CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un “debate pactado” con la mayoría priista y sus aliados del Verde y Panal, la oposición del PAN, PRD, Morena-PT y MC unió fuerzas para demandar en la Permanente se cite a declarar a los titulares de Gobernación, PGR y Cisen por el espionaje ilegal, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de esta operación denunciada en The New York Times.
Por primera vez durante las sesiones de esta Comisión Permanente, los diputados federales y senadores de la oposición se unieron para promover un punto de acuerdo, pero no alcanzaron la mayoría calificada (dos terceras partes) de los 36 legisladores que integran este pleno para someter a votación el acuerdo.
El PRI y sus aliados del Verde y del Panal insistieron en todas sus intervenciones en que “no hay pruebas definitivas de que el gobierno (de Peña Nieto) sea el responsable”, y citaron una y otra vez a los autores del reportaje del New York Times.
En el colmo de la defensa de la posición gubernamental, el diputado federal priista José Hugo Cabrera Ruiz afirmó que el espionaje es responsabilidad de quienes “quieren mandar al diablo” las instituciones, en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador, “y por eso creo que el 2018 se gana con proyecto, se gana voto con voto, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedecen a otros intereses”.
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, afirmó que el reciente escándalo “refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación, en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”.
Padierna recordó que, según la información publicada en septiembre de 2016 por el propio rotativo norteamericano, el gobierno mexicano pagó al Grupo NSO “más de 15 millones de dólares para tres proyectos, según lo registró la propia empresa en su correo electrónico con fecha 2013”.
El senador Miguel Barbosa, de la bancada PT-Morena, insistió en que la investigación no debe realizarla el fiscal especializado para los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos porque “no hay confianza” en esta institución.
“Aquí apuestan a que se olvide el escándalo. A que se mediatice. ¡No! Queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable?”, exclamó Barbosa en el debate que encendió los ánimos en la Permanente.
“Estamos en presencia de un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada que quieren que sea la normalidad política”, insistió el legislador poblano.
También los diputados y senadores del PAN expresaron una dura condena al espionaje denunciado, el mismo día que el dirigente nacional de este partido, Ricardo Anaya, afirmó que también su teléfono móvil se buscó ser invadido por el sistema malware Pegasus de la empresa NSO Group.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza recordó que antes de este escándalo se generó el caso de los hermanos Monreal y que el presidente Peña Nieto “se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde Estados Unidos hacia diversos mandatarios, mientras en nuestro país se espiaba a periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil”, quienes denunciaron casos de corrupción.
Gómez del Campo hizo sus propias cuentas sobre el costo de este sistema de espionaje, y señaló que, si fueron 88 intentos a un costo de 77 mil dólares por cada intercepción, “estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos. Es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya respuesta contundente del gobierno federal, que no haya culpables hasta el momento”.
La senadora priista Graciela Ortiz trató de desviar el tema sin mucho éxito. Expresó su “enérgica condena” al espionaje, al que calificó de “inadmisible”, “ilegal” e “intolerable”, pero insistió en que no hay pruebas de que el gobierno peñista sea responsable.
“Rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Es indignante y a todos nos debiera llamar la atención”, afirmó Ortiz.
En respuesta, el diputado federal Jesús Zambrano, coordinador del PRD en San Lázaro, insistió en que si el gobierno peñista “salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que están haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos que el gobierno adquirió”.
A su vez, el diputado panista Federo Döring criticó al PRI por “condenar los hechos y después descalificar la labor periodística y tergiversar la información”.
“Quienes señalan al gobierno no es el periódico o el periodista, sino las víctimas de estos atropellos. Ello señalan al gobierno como responsable”, subrayó el legislador federal.
Los legisladores acordaron que el punto de acuerdo sea discutido en la próxima sesión de la Permanente, el miércoles 28, y terminaron el debate con posiciones irreconciliables frente a este escándalo.