7/20/2017

Los periodistas pal café. . . .


El ministro oficiante del Sacro Rito de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong (MAO), pidió ayer a la feligresía, escamada por la aparición de nefastos signos en el proceso contra el presunto pecador extremo, Javier N (también mencionado en las escrituras, judiciales, como Javier Duarte de Ochoa), que tengan fe. Es decir, que se tenga confianza en los buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la Secretaría de Hacienda, que también participa en el ayuno jurídico en favor del veracruzano). Fe, que, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida así: En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia.
Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal, cuando, en lugar del estricto apego a la ley y el riguroso cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible para enfrentar las fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el gobierno federal en sus áreas conexas (con Los Pinos como centro de decisiones), están cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas para favorecer a su presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un trote judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado.
El propio MAO, en otra de sus facetas, había reconocido en otra parte de su alocución de ayer que la ley no es un asunto de fe; es un asunto de norma que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana. Entonces, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad. Dejando a un lado la sintaxis del secretario 8ng, sabidamente ingobernable, queda de manifiesto que el delicado tema de la siembra de errores en favor del imputado N de Ochoa es de tan difícil abordaje declarativo que el susodicho secretario se ha encomendado a la Santa Chimoltrufia: como dijo una cosa (que le tuvieran fe a la PGR del amigo de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade), dijo otra (que la ley no es un asunto de fe). O, a lo mejor, tal vez sí y tal vez no (esta columna se suma, alborozada, al contradictorio estilo discursivo MAO); lo que los mexicanos deben tener es fe, pero en la próxima fe de erratas: “Usted disculpe, doctor Javidú” (claro, luego que pasen los comicios presidenciales del año próximo, pues liberar antes a N Duarte de Ochoa, o colocarlo en la antesala de una salida, sería desastroso en términos electorales. Presencia y, luego, ausencia, con la ayuda de Presidencia).
Ayer se cumplió una semana de la tragedia que dejó dos muertos en un socavón del libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés. En este lapso se han acumulado evidencias gráficas y técnicas de la irresponsabilidad criminal de constructores privados y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con enorme tufo a corrupción sistemática, en cuanto a esa y otras vías federales de comunicación.
Hasta ahora, el saldo burocrático más relevante ha sido el despido del director del centro de la SCT, José Luis Alarcón, un directivo y propietario de una cadena de escuelas de idiomas, a quien las relaciones amistosas llevaron a ocupar un cargo en que el presupuesto público es enfilado aplicadamente a negocios particulares que benefician a esos funcionarios y a sus jefes políticos. Alarcón fue propuesto a la SCT por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y, además, tiene productivas conexiones con personajes del entorno del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A pesar de todo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se mantiene en su puesto, organizando estudios, peritajes y dictámenes (en 15 días habrá algunos resultados técnicos). Intocable en cuanto ha sido una pieza fundamental en el engranaje oscuro del grupo político al que pertenece, Ruiz Esparza apuesta al paso del tiempo, a la prevista disminución del enojo social y al auxiliar revuelo de novedades corruptas (en turno, la de Duarte de Ochoa). Mientras tanto, los negocios siguen adelante, con la vista puesta en la contribución sectorial a las campañas priístas de 2018.
Entre las propuestas de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está la de establecer fórmulas que impidan a México tomar decisiones por sí mismo sobre políticas cambiarias. Al respecto, Angelina Mejía entrevistó para el portal Don Dinero a especialistas que alertaron acerca del riesgo que significaría ceder a esas pretensiones. Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina señaló que, de aprobarse dicha intención de Washington, México dejaría que la política monetaria dependa de las decisiones de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos (http://goo.gl/i6ETw9).
De cara a unas elecciones federales que se prevén muy reñidas, la élite decisoria del Instituto Nacional Electoral parece no sólo débil e impreparada sino, sobre todo, fuertemente tocada por la percepción de que su actuar es faccioso, manipulado y torpe. Los consejeros electorales, con una que otra excepción, actúan abiertamente como representantes ejecutivos de los grupos políticos que les colocaron en tan jugosos cargos.
Ante esas circunstancias, se ha alzado la voz de políticos de oposición, en un abanico que va de Andrés Manuel López Obrador a Emilio Álvarez Icaza, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, que consideran imprescindible la renovación de ese cuadro de consejeros electorales. De otra manera, desde ahora estarán instaladas las reticencias y la desconfianza, que no alcanzan solamente al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Y, mientras Miguel Ángel Mancera se la pasa más en giras de proselitismo (ayer, en Chihuahua), repartiendo bienes de la CDMX (patrullas, por ejemplo), como si en la demarcación que gobierna no hicieran tanta falta, ¡hasta mañana! Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



En la Secretaría de Hacienda están más que contentos, porque una de las principales calificadoras internacionales, Standard & Poor’s Global Ratings, mejoró la prospectiva de la trayectoria de largo plazo de la voluminosa deuda pública mexicana, al elevarla de negativa a estable. Con tal decisión amaina el intenso dolor de muelas que en el gobierno peñanietista provocó la degradación que casi un año atrás decretó la citada agencia privada.
En agosto de 2016 Standard & Poor’s redujo su calificación crediticia asignada al gobierno mexicano (de estable a negativa) como resultado del deterioro de la expectativa por el incremento sostenido en la deuda pública, dejando en claro que podría abatirla aún más, toda vez que en 2015 tal débito representó alrededor de 42 por ciento del producto interno bruto nacional; para 2016 esa proporción se elevó a 45 por ciento y en 2017 llegaría a 50 por ciento, por lo que –según su propia advertencia– podría degradar aún más su calificación en el presente año.
En apenas una década la deuda pública mexicana aumentó cerca de 20 puntos porcentuales (de Calderón a Peña Nieto). De allí la degradante decisión de la calificadora descalificada (recuérdese que Standard & Poor’s fue una de las agencias que fingieron demencia y dejaron pasar la bomba de la llamada burbuja hipotecaria en Estados Unidos, la cual finalmente reventó y generó la profunda crisis económico-financiera en el país norteño y, de pasadita, a nivel mundial).
Amenazó con rebajarla aún más, pero en los hechos sucedió lo contrario y así como la agencia decide cuándo degradar una que otra deuda pública por el deterioro de la expectativa, al año siguiente mejora la prospectiva, por mucho que para el caso mexicano sus estimaciones se cumplieron prácticamente al pie de la letra, porque el débito público de nuestro país, como proporción del PIB, no ha dejado de crecer.
Desde luego que la Secretaría de Hacienda no desperdició la ocasión ni el anuncio de la calificadora, y de inmediato presumió que “Standard & Poor’s reconoce una reacción pronta y eficaz de las autoridades actuales ante los recientes choques negativos como los de tipo de cambio. La perspectiva estable refleja la mejoría del balance fiscal de México, el cual es reflejo de la política fiscal del gobierno y el persistente crecimiento económico. La calificadora enfatiza que la reforma fiscal apoyó de manera sustantiva para hacer frente al decrecimiento en los ingresos petroleros. Destaca que la mejora en la perspectiva refleja el historial positivo de las políticas fiscal y monetaria, el cual ha contribuido a déficits moderados y baja inflación, así como deuda externa sustentable”.
Hasta allí el autopiropo de la Secretaría de Hacienda, el cual deja de lado la verdadera razón por la que la multicitada agencia privada elevó su calificación de la deuda pública mexicana, la cual no es otra que la garantía del gobierno peñanietista de pagar puntualmente el servicio de tal débito, o lo que es lo mismo, primero morirían de hambre los habitantes de este país que la autoridad financiera dejara de pagar un solo centavo. Así, se aleja el fantasma de una eventual suspensión o, como diría el extinto titular de Hacienda, Jesús Silva Herzog, un problema de liquidez.
Lo llamativo de todo esto es que, como es su costumbre, Standard & Poor’s se desoye a sí misma, pues la deuda pública mexicana no ha dejado de crecer y el compromiso del gobierno peñanietista de reducir su tamaño como proporción del PIB mexicano ha sido permanentemente incumplido, a pesar de las advertencias que en tal sentido han hecho públicas organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, el gobierno de Vicente Fox le heredó una deuda pública equivalente a 28 por ciento del PIB (algo así como 3.13 billones de pesos); seis años más tarde, cuando el tal Jelipe por fin dejó la residencia oficial, tal proporción había crecido a 35 por ciento del producto (alrededor de 5.9 billones), y de allí en adelante el gobierno peñanietista la elevó –cierre de 2016– a 48 por ciento (en algún momento de 2017 la autoridad financiera reconoció que tal proporción rondaba 50 por ciento). Así, la estimación de la citada agencia calificadora se cumplió a cabalidad.
Pero de cualquier suerte Standard reconsidera su decisión y eleva su calificación de negativa a estable. ¿Qué la llevó a deshacer el entuerto? La única posibilidad es la garantía de la Secretaría de Hacienda –léase del gobierno de EPN– de primero muertos que incumplidos, por mucho que el margen de maniobra del erario nacional sea cada día más limitado.



Un adelanto del infierno. Nocturno, segundo largometraje del mexicano Luis Ayhllón (Dodo, 2014), es una extraña mezcla de géneros cinematográficos, por momentos divertida, a ratos intensamente estremecedora. Lo que en un primer tiempo semeja una comedia negra muy efectiva y mordaz, con las frases punzantes que Oliverio (Juan Carlos Colombo), anciano misántropo y moribundo, asesta sin piedad a su imperturbable enfermera Ana (Irela de Villers), de modo paulatino se convierte en un ajuste de cuentas particularmente violento. En el exterior de la casona donde transcurre la acción, las escenas de crueldad se multiplican: la nota roja consigna el misterioso asesinato en serie de varias niñas aquejadas de un cáncer terminal. La gélida y metódica enfermera refiere estos sucesos al enfermo, que de algún modo deberá entender esa tragedia ajena como anticipo de la propia. El relato de revancha criminal se insinúa insidiosamente, librando poco a poco al espectador algunas claves interpretativas: una sórdida historia familiar narrada a través de un libro gráfico escrito por la propia Ana, una sucesión de animaciones fantasiosas insertadas en el filme como sustento del macabro cuento de hadas, y un clima de pesadilla que adquiere tonos de comedia negra con la visita intempestiva de Luis (Ari Brickman), hijo de Oliveiro, que acompañado de su mujer y un amigo, forman un trío casi infernal de voraces depredadores. La secuencia y diálogos de esta visita son el mejor hallazgo humorístico de la cinta: una estrafalaria familia gang, una banda de vividores rodeando, como buitres, la mesa del moribundo patriarca impotente.




El presidente estadunidense Donald Trump obtuvo ayer en la Suprema Corte una victoria parcial en su intento de imponer un veto migratorio contra los ciudadanos de seis países musulmanes y cerrar temporalmente la entrada de refugiados de todo el mundo. En contraste con este avance de la política xenófoba del mandatario, BBVA Bancomer dio a conocer ayer un estudio según el cual durante los primeros seis meses del año −cinco de ellos transcurridos con el magnate al frente del gobierno− las deportaciones de mexicanos se redujeron 30 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016, cuando el demócrata Barack Obama despachaba en la Casa Blanca.

Piden colonos de Tepepan más seguridad ante constantes robos
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El 6 de julio de 1892 ocurrió una de las batallas más feroces y más dramáticas de la lucha de clases entre la clase trabajadora y el creciente poder corporativo del siglo 19. Durante 12 horas se mantuvo el ataque en las orillas del río Monongahela por parte de las fuerzas privadas de seguridad de la empresa de Andrew Carnegie, en contra de los obreros de la industria acerera en el poblado de Homestead, a 30 minutos de la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania.

Fue en 1993, cuando 46 personas cargadas de intuiciones decidieron poner en marcha una audaz propuesta. No sabían que los temas que entonces les preocupaba y que estaban decididas a enfrentar son, casi 25 años después, los asuntos claves para los movimientos sociales de hoy. El libre comercio en el campo de la alimentación, avanzaba empujado desde la Organización Mundial del Comercio y contra ella se enfrentaron durante muchos años, de una forma más que decidida. Las mismas intenciones de liberalización las tenemos actualmente muy presentes en todos los tratados bilaterales conocidos y por conocer (TTIP, TLCAN, CETA, etc.). La llamada revolución verde, que campaba a sus anchas y sólo recibía vítores y aplausos, también estuvo en su punto de mira. Contracorriente denunciaron, con argumentos y experiencias, como representaba el principio del fin de una agricultura campesina integrada respetuosamente en los ciclos de la naturaleza. A ese supuesto avance que llegaba con las semillas híbridas y transgénicas, los pesticidas y los fertilizantes de síntesis, lo calificaron como un peligro que hoy –se sabe– es pura aniquilación y envenenamiento de la vida. A la vez, advertían que sólo serviría para entregar en bandeja de plata la agricultura y la alimentación a las multinacionales, como así ha sido. Es de todas sabido, que la sospecha de aquel grupo de campesinos y campesinas llegados de muchos lugares del mundo a Mons, Bélgica, se ha hecho cierta pues son muy pocas empresas las que poseen la casi totalidad del sector que da de comer al mundo.

La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela encierra, a mi juicio, algunas ambigüedades que están a debate en estos momentos (18 años después). Al margen de la invocación de Dios como protector de los poderes del pueblo de ese país, como se refiere en el preámbulo de dicho texto legal, el punto de partida es que el poder originario del pueblo está representado en la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que lo aprobó y que ahora, por iniciativa de Nicolás Maduro, se quiere cambiar convocando a una nueva.

El empresario decide invertir sus ahorritos en la campaña del candidato a gobernador de un estado de la República Mexicana –que no es el Edomex, resultaría demasiado obvio. Un millón de dólares.

El 5 de julio pasado la industria estadunidense productora de azúcar aceptó a regañadientes el acuerdo al que habían llegado los gobiernos de su país y México un mes antes, como forma de resolver el conflicto del comercio de azúcar. A pesar de que México concedió sin chistar todas las demandas de Estados Unidos, el acuerdo les pareció poca cosa a las Big Sugar.

La catástrofe humanitaria que padece la nación se lanzó sobre México como parte del añoso diseño de intervención, privatización y desarticulación del país y su sector energético desde 2006 bajo la Iniciativa Mérida. Es un arreglo de facto Bush/Calderón cuya desestabilización se dinamiza en la desregulación e inusitado incremento del magno torrente de armas de asalto de Estados Unidos hacia cárteles/crimen de México (Bush/2004) y de enormes flujos de dólares a la banca de Estados Unidos. Asentado en corrupción y violencia que el derecho penal internacional tipifica de “crímenes de lesa humanidad, el esquema que opera sea como guerra al narco, el crimen o el terrorismo, es conocido en el Pentágono como guerra irregular e inició con fondos sacados de partidas destinadas a la brutal masacre y destrozos por el crudo en Irak, otro gran crimen de lesa humanidad repleto de jugosos contratos.

Donald Trump demuestra una vez más la prepotencia e ignorancia imperiales con que se maneja su administración al amenazar de la forma más vulgar, soez e impúdica a la República Bolivariana de Venezuela con imponerle duras sanciones si se realiza la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada para el 30 de julio. Pero más allá de las mamarrachadas del actual inquilino de la Casa Blanca, lo que está claro como el agua es que esta amenaza encaja perfectamente en el guión desestabilizador y golpista delineado en el manual Venezuela Freedom II, firmado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El mismo da continuidad al Venezuela Freedom I, endosado en su momento por el general John Kelly, ahora secretario de Seguridad del suelo patrio, el mismo que ha dicho que el triunfo del candidato a la Presidencia por Morena en 2018, Andrés Manuel López Obrador, no le convendría a México ni a Estados Unidos.

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