En la capital del país se abren al mes, en promedio, 5 carpetas de
investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF), aunque la cifra podría ser mayor, pues la
omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia
Procuraduría no permiten acreditar el delito.
De 2015 a abril de 2017, la PGJDF reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De estos, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56 en 2015.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se reúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.
En 2011 se tipificó en el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.
El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.
El caso de Lesvy, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJDF al atender e investigar esos casos.
PGJDF, FALLAS
Entre las irregularidades que repite la PGJDF, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos, y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.
Ese día, ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó denuncia por desaparición y al día siguiente se enteraron que fue asesinada.
Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.
El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recordó Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las 5 razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.
“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, actúan de forma omisa lo que afecta a las mujeres”, aseveró el abogado.
Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “sólo es necesario acreditar una de las 5 circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”. Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
La PGJDF informa que desde 2011 a abril de 2017, se han puesto a disposición a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado sólo 77 sentencias por feminicidio.
PGJDF EXPUESTA
Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con asesinato de Angélica Trinidad Romero en la tienda Liverpool.
Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada.
No es novedad, dice la especialista, “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables.
REVICTIMIZACIÓN
En el caso de Lesvy, la PGJDF no informó en un inicio la aplicación del Protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el 5 de mayo.
No es sólo aprender el Protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, dice Estrada, pasa lo que con Lesvy: prácticas discriminatorias contra las víctimas.
La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.
Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento, a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJDF dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales”.
“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.
Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones, para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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