Por su condición migratoria las acusan de trata de personas
En
el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país,
organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que
existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen
centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de
personas o lenocinio.
En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la
investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que
analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana,
acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula.
En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes
Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí
conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la
libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS)
ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de
personas.
Esta situación llevó a las organizaciones civiles a sistematizar los
datos de las personas centroamericanas recluidas en prisiones de
Chiapas. Observaron que a diferencia de los hombres (acusados de
homicidio, posesión de armas, y delincuencia organizada) a las mujeres
les imputaban delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales.
De acuerdo con la investigación, en 2015 en el CERSS de Tapachula
había 96 mujeres privadas de su libertad; 23 de ellas estaban acusadas
por el delito de trata de personas, la mayoría (70 por ciento) provenían
de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Dos años después, en 2017, sólo una permanecía en reclusión puesto
que en los otros casos no hubo elementos para corroborar que cometieron
el delito.
Con estos datos las organizaciones se acercaron a seis mujeres
migrantes del CERSS acusadas de trata de personas, en todos los casos
encontraron que no había pruebas que las responsabilizara del ilícito,
asimismo, había irregularidades en las investigaciones, fueron engañas o
torturadas para confesarse culpables y nunca se respetó su derecho al
debido proceso y su presunción de inocencia.
LOS CASOS
Rosa Elvia Murcia Díaz, una mujer hondureña que viajó a México para
encontrar mejores condiciones de vida, estaba en proceso de solicitar
una estancia por razones humanitarias en Tapachula. En 2015, un joven se
le acercó preguntando la hora, después le pidió “ayuda para conseguir a
cinco mujeres para su fiesta de despedida de soltero”. Elvira terminó
la conversación y se fue.
Un día después, un grupo de personas encapuchadas vestidas de civil
la obligaron a subir a una camioneta amenazándola con un arma de fuego y
con asesinarla y violarla. La mujer se dio cuenta que uno de los
captores era el joven que se acercó con ella el día anterior.
Después la obligaron a firmar un papel en blanco. En horas, la
Policía Federal la presentó ante los medios de comunicación junto con
dos hombres de nacionalidad mexicana y uno de Nicaragua –que no conocía-
como parte de un operativo “exitoso contra la trata de personas por
explotación sexual comercial”, en el que rescataron a seis mujeres
menores de edad.
La versión oficial dijo que la detuvieron en una casa donde explotaba
sexualmente a cuatro menores de edad mexicanas y dos centroamericanas.
Las personas que hicieron la denuncia nunca se presentaron a declarar y
hasta 2017 continúa en el CERSS de Tapachula en espera de que acepten la
tercera apelación que impone a la sentencia de cinco años de cárcel que
le dictaron.
Otro caso es el de la hondureña de 41 años de edad, Lorenza Obdulia
Reyes. En octubre de 2014 un operativo “anti-trata” de la Policía
Federal y Fronteriza irrumpió en el bar de Tapachula donde trabajaba
como mesera. En este también participó un agente del Instituto Nacional
de Migración (INM), quien dijo que el operativo no estaba autorizado y
simplemente se retiró de la zona.
Lorenza fue detenida en el Ministerio Público, un policía se acercó y
le advirtió que no firmará nada, pues sabía que era inocente. Sin
embargo, las autoridades ministeriales la engañaron para que firmara
unos papeles en blanco sobre su liberación. Ella aceptó pero fue
trasladada al CERSS de Tapachula.
La acusaron de trata de personas con fines de explotación laboral con
tres años de prisión e impidieron a sus compañeras de trabajo que
declararan a su favor.
Entre las entrevistas por las asociaciones, también está el caso de
una mexicana perteneciente al municipio de Tapachula, Rosario Noriega
Soto. Ella relató que unos policías vestidos de civiles llegaron a su
casa y le dijeron a ella y a su esposo que su hija estaba en el
hospital. Subieron a una patrulla con ellos y los trasladaron a la
Estación Migratoria Siglo XXI.
Más tarde, a Rosario Noriega la policía fronteriza la interrogó y
obligó a firmar un documento tapándole con una mano el texto, con éste
la trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social Femenil de
Tapachula. Ahí, el alcalde de la prisión la regresó a la estación
migratoria porque no cumplieron los requisitos para ingresarla,
finalmente la sentenciaron a 20 años de prisión por el delito de trata
con fines de explotación sexual comercial.
Otras de las mujeres entrevistadas del CERSS fue la guatemalteca
Guadalupe Pérez Rodríguez, acusada de trata de personas con fines de
explotación sexual. Ella fue detenida sin justificación en el bar donde
trabajaba, y como en los otros casos, firmó unos documentos de los
cuales desconocía su contenido porque no sabía leer ni escribir.
Santa María Rosales proveniente de Honduras fue detenida en su casa
por la policía local Fronteriza. Sin orden de cateo, la llevaron a la
Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de
Inmigrantes. Ahí la torturaron y obligaron a declararse culpable del
delito de trata. Su hija terminó en situación de calle por el arresto.
Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, buscó liberar a su sobrina de
un hombre que la explotaba sexualmente. Pidió ayuda a la Fiscalía de
Atención al Migrante en Tapachula, pero la arrestaron, la golpearon y
acusaron del delito de trata.
Al menos cinco de estas mujeres, con excepción de la hondureña Rosa
Elvira, apelaron las sentencias y por falta de pruebas para determinar
que cometieron el delito de trata de personas obtuvieron su libertad,
indica la investigación.
CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES MIGRANTES
Las asociaciones civiles señalan que estas detenciones arbitrarias de
mujeres migrantes se dan un contexto de vulnerabilidad; ellas trabajan
en bares y su estatus migratorio es irregular. No saben leer o escribir,
y tampoco tiene dinero para solventar los gastos de un abogado.
La organización de las mujeres migrantes privadas de la libertad en
el penal de Tapachula, ha sido fundamental para su liberación. Entre
ellas Lilian Aguilar y Santa María comenzaron huelgas e informaron a sus
compañeras que podían apelar sus sentencias por ser injustas. La
vigilancia de las organizaciones también ha sido clave.
Según la investigación, las cifras oficiales del Instituto Nacional
de Migración muestran un incremento en los últimos cuatro años de
detenciones y deportaciones: en 2013 fueron detenidas 86 mil 298
personas migrantes en el territorio, de estas, 80 mil 902 fueron
deportadas.
En 2014 la cantidad de detenciones creció a 127 mil 149 (deportaron
al 85 por ciento); 2015 fue el año con mayor número de deportaciones:
181 mil 163 de 198 mil 141 detenciones. Para 2016 la cantidad de
deportaciones decreció a 147 mil 370.
Imagen retomada del portal somosmigrantes.org
Por: la Redacción
Ciudad de México20/12/2017
