By Emma Martínez
Unión Hidalgo, comunidad perteneciente a Oaxaca, forma parte de lo que
serán las Zonas Económicas Especiales. Siendo una región apta para
parques eólicos, (ya tiene uno instalado sin consulta), sin la
intervención de la comunidad, ni la participación de ésta y además
firmando contratos privados con supuestos propietarios cuando la tierra
es comunal y por ello propiedad social, pretende imponerse otro parque
eólico más, detalla a Revolución TRESPUNTOCERO el
abogado Juan Antonio López, Coordinador del Área de Justicia
Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales
A.C. (ProDESC)
Este año a partir de enero, el presidente municipal que recientemente tomó el cargo, declaró que entraría otra nueva empresa. Dijo que en marzo o abril iniciaría la construcción de un nuevo parque, es por esto que desde hace aproximadamente dos meses la comunidad tiene el acompañamiento por parte de Prodesc y es por esto que se dio paso a un amparo, cabe señalar que posteriormente más integrantes de la comunidad, aproximadamente otros 700 han presentado otros amparos, señala el abogado.
Este lunes se dio a conocer que la comunidad indígena zapoteca
de Unión Hidalgo interpuso con el acompañamiento del ProDESC, un amparo
para solicitar la protección de la justicia federal ante los Juzgados de
Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Esto luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgara un permiso
para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca
S.A.P.I. de C.V. filial de la transnacional EDF Energies Nouvelle.
Mediante solicitudes de acceso a la información, la comunidad
indígena de Unión Hidalgo tuvo conocimiento que la empresa solicitó este
permiso el 27 de abril de 2017 y se autorizó el 29 de junio con el
número de resolución RES/1219/2017.
En el permiso se estipula que la “Central Eólica Gunaa Sicarú”
contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2.625 megawatts
cada uno para generar un total de hasta 252 megawatts. De igual forma,
se estipula que la producción anual estimada será de 825.7 gigawatts
hora por un tiempo de 30 años.
Al respecto, Oscar Marín, Representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, señaló “las personas que habitamos esta comunidad nos reconocemos como parte del pueblo indígena zapoteco y al otorgar los permisos a la empresa EDF, se viola nuestro derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
También hizo énfasis en que “este acto afecta la propiedad y
posesión de las tierras comunales de nuestra comunidad, ya que tenemos
conocimiento de que para legalizar su arbitraria introducción han
firmado contratos de arrendamiento con supuestos pequeños propietarios,
situación que violenta nuestros derechos como comunidad indígena y
desconoce el reconocimiento legal que tenemos por el Registro Agrario
Nacional, y esto significa una violación a nuestros derechos humanos”.
En tanto, Juan Antonio López, Coordinador del Área de Justicia
Transnacional de ProDESC, mencionó que, “en el permiso se establece que
el inicio de obras será en 1° de diciembre de 2017 para terminar el 31
de mayo de 2019 y para que empiece a operar el parque a partir del 1° de
junio de 2019.
Esto, a pesar de la falta de un aviso formal por parte de las
autoridades de que se realizará algún proceso de consulta. Además,
limita el principio de consulta culturalmente adecuada ya que deberá ser
la misma comunidad quien dicte los tiempos necesarios para que se
garantice el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e
informado”.
De acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos el
derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se
debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos. Esto
incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la
implementación de proyectos, ya que su propósito es garantizar que los
pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y
acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales.
La comunidad afirmó que a la par de la presentación de este
Amparo, informarán a la Relatora Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli sobre esta situación
haciendo hincapié en que el estado mexicano debe garantizar certeza
jurídica para la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, así como
el respeto de sus derechos humanos y sus derechos como pueblos
indígenas.
En tanto, el abogado, señala que Murat, continúa declarando que la empresa llegará y se realizará una gran inversión para el estado y la comunidad. Dijo que sí harían consulta, “pero se supone que la consulta debe ser previa a cualquier tipo de permiso, autorización o acción administrativa, legislativa o jurídica que pueda afectar a la comunidad indígena, pero ya hay contratos.
De nueva cuenta vemos al gobierno mexicano violentando los
derechos de las comunidades indigenas, expiden permisos y autorizaciones
sin consultar a la población que son los propietarios”.
Por medio de un documento ya revisado se menciona que el 1 de
diciembre de 2017 iniciarían el proceso de construcción del parque, lo
que significa que dejan tres meses nada más para la supuesta consulta,
“si es que la hacen”, señala el abogado. Por eso la comunidad está muy
preocupada al ver la posibilidad de una nueva imposición de un parque
eólico en su tierra sin que se les pregunte ni participar, detalla.
Esto, “obedece a una clara captura coorporativa del estado,
porque el mismo gobierno de la entidad antepone los intereses
corporativos de las grandes empresas nacionales o transnacionales,
prefiere darle más beneficios a estas compañías aun cuando sabe muy bien
que con la reforma energética surgió la obligación de consultar antes
de iniciar este tipo de proyectos. Y pues ni esa ley respetan, la cual
entró en vigor en 2014. El gobierno prefiere que las empresas inviertan
aunque violentos los derechos de las comunidades”, señala.
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