Tras una reunión con funcionarios estatales y municipales, la Campaña
Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en
Chiapas concluyó que falta capacidad del estado para reaccionar y
atender de manera urgente la Alerta de Violencia de Género (AVG).
A seis meses de que se emitió la AVG en siete municipios de Chiapas, la agrupación -conformada por diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres- denunció que el mecanismo está estacando en las capacitaciones del personal público, no hay transparencia en los recursos asignados, se siguen sin generan métodos y protocolos de atención para la población indígena, no hay coordinación entre las autoridades y existe un desconocimiento dentro del gobierno sobre la declaratoria.
Así lo constató la Campaña en la reunión que sostuvo el 18 y 19 de mayo con representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim) y con el Subsecretario de Operación Política de la Secretaría General de Gobierno. Los rubros que se abordaron fue la coordinación e implementación de la AVG en las localidades declaradas, temas de salud con funcionarios de la Secretaría de Salud estatal, y acceso a las justicia para las chiapanecas.
A la reunión, asistieron sólo 12 de los 23 alcaldes municipales, lo que refleja la “falta de interés y voluntad política” para el seguimiento de la AVG, indicó en un comunicado la Campaña. Entre ellos, también destacó la ausencia del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, de la Fiscal General estatal, Raciel López Salazar y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, autoridades claves para el funcionamiento de la Alerta.
SIN RECURSOS NI TRANSPARENCIA
De acuerdo con la Campaña Popular, los presentes en la junta expresaron que necesitan contar con criterios claros, bases comunes y presupuesto para la aplicación del mecanismo, de lo contrario, tienen “que recortar o redireccionar recursos asignados a otros rubros de la política pública”, dijeron.
Sin embargo la organización aseguró que de la primera asignación de recursos que hizo la Federación al Gobierno estatal para la AVG no hay transparencia. Se desconoce el monto otorgado y los rubros que se establecieron. Hasta ahora sólo saben que se ha invertido en diagnósticos y creación de protocolos de atención, de los cuales no se observan “resultados tangibles”, señaló la agrupación.
Faltan sobre todo, apuntó la Campaña, protocolos de atención a la población indígena, niñas y mujeres migrantes. “Según el testimonio de varios alcaldes, la complejidad del contexto local y regional en Chiapas indica la necesidad de acciones integrales de carácter regional”, informaron. Estas observaciones ya habían sido estipuladas por el grupo de trabajo, quien precisó en su informe, que se deben crear programas de atención únicos para la región de los Altos de Chiapas.
DESCONOCEN AVG
Otra de las problemáticas que detectó la Campaña como obstáculo al funcionamiento de la AVG es que las autoridades municipales revelaron que “desconocen la situación de violencia hacia las mujeres y niñas” e indicaron apenas tienen conocimiento sobre la AVG, por lo que comenzaron “a buscar información para conocer los ordenamientos de la declaratoria”.
Esta situación podría derivar de que el gobierno local no cuenta con un “Programa Único de Capacitación”, advirtió la organización, para que las distintas dependencias del estado puedan implementar talleres y cursos desde la perspectiva de género, para dar herramientas a funcionarios públicos y “puedan resolver de manera urgente y eficiente las medidas dadas por el grupo de trabajo”.
PREOCUPA QUE FGE ATIENDA AVG
Ante el desconocimiento, la Campaña expresó su preocupación de que el gobierno local delegue la responsabilidad del funcionamiento de la AVG a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues asegura que cuenta con servidores públicos “sin la capacidad de toma de decisiones”.
“No está en marcha ni siquiera la primera etapa informativa para conocer qué es la AVG como parte de las acciones de difusión ordenadas”, aseguró la agrupación.
Cabe recordar que con un retraso de tres años de pedir la AVG y ser negada al inicio por el gobierno, la declaratoria en Chiapas se dio el 18 de noviembre de 2016 para las localidades de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Esta se solicitó no sólo por los casos de feminicidio, sino por la “violencia estructural que enfrentan las chiapanecas”.
OCS EXIGEN
Por ello, en el comunicado la Campaña exigió:
1) que se cumpla con cabalidad y formalidad el mandato de la AVG.
2) restructurar el grupo de trabajo y designar personal que tenga capacidad de coordinación, operación, gestión y convocatoria para el seguimiento y vigilancia de la Alerta.
3) Dar un informe de transparencia de los recursos.
4) Que el gobierno local trabaje de manera coordinada con las organizaciones peticionarias. De lo contrario, si se incurre en el incumplimiento con lo establecido por el mecanismo, las organizaciones tendrán que recurrir a instancias internacionales, concluyeron.
Imagen retomada de contrafeminicidiochiapas.wordpress.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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