Cinco expresidentes de México y dos viudas obtienen beneficios por más de 5 millones de pesos cada mes: personal de ayudantía y escoltas, pensiones, seguros de vida y de gastos médicos son cargados al erario. Entre los beneficiarios está Margarita Zavala, actual aspirante a la candidatura presidencial por el PAN
Víctor Hugo Reyes Martínez
Los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo,
Carlos Salinas y Luis Echeverría y las viudas de Miguel de la Madrid
–Paloma Cordero– y de José López Portillo –Alejandra Acimovic (Sasha Montenegro)– cuestan al erario más de 60 millones de pesos anuales cada uno (a razón de más de 5 millones de pesos por mes).
Copias de los comprobantes de gastos –obtenidas a través de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental– revelan que el gasto público destinado a los
exmandatarios y sus beneficiarios no se reduce a las pensiones de 205
mil 121 pesos mensuales, sino que incluye aguinaldos (21 mil 876 pesos),
seguros de vida (32 mil 448 pesos), seguros de gastos médicos mayores
(de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales generales vigentes en
la Ciudad de México) y sueldos al personal de ayudantía y escoltas (4
millones 799 mil 999 pesos).
Además, los mexicanos –de los cuales 70 millones se encuentran en
situación de pobreza– les pagan los denominados “servicios
domiciliarios”, que van desde el servicio de jardinería, luz, predial,
agua y teléfono, hasta la manutención de tres automóviles de uso
personal para los beneficiarios (expresidente, esposa e hijos) y tres
más para el uso de escoltas, así como el pago de gasolina y tenencia de
esos vehículos.
El gasto mensual de 5 millones 5 mil 121 pesos (que se establece cada
año en el Presupuesto de Egresos de la Federación) fue oficializado el
31 de marzo de 1987, cuando gobernaba Miguel de la Madrid Hurtado. No
obstante, la erogación ya se había instituido desde el sexenio anterior,
encabezado por el también priísta Luis Echeverría Álvarez.
La “oficialización” se dio con el Acuerdo Presidencial 2763-BIS que, sin firma del mandatario en turno ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
aprobó el pago de pensiones, apoyos, personal de ayudantía, escoltas y
compensaciones a expresidentes y sus herederos. Éste se asentó como “el
otorgamiento de beneficios de carácter económico, social y
administrativo” para la subsistencia y protección de los mismos.
El doctor en derecho y en ciencias de la información Ernesto
Villanueva explica que ése “es un Acuerdo con bases legales ausentes,
puesto que, además de la ausencia de firma y de su publicación en el Diario Oficial, el Acuerdo se ha manejado en términos de arbitrariedad, lo que significa un desvío del poder por parte del Ejecutivo”.
El también investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas,
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agrega que “si
bien es cierto que entre las facultades del presidente está la
promulgación y ejecución de leyes (artículo 89, fracción 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), nunca se le
confiere a éste el poder ni la autoridad legal suficiente para destinar a
exmandatarios o a funcionarios públicos ningún tipo de beneficio además
de una pensión”.
Personal de ayudantía y guardias
La Oficina de la Presidencia, así como la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Secretarías y Departamentos de
Estado indican que, para su protección y la de su familia, cada
exmandatario de México tendrá a su disposición 78 personas adscritas a
la Armada, a la Fuerza Aérea y al Ejército Mexicano.
Además, a su servicio tendrán 25 empleados de la Federación –aunque
el personal varía a petición de cada beneficiario–, que desempeñarán
cargos como: director general, director de área, subdirector, jefe de
departamento, secretaria, técnico especializado, chofer y auxiliar
administrativo.
En respuesta a la solicitud de información 0210000040117, la
Dirección General de Recursos Humanos de la Presidencia informa que no
cuenta con datos que detallen los gastos en personal de ayudantía,
debido a que no existe una “unidad responsable ejecutora de gasto que
permita proporcionar el gasto total requerido”.
Y no obstante que, en su respuesta, adjunta una tabla que describe el
número de personas al servicio de cada expresidente junto con los
niveles tabulares que les corresponden, al momento de rastrear las
percepciones de esos funcionarios (sueldo, prestaciones, pago de primas
de seguros, etcétera), dichos niveles tabulares aparecen como
inexistentes o no coinciden con los cargos que ocupa cada empleado.
Lo que sí se establece tanto en el Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal como en el Acuerdo Presidencial 2763-BIS, es que cada
exmandatario contará con 25 empleados de ayudantía pagados por el erario
nacional.
Así, el equipo de los expresidentes se conforma por un director
general, con una percepción total de 180 mil 474 pesos; dos directores
de área, con una percepción de 112 mil 659, cada uno; cuatro
subdirectores, cada uno con un sueldo de 50 mil 784 pesos; cuatro jefes
de departamento, con una percepción individual de 34 mil 123 pesos;
cuatro secretarias: una asignada al director general, otra al director
de área, así como dos más al subdirector; tres técnicos especializados;
tres choferes, y cuatro auxiliares administrativos.
Respecto del personal asignado a guardias, sólo se pudo acceder a la
cantidad de personas que cada expresidente tiene a su disposición, pues
Presidencia argumenta en su respuesta que, “después de efectuar una
búsqueda exhaustiva en la Coordinación Administrativa del Estado Mayor
Presidencial, no se encontraron registros documentales de gastos, por lo
que se declara su inexistencia”.
Pese a esto, es público (según el artículo 4 de la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado) que el número y rangos del personal de
guardia adscrito al Estado Mayor Presidencial que los expresidentes
tendrán a su cargo son: de la Armada, dos jefes con un sueldo anual de
92 mil 439 pesos; cuatro oficiales, con un salario anual de 39 mil 267
pesos, y 16 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos. De la
Fuerza Aérea: un jefe, con un salario anual de 2 mil 439 pesos; dos
oficiales, con un salario anual de 39 mil 267 pesos, y ocho de tropa,
con un salario anual de 14 mil 352 pesos. Y del Ejército: un general,
con salario anual 179 mil 89 pesos; cuatro jefes, con un salario anual
de 2 mil 439 pesos; ocho oficiales, con un salario anual de 39 mil 267
pesos, y 32 de tropa, con un salario anual de 14 mil 352 pesos.
El número de ayudantes de los exmandatarios y sus familias es
modificable a petición de los beneficiarios, motivo por el cual Vicente
Fox cuenta con el grupo más grande: 20 funcionarios a su disposición. Le
siguen Felipe Calderón y Luis Echeverría, con 18 respectivamente;
Carlos Salinas con 11, y Ernesto Zedillo con tres.
Aguinaldo y seguros, a costa del erario
En lo que corresponde al pago de prestaciones, tales como aguinaldo,
seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, la Oficina de la
Presidencia proporcionó, a través de la solicitud de información
0210000039317, copias de los comprobantes de pago de dichas prestaciones
en la primera quincena de marzo de 2017.
Los montos del aguinaldo fueron los siguientes: Luis Echeverría con
31 mil 875 pesos, más un monto de 11 mil 269 pesos asignado en el rubro
de “otras prestaciones”; Vicente Fox con 21 mil 875 pesos y el mismo
monto asignado a “otras prestaciones”; Felipe Calderón con los mismos
pagos en aguinaldo y prestaciones que Fox; Alejandra Acimovic (viuda de
José López Portillo) y Paloma Cordero (viuda de Miguel de la Madrid),
con 10 mil 937 pesos y “otras prestaciones” de 4 mil 827 pesos,
respectivamente.
Sin embargo, los montos que corresponden al pago de las primas de
seguro de vida y de gastos médicos mayores se encuentran deliberadamente
cubiertos por franjas negras que deberían eliminar únicamente los datos
de carácter confidencial (RFC, CURP, número de cuenta, número de seguro
social). No obstante, de a acuerdo con datos obtenidos en 2005
(solicitud 210000041305), el monto anual destinado al pago de seguro de
vida era de 32 mil 448 pesos por expresidente.
Los que no cobran pensión
En las respuestas oficiales consta que hay expresidentes que no
reciben algunos beneficios. Tal es el caso de Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo, quienes decidieron renunciar a los 205 mil 121 pesos mensuales
asignados al pago de pensiones.
No obstante, la Oficina de la Presidencia omite aclarar si ambos
exmandatarios también renunciaron a prestaciones como el seguro de vida y
de gastos médicos mayores. El doctor Ernesto Villanueva asegura, en
entrevista, que ambos mantienen vigente estas prestaciones.
Además, de la información oficial se desprende que tanto Salinas como
Zedillo continúan recibiendo “apoyo” de personal de ayudantía y
guardias, que constituye el mayor gasto para el erario.
En el caso de Felipe Calderón –quien por la aspiración presidencial
de su esposa, Margarita Zavala, anunció a inicios de 2017 que no
recibiría más la pensión–, el pago de su pensión se mantiene, pues en
vez de renunciar a ésta, la “donará” a una institución sin fines de
lucro.
Así, su decisión no representó ningún ahorro para los mexicanos:
tampoco ha renunciado al resto de prestaciones –como el personal de
ayudantía, los seguros, el aguinaldo y las escoltas– de las que gozan él
y su familia. A costa del erario, la panista Margarita Zavala disfruta
de al menos un automóvil con chofer, y los gastos vinculados a éste
(gasolina y tenencia).
Para Irma Eréndira Sandoval, doctora en ciencia política y
coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, este tipo de
actos son “obscenos”: “ilustran la vinculación entre la impunidad y la
corrupción de una clase política acostumbrada a ser improductiva y a
protegerse entre sí, sin importar el partido político al que
pertenezcan.
“Este tipo de gastos onerosos están más vinculados a la impunidad que
a la corrupción, pues se cuidan la espalda”. En entrevista, la
investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
explica que “la corrupción es un problema estructural, y no
administrativo como comúnmente se piensa, en el que ni los órganos
destinados a la transparencia y rendición de cuentas pueden dar
solución”.
No obstante, no es un asunto perdido. “Aún existen caminos por los
cuales se puede dar fin a este tipo de partidas de dispendio. Las
políticas de austeridad republicana, por ejemplo, están guiadas a
reducir, de manera sostenida y paulatinamente, el costo de la
administración pública”, señala la doctora Sandoval.
En años recientes se han impulsado iniciativas que buscan eliminar
estos injustos beneficios. Pero a la fecha, las arcas públicas de México
les pagan a los expresidentes y sus familias “una vida de reyes” por
sexenios de miseria y violencia.
Víctor Hugo Reyes Martínez
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