]:
nos sacaron como a las 3 y media de la mañana. Golpearon a los
compañeros que se encontraban ahí. Fueron sacados del plantón. Nos
robaron nuestras cosas. Como cinco autos que estaban ahí fueron llevados
al corralón”.
Nueve
días antes del violento desalojo, el 26 de noviembre de 2016, la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México aceptaron las “medidas de remediación”
propuestas por la inmobiliaria y, con ello, autorizaron la continuación
de la obra.
El proyecto Cantera se ubica en el predio Aztecas 215,
en el pueblo de Los Reyes. De acuerdo con los afectados, los primeros
avances de la construcción ocasionaron que más de 1 mil 900 millones de
litros de agua limpia se derramaran al drenaje y se talaron, al menos,
160 árboles.
Conflictos adheridos a la Campaña
Además del
conflicto de los Pedregales de Coyoacán, en la Campaña por la Defensa de
la Madre Tierra y el Territorio participan otras resistencias en
defensa del agua, como la de Jalisco, donde pobladores de El Salto, con
el acompañamiento de la asociación civil Un Salto de Vida, luchan contra
la contaminación del río Santiago.
Aunque el problema comenzó
hace 3 décadas, fue en 2008 cuando decenas de personas se movilizaron
para intentar frenar el vertimiento de contaminantes y, desde entonces,
la lucha continúa. Actualmente son cerca de 280 industrias en la zona
las que contaminan el río.
Otra entidad que enfrenta este tipo de
problemáticas es Sonora, gobernada por el Partido Revolucionario
Institucional, con al menos tres conflictos sociales asociados al agua
que implican a pueblos indígenas. Uno de ellos es la lucha de los seris,
defensores del territorio Comca’ac [Isla Tiburón], que además de
oponerse a la minería (La Peineta Minera), resisten a un proyecto de
energía maremotriz (Tiburón Agua y Electricidad, SA de CV).
En esa
misma entidad continúa la defensa del Río Yaqui, conflictividad
originada por la construcción y operación –al margen de las resoluciones
judiciales que amparaban a los opositores– de la presa El Novillo. Esta
defensa está encabezada por el pueblo originario Yaqui. Y el tercer
conflicto lo enfrenta la tribu Guarijío, y es por la defensa del agua
del Río Mayo.
Otros pueblos indígenas que defienden los caudales,
pero en Veracruz, –gobernado por el Partido Acción Nacional–, son los
totonacos y nahuas, que rechazan la construcción de una represa en la
cuenca del río Jajalpa.
Las represas no sólo causan conflictos en
Veracruz; también en Chiapas: ahí, el Consejo Autónomo Regional de la
Zona Costa de Chiapas-Frente Cívico Tonalteco lucha contra este tipo de
proyectos y contra la privatización del agua.
En esta lista de
entidades afectadas también se encuentra el Estado de México, gobernado
por el PRI. Allí, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco
Xochicuautla defiende el agua, los bosques y los sitios sagrados,
amenazados por la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan.
Además, la comunidad de San Pedro Atlapulco y el Comité Ciudadano en
Defensa del Xinantécatl de Santiago Tlacotepec se oponen a la
recategorización del Nevado de Toluca, que amenaza las reservas de agua y
el bosque.
De
acuerdo con datos de la Campaña, en territorio mexiquense las
comunidades Magú, Amecameca, Huitzizilapan, Los Reyes Acozac, Apaxco y
Tecamac enfrentan sus propias resistencias de defensa del agua y de sus
sistemas de administración autónoma y comunal, “que el gobierno les
quiere arrebatar para concesionarlo a megaproyectos del capital en la
región”.
En Guerrero está el movimiento de oposición al Proyecto
Hidroeléctrico Presa La Parota, promovida por la Comisión Federal de
Electricidad. Esa empresa productiva del Estado también es responsable
del conflicto social en la cuenca del Río Verde (o Atoyac), Oaxaca,
ocasionado por la construcción de otra presa.
Y en Puebla, el Consejo Tiyat Tlalli también se opone a los proyectos hidroeléctricos y al fracking hidráulico, que requiere grandes cantidades de agua para su desarrollo.
Para
la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, “el
agua es de los bienes naturales que más ha sido privatizado por
gobiernos de todo el mundo para que las empresas puedan controlarla”, y
México no es la excepción.
Entre los 72 problemas detectados por el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México,
destacan tres, pues las presuntas violaciones a los derechos humanos se
darían por empresas privadas: Aguakán de Cancún, Islas Mujeres y
Solidaridad; Concesiones Integrales y Agua de Puebla; y Grupo MAS de
Veracruz y Medellín, concesionarias de los sistemas de agua y drenaje.
Observatorio de conflictos
Además
de la Campaña, el Observatorio de Conflictos por el Agua en México
–del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua– visibiliza
problemáticas sociales derivadas del manejo de este recurso.
Actualmente,
esa herramienta informativa reporta siete conflictividades, entre ellas
la de la tribu Yaqui, y otras tres inactivas o solucionadas (conflicto
entre México y Estados Unidos por la distribución de agua en el Valle de
Mexicali; incumplimiento del Artículo 4 constitucional –derecho humano
al agua y saneamiento– en la colonia Ampliación Tres de Mayo, Alpuyeca,
municipio de Xochitepec, Morelos; y el conflicto por causa del manejo de
información a la población sobre la construcción de red de agua potable
del Sistema Cutzamala en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, delegación
Álvaro Obregón, Ciudad de México).
Según el Observatorio, los
conflictos activos, además del de la tribu Yaqui, son el del
resarcimiento del daño ambiental, social y económico generado a
consecuencia del derrame de desechos de la mina Buenavista del Cobre,
del Grupo México, en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.
Además,
la oposición a la construcción del Acueducto Monterrey VI por su alto
costo ambiental y económico; y la disputa legal por la altura de la
cortina en la construcción de la presa El Zapotillo, Jalisco.
En
el caso de los Pedregales de Coyoacán, no incluido por el Observatorio
pero sí por la Campaña Nacional de Defensa por la Madre Tierra y el
Territorio, ni don José Marcelino ni sus compañeros de lucha se dan por
vencidos.
“Después de la represión tuvimos que empezar otro tipo
de lucha, con actividades políticas, denunciando esta obra ecocida que
hacen los hermanos Shabot [José y Salomón Shabot Cherem] de la empresa
Quiero Casa”.
La lucha del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
Desde hace 6 años, el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur se mantiene en resistencia contra una gasolinera. “En 2011 es cuando en la comunidad vimos que en un predio que era de vivienda y área verde empiezan a construir. Nos dimos cuenta que era la estructura de una gasolinera. Este predio está sobre la autopista México-Cuernavaca, aproximadamente en el kilómetro 21, en el pueblo originario de San Pedro Mártir”, explica el joven Diego Contreras.Agrega que fueron la organización y los vecinos los que empezaron a investigar la legalidad del proyecto. “La primera instancia que visitamos fue la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial [PAOT], cuyo dictamen reconoce que es totalmente ilegal: certificado de uso de suelo, licencia de construcción, la cuestión ambiental. Todos los lineamientos, normativas, certificados, no cumple con ninguno. Después de eso nos fuimos a un tribunal local para interponer [la denuncia de] que se están violando nuestros derechos y que la gasolinera pone en riesgo la vida. Ha sido un proceso de ir y venir”.Diego Contreras agrega que “en la Sala Superior ya se agotó todo [el proceso]. Aunque ahorita está pendiente un juicio de lesividad. Todo el tiempo –con lo de la PAOT– se vio que todo era ilegal y la sala ordinaria nos dio lo razón: los vecinos de San Pedro Mártir, desde 2012, tienen la razón. Pero la Sala Superior dice que no, que los gasolineros son los que están bien. A raíz de eso nos fuimos a juicio de amparo, todos los juicios de amparo habían sido favorables a nosotros, hasta el último en el que dos magistrados votan en contra nuestra, pero el magistrado presidente se deslinda y reconoce que tenemos la razón. A pesar de que ya no fue favorable, en voto de calidad el presidente de Tribunal Federal del Décimo Quinto nos dio la razón. Como ya se agotó ahí, acudimos a la Suprema Corte, la cual nos rechazó totalmente porque dice que es un caso que no va a cuestiones constitucionales y que pues no entra. Por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A finales del año pasado recibieron nuestro caso y está en revisión”.
El joven indica que detrás de la gasolinera está “el corporativo más grande de México, Corpogas, que es el que tiene más gasolineras en todo el país”. Y señala contubernio entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de México, pues solo así se explica el cúmulo de ilegalidades que arrastra el proyecto “que pone en riesgo nuestra vida”.“[En estos años] hemos visto como va un agravio, va otro. Pero la lucha continúa. Esperamos la suspensión de las actividades, la nulidad de los certificados de uso de suelo y, a nivel internacional, con la Comisión Interamericana [un proceso justo]”.
Enriqueta Curiel, vecina en resistencia de San Pedro Mártir, explica a Contralínea que son tres pueblos originarios los afectados –Chimalcoyoc, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec–, además de todas las colonias que se ubican hasta la caseta de cobro.Doña Enriqueta reflexiona: “Éste es un pueblo que de veras ha sido mártir: ha sido despojado de su territorio por la autopista, el Club de Golf México, el Colegio Militar… Desde 1970 ha sido una lucha permanente contra el despojo, porque esto es despojo. Y ahora la gasolinera”.
Nancy Flores/Cuarta y última parte
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