El mundo al revés
Foto: Reuters
Por Ernesto Villanueva
Uno de los
vocablos más difícil de definir es el de “seguridad nacional”. Es como
los significados a que se refiere Lewis Carrol en su obra Alicia en el
país de las maravillas: “Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty
Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo
quiero que diga…, ni más ni menos. –La cuestión –insistió Alicia– es si
se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La
cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es
todo”.
Y aquí el que manda, el gobierno, es el que decide el significado.
Por supuesto, espiar por espiar es un delito y no tiene asidero en la
Constitución ni en la ley. Pero es un hecho. El desarrollo de las nuevas
tecnologías al mismo tiempo que han generado grandes avances ha
reducido el ámbito de la vida privada, bien de modo legal o al margen de
la ley. No hay duda: el gobierno interviene las comunicaciones de los
gobernados, desde las telefónicas hasta las habidas en todo tipo de
mensajes. Lo hace porque puede, porque quiere y porque no hay
contrapesos de ningún tipo. Peor aún, la Ley de Seguridad Nacional es un
acto de simulación que no genera, de ninguna manera, una vigilancia
legislativa de los servicios de inteligencia en México.
La inteligencia es la labor de recopilar información útil
para la toma de decisiones tanto en el sector público como en el
privado. En los Estados democráticos de derecho es una de las
herramientas para mantener la integridad de la soberanía y de la
convivencia pacífica y armónica de los seres humanos. En México, que no
es un Estado de derecho, la inteligencia se usa para el combate de los
enemigos políticos, de los adversarios de todo tipo y, en última
instancia, para hacer su legítima tarea. Y ello sucede por la ausencia
de vigilancia efectiva. En el país, en los hechos los servicios de
inteligencia a la mexicana están diversificados y descentralizados.
Diversificados porque lo mismo existen en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) que depende de la Secretaría de Gobernación,
en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa Nacional y en
otras dependencias federales. Lo mismo ocurre en los estados de la
república, con un agraviante: en virtud de que se trata de una labor de
orden federal (porque sólo la federación con la autorización judicial
competente puede intervenir comunicaciones privadas) los estados compran
equipos bajo la forma de consumibles o mantenimiento de servicios de
cómputo.
Por la razón anterior, cada seis años, hay que comprar un equipo nuevo y capacitar personal para su uso.
Ello genera un mercado amplio que hace esas labores a pedido, el cual
puede variar de 50 mil a 150 mil pesos semanales, dependiendo de la
dificultad y la calidad de las intervenciones. Este hecho es grave
porque hay un amplio intercambio de oferentes y demandantes de productos
informativos, empresas- por llamarlas de alguna manera- integradas por
ex agentes o ex directivos de algunos de los servicios de inteligencia
institucional.
El espionaje a los periodistas críticos es factible y, peor
aún, es una práctica recurrente para contar con elementos para negociar
el silencio o el matiz de reportajes en cierne o, con un poco de suerte,
enviarlos al archivo. Es, por ello, necesario legislar en
serio sobre el tema para hacer una cirugía mayor a la decorativa Ley de
Seguridad Nacional, de modo que tanto los periodistas como la sociedad
en general pueda recuperar su derecho a la vida privada que hoy ha
desaparecido en perjuicio de todos. Por lo pronto existe equipo para
neutralizar los equipos de intercepción de llamadas y mensajes de origen
chino o israelí, que se pueden conseguir en el mercado negro a costos
razonablemente altos, así como teléfonos celulares que dificultan
sobremanera- no la evitan al 100%- la intervención como el blackphone 2 o
el Anonymous que se no se vende en México y que asegura tener
contramedidas forenses, pero es posible conseguirlo a pedido también en
el mercado negro. Es obvio que no es deseable que los ciudadanos – con
una posición relativamente holgada- se vean en la necesidad de
protegerse ellos mismos frente a un Estado que no sólo no protege sus
derechos humanos, sino que es el primero en violarlos. El estado mexicano es responsable a final de cuentas por acción u omisión.
Sumario.
1.- Recién acaba de salir la obra El derecho de réplica de mi amiga y
colega Hilda Nucci González, bajo el sello de M.A. Porrúa y el
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se trata del primer
texto sobre el tema en el país, el cual se convertirá, con toda
probabilidad, en un referente de consulta obligado.
2.- La brillante Mtra. Carmen Quijano, en proceso de convertirse en
doctora en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, está haciendo el estudio más grande en México sobre la privacidad
en los medios digitales y redes sociales, el cual va a salir en una
coyuntura de discusión propicia sobre la temática.
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