La extradición esperada
De Guatemala al Reclusorio Norte
Chínguenlo, gritan capitalinos durante el traslado del ex mandatario veracruzano
Las autoridades de Guatemala cedieron la custodia del ex gobernador de Veracruz a sus similares mexicanas
Como si se tratara de un desfile, la gente salió a
las calles de la Ciudad de México a observar el paso de un convoy, pero
esta vez para ver el traslado de Javier Duarte del aeropuerto
capitalino al Reclusorio Norte y no para aplaudir.
A lo largo de la ruta que siguieron los agentes federales –avenida
Hangares, Circuito Interior y Eje Central–, decenas de personas,
vendedores ambulantes y automovilistas gritaron al paso de la fila de
vehículos:
¡Duarte, ratero!,
¡Chinga tu madre!,
¡Mejor te hubieran matado!,
¡Chínguenlo!
¡Asesino!y
¡Culero!.
La escena se repitió por todos los puntos por donde pasó el convoy;
incluso antes que la fila de camionetas llegara al Reclusorio Norte, una
mujer se apostó a la entrada de los juzgados federales con una
cartulina que señalaba:
Ya basta de corrupción. Todo el peso de la ley para Javier Duarte.
Ayer el hombre que gobernó Veracruz del primero de diciembre de 2010
al 12 de octubre de 2016 fue extraditado a México para que se le juzgue
por la comisión de siete delitos, dos de ellos de carácter federal
(lavado de dinero y delincuencia organizada) y cinco del fuero común
(abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico
de influencias y coalición de servidores públicos).
Para el ex gobernador el día comenzó a las cuatro de la mañana, al
despertar en su celda de la cárcel de Matamoros, en Guatemala, y media
hora después estaba listo para su traslado a las instalaciones de la
fuerza aérea de esa nación, donde funcionarios y policías mexicanos
culminarían su proceso de entrega y extradición.
Las autoridades mexicanas se hicieron cargo del ex gobernador desde
ese momento, mientras cesó para el gobierno guatemalteco un proceso de
extradición que duró tres meses, tiempo que transcurrió entre la captura
y su proceso de entrega.
Duarte fue detenido el 15 de abril en un hotel de lujo en la
comunidad de Panajachel, en tierras guatemaltecas, tras permanecer seis
meses prófugo de la justicia mexicana, señalado de haber desviado más de
20 mil millones de pesos de recursos federales y estatales destinados a
programas educativos y de salud hacia empresas fantasmas, para la
adquisición de bienes inmuebles y a sus cuentas personales.
Sin embargo, el gobierno mexicano solamente lo solicitó en
extradición para que responda por delitos en los que se le imputa haber
desviado 570 millones de pesos.
Durante los tres meses que duró el proceso de extradición,
funcionarios del país centroamericano dijeron que era importante que
México realizara pronto el traslado porque Duarte corría riesgo de ser
agredido, aunque nunca especificaron si había recibido amenazas a pesar
de estar en una prisión de máxima seguridad que se localiza dentro de
instalaciones militares.
Ayer, a las 10 de la mañana (tiempo de México), Javier Duarte
estaba ya en poder de autoridades mexicanas, las cuales lo subieron a un
Lear Jet de la Procuraduría General de la República (PGR) y tras un
vuelo de poco más de una hora y 20 minutos, arribó al hangar de la
institución en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).
Ya sin barba (compareció con ella ante tribunales guatemaltecos) y
con el cabello corto, Duarte descendió de la aeronave esposado y serio.
Fue examinado médicamente en el hangar de la PGR y luego de hora y media
subió a una camioneta Suburban, blanca, con logotipos de la Agencia de
Investigación Criminal, detrás de la cual iba una decena de vehículos
como resguardo. Delante de la camioneta blindada en que era llevado el
ex gobernador se colocó una unidad con cinco agentes federales
fuertemente armados.
El convoy inició un recorrido que duró poco más de 30 minutos del
aeropuerto hasta el Reclusorio Norte. En el trayecto cientos de
ciudadanos salieron a las calles a mirar el convoy y a lanzar gritos en
contra del veracruzano. Las voces eran claras, a pesar del ruido de los
motores de las camionetas y las motocicletas de los medios de
comunicación que siguieron la fila de vehículos. Las transmisiones
televisivas en vivo dieron la ubicación exacta de los tramos que
recorrían el ex gobernador y las autoridades.
Aunque fueron pocos los puntos donde la fila de vehículos se detuvo
momentáneamente debido al tránsito vehicular, esos instantes sirvieron
para que los gritos contra Javier Duarte se intensificaran, no
importando que no supieran en cuál unidad viajaba el ex gobernador,
porque los vidrios de los automotores estaban polarizados.
Duarte no ingresó por la aduana, como todos los detenidos: es el
primer ex gobernador que llega esposado hasta la explanada de los
juzgados federales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y al que se
le permitió comer antes de comenzar su audiencia.
El traslado a México inició a las cuatro de la mañana, hora en la que
comenzaron a llegar reporteros al Reclusorio Norte, pues el Consejo de
la Judicatura Federal estableció que solamente 30 de ellos ingresarían a
la audiencia con el juez federal.
De acuerdo con las reglas establecidas en el nuevo sistema de
justicia penal, los periodistas solamente ingresarían con una libreta,
sin gabardina, teléfono o algún otro equipo que permitiera registrar lo
que sucede en las diligencias.
Luego de una espera de nueve horas, los periodistas ingresaron al
área de juzgados del Reclusorio Norte. Dentro, les entregaron una pluma
para que pudieran escribir o dibujar; Duarte pidió que sus datos
personales se reservaran y solamente se le identifique como Javier
N, para no ser sujeto de un juicio mediático, y que se preserve su derecho a la presunción de inocencia.
Foto Ap Gustavo Castillo y César Arellano
Periódico La Jornada
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Queda sujeto a prisión preventiva oficiosa en lo que se define su situación jurídica
Juez regaña a la PGR por presentar cifras disparadas en imputaciones al ex gobernador
El acusado pide mantener en reserva sus datos; sólo se le identificará como Javier
N
En imágenes difundidas del ex mandatario no puede aparecer su rostro ya
que él así lo solicitó al ejercer su derecho a la presunción de
inocencia
El ex gobernador de Veracruz Javier
Nquedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada y justificada por lo que hace a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Será el próximo fin de semana cuando se defina si queda sujeto a proceso penal, y aunque el Ministerio Público buscó que se le trasladara a una prisión federal en Morelos, mientras quedará preso en el Reclusorio Norte.
Lo anterior, luego de que durante la audiencia inicial el juez
Gerardo Moreno García llamó la atención al Ministerio Público Federal en
dos ocasiones por presentar
cifras disparadasen cuanto a las acusaciones que pesan en contra del político veracruzano, ya que en este momento bajo apreciación de la defensa solamente se acredita el desvío de 38 millones 500 mil pesos de recursos destinados a programas educativos y no 438 millones, como se menciona en la acusación presentada.
Durante la audiencia inicial, que se realizó en los juzgados del
nuevo sistema de justicia penal, el imputado solicitó que sus datos
personales fueran mantenidos en reserva, por lo que desde esta
diligencia su nombre no podrá aparecer en medios de comunicación, por
considerar que ello podría violar su derecho a la presunción de
inocencia, y sólo se le puede identificar como Javier
N.
Asimismo, la defensa del imputado solicitó que su situación jurídica
se defina hasta el próximo domingo, para que un día antes comparezca en
el juzgado Alfonso Ortega López –identificado por las autoridades como
uno de sus prestanombres–, quien se convirtió en la principal fuente de
las acusaciones.
La diligencia judicial duró más de cinco horas y durante la misma el
imputado solicitó que los fiscales de la Procuraduría General de la
República (PGR) fueran desglosando cada una de las acusaciones en su
contra y le informaran a detalle la manera en que se acreditaba su
participación en los delitos que se le imputan.
Sin embargo, ante la insistencia del acusado y sus defensores,
el juez tuvo que justificar que los representantes de la PGR no
contarán con toda la información para aclarar la manera en que se
obtuvieron las pruebas y también cómo se vincula al ex gobernador
veracruzano en cada una de las operaciones que forman parte de la
carpeta de investigación.
El juez Moreno García señaló durante la audiencia que esta es la
tercera ocasión en que los representantes de la PGR acudían a audiencias
relacionadas con este caso, y los agentes del Ministerio Público no
presentaban cifras similares con respecto de otras presentaciones.
Javier
Ninsistió en que los fiscales demostraran de dónde salieron los recursos que señalan fueron desviados –aclarar de qué dependencias–, pero en esta ocasión no acreditaron ese punto, por ello la defensa señaló que la acusación alcanzaría únicamente 38.5 millones de pesos que habrían sido utilizados para la adquisición de 21 parcelas en el ejido Lerma, en Campeche.
La diligencia se alargó porque los defensores de Javier
Nsolicitaron que se puntualizara a detalle cómo fue la adquisición de diversas propiedades, y que se aclarara qué parte correspondía únicamente al periodo en que ejerció como gobernador de Veracruz (del primero de diciembre de 2010 al 14 de octubre de 2016).
En los próximos días la defensa de Javier
Npresentará como parte de las pruebas con las que busca demostrar la inocencia de su cliente un dictamen pericial en materia financiera y de contabilidad.
Asimismo, se informó que la PGR solicitó al juzgado que se
desactivara la orden de aprehensión librada en contra de José Juan
Janeiro Rodríguez, otro implicado en este caso, y quien también había
sido señalado como prestanombres de Javier
N, y ahora se convirtió en testigo.
Foto Notimex Gustavo Castillo y César Arellano
Periódico La Jornada
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Que le apliquen pena severa, exigen legisladores de oposición
Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y
PRD confiaron en que la extradición a México del ex gobernador de
Veracruz Javier Duarte de Ochoa concluya en una
La coordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, demandó
que la sanción y cárcel “no sólo sea para Duarte de Ochoa, sino también
para toda la red de corrupción que lo protegió durante su encargo por
casi seis años en Veracruz.sentencia severa, que sirva de ejemplo para cerrarle el paso a la corrupción en los estados. En tanto, senadores del sol azteca manifestaron su preocupación por que las acusaciones contra el ex mandatario no sean suficientemente sólidas y en poco tiempo alcance su libertad.
Su detención y extradición no abaten la corrupción. Sólo son un primer paso obligado para hacer justicia a los veracruzanos, después de que a las propias autoridades federales y estatales se les fugó. Varios de sus cómplices tienen fuero como diputados federales o no han sido detenidos. Ahí está el caso de su esposa, Karime Macías, quien huyó a Europa a ojos de todas las autoridades, a pesar de ser señalada como cómplice y presunta prestanombres en el desvío de fondos.
En conferencia de prensa, el senador Miguel Barbosa, del bloque PT-Morena, indicó:
Esperemos que las 16 carpetas de investigación estén bien integradas para que no veamos cómo algún juez de control niega la vinculación a proceso del ex gobernador. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si esto no es un show mediático.
En la Cámara de Diputados, el legislador Emiliano Álvarez, de Morena, expuso:
El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, consideró que
Víctor Sánchez (MC) consideró que la PGR debe ampliar la investigación y ejercer acción penal
En tanto, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, demandó a las autoridades aplicar todo el peso de la ley a Duarte, quien
El proceso contra Duarte permitirá determinar si existe un efectivo compromiso por combatir la corrupción, que campeó en el sexenio pasado en Veracruz. Lamentablemente, a ese personaje sólo se le enjuicia por un presunto desvío de fondos, pero no por la constante violación a derechos humanos y persecución, asesinato y agresiones a periodistas.
El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, consideró que
encubrir a Duarte sería un mal mensaje para la ciudadanía, porque detrás de él también actuó una
evidente red de corrupción, lavado de dinero y malversación del presupuestoestatal. La Procuraduría General de la República (PGR) también debe “cumplir con su deber, no cometer ‘errores’ que deriven en la liberación de Duarte, y actuar contra sus cómplices”.
Víctor Sánchez (MC) consideró que la PGR debe ampliar la investigación y ejercer acción penal
contra todos los demás involucrados, la red de corrupción que tejió, a los mismos diputados federales que no han sido tocados; es evidente que el desvío de más de 60 mil millones, que la Auditoría Superior de la Federación documentó, no pudo hacerlo una sola persona.
En tanto, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, demandó a las autoridades aplicar todo el peso de la ley a Duarte, quien
lastimó, robó y destruyó a miles de familias veracruzanas.
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