El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas no está funcionando como es debido, dicen quienes se han adherido a él. Al precario financiamiento, se suma la falta de apoyo real cuando los agredidos solicitan ayuda. El “marzo negro”, que se llevó a tres comunicadores, también afectó a la activista sinaloense Alma Barraza, quien salió ilesa de un atentado, el quinto que ha sufrido en los últimos meses. Por eso el reclamo, ahora, es dar más fondos al Mecanismo y diseñar un protocolo de protección en coordinación con las entidades federativas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La defensora de derechos humanos Alma Barraza Gómez ha sufrido cinco agresiones en los últimos meses, cada vez más intimidatorias. El 31 de enero pasado desapareció uno de sus hermanos y el 22 de marzo último por la noche murió uno de sus escoltas, Rogelio Hernández López, cuando intentaron secuestrarla. Barraza decidió salir de Sinaloa, su entidad natal.
Desde su refugio temporal, la defensora de comuneros despojados de sus territorios para la construcción de la presa Picachos en esa entidad narra lo que le ocurrió hace un mes:
“Estábamos en medio de la balacera, apreté el botón de pánico para reportar lo que estaba ocurriendo, rogando que nos enviaran refuerzos. La señorita que me contestó me dice: ‘Deme su clave de cancelación’. Yo le respondí: ‘¡Chinga tu madre! ¿No escuchas lo que estoy diciendo? ¿No escuchas los balazos? ¡Nos están matando!’. Fue terrorífico.”
La voz se le quiebra, los ojos se le humedecen… El del 22 de marzo tiene sus particularidades, agrega, y menciona los antecedentes:
En noviembre pasado, durante la revisión de su caso en la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, al que está adherida, su nivel de riesgo fue clasificado como “ordinario”, por lo que se instruyó el retiro de medidas de protección que tenía en ese momento: dos guardias de la empresa RCU Sistemas, asignados por el gobierno federal para su custodia desde 2014 (Proceso 1955).
En sesiones anteriores, la Junta de Gobierno le retiró a Barraza cuatro agentes: dos de RCU y otros tantos de la Policía Federal; estos últimos, luego de que en junio de 2016 se lanzó como candidata independiente a la alcaldía de Mazatlán.
Barraza, quien tiene el expediente 46 dentro del Mecanismo, se queja del distanciamiento de las fuerzas federales en cuanto a la protección de activistas y periodistas durante la gestión de Sara Irene Herrerías como subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación. La activista lo ubica entre mayo de 2015 y septiembre de 2016.
Retoma el relato de la agresión del 22 de marzo: “Se supone que la Policía Federal tendría que apoyarme en mi traslado de Culiacán a Mazatlán. Pedimos el apoyo con 10 días de anticipación y nos dijeron que había operativo, que no nos podían apoyar; yo insistí ese día con Paty Colchero (nueva directora de la UDDH). Se me dijo que los elementos llegarían, pero después, al ver que no llegaban al punto acordado, en la carretera nos dimos cuenta que ya nos estaban “halconeando’, por lo que decidimos movernos”.
Veinte minutos después de salir de la caseta de Costa Rica, una camioneta Cherokee se le atravesó a la comitiva de Barraza. Dos hombres armados bajaron del vehículo y se desató la balacera.
“Mientras manejaba –continúa–, en el asiento trasero de la camioneta el guardia que sobrevivió atendía a Rogelio, quien se desangraba. Pedí al Mecanismo una ambulancia y fuerzas federales. Al final llegaron, porque les llamé directamente”.
Las fallas
Alma Barraza es una las beneficiarias del Mecanismo que sufrió atentados durante el “marzo negro” en el que murieron tres periodistas y otros dos fueron atacados, entre ellos Julio Omar Gómez, de Baja California Sur, por quien murió un escolta, también de RCU.
No es el primer reporte de fallas en el sistema de seguridad del Mecanismo. Al mismo Cecilio Pineda Brito, acribillado el 2 de marzo en la Tierra Caliente, Guerrero, se le había dado de baja como beneficiario porque no se pudo coordinar su salida de Guerrero para ser llevado a un refugio.
Hace tres semanas, Brenda Rangel Ortiz y su esposo, Víctor García, del colectivo ­Desaparecidos Justicia, de Querétaro, fueron asaltados mientras realizaban su trabajo. Ambos son usuarios del Mecanismo y, de acuerdo con su relato, el botón de pánico que llevaban no sirvió para atender la emergencia.
“Ayer fuimos a la sierra, pedimos que nos monitorearan cada hora, pero lo hicieron cada siete, porque el botón de pánico no tiene cobertura”, cuenta Brenda, quien es hermana de Héctor Rangel Ortiz, desaparecido en 2009 en Coahuila.
Sostiene que el 6 de julio de 2016 se le retiró la protección de agentes de la PGR. Ella dice que fue “en represalia” porque a finales de junio pasado acompañó a un grupo de víctimas de violaciones a derechos humanos a Canadá, invitado por Amnistía Internacional para reunirse con miembros del Parlamento y funcionarios del gobierno de Justin Trudeau, así como académicos y organizaciones sociales. El objetivo era denunciar la violencia en México en el contexto de la visita de Enrique Peña Nieto a ese país.
“Cuando regresé, de manera coincidente nos anunciaron que el caso de mi hermano se cerraba en Querétaro y nos retiraron los escoltas de la PGR, supuestamente porque ahora iban a cuidar políticos. Ello los llevó a solicitar el ingreso al Mecanismo.
“Sin embargo, a pesar de que en la Secretaría de Gobernación reconocen el riesgo que estamos pasando –a mi esposo lo golpearon en septiembre y le dijeron que ya le bajáramos–, en la Junta de Gobierno de noviembre no se nos aprobó tener escoltas”, relata la activista.
Un informe preocupante
Ante la preocupación por las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos integrados en el Mecanismo, salió a relucir la falta de recursos asignados al fideicomiso 10232, a través del cual se pagan todas las medidas de protección –escoltas, vehículos blindados, botones de pánico, cámaras de seguridad, seguridad de inmuebles o refugios de seguridad, entre otras–, para las personas bajo resguardo del Mecanismo.
En total son 509, de los cuales en 36% de los casos las agresiones han sido de servidores públicos; en 30.5% de particulares, y en 32.6% de personas no identificadas.
En el informe del Mecanismo más reciente –del último trimestre de 2012 a marzo de 2017– se entregaron 621 medidas extraordinarias derivadas de los análisis de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, entre ellas la asignación de escoltas a 41 personas. Sin embargo, esa tendencia comenzó a disminuir a partir de 2014. En 2015 sólo hubo 16 y el año pasado se redujo a tres.
En el mismo periodo que comprende el informe, como parte de las Medidas de Protección Ordinarias otorgadas por la Junta de Gobierno en la primera evaluación de riesgo, se contabilizaron 106 beneficiarios de escoltas; en 2015 fueron 35, y el año pasado sólo ocho.
Entre las medidas de infraestructura para la protección de personas defensoras y periodistas, el informe reporta que entre 2014 y 2016 se entregaron 192 equipos de circuito cerrado de televisión, 964 cámaras de vigilancia, 71 sistemas de alarma, 269 sensores de apertura de puertas, 154 sensores inalámbricos de detección de movimientos, 13 extintores, 628 cerraduras de alta seguridad, 58 videoportero con chapa, 724 luminarias y reflectores, 28 sistemas de cerca electrificada, así como micas para cristales (140 metros), cerca electrificada (928 metros), malla ciclónica concertina (10 mil 775 metros) y protector de ventana de acero (mil 153 metros).
En el reportaje “Un maltrecho mecanismo de protección de periodistas”, publicado en su edición 1955, Proceso destacó que la adjudicación directa se hizo a la empresa RCU Sistemas, representada por Israel González León, y en ella se incluyen 37 servicios de seguridad.
Entre las tarifas de los arrendamientos mensuales se destaca un vehículo compacto por casi 22 mil pesos, una camioneta blindada en 245 mil; un inmueble habilitado como “refugio de seguridad”, por casi 34 mil pesos, incluida la alimentación de una persona (mil 652 pesos); guardia de seguridad “especializado en protección de personas, experto en combate cuerpo a cuerpo y especializado en el manejo de armas” (34 mil pesos); equipo de telefonía celular, satelital y de radiocomunicación, entre 2 mil 700 y 2 mil 900; circuito cerrado por 21 mil 400, sin cámaras, y 3 mil pesos por cada cámara, entre otros servicios.
De acuerdo al Análisis y Proyección del Ejercicio de las Medidas de Protección Implementadas y Operadas, desde su creación en 2012 a la fecha el fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había recibido de la federación 477 millones 280 mil 650 pesos, pero los gastos han sido de 488 millones 163 mil 496.
Según el documento dado a conocer a los integrantes de la Junta de Gobierno el miércoles 5, el fideicomiso arrancó a finales de 2012 con una aportación inicial de 40 millones 880 mil 650 pesos; en 2013 la inyección federal fue de 127 millones 500 mil, y a partir de entonces los fondos se redujeron.
En 2014 se le entregaron 118 millones; el año siguiente fueron 102 millones al año; en 2016, 88.9 millones, y este año es de cero pesos. La disminución ocurrió pese a que desde 2014 –cuando empezó a operar el fideicomiso– la erogación en medidas de protección tuvo una tendencia ascendente. Empezó con un gasto de 400 mil pesos en marzo de ese año para llegar a 16.2 millones en diciembre del año pasado.
Las limitaciones
Al interior del Mecanismo, según las proyecciones para este 2017, es que el año empezaría con un gasto de 16.3 millones de pesos en medidas de protección; para octubre se erogarán 19 millones, pero el saldo disponible para entonces es de sólo 12 millones 585 mil 474 de pesos.
Ante la crisis que se avecina, diputados y senadores presentaron puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a garantizar el mantenimiento financiero del Mecanismo. Recientemente se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por lo pronto, desde Gobernación ya se hizo también el llamado a la SHCP, dice a Proceso la titular de la UDDH, Patricia Colchero Aragonés, responsable de operar el Mecanismo.
Añade que para completar el año el fideicomiso 10232 requiere una aportación extraordinaria de 80 millones de pesos, y confía en que se atenderá el llamado de auxilio.
“Seguramente nos lo van a entregar, porque ni modo que llegando el mes de septiembre yo tenga que retirar todas las medidas de protección a todas las personas. Eso es imposible”, anota la funcionaria. Destaca que los primeros años se gastaban en promedio 8 millones de pesos, ahora son 17 millones debido a la incorporación cada vez más frecuente de periodistas y defensores de derechos humanos.
Al señalar que el recorte de recursos ordinarios “está pegando en la estructura –28 personas–, advierte que las cifras de incorporación no mienten sobre las condiciones en que defensores y periodistas se desenvuelven y los riesgos que se avecinan.
“El país es peligroso para defensores y periodistas, y el proceso electoral lo va a poner mucho más difícil; por eso necesitamos que este Mecanismo siga fortaleciéndose con los estados y con las instancias electorales. El proceso electoral siempre es un factor de riesgo; hay estudios que lo prueban”, dice.
Colchero, quien fue visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza, considera que no todo es dinero. “Si tenemos una buena coordinación podemos seguir protegiendo. El problema es que siguen asesinando periodistas y defensores y el Estado tiene la obligación de cumplir con su responsabilidad de protegerlos”.
Comenta que el “marzo negro” llevó a las autoridades a evaluar las acciones del Mecanismo.
“Pudimos detectar que la protección sirvió en los tres atentados que tuvimos, los de Alma Barraza, Julio Omar Gómez y Armando Arrieta de La Opinión de Veracruz, quien se incorporó el día que fue atacado. Si bien en dos de los casos murieron escoltas –que resultó muy doloroso para nosotros–, la protección sí se les dio a las personas protegidas”, refiere Colchero.
Sobre el caso de Pineda Brito, a quien se incluyó en el Mecanismo por iniciativa de los operadores –aunque en octubre fue dado de baja luego de que no se concretó su salida de Tierra Caliente–, admite que su muerte les indica que deben ser “mucho más enfáticos para convencerlos (a los beneficiarios) de que es una medida necesaria y que no es para siempre”.

Ante señalamientos de beneficiarios so-
bre el distanciamiento de la Policía Federal (PF) en la protección, incluso en la negativa a proporcionar siquiera un número telefónico en caso de emergencia, Colchero afirma que a partir de 2016 disminuyó la colaboración con la institución, que argumenta falta de elementos y de cobertura en varios estados o el despliegue de operativos.

Sin embargo, agrega, “hay casos en que es fundamental el acompañamiento de la PF, como en los traslados en carreteras, donde los escoltas resultan insuficientes”, por lo que es necesario diseñar una estrategia con el Comisionado Nacional, Manelich Castilla Craviotto. De hecho, dice, ya está en pláticas con él.
Otro de los retos que tiene el Mecanismo para un funcionamiento eficaz es la cooperación de las entidades federativas en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Sin ese apoyo, “difícilmente va a servir un botón de pánico, que generalmente no está direccionado a la Policía Federal. No queremos que haya 32 mecanismos –o 33, con el federal–. Ni siquiera creo que valga la pena. Lo que necesitamos es una coordinación de las áreas de seguridad, de procuración, y contar con otra de prevención; una especie de plan de protección o protocolo de protección conjunta”, manifiesta Colchero.
Dice que está por definir convenios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindarles atención psicosocial, así como con las entidades federativas para hacer diagnósticos regionales. Coincide con muchos defensores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en que el verdadero reto es abatir la impunidad y fortalecer al Mecanismo.
Concluye: “Es muy importante que en el tema de procuración de justicia avancemos en las investigaciones. Si no sancionamos, entonces tenemos libres, impunemente, a quienes están dañando a periodistas y defensores”.
Este reportaje se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.