8/01/2017

Los periodistas pal café. . .



El periodista mexicano radicado en Los Ángeles Rubén Luengas vino a la Ciudad de México y por la avenida Insurgentes vio el rodar de un vehículo militar en cuya parte trasera, al descubierto, viajaban algunos soldados, apacibles, aunque con sus armas entre las piernas (https://goo.gl/4CYCRc). No pudo evitar el preguntarse, según publicó en su cuenta de Twitter (@rubengluengas): ¿Se cocina en México un cambio entre el poder civil y el poder militar? ¿lo civil puede llegar a quedar subordinado a lo militar?
Ese armado transcurrir verde olivo entre las arterias civiles capitalinas no es frecuente, como sí lo es en muchos lugares del país, donde es común la constante movilidad castrense, incluso con piezas artilladas listas para el ataque. Normalidad militarizada como parte dolorosamente necesaria de la muy deshecha red de presunta protección a los ciudadanos que tratan de sostener los últimos puntales de la institucionalidad, las fuerzas armadas (Ejército y Marina) emplazadas como recurso extremo que, al mismo tiempo, se entrampa en violaciones a los derechos humanos, delictividad mortal y las tentaciones, consumadas en varios casos, de los largos brazos corruptores del crimen organizado.
El rodar de soldados en las calles de la capital del país forma parte de un proceso de militarización que se ha detonado a partir del golpe al cártel de Tláhuac y la ejecución de su jefe, apodado El Ojos. Operaciones militares y policiacas que se habrán de cumplir en todas las delegaciones de la Ciudad de México, a menos de un año de los comicios que se encaminan a cimbrar al país, con la capital como sabida caja de resonancia, probable proveedora de votos en favor de la oposición al sistema y eventual centro de resistencia, si se optara por otro fraude electoral.
El cambio en las relaciones de poder entre lo civil y lo militar, sobre lo cual se preguntaba el periodista Luengas (ganador de reconocimientos profesionales en México y Estados Unidos), ya es una realidad. La trágica decisión de Felipe Calderón, de sacar a las fuerzas armadas de sus cuarteles a partir de diciembre de 2006, y la continuidad de Enrique Peña Nieto en esa línea de cesión de espacios a las élites castrenses, han significado una mayor presencia pública, y política, de los jefes de las armas nacionales (a veces, con discursos impensables en las etapas del presidencialismo fuerte) y una dependencia peligrosa del decadente poder civil (envuelto en escándalos, corrupción y frivolidades) respecto a los militares.
Las fuerzas armadas mexicanas están, además, estrechando relaciones con sus pares estadunidenses, las cuales muestran una voluntad de mando inapelable en materia de migración, protección de la frontera sur de México (la nueva frontera, extendida, del vecino país) y exterminio de las expresiones incontroladas del crimen organizado, de los bad hombres, con una capacidad de control del aparato castrense mexicano que se ha reforzado al pasar el general en retiro, John Kelly, de la específica secretaría de seguridad interior a la influencia y la supervisión globales como jefe de la oficina del cada vez más desquiciado Donald Trump.
Las redefiniciones de facto en cuanto a la instrumentación de las fuerzas armadas (que insisten en la necesidad de regularizar su actuar, y ante las cuales Peña Nieto ha llamado a los soldados a no obedecer órdenes que puedan caer en la ilegalidad) se producen al mismo tiempo que se aprieta el puño mediático, para reducir o cercenar expresiones críticas y buscar un alineamiento informativo y de análisis, justificando o no criticando a fondo ni en contexto las cada vez peores pifias institucionales y minimizando e incluso satanizando el ejercicio opositor.
El caso Venezuela es un ejemplo vibrante del desequilibrio en el abordamiento de un tema con evidentes claroscuros. De hecho, el tratamiento generalizado del tema, en la mayoría de los medios electrónicos mexicanos, fomenta de manera abierta la vinculación o equiparamiento de los sucesos del país sudamericano con los comportamientos y desenlaces que creen se derivarían de un triunfo de Morena, cargando la tinta en establecer supuestas similitudes entre los perfiles políticos de Nicolás Maduro, como antes Hugo Chávez, con Andrés Manuel López Obrador.
Un ejemplo de lo que se viene con la inquisición mediática: logró inhibir, hasta su virtual supresión en términos políticos, la casi obligada reacción de protesta que el morenismo debió emprender de inmediato, luego del monumental fraude electoral en el estado de México. Temeroso de las consecuencias que en la ruta hacia la elección presidencial podría tener la defensa enérgica de derechos cívicos en esa entidad, el nuevo partido prefirió allanarse ante la realidad electoral y el porfiado amago mediático, en una suerte de chantaje aceptado con la esperanza de que otra apuesta, la mayor, en el casino de las trampas sabidas, llegue a permitir la recuperación de los capitales perdidos.
Un recuento parcial de las nuevas piezas en el escenario hace ver con menos simplismo lo que está sucediendo en Venezuela (el bosque y no solamente los árboles), donde los errores de un gobierno inestable y la convocatoria a unas elecciones constituyentes sin confiabilidad técnica (como tampoco fue confiable el plebiscito organizado por los opositores) han potenciado la capacidad interventora de la corriente de cetrería que se ha atrincherado en la Casa Blanca.
Trump, y sus estrategas de ultraderecha, están empeñados en ejercer un dominio continental pleno, golpeando y desbancando gobiernos que tengan tintes reales o diluidos de compromisos de izquierda, maximizando los problemas, las crisis y las confrontaciones internas de esos países seleccionados, y blandiendo con mayor descaro el carácter autoasignado de policía mundial, en particular, americano.
Y, mientras la administración peñista insiste en proclamarse defensora de derechos y libertades, adversa a crímenes y corrupción, y ahora repelente a fraudes electorales, todo en relación no a México sino a Venezuela, ¡hasta mañana! , Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



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El periodista de Baja California Sur Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y accionista del canal de televisión por cable CNR, fue asesinado la madrugada de este lunes. El crimen ocurrió en un bar en Rosarito, una población de la Baja California norteña, la que colinda con Estados Unidos. Un grupo de sujetos agredió al comunicador y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó directamente a la cara. De acuerdo con el Diario de Tijuana, los asesinos fueron captados por una cámara de video. Rosarito y Tijuana están conurbados. Alguna vez formaron un solo municipio, pero el panismo los partió en dos. El municipio de la República con más homicidios en lo que va del año es Tijuana, con 714; actualmente la población vive un infierno de violencia. Le sigue Acapulco, con 412; Culiacán, con 332, y Ciudad Juárez, con 303, de acuerdo con el Inegi. En el país existen 2 mil 457 ayuntamientos, más las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Alguna vez Felipe Calderón se ufanó de que Tijuana era una ciudad pacífica gracias a su política de seguridad pública. Desde tiempos de Salinas de Gortari, el gobierno del estado ha sido ocupado por gobiernos panistas. Un desastre.
Marca histórica
Consar anunció que el ahorro de las pensiones de los trabajadores alcanzó 3 billones de pesos. De esa cifra, un billón 669 mil 372 millones corresponden a las aportaciones tripartitas que patrones, trabajadores y gobierno han realizado a lo largo de los más de 20 años de operación del sistema, mientras el resto, un billón 346 mil 193 millones de pesos, corresponden a los rendimientos netos de comisiones que se han generado a través de las inversiones que realizan diariamente las Afore (45% del saldo de los trabajadores), informa Consar. Hay una mancha en una historia que debería ser brillante: la Comisión Federal de Competencia Económica investigó y sancionó a cuatro Afores –Profuturo GNP, Afore Sura, Principal Afore y Afore XXI Banorte, así como a los ejecutivos José Silva, Enrique Solórzano Palacio, Francisco Tonatiuh Rodríguez y Ramón Elías Pando, entre otros–, por armar una conspiración para obtener mayores utilidades bajando sus gastos de promoción. La sanción fue de mil 100 millones de pesos. El expediente no está cerrado, hay litigios en marcha.
Trump le pega… al dólar
El dólar va rumbo al inicio de su peor séptimo mes en el año en más de tres décadas, mientras las políticas del Banco Central Europeo más fuerte y una creciente disfunción legislativa en Washington opacan el atractivo del dólar como moneda de refugio. El índice DXY (Dollar Index Spot) mide al dólar frente a una canasta que incluye las principales monedas extranjeras y asegura que el billete verde finaliza en julio un 2.7 por ciento abajo. En lo que va de 2017 acumula una pérdida de 9 por ciento. Por otra parte, el peso mexicano se recuperó a un máximo de 15 meses a 17.45 pesos por dólar, como promedio. El sector financiero, que se entusiasmó en la campaña de Trump por su oferta de bajar los impuestos y fortalecer los negocios, se siente decepcionado.
Va por más
Como parte de su estrategia de crecimiento hacia 2020 y con el objetivo de potenciar los canales de banca en línea, el banco Ve por Más, presidido por Antonio del Valle, anunció un acuerdo para adquirir al pequeño banco en línea Bankaool. Ve por Más no reveló el monto de la transacción.



Para los sectores más necesitados de la población está muy claro que crecimiento y desarrollo social no es lo mismo. Sólo los políticos hacen una equivalencia en sus discursos entre el crecimiento del PIB y el desarrollo de la comunidad.
El crecimiento económico significa producir más que en el pasado; en cambio, desarrollo significa que la población, sobre todo la de menores recursos, viva cada vez mejor.
Generalmente, el país crece menos de 3 por ciento año tras año. En cambio, el desarrollo muestra un estancamiento e incluso un retroceso, lo cual se puede mostrar por la concentración de los recursos, donde 10 por ciento de la población más rica concentra cerca de la mitad de los recursos del país y, en contraste, la más pobre apenas recibe uno o dos por ciento de la producción nacional.



Circo, maroma y teatro hacen los genios financieros del gobierno federal para dar la impresión de que va en serio el compromiso de reducir la deuda del sector público, aunque en los hechos durante la administración peñanietista su saldo ha crecido como la espuma, hasta rozar 50 por ciento del producto interno bruto.
La Secretaría de Hacienda divulgó ayer el informe temático que envió al Congreso, con información al cierre del segundo trimestre de 2017, y las cifras se pueden acomodar al gusto del cliente: si el saldo del débito público de junio pasado se compara con el último día de 2016, entonces se reporta una disminución cercana a medio billón de pesos en los seis meses del periodo.
Sin embargo, si la comparación es anual (junio de 2016-junio de 2017), entonces el saldo de la deuda del sector público federal se incrementó en una proporción similar a la citada en el párrafo anterior, pues pasó de 8.85 billones a 9.3 billones entre un mes y otro.
Tal vez ese truco contable –más la parte importante, es decir, la garantía de pago– fue el que convenció a cierta agencia calificadora internacional para que reconsiderara (léase mejorar la prospectiva) su decisión de calificar de negativa la deuda del sector público mexicano y de nueva cuenta la elevara a estable.
Entonces, de acuerdo con el cristal con que se mire, la deuda bajó o subió, según el comensal y el trimestre considerado, aunque en los hechos a lo largo de 55 meses en Los Pinos el gobierno de Enrique Peña Nieto aumentó el saldo del débito del sector público federal en cerca de 3.5 billones de pesos, a razón diaria promedio de 2 mil 69 millones de pesos (algo así como un millón 433 mil 333 pesos por minuto de estancia en la residencia oficial).
Con la actualización de la Secretaría de Hacienda los mexicanos pagadores están felices y festejan, junto con el gobierno, los beneficios de las reformas, pues recuerdan que 55 meses atrás la deuda por habitante –la heredada por Felipe Calderón– promedió alrededor de 55 mil pesos y a estas alturas 80 mil.
Como siempre, en el informe hacendario llaman la atención los saldos de dos rescates decretados –ambos de forma ilegal– por Ernesto Zedillo dos décadas atrás: el bancario (vía Fobaproa) y el carretero (por medio del Farac). Veintidós largos años han transcurrido desde que el gobierno zedillista decidió generosamente apoyar de forma temporal a los banqueros privados (léase la banda de amigos del régimen que, sin más, se quedaron con las ex sociedades nacionales de crédito y les exprimieron hasta el último centavo).
Dos décadas y pico a lo largo de las cuales los mexicanos –quiéranlo o no– nunca han dejado de pagar un solo centavo por el atraco, pero el saldo lejos de descender sube y sube.
Así, al cierre de junio pasado tal saldo trepó a 900 mil 71 millones de pesos, monto 25 mil millones mayor al de un año antes, y casi 40 por ciento superior al registrado al inicio del siglo nuevo. ¿Y los mexicanos? Fácil: a seguir pagando.
Lo mismo con el rescate carretero. Desde 1997 –por instrucciones de Zedillo, el del bienestar para la familia–, los mexicanos pagan y pagan por tal concepto, pero al cierre de junio pasado el saldo del tiradero superó 283 mil millones de pesos, casi 51 por ciento más que en igual mes de 2016, y pagando.
Esos son los números oficiales, pero de cualquier forma Hacienda asegura que al cierre del segundo trimestre de 2017, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP, la medida más amplia de la deuda del sector público) alcanzó un monto de 9 billones 304 mil 111.8 millones de pesos, saldo en línea con el proceso de consolidación fiscal el cual tiene el objetivo de disminuir el SHRFSP de 50.1 por ciento del PIB al cierre de 2016 a 49.5 por ciento del PIB antes de considerar el efecto del remanente de operación del Banco de México (ROBM) recibido en 2017 por 321 mil 653.3 millones de pesos, y de 48 por ciento del PIB, ya considerándolo.



Esta semana Aguascalientes se unió a los estados que han tipificado el feminicidio como delito autónomo. Lo hizo entre gritos y sombrerazos en el Congreso del estado, lo que minimizó el avance en materia de derechos humanos que implica la autonomía de este delito.
En esa última sesión del periodo ordinario, los diputados de la mal llamada oposición abandonaron el recinto en protesta por la conformación del orden del día y acusaron al grupo mixto mayoritario de ilegalidad en el proceso, lo que dio ventaja a los partidos Acción Nacional y Encuentro Social para imponer al presidente de la mesa directiva de la diputación permanente, así como asignar por insaculación al nuevo titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Los berrinches no terminaron en el Congreso. Ayer la misma oposición impidió al presidente del Congreso dar su mensaje inicial. Así han trabajado en esta legislatura. Han sido omisos, poco productivos y faltos de transparencia, pues aún no explican en qué usan los 20 mil pesos mensuales que cada uno de ellos recibe para gestión social.




Desde hace semanas este diario ha reportado la situación de emergencia que se vive en la isla quintanarroense de Holbox, un destino turístico privilegiado por su ubicación en el Caribe mexicano y por sus bellezas naturales. Pero el colapso de esa pequeña localidad insular no se debe a fenómeno natural alguno, sino a su sobre explotación como sitio de descanso y esparcimiento, a la voracidad de los proyectos hoteleros y a la indolencia de autoridades e instituciones.

Condenan agresiones a la cineasta María Laura Vázquez
Por este conducto mandamos nuestro apoyo solidario y comprometido a la cineasta María Laura Vázquez, quien realizó el filme documental Chávez infinito, sobre el líder político venezolano comandante Hugo Chávez. A partir de la exhibición del filme, la cineasta María Laura y los dirigentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en Argentina han recibido insultos y amenazas que alcanzan, inclusive, al público asistente a las presentaciones de la cinta.

Esta es una nueva vuelta de tuerca sobre el tema que abordé en una entrega anterior. Mis vivencias de las últimas semanas me han venido a confirmar lo esencial de lo propuesto y me han despertado a nuevos destellos. Hoy examinaremos el paso de lo revolucionario a lo civilizionario. ¿Se había usted imaginado, apreciad@ lector@, vencer a la modernidad industrial, capitalista y tecnocrática desde su mismo hogar? Veamos.

La creación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela a fuerza de votos democráticos fue la mejor táctica para enfrentar la oposición al régimen chavista. En las circunstancias actuales de una embestida feroz y criminal de la derecha venezolana alentada desde el exterior por Estados Unidos y sus satélites, con todos sus problemas, las elecciones sirvieron fundamentalmente para evadir el golpe de Estado traicionero de los opositores que habían logrado copar la anterior Asamblea Nacional, gracias a la crisis de desabasto de alimentos y a la política económica errática del régimen de Nicolás Maduro. Pero no obstante las críticas que desde la geografía latinoamericana se le puedan enderezar, no hay duda del interés legítimo del presidente venezolano por defender la soberanía de su nación, la idea de consolidar la paz para su pueblo, defender los recursos naturales de ese país, los derechos conquistados durante el régimen del fallecido presidente Hugo Chávez, y trabajar la perspectiva de ampliarlos. Los 8 millones de sufragios registrados durante los comicios cobijan de legitimidad al proceso electoral, sobre todo porque las autoridades encargadas de organizar las elecciones tienen una reputación bien ganada de profesionalismo y honradez. Desde ya, las fuerzas de la derecha del continente intentan desconocer la naturaleza legal de los comicios. Igual, desde antes los poderes externos se empeñaron en todo tipo de sabotajes para hacer fracasar esta elección, no solamente para derrocar a Maduro, sino con el objetivo de que el ejemplo de una Asamblea Constituyente representante del poder originario del pueblo no impacte a la región. Es muy pronto para adelantar vísperas, pero sin duda las elecciones venezolanas están abriendo una coyuntura en que clases populares y sujetos sociales latinoamericanos podrían desplazarse en los próximos años a la búsqueda de soluciones para las crisis que se avecinan. De alguna manera el fantasma de Simón Bolívar empieza a recorrer las trochas y caminos hemisféricos con su proyecto utópico de integración de la madre patria latinoamericana.

Varios países europeos vivieron una historia de siglos de conflictos que culminaron con la Se­gunda Guerra Mundial. Nunca antes había sufrido la humanidad pérdidas humanas y materiales de tales dimensiones. Jamás se había visto un volumen semejante de recursos económicos vueltos desperdicio canalla. Al menos 16 millones de militares y 26 millones de civiles fallecieron a causa del conflicto. 

Un triunfo rotundo de la revolución bolivariana. Una derrota contundente de la oposición y sus aliados. Un mensaje claro del pueblo venezolano. Esas son las principales enseñanzas de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del pasado 30 de julio.

Desde la capital mexicana no es fácil comprender lo que ocurre en Caracas. Entre una y otra ciudades hay casi 3 mil 600 kilómetros, siete horas y media de vuelo y un muro espeso y doble de desinformación: de un lado, Nicolás Maduro es la rencarnación de Simón Bolívar con escala en Hugo Chávez y del otro, la bestia apocalíptica; de un lado, el pueblo en masa defiende a su gobierno de unos terroristas apoyados por Washington y del otro, una sociedad sedienta de libertad y democracia se rebela en contra de una tiranía corrupta. Cuando uno está fuera de Venezuela es complicado, pues, hacerse un panorama claro de lo que pasa adentro. Salvo que resulta evidente el cerco estadunidense (auxiliado por algunos gobiernos sumisos) en torno al régimen bolivariano.

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) comenzó el martes pasado su 58 Año Académico. Se trata de una ceremonia que se realiza anualmente en la que se destacan algunos de los logros en los diferentes programas de fomento a la ciencia que realiza la más importante agrupación científica del país, y en la cual se reconoce, además, el trabajo de investigadores jóvenes en las ciencias exactas y naturales, se premian las mejores tesis de doctorado en ciencias sociales y humanidades, y se entregan becas para jóvenes investigadoras. Pero en esta ocasión el acto tuvo algunos ingredientes que la convirtieron en un acontecimiento especial. Uno de ellos fue el cambio en el Consejo Directivo de la AMC y la toma de posesión de su nuevo presidente, el doctor José Luis Morán López.

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