Negocios
por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y
gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que
involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas,
agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y
Chiapas.
Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años,
implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los
entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada
“proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la fecha no
saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que
en las próximas semanas y meses se les impondrán.
Empresarios y
gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas
tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se
lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre
del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018,
el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la
tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del
monto de las “inversiones” para las etapas segunda y tercera.
En entrevista con Contralínea,
el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informa que
serán 250 mil los empleos directos e indirectos que generará esta
política pública en su primera fase. Además, una inversión en 15 años
que superará los 35 mil millones de dólares.
“Y lo que tenemos
hoy ya va bastante avanzado: son 39 empresas con una inversión cercana a
los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos.”
Serán
éstos los datos que en los próximos días anunciará el presidente de la
República, Enrique peña Nieto, cuando dé por inauguradas las primeras
Zonas.
Prácticamente los “polos de desarrollo” se realizarán en
todas las entidades del Sur-Sureste mexicano, codiciado desde hace
décadas por los grupos empresariales nacionales y trasnacionales. Con
otros nombres, se han lanzado proyectos para “detonar la inversión” en
estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan
Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los
sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De
manera clara, en la página de la AFDZEE, se señala que “el sector
privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas
Económicas Especiales”.
Las “oportunidades” para los empresarios
aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las
ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como socios o
subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se
establezcan”. Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla
o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores
estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las
cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas”.
También en
el “Área de Influencia: aprovechando las derramas económicas en sectores
productivos sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los
negocios”. Finalmente, podrán sacar ventaja en un “Clúster Regional de
Servicios: ofreciendo a los inversionistas servicios profesionales, de
consultoría especializada, servicios de capacitación, traducción,
servicios financieros, entre otros”.
De acuerdo con el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales,
elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el
proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General
de Bienes Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades
federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales: Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Estos
siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron,
durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la
declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de
Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está
encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex).
Precisamente estos
organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta
iniciativa y han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE
para “dar seguimiento” a la instrumentación de las zonas. La Autoridad
ha señalado que cuenta con 135 empresas nacionales y trasnacionales
listas para “invertir” en las ZEE. Por el contrario, organizaciones
sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se ha
manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y
megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las
poblaciones afectadas.
El CCE y la Coparmex no son las únicas
organizaciones empresariales que se han involucrado en el plan general
de las ZEE. Entre otras, también se encuentran la Asociación de Navieros
de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servitur).
El
Poder Legislativo federal, además, ha creado una instancia de
seguimiento a la declaratoria de las ZEE. En la Cámara de Diputados se
instaló la Comisión Especial para el Establecimiento de Zonas Económicas
Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones de pesos para realizar
actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo con
gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de
prensa y spots en el Canal del Congreso.
De manera
formal, con el establecimiento de las ZEE se busca la “generación de
empleos bien pagados, atracción de inversión, generación y
fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones
y aumentos en la productividad”, como se señala en la página de
internet de las AFDZEE.
“Se trata de una política transversal
–señala Gutiérrez Candiani en entrevista– donde se generan las
condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la
gente (…). Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de
oportunidades para que las gentes actuales y, sobre todo, las
generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida.”
Sin
embargo, para Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas
para acabar la pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos
tienen. Se trata de “zonas delimitadas dentro de un estado donde las
reglas de negocios son distintas, sobre todo para las empresas son zonas
importantes para las exportaciones”.
La investigadora y coautora del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México
señala que las ZEE son un modelo diseñado por el Banco Mundial que ya
ha fracasado en países de América Latina y, en otros, “no ha tenido el
éxito que esperaba”. Ejemplifica con los casos de América Central, donde
la mayoría de las zonas están dirigidas a la exportación de textiles
manufacturados sin que hayan disminuido la desigualdad ni la pobreza en
la región.
En las zonas que se declaren, los empresarios tendrán
beneficios fiscales (pagarán menos impuestos) y gozarán de incentivos
administrativos para que se les apruebe inmediatamente sus proyectos.
La
AFDZEE, bajo control del empresariado, será también la responsable de
“realizar procedimientos de consulta previa, libre e informada a las
comunidades y pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus
intereses y derechos”, como señala la Autoridad en su página
electrónica.
El
documento del Instituto Belisario Domínguez, por su parte, muestra el
entusiasmo del empresariado pero también la oposición del “sector
social”. Señala que organizaciones sociales, “lejos de apoyar el
proyecto están en contra del mismo. Argumentan que la
instrumentalización de las ZEE es otra forma de explotar la tierra,
contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan
los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas
especiales”.
En marzo pasado, más de 1 mil 800 personas de
distintos municipios del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) presentaron un
amparo colectivo como pueblos indígenas con el objetivo de proteger sus
derechos “respecto de la infraestructura que se pretende construir en
sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e
informado”, se asienta en el documento.
De hecho, se reconoce que
“aunque [el plan general de las ZEE] busca el desarrollo económico, no
está considerando el contexto particular de cada municipio y la
existencia de pueblos indígenas que, según algunas organizaciones
sociales, no han sido considerados para el propio desarrollo del
territorio”.
Así, parte de los actores involucrados en las ZEE no
están favor de las declaratorias, “ya que están seguros de que lejos de
lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país,
se logrará que los territorios y el medio ambiente se vean fuertemente
afectados y los indígenas y los grupos vulnerables, desplazados”.
En
este sentido, la investigadora Mayra Eslava señala que las
consecuencias sociales no serán distintas a las que ya se han observado
con cada megaproyecto de la iniciativa privada: “desplazamiento de la
población; cambios en la educación, pues las ZEE necesitan personal
capacitado para las manufacturas”, y concentración de recursos públicos,
humanos y materiales en las zonas en detrimento de todo lo demás.
Por
su parte, Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la
Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, considera que las ZEE
sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los
pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y
recursos naturales.
“No vemos que sean zonas de desarrollo, sino
más bien polos donde se entregarán las riquezas nacionales y turísticas a
las grandes empresas trasnacionales.”
Gerardo
Gutiérrez Candiani rechaza que existirá afectación alguna a los
territorios indígenas. “Son proyectos productivos del alto valor
agregado; no hay afectación de tierras sociales, no hay sector primario,
no hay extracción. Entonces no hay afectación a los grupos… Hay luego
también mucho grupo que se dedica luego sistemáticamente a tratar de
parar cualquier proyecto que lleve generación de empleos y bienestar.
Las verdad [estos grupos] no tienen en qué ampararse porque no hay
ninguna afectación”.
La primera etapa
Para las tres ZEE
próximas a declararse, ya se han estado realizando estudios de
prefactbilidad y evaluaciones estratégicas de impacto social y
ambiental. No se conocen aún los dictámenes. Ya se han establecido
algunos de los “incentivos” con los que contarán las ZEE de Lázaro
Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Salina Cruz-Coatzacoalcos (Oaxaca y
Veracruz) y Puerto Chiapas.
Entre las ventajas aprobadas por la
AFDZEE se encuentran descuentos del ciento por ciento en el pago del
impuesto sobre la renta (ISR) para empresas y personas físicas con
actividad empresarial durante los próximos 10 años. Posteriormente habrá
otro periodo de 5 años más en el que los empresarios podrán disfrutar
de un descuento del 50 por ciento en el pago de este impuesto.
Además
tendrán acceso a créditos fiscales por las cuotas patronales del
componente de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del
50 por ciento en los primeros 10 años y de 25 por ciento en el siguiente
quinquenio. Asimismo, gozarán de un régimen aduanero específico, que
incluye reducciones de cuotas de derechos y exención de impuestos al
comercio exterior.
Otros estímulos para los empresarios serán las
reducciones o exenciones en los impuestos predial, sobre nómina, de
traslado de dominio, por adquisición de bienes inmuebles, hospedaje y
compras de gobierno.
La primera Zona Económica Especial que se
declarará es la del Puerto Lázaro Cárdenas, en la costa mexicana del
Pacífico Sur. De acuerdo con el documento del Instituto Belisario
Domínguez, ya hay cuatro empresas interesadas en “invertir”, aunque no
proporciona sus nombres. La “ventaja competitiva reconocida” se ubica en
la industria siderúrgica.
Una “ventaja para los negocios”
adicional es que a 45 minutos se encuentra Ixtapa Zihuatanejo. De hecho,
esta Zona Económica Especial abarcará regiones de dos entidades de la
República: los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión,
Guerrero. En toda la zona se instalarían parques industriales.
El
gobierno guerrerense, encabezado por Héctor Astudillo, y el michoacano,
por Silvano Aureoles, ya han firmado sendas cartas de intención para
instalar las ZEE y las ha entregado al gobierno federal. Guerrero,
incluso, ya cuenta con legislación local al respecto: la Ley 427 de
Zonas de Económicas Especiales.
El monto aproximado de la inversión en los próximos 10 años es de 12 mil 921 millones de dólares, según el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales.
La
segunda ZEE que se prevé declarar en esta primera etapa es la de Puerto
Chiapas, para la cual también “ya hay cinco empresas interesadas en
invertir”. Ahí buscará aprovecharse el litoral del Océano Pacífico. La
carta de intención para la declaratoria ya fue entregada al gobierno
federal de parte del propio gobernador de la entidad, Manuel Velasco
Coello. Se espera que en la zona se pongan en marcha, durante las
próximas semanas, 16 proyectos de energía, transporte y logística. De
acuerdo con el reporte del Instituto Belisario Domínguez, “los proyectos
se relacionan con dos centros logísticos, tres del sector carretero,
uno ferroviario y nueve portuarios”.
La inversión proyectada es de
11 mil 600 millones de dólares. El gobernador ha destacado que se
construirán “hospitales, libramientos y caminos carreteros, lo que
conectará de mejor manera a los habitantes y visitantes”.
Chiapas
cuenta con legislación local: la Ley de Coordinación para el
Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Las
“ventajas competitivas reconocidas” son el comercio exterior y el
turismo. La inversión para los próximos 10 años serán del orden de los
11 mil 300 millones de dólares.
La tercera ZEE de esta primera
etapa se ubicará en dos estados de la República. Dos semanas antes de
dejar el gobierno de Oaxaca, Gabino Cué firmó y entregó una carta de
intención al gobierno federal para que se declare una ZEE en el
municipio de Salina Cruz. Miguel Ángel Yunes Linares, apenas tomó
protesta como gobernador de Veracruz, suscribió la carta de intención
para que se declare una ZEE en Coatzacoalcos.
Así, esta zona
abarcará prácticamente el codiciado istmo, un corredor de Salina Cruz,
puerto del Pacífico, a Coatzacoalcos, puerto del Golfo de México.
Antes
de dejar el cargo, Cué también aprobó la utilización de 780 hectáreas
de la zona de Salina, ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.
Por
su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha
dicho que espera la inversión de 12 mil millones de dólares. En un lapso
de 10 años se generarían entre 27 mil y 57 mil empleos. La inversión
inicial en conjunto para ambos estados será de 6 mil millones de
dólares.
Cada una de las dos entidades federativas ya cuentan
leyes locales específicas para las zonas económicas especiales. Las
“ventajas competitivas reconocidas” de la región son la industria
textil, los gasoductos, los proyectos eléctricos y las autopistas.
Segunda y tercera etapas
El
gobierno de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, ha “donado”
330 hectáreas para la ZEE que se establecerá en la entidad, en
específico en el municipio de Progreso. El entusiasmo de Zapata Bello es
tal que se adelantó a firmar la carta de intención para la declaratoria
a los estados en que se establecerán primero las ZEE. Yucatán está
contemplado en una segunda etapa.
Según las promesas de la AFDZEE y
el gobierno estatal, se estarían creando, en un lapso de 20 años, más
de 30 mil empleos. Ya se trabaja en un calendario para concretar la
declaratoria.
Por su parte, la zona económica especial de Campeche se ubicará en los municipios de Carmen y Champotón. Según la Mirada Legislativa,
el modelo de esta entidad “se basa en ciclos de valor, disposición de
infraestructura logística, desarrollo humano y aplicación de incentivos
fiscales”. Pero también involucrará a Tabasco, donde la actividad
principal será la explotación de hidrocarburos.
La ZEE de Tabasco
se establecerá en el puerto de Dos Bocas. Se busca que las empresas se
beneficien de la transformación de materia prima para el sector
energético, aprovechamiento de biomasa, aceite de origen vegetal para la
producción de energía. Otro de los sectores en los que se busca
inversión el agroindustrial, el manufacturero y el automotriz.
Con
respecto de la tercera etapa, hasta el momento se han proyectado la
instauración de dos ZEE en Hidalgo y Puebla. En Hidalgo se ha
considerado su “potencial textil”, mientras que en Puebla el “potencial”
es el de las autopartes.
La pobreza, el pretexto
Las
Zonas Económicas Especiales se delimitan geográficamente. El territorio
que abarcan cuenta con “ventajas tanto logísticas como naturales con
potencial para convertirse en regiones altamente productivas”, señala el
documento elaborado por Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República.
Y, de acuerdo con la página electrónica de la AFDZEE,
cada zona será “un área delimitada geográficamente donde se ofrece un
entorno de negocios excepcional”. Los privilegios son de cuatro tipos:
beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio
“ágil”, infraestructura “competitiva” y programas de apoyo.
Gutiérrez
Candiani explica que la instauración de las ZEE se decidió por estado
de la república: los 10 más pobres. “Después de esto, lo que se
identificó fueron los lugares con una infraestructura básica que se
pudiera potencializar. Por eso se decidió mucho en puertos con accesos
ferrocarrileros, carreteros…”.
La
investigadora Mayra Eslava pone en duda el objetivo formal de las ZEE.
Señala que, a pesar de que la pobreza se encuentra en todo el país, en
lo que se han empeñado es en la región Sur-Sureste. Señala que en
realidad se busca disminuir la resistencia de las comunidades o pueblos a
la entrada de los megaproyectos y la iniciativa privada en zonas donde
no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios llegan disfrazados
de Estado para hacer los negocios que siempre han querido hacer.
El
dirigente campesino Francisco Jiménez Pablo rechaza la instauración de
Zonas Económicas Especiales porque, considera, “no son más que el
aprovechamiento de la mano de obra indígena y campesina para los
megaproyectos de las empresas trasnacionales”. Asegura que a los
pobladores sólo les dejarán salarios miserables a cambio de sus tierras.
“Será un gran despojo”, considera.
Gerardo Gutiérrez Candiani,
titular de la AFDZEE, rechaza que los empresarios busquen mano de obra
barata y anuncia que se desarrollará un programa integral de
capacitación para que los pobladores ocupen los nuevos empleos que se
generarán. “Estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública y
con la del Trabajo para capacitaciones, certificaciones. Pero sobre
todo, lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con universidades,
centros tecnológicos, para ir, de acuerdo con las vocaciones ya
identificadas de cada zona, que los planes de estudio, los planes de
capacitación vayan n ese sentido”.
Zósimo Camacho
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